Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA
El 23 de octubre de 2000 el Plenipotenciario de España firmó en Estrasburgo la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo 3 de mayo de 1996,
Vistos y examinados el preámbulo, las seis partes y el Anexo de la citada Carta,
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el Artículo 94.1 de la Constitución,
MANIFIESTO el consentimiento de España en obligarse por esta Carta y EXPIDO el presente instrumento de ratificación firmado por Mí y refrendado por la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con las siguientes declaraciones:
– «Para el caso de que el presente Convenio sea ratificado por el Reino Unido y extendido al territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente Declaración:
1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas.
2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo.
3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de lo previsto en los dos párrafos anteriores.
4. El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de ciertos Tratados internacionales acordado por España y el Reino Unido el 19 de diciembre de 2007 (junto al «Régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la UE y CE y Tratados conexos», de 19 de abril de 2000), se aplica al presente Convenio.
5. La aplicación a Gibraltar del presente Convenio no puede ser interpretada como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, suscrito por las Coronas de España y Gran Bretaña.»
– «En relación a la parte IV, artículo D, párrafo 2, de la Carta Social Europea (revisada), España declara que acepta la supervisión de sus obligaciones contraídas en la Carta según lo que establece el procedimiento recogido en el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que desarrolla un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo, el 9 de noviembre de 1995.»
Dado en Madrid, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno.
FELIPE R.
La Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
MARÍA ARÁNZAZU GONZÁLEZ LAYA
PREÁMBULO
Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa,
Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es conseguir una unión más estrecha entre sus miembros con objeto de salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio común, y favorecer su progreso económico y social, en particular mediante la defensa y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;
Considerando que, por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y sus Protocolos, los Estados miembros del Consejo de Europa convinieron en garantizar a sus pueblos los derechos civiles y políticos y las libertades especificados en esos instrumentos;
Considerando que, por la Carta Social Europea, abierta a la firma en Turín el 18 de octubre de 1961, y sus Protocolos, los Estados miembros del Consejo de Europa convinieron en garantizar a sus pueblos los derechos sociales especificados en esos instrumentos con objeto de mejorar su nivel de vida y de promover su bienestar social;
Recordando que la Conferencia Ministerial sobre los derechos del hombre, celebrada en Roma el 5 de noviembre de 1990, subrayó la necesidad, por una parte, de preservar el carácter indivisible de todos los derechos humanos, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales y, por otra parte, de dotar a la Carta Social Europea de un nuevo impulso;
Resueltos, como se decidió con ocasión de la Conferencia Ministerial celebrada en Turín los días 21 y 22 de octubre de 1991, a actualizar y adaptar el contenido material de la Carta, con el fin de tener en cuenta, en particular, los cambios sociales fundamentales que se han producido con posterioridad a su adopción;
Reconociendo la utilidad de consagrar en una Carta revisada, destinada a reemplazar progresivamente la Carta Social Europea, los derechos garantizados por la Carta una vez enmendada, los derechos garantizados por el Protocolo Adicional de 1998 y de añadir nuevos derechos;
Convienen en lo siguiente:
Parte I
Las Partes reconocen como objetivo de su política, que habrá de seguirse por todos los medios adecuados, tanto de carácter nacional como internacional, el establecimiento de las condiciones en que puedan hacerse efectivos los derechos y principios siguientes:
1. Toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido.
2. Todos los trabajadores tienen derecho a unas condiciones de trabajo equitativas.
3. Todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajo.
4. Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso.
5. Todos los trabajadores y empleadores tienen derecho a asociarse libremente en organizaciones nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales.
6. Todos los trabajadores y empleadores tienen derecho a la negociación colectiva.
7. Los niños y los jóvenes tienen derecho a una protección especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos.
8. Las trabajadoras, en caso de maternidad, tienen derecho a una protección especial.
9. Toda persona tiene derecho a medios apropiados de orientación profesional, que le ayuden a elegir una profesión conforme a sus aptitudes personales y a sus intereses.
10. Toda persona tiene derecho a medios adecuados de formación profesional.
11. Toda persona tiene derecho a beneficiarse de cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud que pueda alcanzar.
12. Todos los trabajadores y las personas a su cargo tienen derecho a la seguridad social.
13. Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a la asistencia social y médica.
14. Toda persona tiene derecho a beneficiarse de servicios de bienestar social.
15. Toda persona discapacitada tiene derecho a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad.
16. La familia, como célula fundamental de la sociedad, tiene derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica, para lograr su pleno desarrollo.
17. Los niños y los jóvenes tienen derecho a una adecuada protección social, jurídica y económica.
18. Los nacionales de cada una de las Partes tienen derecho a ejercer, en el territorio de cualquier otra Parte, cualquier actividad lucrativa en condiciones de igualdad con los nacionales de esta última, sin perjuicio de las restricciones basadas en motivos imperiosos de carácter económico o social.
19. Los trabajadores migrantes nacionales de cada una de las Partes y sus familias tienen derecho a la protección y a la asistencia en el territorio de cualquiera otra Parte.
20. Todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
21. Los trabajadores tienen derecho a la información y a la consulta en el seno de la empresa.
22. Los trabajadores tienen derecho a tomar parte en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo en la empresa.
23. Toda persona de edad avanzada tiene derecho a protección social.
24. Todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido.
25. Todos los trabajadores tienen derecho a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador.
26. Todos los trabajadores tienen derecho a la dignidad en el trabajo.
27. Todas las personas con responsabilidades familiares y que ocupen o deseen ocupar un empleo tienen derecho a hacerlo sin verse sometidas a discriminación y, en la medida de lo posible, sin que haya conflicto entre su empleo y sus responsabilidades familiares.
28. Los representantes de los trabajadores en la empresa tienen derecho a protección contra los actos que puedan causarles un perjuicio y deben contar con las facilidades adecuadas para desempeñar sus funciones.
29. Todos los trabajadores tienen derecho a ser informados y consultados en los procedimientos de despido colectivo.
30. Toda persona tiene derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social.
31. Toda persona tiene derecho a la vivienda.
Parte II
Las Partes se comprometen a considerarse vinculadas, en la forma dispuesta en la Parte III, por las obligaciones establecidas en los artículos y párrafos siguientes.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo, las Partes se comprometen:
1. a reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento de un nivel lo más elevado y estable posible del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo;
2. a proteger de manera eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido;
3. a establecer o mantener servicios gratuitos de empleo para todos los trabajadores;
4. a proporcionar o promover una orientación, formación y readaptación profesionales adecuadas.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, las Partes se comprometen:
1. a fijar una duración razonable del horario de trabajo, diario y semanal, reduciendo progresivamente la semana laboral en la medida en que lo permitan el aumento de la productividad y otros factores pertinentes;
2. a establecer días festivos pagados;
3. a conceder vacaciones anuales pagadas de cuatro semanas como mínimo;
4. a eliminar los riesgos inherentes a las ocupaciones peligrosas o insalubres y, en los casos en que no haya sido posible eliminar o reducir suficientemente esos riesgos, a asegurar a los trabajadores empleados en dichas ocupaciones, bien una reducción de las horas de trabajo, o bien días de descanso pagados suplementarios;
5. a garantizar un reposo semanal que coincida en lo posible con el día de la semana reconocido como día de descanso por la tradición y los usos del país o la región;
6. a asegurar que se informe por escrito a los trabajadores lo antes posible, y sin que hayan transcurrido en ningún caso más de dos meses desde el inicio del empleo, de los aspectos esenciales del contrato o de la relación de trabajo;
7. a asegurar que los trabajadores que realicen un trabajo nocturno se beneficien de medidas que tengan en cuenta la naturaleza especial de ese trabajo.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, las Partes se comprometen, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores:
1. a formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente sobre seguridad e higiene en el trabajo y sobre el entorno laboral. Esta política tendrá como objeto principal la mejora de la seguridad y la higiene en el trabajo y la prevención de accidentes y de daños a la salud derivados o relacionados con el trabajo o que se produzcan en el curso del mismo, en particular minimizando las causas de los riesgos inherentes al entorno laboral;
2. a promulgar reglamentos de seguridad e higiene;
3. a adoptar las medidas precisas para garantizar la aplicación de tales reglamentos;
4. a promover el establecimiento progresivo de servicios de higiene en el trabajo para todos los trabajadores, con funciones esencialmente preventivas y de asesoramiento.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las Partes se comprometen:
1. a reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso;
2. a reconocer el derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares;
3. a reconocer el derecho de los trabajadores de ambos sexos a una remuneración igual por un trabajo de igual valor;
4. a reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en caso de terminación de la relación laboral;
5. a no permitir retenciones sobre los salarios sino en las condiciones y con los límites establecidos por las leyes o reglamentos nacionales, o fijados por convenios colectivos o laudos arbitrales.
El ejercicio de estos derechos deberá asegurarse mediante convenios colectivos libremente concluidos, por los medios legales de fijación de salarios, o mediante cualquier otro procedimiento adecuado a las circunstancias nacionales.
Para garantizar o promover la libertad de los trabajadores y empleadores de constituir organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y de adherirse a esas organizaciones, las Partes se comprometen a que la legislación nacional no menoscabe esa libertad, ni se aplique de manera que pueda menoscabarla. La aplicación de las garantías previstas en el presente artículo a los cuerpos policiales se determinará en las leyes y reglamentos nacionales. Igualmente, el principio que establezca la aplicación de estas garantías a los miembros de las fuerzas armadas y la medida de su aplicación a esa categoría de personas deberán ser determinados por las leyes y reglamentos nacionales.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de negociación colectiva, las Partes se comprometen:
1. a favorecer la consulta paritaria entre trabajadores y empleadores;
2. a promover, cuando ello sea necesario y conveniente, el establecimiento de procedimientos de negociación voluntaria entre empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y organizaciones de trabajadores, por otra parte, con objeto de regular las condiciones de empleo por medio de convenios colectivos;
3. a fomentar el establecimiento y la utilización de procedimientos adecuados de conciliación y arbitraje voluntarios para la solución de conflictos laborales;
y reconocen:
4. el derecho de los trabajadores y empleadores, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas, incluido el derecho de huelga, sin perjuicio de las obligaciones que puedan dimanar de los convenios colectivos en vigor.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección de los niños y jóvenes, las Partes se comprometen:
1. a fijar en 15 años la edad mínima de admisión al trabajo, sin perjuicio de excepciones para los niños empleados en determinados trabajos ligeros que no pongan en peligro su salud, moralidad o educación;
2. a fijar en 18 años la edad mínima para la admisión al trabajo en ciertas ocupaciones consideradas peligrosas o insalubres;
3. a prohibir que los niños en edad escolar obligatoria sean empleados en trabajos que les priven del pleno beneficio de su educación;
4. a limitar la jornada laboral de los trabajadores menores de 18 años para adecuarla a las exigencias de su desarrollo y, en particular, a las necesidades de su formación profesional;
5. a reconocer el derecho de los trabajadores jóvenes y de los aprendices a un salario equitativo o, en su caso, otra retribución adecuada;
6. a disponer que las horas que los menores dediquen a su formación profesional durante la jornada normal de trabajo con el consentimiento del empleador se consideren parte de dicha jornada;
7. a fijar una duración mínima de cuatro semanas para las vacaciones anuales pagadas de los trabajadores menores de 18 años;
8. a prohibir el trabajo nocturno a los trabajadores menores de 18 años, excepto en ciertos empleos determinados por las leyes o reglamentos nacionales;
9. a disponer que los trabajadores menores de 18 años ocupados en ciertos empleos determinados por las leyes o reglamentos nacionales sean sometidos a un control médico regular;
10. a proporcionar una protección especial contra los peligros físicos y morales a los que estén expuestos los niños y los jóvenes, especialmente contra aquellos que, directa o indirectamente, deriven de su trabajo.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad, las Partes se comprometen:
1. a garantizar a las trabajadoras, antes y después del parto, un descanso de una duración total de catorce semanas, como mínimo, sea mediante vacaciones pagadas, sea por prestaciones adecuadas de la seguridad social o por subsidios sufragados con fondos públicos;
2. a considerar ilegal que un empleador despida a una mujer durante el período comprendido entre el momento en que comunique su embarazo a su empleador y el fin de su permiso de maternidad, o en una fecha tal que el período de preaviso expire durante ese período;
3. a garantizar a las madres que amamanten a sus hijos el tiempo libre suficiente para hacerlo;
4. a regular el trabajo nocturno de las mujeres que estén embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o que estén amamantando a sus hijos;
5. a prohibir el empleo de las mujeres que estén embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o que estén amamantando a sus hijos en trabajos subterráneos de minería y en cualesquiera otros trabajos que no sean adecuados por su carácter peligroso, penoso o insalubre, y a adoptar las medidas adecuadas para proteger los derechos de estas mujeres en materia de empleo.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la orientación profesional, las Partes se comprometen a establecer o facilitar, según se requiera, un servicio que ayude a todas las personas, incluidos los discapacitados, a resolver los problemas que plantea la elección de una profesión o la promoción profesional, teniendo en cuenta las características del interesado y su relación con las posibilidades del mercado de empleo; esta ayuda deberá ser prestada gratuitamente tanto a los jóvenes, incluidos los niños en edad escolar, como a los adultos.
Para afianzar el ejercicio efectivo del derecho a la formación profesional, las Partes se comprometen:
1. a asegurar o favorecer, según se requiera, la formación técnica y profesional de todas las personas, incluidos los discapacitados, previa consulta con las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores, y a arbitrar medios que permitan el acceso a la enseñanza técnica superior y a la enseñanza universitaria, con base únicamente en el criterio de la aptitud individual;
2. a asegurar o favorecer un sistema de aprendizaje y otros sistemas de formación de los jóvenes de ambos sexos en sus diversos empleos;
3. a prestar o favorecer, según se requiera:
a) servicios apropiados y fácilmente accesibles para la formación de trabajadores adultos;
b) servicios especiales para la reconversión profesional de trabajadores adultos requerida por el desarrollo técnico o por un cambio de tendencias en el mercado de trabajo;
4. a asegurar o favorecer, según se requiera, medidas particulares de reciclaje y de reinserción de los parados de larga duración;
5. a alentar la plena utilización de los servicios previstos, y ello mediante medidas adecuadas tales como:
a) la reducción o la supresión del pago de cualesquiera derechos y gravámenes;
b) la concesión de una asistencia financiera en los casos en que proceda;
c) inclusión, dentro del horario normal de trabajo, del tiempo dedicado a los cursos suplementarios de formación seguidos por el trabajador, durante su empleo, a petición de su empleador;
d) la garantía, por medio de un control adecuado, previa consulta con las organizaciones profesionales de empleadores y trabajadores, de la eficacia del sistema de aprendizaje y de cualquier otro sistema de formación para trabajadores jóvenes y, en general, de la adecuada protección a los trabajadores jóvenes.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud, las Partes se comprometen a adoptar, directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas adecuadas para, entre otros fines:
1. eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente;
2. establecer servicios formativos y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad individual en lo concerniente a la misma;
3. prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas, endémicas y otras, así como los accidentes.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social, las Partes se comprometen:
1. a establecer o mantener un régimen de seguridad social;
2. a mantener el régimen de seguridad social en un nivel satisfactorio, equivalente, por lo menos, al exigido para la ratificación del Código Europeo de Seguridad Social;
3. a esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social;
4. a adoptar medidas, mediante la conclusión de los oportunos acuerdos bilaterales o multilaterales, o por otros medios, sin perjuicio de las condiciones establecidas en esos acuerdos, encaminadas a conseguir:
a) la igualdad de trato entre los nacionales de cada una de las Partes y los de las demás Partes en lo relativo a los derechos de seguridad social, incluida la conservación de las ventajas concedidas por las leyes de seguridad social, sean cuales fueren los desplazamientos que las personas protegidas pudieran efectuar entre los territorios de las Partes;
b) la concesión, mantenimiento y restablecimiento de los derechos de seguridad social, por medios tales como la acumulación de los períodos de seguro o de empleo completados de conformidad con la legislación de cada una de las Partes.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia social y médica, las Partes se comprometen:
1. a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado;
2. a velar por que las personas que se beneficien de tal asistencia no sufran por ese motivo disminución alguna en sus derechos políticos y sociales;
3. a disponer lo preciso para que todas las personas puedan obtener por medio de servicios adecuados, públicos o privados, el asesoramiento y ayuda personal necesarios para prevenir, eliminar o aliviar su estado de necesidad personal o familiar;
4. a aplicar las disposiciones mencionadas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, en condiciones de igualdad con sus nacionales, a los de las restantes Partes que se encuentren legalmente en su territorio, conforme a las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica, firmado en París el 11 de diciembre de 1953.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las Partes se comprometen:
1. a fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos de trabajo social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social;
2. a estimular la participación de los individuos y de las organizaciones benéficas o de otra naturaleza en la creación y mantenimiento de tales servicios.
Para garantizar a las personas discapacitadas, con independencia de su edad y de la naturaleza y el origen de su discapacidad, el ejercicio efectivo del derecho a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad, las Partes se comprometen, en particular:
1. a tomar las medidas adecuadas para procurar a las personas discapacitadas orientación, educación y formación profesional en el marco del régimen general, siempre que sea posible, o, en caso contrario, a través de instituciones especializadas, ya sean públicas o privadas;
2. a promover su acceso al empleo mediante todas las medidas encaminadas a estimular a los empleadores para que contraten y mantengan empleadas a las personas discapacitadas en el entorno habitual de trabajo y a adaptar las condiciones de trabajo a sus necesidades o, cuando ello no sea posible por razón de la discapacidad, mediante el establecimiento o la creación de empleos protegidos en función del grado de incapacidad. Estas medidas pueden exigir, en determinados casos, el recurso a servicios especializados de colocación y de apoyo;
3. a promover su plena integración y participación social, en particular, mediante la aplicación de medidas, incluidas las ayudas técnicas, dirigidas a superar las barreras a la comunicación y a la movilidad y a permitirles acceder a los transportes, a la vivienda, y a las actividades culturales y de ocio.
Con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad, las Partes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayuda a los recién casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los niños y los jóvenes a crecer en un medio que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad y de sus aptitudes físicas y mentales, las Partes se comprometen a adoptar, bien directamente o bien en cooperación con las organizaciones públicas o privadas, todas las medidas necesarias y adecuadas encaminadas:
1.a) a garantizar a los niños y jóvenes, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus progenitores, los cuidados, la asistencia, la educación y la formación que necesiten, en particular disponiendo la creación o el mantenimiento de instituciones o servicios adecuados y suficientes a tal fin;
b) a proteger a los niños y jóvenes contra la negligencia, la violencia o la explotación;
c) a garantizar una protección y una ayuda especial por parte del Estado a los niños y jóvenes que se vean privados temporal o definitivamente del apoyo de su familia;
2. a garantizar a los niños y jóvenes una educación primaria y secundaria gratuita, así como a fomentar la asistencia regular a la escuela.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de cualquiera de las otras Partes, las Partes se comprometen:
1. a aplicar la normativa existente con espíritu de liberalidad;
2. a simplificar las formalidades vigentes y a reducir o suprimir los derechos de cancillería y otras tasas que deban ser pagadas por los trabajadores extranjeros o por sus empleadores;
3. a liberalizar, individual o colectivamente, las normas que regulan el empleo de trabajadores extranjeros;
y reconocen:
4. el derecho de sus nacionales a salir del país para ejercer una actividad lucrativa en el territorio de las demás Partes.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia en el territorio de cualquier otra Parte, las Partes se comprometen:
1. a mantener o a cerciorarse de que existen servicios gratuitos adecuados para ayudar a estos trabajadores, y particularmente para proporcionarles informaciones exactas, y adoptar las medidas oportunas en tanto que lo permitan las leyes y reglamento nacionales, contra toda propaganda engañosa sobre emigración e inmigración;
2. a adoptar, dentro de los límites de su jurisdicción, medidas apropiadas para facilitar la salida, el viaje y la acogida de estos trabajadores y sus familias, y a proporcionarles durante el viaje, dentro de los límites de su jurisdicción, los servicios sanitarios y médicos necesarios, así como unas buenas condiciones de higiene;
3. a promover la colaboración, requerida en cada caso, entre los servicios sociales, públicos o privados, de los países de emigración e inmigración;
4. a garantizar a esos trabajadores que se encuentren legalmente dentro de su territorio un trato no menos favorable que a sus propios nacionales en lo referente a las materias que se expresan a continuación, en tanto que las mismas estén reguladas por leyes o reglamentos o se hallen sometidas al control de las autoridades administrativas, a saber:
a) remuneración y otras condiciones de empleo y trabajo;
b) afiliación a las organizaciones sindicales y disfrute de las ventajas que ofrezcan los convenios colectivos;
c) alojamiento;
5. a garantizar a esos trabajadores, cuando se encuentren legalmente dentro de su territorio, un trato no menos favorable que el que reciben sus propios nacionales en lo concerniente a impuestos, tasas y contribuciones relativos al trabajo, a cargo del trabajador;
6. a facilitar en lo posible el reagrupamiento de la familia del trabajador extranjero a quien se le haya autorizado a establecerse dentro del territorio;
7. a garantizar a dichos trabajadores que se encuentren legalmente dentro de su territorio un trato no menos favorable que a sus propios nacionales en lo relativo a las acciones judiciales sobre las cuestiones mencionadas en el presente artículo;
8. a garantizar a dichos trabajadores, cuando residan legalmente dentro de su territorio, que no puedan ser expulsados, excepto si amenazan la seguridad del Estado o atentan contra el orden público o las buenas costumbres;
9. a permitir, dentro de los límites fijados por las leyes, la transferencia de cualquier parte de las ganancias o ahorros de tales trabajadores migrantes que éstos deseen transferir;
10. a extender las medidas de protección y asistencia previstas en el presente artículo a los trabajadores migrantes que trabajen por cuenta propia, en tanto que las mismas les sean aplicables;
11. a promover y facilitar la enseñanza de la lengua nacional del Estado de acogida o, en caso de existir varias, de una de ellas a los trabajadores migrantes y a los miembros de su familia;
12. a promover y facilitar, en tanto que sea posible, la enseñanza de la lengua materna del trabajador migrante a los hijos de éste.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo, las Partes se comprometen a reconocer ese derecho y a adoptar las medidas apropiadas para asegurar o promover su aplicación en los siguientes ámbitos:
a) acceso al empleo, protección contra el despido y reinserción profesional;
b) orientación y formación profesionales, reciclaje y readaptación profesional;
c) condiciones de empleo y de trabajo, incluida la remuneración;
d) desarrollo profesional, incluida la promoción.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a la información y a la consulta en el seno de la empresa, las Partes se comprometen a adoptar o a promover medidas que permitan que los trabajadores o sus representantes, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales:
a) sean informados regularmente o en el momento oportuno y de una manera comprensible de la situación económica y financiera de la empresa que les emplea, entendiéndose que podrá denegarse determinada información que podría ser perjudicial para la empresa o exigirse que la misma mantenga su carácter confidencial; y
b) sean consultados oportunamente sobre las decisiones previstas que puedan afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores, y en particular sobre las decisiones que podrían tener consecuencias importantes sobre la situación del empleo en la empresa.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a participar en la determinación y la mejora de las condiciones y del entorno de trabajo en la empresa, las Partes se comprometen a adoptar o a promover medidas que permitan a los trabajadores o a sus representantes, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, contribuir:
a) a la determinación y a la mejora de las condiciones de trabajo, de la organización del trabajo y del entorno de trabajo;
b) a la protección de la seguridad y la higiene en el seno de la empresa;
c) a la organización de servicios y facilidades socioculturales en la empresa;
d) a la supervisión del cumplimiento de la reglamentación en estas materias.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas de edad avanzada a protección social, las Partes se comprometen a adoptar o a promover, directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas apropiadas orientadas, en particular:
– a permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible, mediante:
a) recursos suficientes que les permitan llevar una vida digna y participar activamente en la vida pública, social y cultural;
b) la difusión de información sobre servicios y facilidades a disposición de las personas de edad avanzada, y las posibilidades que éstas tienen de hacer uso de ellos;
– a permitir a las personas de edad avanzada elegir libremente su estilo de vida y llevar una existencia independiente en su entorno habitual mientras lo deseen y les sea posible hacerlo, mediante:
a) la disponibilidad de viviendas adaptadas a sus necesidades y a su estado de salud o de ayudas adecuadas para la adaptación de su vivienda;
b) la asistencia sanitaria y los servicios que requiera su estado;
– a garantizar a las personas de edad avanzada que vivan en centros la asistencia apropiada, respetando su vida privada, y la participación en las decisiones que afecten a sus condiciones de vida en el centro.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a protección en caso de despido, las Partes se comprometen a reconocer:
a) el derecho de todos los trabajadores a no ser despedidos sin que existan razones válidas para ello relacionadas con sus aptitudes o su conducta, o basadas en las necesidades de funcionamiento de la empresa, del establecimiento o del servicio;
b) el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada.
A tal fin, las Partes se comprometen a garantizar que un trabajador que estime que se le ha despedido sin una razón válida tenga derecho a recurrir ante un organismo imparcial.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador, las Partes se comprometen a que los créditos de los trabajadores derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales sean garantizados por una institución de garantía o por cualquier otro medio efectivo de protección.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de todos los trabajadores a la protección de su dignidad en el trabajo, las Partes se comprometen, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores:
1. a promover la sensibilización, la información y la prevención en materia de acoso sexual en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, y a adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los trabajadores contra dichas conductas;
2. a promover la sensibilización, la información y la prevención por lo que respecta a actos censurables o explícitamente hostiles y ofensivos dirigidos de manera reiterada contra cualquier trabajador en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, y a adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los trabajadores contra dichas conductas.
Para garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores de ambos sexos que tengan responsabilidades familiares y entre éstos y los demás trabajadores, las Partes se comprometen:
1. a adoptar las medidas apropiadas:
a) para permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares acceder y permanecer en la vida activa, o regresar a la misma tras una ausencia debida a dichas responsabilidades, incluidas medidas en el ámbito de la orientación y la formación profesionales;
b) para tener en cuenta sus necesidades en lo que respecta a las condiciones de trabajo y a la seguridad social;
c) para desarrollar o promover servicios, públicos o privados, en particular servicios de guardería diurnos y otros medios para el cuidado de los niños;
2. a prever la posibilidad de que cualquiera de los progenitores obtenga, durante un período posterior al permiso de maternidad, un permiso parental para el cuidado de un hijo, cuya duración y condiciones serán fijadas por la legislación nacional, los convenios colectivos o la práctica;
3. a garantizar que las responsabilidades familiares no puedan constituir, por sí mismas, una razón válida para el despido.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los representantes de los trabajadores a desempeñar sus funciones, las Partes se comprometen a garantizar que, en la empresa:
a) gocen de una protección efectiva contra los actos que les puedan perjudicar, incluido el despido, motivados por su condición o sus actividades como representantes de los trabajadores dentro de la empresa;
b) se les den las facilidades apropiadas para que puedan desempeñar sus funciones de forma rápida y eficaz, teniendo en cuenta el sistema de relaciones laborales del país, así como las necesidades, el tamaño y las posibilidades de la empresa de que se trate.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados en los casos de despidos colectivos, las Partes se comprometen a garantizar que los empleadores informen y consulten oportunamente a los representantes de los trabajadores, antes de dichos despidos colectivos, sobre las posibilidades de evitar dichos despidos o de limitar su número y mitigar sus consecuencias, por ejemplo recurriendo a medidas sociales simultáneas dirigidas, en particular, a promover la recolocación o la reconversión de los trabajadores afectados.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social, las Partes se comprometen:
a) a adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para promover el acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a la enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica, de las personas que se encuentren o que corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de sus familias;
b) revisar estas medidas con vistas a su adaptación, si resulta necesario.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes se comprometen a adoptar medidas destinadas:
1. a favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente;
2. a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación;
3. a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.
Parte III
1. Con sujeción a las disposiciones del siguiente artículo B, cada una de las Partes se compromete:
a) a considerar la Parte I de la presente Carta como una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados, conforme a lo dispuesto en el párrafo de introducción de dicha Parte;
b) a considerarse obligada por al menos seis de los nueve artículos siguientes de la Parte II de la Carta: artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20;
c) a considerarse obligada por el número adicional de artículos o párrafos numerados de la Parte II de la Carta que ella elija, siempre que el número total de los artículos y de los párrafos numerados a los que quedará obligada no sea inferior a dieciséis artículos o a sesenta y tres párrafos numerados.
2. Los artículos o párrafos elegidos de conformidad con lo dispuesto en los apartados b y c del párrafo 1 del presente artículo serán notificados al Secretario General del Consejo de Europa en el momento del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
3. En cualquier fecha posterior cada una de las Partes podrá declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General, que se considera obligada por cualquier otro artículo o párrafo numerado de la Parte II de la Carta que no hubiera aceptado antes conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. Estas obligaciones contraídas ulteriormente se reputarán parte integrante de la ratificación, la aceptación o la aprobación y surtirán los mismos efectos a partir del primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha de la notificación.
4. Cada Parte dispondrá de un sistema de inspección del trabajo adecuado a las circunstancias nacionales.
1. Ninguna Parte Contratante en la Carta Social Europea o Parte en el Protocolo Adicional de 5 de mayo de 1988 podrá ratificar, aceptar o aprobar la presente Carta sin considerarse obligada al menos por las disposiciones correspondientes a las disposiciones de la Carta Social Europea y, en su caso, del Protocolo Adicional, a las que estuviera obligada.
2. La aceptación de las obligaciones de cualquier disposición de la presente Carta tendrá como consecuencia que, a partir de la fecha de entrada en vigor de esas obligaciones para la Parte interesada, la disposición correspondiente de la Carta Social Europea y, en su caso, de su Protocolo Adicional de 1988 dejará de aplicarse a la Parte interesada en el caso de que dicha Parte esté obligada por el primero de dichos instrumentos o por ambos instrumentos.
Parte IV
El cumplimiento de las obligaciones jurídicas contenidas en la presente Carta se someterá a la misma supervisión que la Carta Social Europea.
1. Las disposiciones del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas se aplicarán a las obligaciones contraídas en aplicación de la presente Carta para los Estados que hayan ratificado el citado Protocolo.
2. Todo Estado que no esté obligado por el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas podrá, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Carta o en cualquier fecha posterior, declarar mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europea que acepta la supervisión de sus obligaciones en virtud de la presente Carta según el procedimiento establecido en dicho Protocolo.
Parte V
Se garantizará el disfrute de los derechos reconocidos en la presente Carta sin discriminación alguna basada, en particular, en la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, las opiniones políticas o de otra naturaleza, la extracción u origen social, la salud, la pertenencia a una minoría nacional, el nacimiento o cualquier otra circunstancia.
1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, toda Parte podrá tomar medidas que dejen en suspenso las obligaciones previstas en la presente Carta; dichas medidas deben ser estrictamente proporcionales a la gravedad de la situación y no estar en contradicción con el resto de las obligaciones dimanantes del Derecho internacional.
2. Toda Parte que se haya acogido a este derecho a dejar en suspenso las obligaciones de la Carta informará plenamente al Secretario General del Consejo de Europa, dentro de un plazo razonable, sobre las medidas adoptadas y los motivos que las hayan inspirado. Igualmente informará al Secretario General sobre la fecha en la que tales medidas hayan dejado de surtir efectos y en la que las disposiciones de la Carta aceptadas por dicha Parte vuelvan a ser plenamente aplicables.
1. Los derechos y principios enunciados en la Parte I, una vez llevados a la práctica, así como su ejercicio efectivo con arreglo a lo dispuesto en la Parte II, no podrán ser objeto de restricciones o limitaciones que no estén especificadas en las Partes I y II, salvo las establecidas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para garantizar el respeto de los derechos y libertades de terceros o para proteger el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o las buenas costumbres.
2. Las restricciones permitidas en virtud de la presente Carta a los derechos y obligaciones reconocidos en ella no podrán ser aplicadas con una finalidad distinta de aquélla para la que han sido previstas.
Las disposiciones de la presente Carta no afectarán a las disposiciones de Derecho interno ni a las de los tratados, convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales que estén vigentes o puedan entrar en vigor y conforme a los cuales se conceda un trato más favorable a las personas protegidas.
1. Sin perjuicio de los métodos de aplicación previstos en estos artículos, las disposiciones pertinentes de los artículos 1 a 31 de la Parte II de la presente Carta se aplicarán mediante:
a) leyes o reglamentos;
b) acuerdos concluidos entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores;
c) una combinación de los dos métodos anteriores;
d) otros medios apropiados.
2. Los compromisos derivados de los párrafos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo 2, de los párrafos 4, 6 y 7 del artículo 7, de los párrafos 1, 2, 3 y 5 del artículo 10 y de los artículos 21 y 22 de la Parte II de la presente Carta se considerarán cumplidos siempre que las disposiciones se apliquen, de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, a la gran mayoría de los trabajadores interesados.
1. Toda enmienda a las Partes I y II de la presente Carta destinada a ampliar los derechos garantizados por la presente Carta y toda enmienda a las Partes III a VI, propuesta por una Parte o por el Comité Gubernamental, se comunicarán al Secretario General del Consejo de Europa y serán transmitidas por el Secretario General a las Partes en la presente Carta.
2. Toda enmienda propuesta de conformidad con las disposiciones del párrafo precedente será examinada por el Comité Gubernamental, que someterá el texto adoptado a la aprobación del Comité de Ministros para su aprobación, previa consulta con la Asamblea Parlamentaria. Tras su aprobación por el Comité de Ministros, este texto se comunicará a las Partes para su aceptación.
3. Toda enmienda a la Parte I y a la Parte II de la presente Carta entrará en vigor, con respecto de las Partes que la hayan aceptado, el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha en que tres Partes hayan informado al Secretario General de su aceptación.
La enmienda entrará en vigor respecto de toda otra Parte que la acepte posteriormente el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha en la que dicha Parte haya informado al Secretario General de su aceptación.
4. Toda enmienda a las Partes III a VI de la presente Carta entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha en la que todas las Partes hayan informado al Secretario General de su aceptación.
Parte VI
1. La presente Carta estará abierta a su firma por los Estados miembros del Consejo de Europa. Estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa.
2. La presente Carta entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha en que tres Estados miembros del Consejo de Europa hayan expresado su consentimiento a quedar obligados por la presente Carta, de conformidad con las disposiciones del párrafo precedente.
3. Con respecto a todo Estado miembro que exprese posteriormente su consentimiento a quedar obligado por la presente Carta, ésta entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
1. La presente Carta se aplicará al territorio metropolitano de cada Parte. Todo signatario, en el momento de la firma o en el del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, podrá especificar, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, el territorio que haya de considerarse a este efecto como su territorio metropolitano.
2. Todo signatario, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o en cualquier momento posterior, podrá declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que la Carta, en su totalidad o en parte, se aplicará a uno o más territorios no metropolitanos designados en dicha declaración, cuyas relaciones internacionales tenga a su cargo o respecto de los cuales asuma las responsabilidades internacionales. En la declaración especificará los artículos o párrafos de la Parte II de la Carta que acepta como obligatorios respecto de cada uno de los territorios designados en ella.
3. La Carta se aplicará al territorio o territorios designados en la declaración mencionada en el párrafo precedente a partir del primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha de la recepción de la notificación de dicha declaración por el Secretario General.
4. En cualquier momento posterior, toda Parte podrá declarar, mediante notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que, en lo referente a uno o varios de los territorios a los cuales se aplica la Carta en virtud del párrafo 2 del presente artículo, dicha Parte acepta como obligatorio cualquier artículo o párrafo numerado que hasta entonces no había aceptado con respecto a ese territorio o territorios. Estos compromisos contraídos posteriormente se considerarán como parte integrante de la declaración original respecto al territorio de que se trate y surtirán los mismos efectos a partir del primer día del mes siguiente a la expiración de un período de un mes después de la fecha de recepción de dicha notificación por el Secretario General.
1. Ninguna Parte podrá denunciar la presente Carta hasta que haya transcurrido un período de cinco años desde la fecha en que la Carta entró en vigor para dicha Parte ni antes de que haya concluido cualquier otro período ulterior de dos años, y, en uno y otro caso, lo notificará con una antelación de seis meses al Secretario General, quien informará al respecto a las restantes Partes.
2. De conformidad con las disposiciones contenidas en el párrafo precedente, toda Parte podrá denunciar cualquier artículo o párrafo de la Parte II de la Carta que hubiere aceptado, siempre que el número de artículos o párrafos que dicha Parte siga obligada a cumplir no sea inferior a dieciséis, en el primer caso, y a sesenta y tres, en el segundo, y que esos artículos o párrafos sigan incluyendo los artículos elegidos por dicha Parte entre los que son objeto de una referencia especial en el artículo A, párrafo 1, apartado b.
3. Toda Parte podrá denunciar la presente Carta o cualquier artículo o párrafo de su Parte II, conforme a las condiciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo, en lo referente a cualquier territorio al cual se aplique la Carta en virtud de una declaración hecha con arreglo al párrafo 2 del artículo L.
El Anexo a la presente Carta forma parte integrante de la misma.
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo y al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo:
a) toda firma;
b) el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación;
c) toda fecha de entrada en vigor de la presente Carta de conformidad con su artículo K;
d) toda declaración en aplicación de los artículos A, párrafos 2 y 3, D, párrafos 1 y 2, F, párrafo 2, y L, párrafos 1, 2, 3 y 4;
e) toda enmienda de conformidad con el artículo J;
f) toda denuncia de conformidad con el artículo M;
g) todo otro acto, notificación o comunicación relativo a la presente Carta.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello, firman la presente Carta revisada.–Hecho en Estrasburgo, el 3 de mayo de 1996, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un único ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa remitirá copia certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa y al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Ámbito de aplicación de la Carta Social en lo que se refiere a las personas protegidas
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 4, y en el artículo 13, párrafo 4, las personas a que se refieren los artículos 1 a 17 y 20 a 31 sólo comprenden a los extranjeros que, siendo nacionales de otras Partes, residan legalmente o trabajen habitualmente dentro del territorio de la Parte interesada, entendiéndose que los artículos citados se interpretarán a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 18 y 19.
Esta interpretación no excluye la extensión de derechos análogos a otras personas por cualquiera de las Partes.
2. Cada Parte concederá a los refugiados que respondan a la definición de la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, relativa al Estatuto de los Refugiados, y que residan legalmente en su territorio, el trato más favorable posible y, en cualquier caso, no menos favorable que el que dicha Parte se haya obligado a aplicar en virtud de la Convención de 1951 y de cualesquiera otros acuerdos internacionales vigentes aplicables a esos refugiados.
3. Cada Parte concederá a los apátridas que respondan a la definición de la Convención de Nueva York, de 28 de septiembre de 1954, relativa al Estatuto de los Apátridas, y que residan legalmente en su territorio, el trato más favorable posible y, en cualquier caso, no menos favorable que el que dicha Parte se haya obligado a aplicar en virtud de dicho instrumento y de cualesquiera otros acuerdos internacionales vigentes aplicables a esos apátridas.
Parte I, párrafo 18 y Parte II, artículo 18, párrafo 1
Se entiende que estas disposiciones no se refieren a la entrada en los territorios de las Partes y no afectan a las disposiciones del Convenio Europeo sobre Establecimiento, firmada en París el 13 de diciembre de 1955.
Parte II
Esta disposición no deberá interpretarse en el sentido de que prohíba o autorice cualesquiera cláusulas o prácticas de seguridad sindical.
Las Partes podrán disponer que esta disposición no se aplicará:
a) a los trabajadores que tengan un contrato o una relación laboral cuya duración total no exceda de un mes y/o con un número de horas de trabajo semanal que no exceda de ocho;
b) cuando el contrato o la relación laboral tenga un carácter ocasional y/o específico, siempre que, en tales casos, existan razones objetivas que justifiquen la no aplicación.
Se entiende que, a efectos de la aplicación de esta disposición, las funciones, la organización y las condiciones de funcionamiento de estos servicios serán determinadas por las leyes o reglamentos nacionales, los convenios colectivos o por cualquier otro procedimiento adecuado a las circunstancias nacionales.
Esta disposición se interpretará en el sentido de que no prohíbe un despido inmediato en caso de infracción grave.
Se entiende que una Parte puede asumir la obligación que se establece en este párrafo si están prohibidas las retenciones sobre los salarios para la gran mayoría de los trabajadores, bien sea en virtud de la ley o de convenios colectivos o laudos arbitrales, sin más excepciones que las referentes a las personas a quienes no sean aplicables dichos instrumentos.
Se entiende que cada Parte podrá regular, en lo que a ella concierne, el ejercicio del derecho de huelga por ley, siempre que cualquier otra restricción de ese derecho pueda justificarse conforme a lo establecido en el artículo G.
La presente disposición no impide que las Partes prevean en su legislación la posibilidad de que los jóvenes que no hayan alcanzado aún la edad mínima prevista puedan realizar trabajos que sean estrictamente necesarios para su formación profesional, cuando dichos trabajos se realicen con arreglo a las condiciones establecidas por la autoridad competente y se adopten medidas para garantizar la salud y la seguridad de los jóvenes interesados.
Se entiende que una Parte habrá cumplido el compromiso que se establece en este párrafo si se atiene a su espíritu disponiendo en su legislación que la gran mayoría de los menores de dieciocho años no serán empleados en trabajos nocturnos.
Esta disposición no se interpretará como prohibición de carácter absoluto. Se podrán aplicar excepciones, por ejemplo, en los casos siguientes:
a) cuando una trabajadora haya cometido una falta que justifique la ruptura de la relación laboral;
b) cuando la empresa interesada cese su actividad;
c) cuando haya transcurrido el tiempo previsto en el contrato de trabajo.
Las palabras «sin perjuicio de las condiciones establecidas en esos acuerdos» que figuran en la introducción a ese párrafo se interpretarán en el sentido de que, si se trata de prestaciones que existan independientemente de un sistema contributivo, una Parte podrá exigir que se cumpla un período obligatorio de residencia antes de conceder esas prestaciones a los nacionales de otras Partes.
Los Gobiernos que no sean Partes en el Convenio Europeo de Asistencia Social y Médica podrán ratificar la Carta en lo referente a este párrafo, siempre que concedan a los nacionales de las otras Partes un trato conforme a las disposiciones del citado Convenio.
Se entiende que la protección concedida por esta disposición abarca a las familias monoparentales.
Se entiende que esta disposición se refiere a todas las personas menores de 18 años, salvo en el caso de que la mayoría se alcance antes según la legislación aplicable a esas personas, sin perjuicio de otras disposiciones específicas contenidas en la Carta, en particular su artículo 7.
Lo anterior no implica una obligación de garantizar la enseñanza obligatoria hasta la edad mencionada más arriba.
A efectos de la aplicación del presente párrafo, la expresión «familia del trabajador extranjero» se interpretará en el sentido de que se refiere al cónyuge del trabajador y a sus hijos solteros, mientras éstos sean considerados menores por la legislación aplicable del Estado receptor y estén a cargo del trabajador.
1. Se entiende que podrán excluirse del ámbito de aplicación de este artículo las cuestiones relativas a la seguridad social, así como otras disposiciones en materia de prestaciones de desempleo, de vejez y a favor de los supérstites.
2. No se considerarán discriminatorias en el sentido del presente artículo las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular en lo que respecta al embarazo, el parto y el período posnatal.
3. El presente artículo no será obstáculo para la adopción de medidas específicas encaminadas a eliminar las desigualdades de hecho.
4. Podrán excluirse del ámbito de aplicación del presente artículo, o de algunas de sus disposiciones, las actividades profesionales que, por su naturaleza o por las condiciones de su ejercicio, sólo pueden confiarse a personas de determinado sexo. Esta disposición no podrá interpretarse en el sentido de que obliga a las Partes a elaborar mediante ley o reglamento la lista de actividades profesionales que, por su naturaleza o por las condiciones de su ejercicio, podrán reservarse a trabajadores de un sexo determinado.
1. A efectos de la aplicación de estos artículos, por «representantes de los trabajadores» se entenderán las personas que sean reconocidas como tales por la legislación o la práctica nacionales.
2. La expresión «la legislación y la práctica nacionales» abarca, según el caso, además de las leyes y los reglamentos, los convenios colectivos, otros acuerdos entre los empleadores y los representantes de los trabajadores, los usos y las resoluciones judiciales pertinentes.
3. A efectos de la aplicación de estos artículos, se entiende que el término «empresa» se refiere a un conjunto de elementos materiales e inmateriales, con o sin personalidad jurídica, destinado a la producción de bienes o a la prestación de servicios, con fines lucrativos, y que posee poder de decisión sobre su propia política de mercado.
4. Se entiende que podrán excluirse de la aplicación de estos artículos las comunidades religiosas y sus instituciones, incluso si estas últimas son «empresas» en el sentido del párrafo 3. Los establecimientos que realicen actividades inspiradas en determinados ideales o guiadas por determinados conceptos morales, ideales y conceptos que estén protegidos por la legislación nacional podrán ser excluidos del ámbito de aplicación de estos artículos en la medida necesaria para proteger la orientación de la empresa.
5. Se entiende que, cuando en un Estado los derechos expresados en los presentes artículos se ejercitan en los distintos establecimientos de la empresa, debe considerarse que la Parte interesada cumple con sus obligaciones dimanantes de estas disposiciones.
6. Las Partes podrán excluir del ámbito de aplicación de los presentes artículos a las empresas que no alcancen el número mínimo de trabajadores que determine la legislación o la práctica nacionales.
1. Esta disposición no afecta ni a las atribuciones y obligaciones de los Estados en materia de adopción de reglamentos sobre seguridad e higiene en el trabajo, ni a las competencias y responsabilidades de los órganos encargados de supervisar su aplicación.
2. La expresión «servicios y facilidades sociales y socioculturales» se refiere a los servicios y facilidades de carácter social y/o cultural que determinadas empresas ofrecen a los trabajadores, tales como asistencia social, campos de deporte, salas de lactancia, bibliotecas, campamentos de verano para niños, etc.
A efectos de la aplicación de este párrafo, la expresión «durante el mayor tiempo posible» hace referencia a las capacidad física, psicológica e intelectual de la persona de edad avanzada.
1. Se entiende que, a los efectos del presente artículo, la palabra «despido» significa la resolución de la relación laboral a iniciativa del empleador.
2. Se entiende que este artículo abarca a todos los trabajadores pero que una Parte puede excluir total o parcialmente de su protección a las siguientes categorías de trabajadores por cuenta ajena:
a) los trabajadores vinculados por un contrato de trabajo de duración determinada o para una tarea determinada;
b) los trabajadores que estén en período de prueba o que no hayan cumplido un período de antigüedad exigido, siempre que dicho período se fije por anticipado y tenga una duración razonable;
c) los trabajadores contratados de manera eventual por un período breve.
3. A efectos de este artículo, no se considerarán motivos válidos para el despido, en particular:
a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera del horario de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante el horario de trabajo;
b) el hecho de presentarse como candidato a representante de los trabajadores, o de actuar o haber actuado en esa calidad;
c) la presentación de una demanda o la participación en un procedimiento contra un empleador por supuesta infracción de las leyes o reglamentos, o la presentación de un recurso ante las autoridades administrativas competentes;
d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social;
e) el permiso de maternidad o de paternidad;
f) la ausencia temporal del trabajo debido a enfermedad o lesión.
4. Se entiende que la indemnización o cualquier otra reparación apropiada en caso de despido sin que medien razones válidas deberá ser fijada por las leyes o reglamentos nacionales, por los convenios colectivos o por cualquier otro procedimiento adecuado a las circunstancias nacionales.
1. La autoridad competente podrá, a título excepcional y previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, excluir a determinadas categorías de trabajadores de la protección prevista en esta disposición, por razón de la especial naturaleza de su relación laboral.
2. Se entiende que la definición del término «insolvencia» deberá ser fijada por la ley y la práctica nacionales.
3. Los créditos de los trabajadores a que se refiere la presente disposición deberán incluir, como mínimo:
a) los créditos de los trabajadores por los salarios correspondientes a un período determinado, que no podrá ser inferior a tres meses en un sistema de créditos privilegiados y a ocho semanas en un sistema de garantía, anterior a la insolvencia o a la cesación de la relación laboral;
b) los créditos de los trabajadores en concepto de las vacaciones pagadas devengadas como resultado del trabajo efectuado en el curso del año en que se produzca la insolvencia o la cesación de la relación laboral;
c) los créditos de los trabajadores por los importes debidos por otros permisos remunerados correspondientes a un período determinado, que no podrá ser inferior a tres meses en un sistema de créditos privilegiados y a ocho semanas en un sistema de garantía, anteriores a la insolvencia o a la cesación de la relación laboral.
4. Las leyes y reglamentos nacionales podrán limitar la protección de los créditos de los trabajadores a un importe determinado que deberá ser de un nivel socialmente aceptable.
Se entiende que este artículo no obliga a las Partes a promulgar legislación.
Se entiende que el párrafo 2 no abarca el acoso sexual.
Se entiende que este artículo es aplicable a los trabajadores de ambos sexos que tengan responsabilidades familiares respecto de hijos a su cargo, así como respecto de otros miembros de su familia directa que tengan necesidad manifiesta de su asistencia o apoyo, cuando dichas responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica o de acceder, participar o progresar en la misma. Las expresiones «hijos a su cargo» y «otros miembros de su familia directa que tengan necesidad manifiesta de su asistencia y apoyo» se entenderán en el sentido que establezca la legislación nacional de las Partes.
A efectos de la aplicación de estos artículos, por «representantes de los trabajadores"» se entenderán las personas reconocidas como tales por la legislación o la práctica nacionales.
Parte III
Se entiende que la Carta contiene obligaciones jurídicas de carácter internacional cuya aplicación está sometida únicamente a la supervisión establecida en la Parte IV.
Se entiende que los párrafos numerados pueden comprender artículos que no contengan más que un solo párrafo.
A efectos del párrafo 2 del artículo B, las disposiciones de la Carta revisada se corresponden con las disposiciones de la Carta que tienen el mismo número de artículo o de párrafo, con las siguientes excepciones:
a) el artículo 3, párrafo 2, de la Carta revisada que se corresponde con el artículo 3, párrafos 1 y 3, de la Carta;
b) el artículo 3, párrafo 3, de la Carta revisada que se corresponde con el artículo 3, párrafos 2 y 3, de la Carta;
c) el artículo 10, párrafo 5, de la Carta revisada que se corresponde con el artículo 10, párrafo 4, de la Carta;
d) el artículo 17, párrafo 1, de la Carta revisada que se corresponde con el artículo 17 de la Carta.
Parte V
No se considerará discriminatoria la diferencia de trato basada en un motivo objetivo y razonable.
La expresión «en caso de guerra o de otro peligro público» se entenderá que abarca también la amenaza de guerra.
Se entiende que, para determinar el número de trabajadores interesados, no se tendrá en cuenta a los trabajadores excluidos de los artículos 21 y 22 de conformidad con el Anexo.
El término «enmienda» se entenderá que abarca también la inclusión de nuevos artículos en la Carta.
ESTADOS PARTE
| Estado | Firma | Manifestación del consentimiento | Entrada en vigor |
Formula Declaraciones y/o reservas |
|---|---|---|---|---|
| Albania. | 21/09/1998 | 14/11/2002 R | 01/01/2003 | D |
| Alemania. | 29/06/2007 | 29/03/2021 R | 01/05/2021 | D y R |
| Andorra. | 04/11/2000 | 12/11/2004 R | 01/01/2005 | D |
| Armenia. | 18/10/2001 | 21/01/2004 R | 01/03/2004 | D |
| Austria. | 07/05/1999 | 20/05/2011 R | 01/07/2011 | D |
| Azerbaiyán. | 18/10/2001 | 02/09/2004 R | 01/11/2004 | D |
| Bélgica. | 03/05/1996 | 02/03/2004 R | 01/05/2004 | D |
| Bosnia y Herzegovina. | 11/05/2004 | 07/10/2008 R | 01/12/2008 | D |
| Bulgaria. | 21/09/1998 | 07/06/2000 R | 01/08/2000 | D |
| Chipre. | 03/05/1996 | 27/09/2000 R | 01/11/2000 | D |
| Eslovaquia. | 18/11/1999 | 23/04/2009 R | 01/06/2009 | D |
| Eslovenia. | 11/10/1997 | 07/05/1999 R | 01/07/1999 | D |
| España. | 23/10/2000 | 17/05/2021 R | 01/07/2021 | D |
| Estonia. | 04/05/1998 | 11/09/2000 R | 01/11/2000 | D |
| Finlandia. | 03/05/1996 | 21/06/2002 R | 01/08/2002 | D |
| Francia. | 03/05/1996 | 07/05/1999 R | 01/07/1999 | D |
| Georgia. | 30/06/2000 | 22/08/2005 R | 01/10/2005 | D |
| Grecia. | 03/05/1996 | 18/03/2016 R | 01/05/2016 | D y R |
| Hungría. | 07/10/2004 | 20/04/2009 R | 01/06/2009 | D |
| Irlanda. | 04/11/2000 | 04/11/2000 R | 01/01/2001 | D |
| Italia. | 03/05/1996 | 05/07/1999 R | 01/09/1999 | D |
| Letonia. | 29/05/2007 | 26/03/2013 R | 01/05/2013 | D |
| Lituania. | 08/09/1997 | 29/06/2001 R | 01/08/2001 | D |
| Macedonia del Norte. | 27/05/2009 | 06/01/2012 R | 01/03/2012 | D |
| Malta. | 27/07/2005 | 27/07/2005 R | 01/09/2005 | D |
| Montenegro. | 22/03/2005 | 03/03/2010 R | 01/05/2010 | D |
| Noruega. | 07/05/2001 | 07/05/2011 R | 01/07/2001 | D |
| Países Bajos. | 23/01/2004 | 03/05/2006 R | 01/07/2006 | D y R |
| Portugal. | 03/05/1996 | 30/05/2002 R | 01/07/2002 | R |
| República de Moldavia. | 03/11/1998 | 08/11/2001 R | 01/01/2002 | D |
| Rumanía. | 14/05/1997 | 07/05/1999 R | 01/07/1999 | D |
| Rusia, Federación. | 14/09/2000 | 16/10/2009 R | 01/12/2009 | D |
| Serbia. | 22/03/2005 | 14/09/2009 R | 01/11/2009 | D |
| Suecia. | 03/05/1996 | 29/05/1998 R | 01/07/1999 | D |
| Turquía. | 06/10/2004 | 27/06/2007 R | 01/08/2007 | D |
| Ucrania. | 07/05/1999 | 21/12/2006 R | 01/02/2007 | D |
R: Ratificación D y R: Declaraciones y Reservas.
DECLARACIONES Y RESERVAS
Albania
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 14 de noviembre de 2002:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta, la República de Albania se considera obligada por los siguientes artículos de dicha Carta:
Artículo 1: Derecho al trabajo.
Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas.
Artículo 3: Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 4: Derecho a una remuneración equitativa.
Artículo 5: Derecho de sindicación.
Artículo 6: Derecho de negociación colectiva.
Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección.
Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad.
Artículo 11: Derecho a la protección de la salud.
Artículo 19: Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia.
Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
Artículo 21: Derecho a la información y a la consulta.
Artículo 22: Derecho a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo.
Artículo 24: Derecho a protección en caso de despido.
Artículo 25: Derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador.
Artículo 26: Derecho a la dignidad en el trabajo.
Artículo 28: Derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder.
Artículo 29: Derecho a información y consulta en los procedimientos de despido colectivo».
Fecha de efectos: 1.1.2003.
Alemania
– Declaración consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania se considera obligada por los artículos y párrafos siguientes:
a) de conformidad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo A:
artículos 1, 5, 6, 7 párrafos 2 a 10, 12, 13, 16, 19, 20;.
b) de conformidad con el apartado c) del párrafo 1 del artículo A:
artículos 1, 2, 3, 4 párrafos 1 a 3 y 5, 5, 6, 7 párrafos 2 a 10, 8, 9, 10 párrafos 1 a 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 y 29.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Reserva consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania no se considera obligada por el párrafo 1 del artículo 7.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
A efectos de la aplicación del párrafo 5 del artículo 7 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996, la República Federal de Alemania considera que el derecho a participar en la negociación de convenios colectivos así como las disposiciones legales para la retribución adecuada de la formación modificados el 1 de enero de 2020 y las prestaciones complementarias en virtud del Libro III del Código Social – Promoción del empleo (Arbeitsforderung) - de 24 de marzo de 1997 (ayuda para formación profesional, Berufsausbildungsbeihilfe) garantizan el derecho a la retribución adecuada de la formación que se define para aprendices que cursen una formación profesional alterna.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
1. La República Federal de Alemania interpreta el párrafo 4 del artículo 6 de la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 y el párrafo 4 del artículo 6 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996 en el sentido de que el ejercicio legal del derecho a la huelga de los trabajadores asalariados puede depender de la existencia de condiciones de admisibilidad.
2. La República Federal de Alemania declara que las condiciones de admisibilidad de huelgas desarrolladas por los tribunales de la República Federal de Alemania en su jurisprudencia son aplicables a la cuestión de si se ejerce legalmente el derecho de huelga de los trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el párrafo 4 del artículo 6 de la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961 y el párrafo 4 del artículo 6 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996. Esto se aplica en particular a condiciones de admisibilidad en virtud de las cuales una huelga debe servir para cumplir un objetivo que se puede resolver mediante un convenio colectivo, y la puede llevar a cabo únicamente una asociación de trabajadores asalariados con capacidad para realizar negociaciones colectivas, y que cumpla las condiciones que ha desarrollado la jurisprudencia en relación con la capacidad para llevar a cabo negociaciones colectivas.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Reserva consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania no se considera obligada por la primera frase del párrafo 4 del artículo 4.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
1. A efectos de la aplicación la primera frase del párrafo 1 del artículo 4 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996, la República Federal de Alemania considera que el derecho a una remuneración suficiente definido en el mismo está garantizado por el sistema de formación salarial que existe en Alemania.
2. Constituyen la base del sistema de fijación de salarios que existe en Alemania la capacidad para negociar convenios colectivos garantizada por la Ley fundamental y su desarrollo en forma de legislación ordinaria mediante la Ley de convenios colectivos (Tarifvertragsgesetz) de 25 de agosto de 1969. Garantizan que los interlocutores sociales, competentes para determinar las condiciones laborales a nivel colectivo, disponen de las condiciones marco necesarias para determinar las retribuciones adecuadas, teniendo en cuenta suficientemente todos los parámetros pertinentes para las retribuciones.
3. Apoyan al método de fijación de salarios que existe en Alemania el salario mínimo legal y las prestaciones complementarias en virtud del Libro II del Código Social –mínimo individual asignado a los solicitantes de empleo (Grundsicherung für Arbeitsuchende)– en la versión promulgada el 13 de mayo de 2011 y en virtud del Libro XII del Código Social –ayuda social (Sozialhilfe)– de 27 de diciembre de 2003. La determinación de la retribución a nivel de un contrato individual en particular está sometida, en función del salario mínimo legal general en virtud de la Ley del salario mínimo (Mindestlohngesetz), a un salario mínimo absoluto del que no se debe bajar, y que garantiza que una persona soltera que trabaje a tiempo completo reciba una remuneración neta por encima del umbral de la inembargabilidad. El sistema social alemán prevé asimismo prestaciones adicionales para los miembros de la familia, en caso de no cubrirse sus necesidades, en virtud del Libro II del Código Social –mínimo individual para los solicitantes de empleo (Grundsicherung für Arbeitsuchende)– y de la Parte XII del Código Social –ayuda social (Sozialhilfe).
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
A efectos de la aplicación de la primera frase del párrafo 3 del artículo 4 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996, la República Federal de Alemania considera que, en el caso de un despido nulo, es posible elegir, en lugar de mantener el trabajo, la opción de solicitud de rescisión judicial de la relación laboral mediante el abono de una indemnización cuyo importe máximo fija la Ley.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Reserva consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania no se considera obligada por el artículo 31.
Fecha de efectos o: 01/05/2021.
– Reserva consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021
La República Federal de Alemania no se considera obligada por el artículo 30.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania reconoce la voluntad expresada en la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996 de exigir una protección amplia en todos los ámbitos del medio laboral y ampliar este objetivo de protección, en la medida de lo posible, de todos los trabajadores asalariados a otras personas que desempeñen una actividad profesional. Como muestra de este objetivo, numerosos reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo se aplican no sólo a los trabajadores por cuenta ajena, sino también a los trabajadores autónomos, reivindicando así un ámbito de aplicación ampliado. Cada empresario podrá afiliarse voluntariamente, por ejemplo, al régimen legal de seguro de accidentes (gesetzliche Unfallversicherung), beneficiándose de la protección de esa rama de la seguridad social general.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
No obstante, la República Federal de Alemania desea destacar también que, de conformidad con el texto unívoco del artículo 3 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996, el derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo sólo se aplicará expresamente a los trabajadores asalariados. La República Federal de Alemania parte pues, a efectos de la aplicación del artículo 3, del concepto de que el derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo solo puede aplicarse por principio a los trabajadores por cuenta ajena, y que su aplicación a otras personas que desempeñen una actividad profesional y a los trabajadores autónomos sólo es posible en casos excepcionales concretos y fundamentados.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Reserva consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania no se considera obligada por el artículo 24.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Reserva consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania no se considera obligada por el artículo 22.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Reserva consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania no se considera obligada por el artículo 21.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania ratifica el párrafo 2 del artículo 2 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996, entendiéndose que el texto de la Carta exige claramente a las Partes que prevean días festivos pagados, sin contener reglas más amplias. Más concretamente, el párrafo 2 del artículo 2 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996 no solicita a las Partes que exijan incrementos de la retribución normal por los días festivos pagados.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
A efectos de la aplicación del párrafo 11 del artículo 19, la República Federal de Alemania considera que la obligación de favorecer y facilitar la enseñanza del alemán en el marco del curso de integración solo se aplicará a los trabajadores emigrantes que necesiten integrarse y que residan legal y permanentemente en el territorio federal con el fin de ejercer una actividad profesional. En cuanto a los miembros de las familias de los trabajadores migrantes, esta obligación sólo se da si residen legal y permanentemente en el territorio federal y si necesitan integrarse.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Declaración interpretativa consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania considera que al aplicar el Código Europeo de la Seguridad Social de 16 de abril de 1964 (Serie de Tratados Europeos n.° 48) en el marco del párrafo 2 del artículo 12 de la Carta Social Europea (revisada) de 3 de mayo de 1996, el valor de referencia que se ha de utilizar para el índice mínimo de prestación de las prestaciones por vejez no es la tasa del 50% fijada en la Parte V, número 8 de la Adenda 2 del Código Europeo de la Seguridad Social, sino, en aplicación del apartado (b) del artículo 28, en relación con el artículo 67 del Código Europeo de la Seguridad Social, la tasa del 40% para las prestaciones por vejez que figura en el cuadro anexo a la Parte XI «Pagos periódicos a los beneficiarios tipo».
Fecha de efectos: 01/05/2021.
– Reserva consignada en una carta del Ministro Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, de 15 de febrero de 2021, depositada junto con el instrumento de ratificación el 29 de marzo de 2021:
La República Federal de Alemania no se considera obligada por el párrafo 5 del artículo 10.
Fecha de efectos: 01/05/2021.
Andorra
– Declaración contenida en una carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Andorra, de fecha de 2 de noviembre de 2000, presentada al Secretario General del Consejo de Europa en el momento de la firma del instrumento el 4 de noviembre de 2000:
«El Gobierno del Principado de Andorra expresa su deseo de que la firma del instrumento se interprete como un gesto en pro de la solidaridad europea. Al suscribirlo, el Principado de Andorra se une a la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa que han reconocido los principios de la Carta Social Europea (revisada). No obstante, las particularidades de la estructura social y económica de Andorra obligan al Principado a proteger los elementos esenciales de su idiosincrasia y, por ello, algunos de los artículos de la Carta parecen dificultar una ratificación inmediata.»
– Declaración contenida en una nota verbal de la Representación Permanente de Andorra presentada al Secretario General del Consejo de Europa en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación, el 12 de noviembre de 2004:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta, el Principado de Andorra se declara obligado por los siguientes artículos y párrafos de la parte II de dicha Carta:
Artículo 1: Derecho al trabajo (párrafos 1 a 4).
Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas (párrafos 1 a 7).
Artículo 3: Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (párrafos 1 a 4).
Artículo 4: Derecho a una remuneración equitativa (párrafos 1 a 5).
Artículo 5: Derecho de sindicación.
Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección (párrafos 1 a 10).
Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad (párrafos 1 a 5).
Artículo 9: Derecho a la orientación profesional.
Artículo 10: Derecho a la formación profesional (párrafos 1 a 5).
Artículo 11: Derecho a la protección de la salud (párrafos 1 a 3).
Artículo 12: Derecho a la seguridad social (párrafos 1 a 4).
Artículo 13: Derecho a la asistencia social y médica (párrafos 1 a 4).
Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales (párrafos 1 a 2).
Artículo 15: Derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad (párrafos 1 a 3).
Artículo 17: Derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica (párrafos 1 a 2).
Artículo 18: Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras Partes (párrafo 4).
Artículo 19: Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia (párrafos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 12).
Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
Artículo 23: Derecho de las personas de edad avanzada a protección social.
Artículo 26: Derecho a la dignidad en el trabajo (párrafos 1 a 2).
Artículo 30: Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social.
Artículo 31: Derecho a la vivienda (párrafos 1 a 2).»
Fecha de efectos: 1.1.2005.
Armenia
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 21 de enero de 2004:
«De conformidad con los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo A de la Parte III de la Carta revisada, la República de Armenia se considera obligada por los artículos 1, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27 y 28, así como por los siguientes párrafos:
Párrafos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 2.
Párrafo 1 del artículo 3.
Párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 4.
Párrafos 1 y 3 del artículo 12.
Párrafos 1 y 2 del artículo 13.
Párrafo 2 del artículo 14.
Párrafos 2 y 3 del artículo 15.»
Fecha de efectos: 1.3.2004.
Austria
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 20 de mayo de 2011:
«Conforme al artículo A, párrafo 2 de la Parte III de la Carta, Austria declara que se considera obligada por los artículos y párrafos siguientes:
a) De conformidad con el artículo A, párrafo 1, apartado b:
artículos 1, 5, 12, 13, 16 y 20.
b) De conformidad con el Artículo A, párrafo 1, apartado c:
Artículo 2, párrafos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Artículo 3, párrafos 1, 2, 3 y 4.
Artículo 4, párrafos 1, 2, 3 y 5.
Artículo 6, párrafos 1, 2 y 3.
Artículo 7, párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.
Artículo 8, párrafos 1, 3, 4 y 5.
Artículo 9.
Artículo 10, párrafos 1, 2, 3, 4 y 5.
Artículo 11, párrafos 1, 2 y 3.
Artículo 14, párrafos 1 y 2.
Artículo 15, párrafos 1 y 3.
Artículo 17, párrafos 1 y 2.
Artículo 18, párrafos 1, 2 y 4.
Artículo 19, párrafos 1, 2, 3, 5,6, 7, 9 y 1 2.
Artículo 25.
Artículo 26, párrafo 1.
Artículo 27, párrafos 1 y 2, y.
Artículo 28.»
Fecha de efectos: 1.7.2011.
Azerbaiyán
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 2 de septiembre de 2004:
«La República de Azerbaiyán declara que no podrá garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Carta en sus territorios ocupados por la República de Armenia hasta que estos sean liberados (el mapa sinóptico de los territorios ocupados puede consultarse a continuación).
Fecha de efectos: 1.11.2004.
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 2 de septiembre de 2004:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta revisada, la República de Azerbaiyán se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II de dicha Carta: artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 y 29.»
Fecha de efectos: 1.11.2004.
Bélgica
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 2 de marzo de 2004:
«De conformidad con el párrafo 2 del artículo A de la parte III de la Carta, Bélgica se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II:
Artículo 1: Derecho al trabajo.
Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas.
Artículo 3: Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 4: Derecho a una remuneración equitativa.
Artículo 5: Derecho de sindicación.
Artículo 6: Derecho de negociación colectiva.
Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección.
Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad.
Artículo 9: Derecho a la orientación profesional.
Artículo 10: Derecho a la formación profesional.
Artículo 11: Derecho a la protección de la salud.
Artículo 12: Derecho a la seguridad social.
Artículo 13: Derecho a la asistencia social y médica.
Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales.
Artículo 15: Derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad.
Artículo 16: Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica.
Artículo 17: Derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica.
Artículo 18: Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras Partes.
Artículo 19: Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia (excepto el párrafo 12).
Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
Artículo 21: Derecho a la información y a la consulta.
Artículo 22: Derecho a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo.
Artículo 25: Derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador.
Artículo 26: Derecho a la dignidad en el trabajo (excepto el párrafo 2)*.
Artículo 29: Derecho a información y consulta en los procedimientos de despido colectivo.
Artículo 30: Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social.»
Fecha de efectos: 1.5.2004.
– Declaración del Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica contenida en un instrumento registrado en la Secretaría General del Consejo de Europa el 10 de junio de 2015:
«De conformidad con el párrafo 2 del artículo A de la parte III de la Carta, Bélgica se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II:
Artículo 26: Derecho a la dignidad en el trabajo (párrafo 2).
Artículo 27: Derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato (párrafos 1 y 2).
Artículo 28: Derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder».
Fecha de efectos: 1.8.2015.
Bosnia y Herzegovina
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 7 de octubre de 2008:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), Bosnia y Herzegovina declara que se considera obligada por los siguientes artículos:
Artículo 1: Derecho al trabajo.
Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas.
Artículo 4: Derecho a una remuneración equitativa (párrafo 3).
Artículo 5: Derecho de sindicación.
Artículo 6: Derecho de negociación colectiva.
Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección.
Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad.
Artículo 9: Derecho a la orientación profesional.
Artículo 11: Derecho a la protección de la salud.
Artículo 12: Derecho a la seguridad social (párrafos 1 a 2).
Artículo 13: Derecho a la asistencia social y médica (párrafos 1, 2 y 3).
Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales.
Artículo 16: Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica.
Artículo 17: Derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica.
Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
Artículo 21: Derecho a la información y a la consulta.
Artículo 22: Derecho a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo.
Artículo 23: Derecho de las personas de edad avanzada a protección social.
Artículo 28: Derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder.»
Fecha de efectos: 1.12.2008.
Bulgaria
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 7 de junio de 2000:
«De conformidad con el párrafo 2 del artículo D de la parte IV de la Carta, la República de Bulgaria acepta la supervisión de sus obligaciones en virtud de la misma según el procedimiento establecido en el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas de 9 de noviembre de 1955.»
Fecha de efectos: 1.8.2000.
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 7 de junio de 2000:
«De conformidad con el párrafo 1 del artículo A de la parte III de la Carta, la República de Bulgaria declara lo siguiente:
1. La República de Bulgaria considera la parte I de la Carta como una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados, tanto de carácter nacional como internacional, conforme a lo expuesto en la introducción de dicha parte.
2. La República de Bulgaria se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II de la Carta:
Artículo 1.
Párrafos 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2.
Artículo 3.
Párrafos 2 a 5 del artículo 4.
Artículos 5, 6, 7, 8 y 11.
Párrafos 1 y 3 del artículo 12.
Párrafos 1 a 3 del artículo 13.
Artículos 14 y 16.
Párrafo 2 del artículo 17.
Párrafo 4 del artículo 18.
Artículos 20, 21, 22, 24, 25 y 26.
Párrafos 2 y 3 del artículo 27.
Artículos 28 y 29.»
Fecha de efectos: 1.8.2000.
– Declaración contenida en una nota verbal de la Representación Permanente de Bulgaria, de fecha de 16 de febrero de 2007, registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 20 de febrero de 2007:
«De conformidad con el párrafo 3 del artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), la República de Bulgaria declara que se considera obligada por el párrafo 3 del artículo 2 de la parte II de dicha Carta.»
Fecha de efectos: 1.4.2007.
Chipre
– Declaración contenida en una nota verbal de la Representación Permanente de Chipre presentada al Secretario General del Consejo de Europa en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación, el 27 de septiembre de 2000:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), la República de Chipre se considera obligada por los artículos 1, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 24 y 28, así como por los siguientes párrafos:
Párrafos 1, 2, 5 y 7 del artículo 2.
Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3.
Párrafos 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 del artículo 7.
Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 8.
Párrafos 2 y 3 del artículo 13.
Párrafo 4 del artículo 18.
Párrafo 3 del artículo 27.»
Fecha de efectos: 1.11.2000.
– Declaración contenida en una carta de la Ministra de Asuntos Exteriores de Chipre, de fecha de 7 de septiembre de 2011, registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 5 de octubre de 2011:
«De conformidad con el párrafo 3 del artículo A de la parte III de la Carta, la República de Chipre se considera obligada por los siguientes párrafos y artículos de dicha Carta:
Párrafos 3 y 6 del artículo 2.
Párrafo 5 del artículo 4.
Párrafo 7 del artículo 7.
Párrafo 5 del artículo 8.
Apartado b) del artículo 22.
Párrafo 2 del artículo 27.
Artículo 25.
Artículo 29.»
Fecha de efectos: 1.12.2011.
Eslovaquia
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 23 de abril de 2009:
«De conformidad con las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), Eslovaquia declara que se considera obligada por los siguientes artículos:
Artículo 1: Derecho al trabajo (párrafos 1 a 4).
Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas (párrafos 1 a 7).
Artículo 3: Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (párrafos 1 a 4).
Artículo 4: Derecho a una remuneración equitativa (párrafos 1 a 5).
Artículo 5: Derecho de sindicación.
Artículo 6: Derecho de negociación colectiva (párrafos 1 a 4).
Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección (párrafos 1 a 10).
Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad (párrafos 1 a 5).
Artículo 9: Derecho a la orientación profesional.
Artículo 10: Derecho a la formación profesional (párrafos 1 a 5).
Artículo 11: Derecho a la protección de la salud (párrafos 1 a 3).
Artículo 12: Derecho a la seguridad social (párrafos 1 a 4).
Artículo 13: Derecho a la asistencia social y médica (párrafos 1 a 3).
Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales (párrafos 1 y 2).
Artículo 15: Derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad (párrafos 1 y 2).
Artículo 16: Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica.
Artículo 17: Derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica (párrafos 1 y 2).
Artículo 18: Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras Partes (párrafos 1, 2 y 4).
Artículo 19: Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia [párrafo 1, apartados a) y b) del párrafo 4, y párrafos 5, 6, 7, 9 y 11].
Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo [apartados a), b), c) y d)].
Artículo 21: Derecho a la información y a la consulta [apartados a) y b)].
Artículo 22: Derecho a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo [apartados a), b), c) y d)].
Artículo 23: Derecho de las personas de edad avanzada a protección social [apartados a) y b) del primer guion, apartados a) y b) del segundo guion, y tercer guion].
Artículo 24: Derecho a protección en caso de despido (apartados a) y b)).
Artículo 25: Derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador.
Artículo 26: Derecho a la dignidad en el trabajo (párrafos 1 y 2).
Artículo 27: Derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato (párrafos 1, 2 y 3).
Artículo 28: Derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder [apartados a) y b)].
Artículo 29: Derecho a información y consulta en los procedimientos de despido colectivo.
Artículo 30: Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social [apartados a) y b)].»
Fecha de efectos: 1.6.2009.
Eslovenia
– Declaración contenida en una nota verbal presentada al Secretario General del Consejo de Europa en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación, el 7 de mayo de 1999:
«De conformidad con el párrafo 2 del artículo A de la parte III de la Carta, la República de Eslovenia notifica que se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II de dicha Carta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (párrafos 2 y 3), 14, 15, 16, 17, 18 (párrafos 1, 3 y 4), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.»
Fecha de efectos: 1.7.1999.
– Declaración contenida en una nota verbal presentada al Secretario General del Consejo de Europa en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación, el 7 de mayo de 1999:
«De conformidad con el párrafo 2 del artículo D de la parte IV de la Carta, la República de Eslovenia declara que acepta la supervisión de sus obligaciones en virtud de la misma según el procedimiento establecido en el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo el 9 de noviembre de 1995.»
Fecha de efectos: 1.7.1999.
España
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 17 de mayo de 2021:
«Para el caso de que el presente Convenio sea ratificado por el Reino Unido y extendido al territorio de Gibraltar, España desea formular la siguiente Declaración:
1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas.
2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado soberano del que depende el citado territorio no autónomo.
3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de lo previsto en los dos párrafos anteriores.
4. El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de ciertos Tratados internacionales acordado por España y el Reino Unido el 19 de diciembre de 2007 (junto al "Régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de los instrumentos de la UE y CE y Tratados conexos", de 19 de abril de 2000), se aplica al presente Convenio.
5. La aplicación a Gibraltar del presente Convenio no puede ser interpretada como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, suscrito por las Coronas de España y Gran Bretaña.»
Fecha de efectos: 1.7.2021.
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 17 de mayo de 2021:
«En relación a la parte IV, artículo D, párrafo 2, de la Carta Social Europea (revisada), España declara que acepta la supervisión de sus obligaciones contraídas en la Carta según lo que establece el procedimiento recogido en el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que desarrolla un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo, el 9 de noviembre de 1995.»
Fecha de efectos: 1.7.2021.
Estonia
– Declaración contenida en una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estonia presentada en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación el 11 de septiembre de 2000:
«De conformidad con el párrafo 2 del artículo A de la parte III de la Carta, la República de Estonia notifica que se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II de dicha Carta:
1) Artículo 1: Derecho al trabajo (párrafos 1 a 4; completo).
2) Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas (párrafos 1 a 3, y 5 a 7).
3) Artículo 3: Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (párrafos 1 a 3).
4) Artículo 4: Derecho a una remuneración equitativa (párrafos 2, 3, 4 y 5).
5) Artículo 5: Derecho de sindicación (completo).
6) Artículo 6: Derecho de negociación colectiva (párrafos 1 a 4; completo).
7) Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección (párrafos 1 a 4, y 7 a 10).
8) Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad (párrafos 1 a 5; completo).
9) Artículo 9: Derecho a la orientación profesional (completo).
10) Artículo 10: Derecho a la formación profesional (párrafos 1, 3 y 4).
11) Artículo 11: Derecho a la protección de la salud (párrafos 1 a 3; completo).
12) Artículo 12: Derecho a la seguridad social (párrafos 1 a 4; completo).
13) Artículo 13: Derecho a la asistencia social y médica (párrafos 1 a 3).
14) Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales (párrafos 1 y 2; completo).
15) Artículo 15: Derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad (párrafos 1 a 3; completo).
16) Artículo 16: Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica (completo).
17) Artículo 17: Derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica (párrafos 1 y 2; completo).
18) Artículo 19: Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia (párrafos 1 a 12; completo).
19) Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo (completo).
20) Artículo 21: Derecho a la información y a la consulta (completo).
21) Artículo 22: Derecho a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo (completo).
22) Artículo 24: Derecho a protección en caso de despido (completo).
23) Artículo 25: Derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador (completo).
24) Artículo 27: Derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato (párrafos 1 a 3; completo).
25) Artículo 28: Derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder (completo).
26) Artículo 29: Derecho a información y consulta en los procedimientos de despido colectivo (completo).»
Fecha de efectos: 1.11.2000.
– Declaración del Presidente de la República de Estonia contenida en un instrumento de fecha de 27 de junio registrado en la Secretaría General del Consejo de Europa el 5 de julio de 2012:
«La República de Estonia declara que se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II de la Carta:
Párrafo 2 del artículo 10
Párrafo 4 del artículo 13
Párrafos 1, 2 y 4 del artículo 18
Párrafos 1 y 2 del artículo 26
Artículo 30.»
Fecha de efectos: 1.9.2012.
Finlandia
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 21 de junio de 2002:
«La República de Finlandia declara, de conformidad con el artículo A de la Parte III de la Carta, que se considera vinculada por los siguientes artículos de la Parte II de la Carta: artículos 1 y 2, apartados 1 y 4 del artículo 3, apartados 2, 3 y 5 del artículo 4, artículos 5 y 6, apartados 1 a 5, 7, 8 y 10 del artículo 7, apartados 2 y 4 del artículo 8, artículos 9 a 18, apartados 1 a 9, 11 y 12 del artículo 19 y artículos 20 a 31.»
Fecha de efectos: 1.8.2002.
Francia
Nota de la Secretaría General del Consejo de Europa: Francia se considera obligada por todos los artículos de la parte II de la Carta.
Fecha de efectos:1.7.1999.
Georgia
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 22 de agosto de 2005:
«De conformidad con el párrafo 1 del artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), Georgia se considera obligada por los siguientes artículos y párrafos de dicha Carta:
Párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 1.
Párrafos 1, 2, 5 y 7 del artículo 2.
Párrafos 2, 3 y 4 del artículo 4.
Artículo 5.
Párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 6.
Párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 7.
Párrafos 3, 4 y 5 del artículo 8.
Párrafos 2 y 4 del artículo 10.
Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 11.
Párrafos 1 y 3 del artículo 12.
Párrafos 1 y 2 del artículo 14.
Párrafo 3 del artículo 15.
Párrafo 1 del artículo 17.
Párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 18.
Párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 19.
Artículo 20.
Párrafos 1 y 2 del artículo 26.
Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 27.
Artículo 29.»
Fecha de efectos: 1.10.2005.
Grecia
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 18 de marzo de 2016:
«De conformidad con las disposiciones del artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), la República Helénica se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II de dicha Carta:
Artículo 1.
Artículo 2.
Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6, excepto el derecho a establecer y utilizar procedimientos de arbitraje para solucionar conflictos laborales, en particular, en lo que respecta al derecho a recurrir unilateralmente al arbitraje en caso de que fracase la negociación colectiva, así como al derecho de los empleadores a emprender acciones colectivas, especialmente, el derecho al cierre patronal.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 18.
Párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 19.
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 23.
Artículo 24.
Artículo 25.
Artículo 26.
Artículo 27.
Artículo 28.
Artículo 29.
Artículo 30.
Artículo 31.»
Fecha de efectos: 1.5.2016.
– Reserva contenida en el instrumento de ratificación depositado el 18 de marzo de 2016:
«Grecia declara que interpretará y aplicará el artículo 6 de la Carta Social Europea (revisada) con arreglo a su artículo G y que las obligaciones que emanen del primero no serán de aplicación en ningún caso a:
a) el derecho a establecer y utilizar procedimientos de arbitraje para solucionar conflictos laborales, en particular, en lo que respecta al derecho a recurrir unilateralmente al arbitraje en caso de que fracase la negociación colectiva, conforme al apartado 2 del artículo 22 de la Constitución griega; y
b) la regulación del derecho de los empleadores a emprender acciones colectivas, especialmente, el derecho al cierre patronal.»
Fecha de efectos: 1.5.2016.
Hungría
– Declaración contenida en una nota verbal de la Representación Permanente de Hungría depositada junto con el instrumento de ratificación el 20 de abril de 2009.
«De conformidad con las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), Hungría declara que se considera obligada por los siguientes artículos:
Artículo 1: Derecho al trabajo.
Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas.
Artículo 3: Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo.
Artículo 5: Derecho de sindicación.
Artículo 6: Derecho de negociación colectiva.
Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección (párrafo 1)*.
Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad.
Artículo 9: Derecho a la orientación profesional.
Artículo 10: Derecho a la formación profesional.
Artículo 11: Derecho a la protección de la salud.
Artículo 12: Derecho a la seguridad social (párrafo 1).
Artículo 13: Derecho a la asistencia social y médica.
Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales.
Artículo 15: Derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad.
Artículo 16: Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica.
Artículo 17: Derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica.
Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
Artículo 21: Derecho a la información y a la consulta.
Artículo 22: Derecho a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo.»
* Comunicación contenida en una nota verbal de la Representación Permanente de Hungría, de fecha de 26 de mayo de 2011, registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 26 de mayo de 2011:
«La Representación Permanente de la República de Hungría ante el Consejo de Europa tiene el honor de comunicar lo siguiente:
La declaración formulada por la República de Hungría en el momento de la ratificación de la Carta Social Europea (revisada) (STE n.º 163) contiene un error administrativo que afecta al ámbito de aplicación del artículo 7 de esta última. Con arreglo a la Ley VI de 2009, aprobada por el Parlamento de Hungría el 23 de febrero de 2009, relativa a la ratificación de la Carta Social Europea (revisada), Hungría se considera obligada por el párrafo 1 del artículo 7 de esta última. En el artículo 2 de dicha ley se declara:
"2) De conformidad con las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo 1 del artículo A de la parte III, la República de Hungría se considera obligada por los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 (párrafo 1), 8, 9, 10, 11, 12 (párrafo 1), 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 22 de la parte II de la Carta Social Europea (revisada)."»
Fecha de efectos: 1.6.2009.
Irlanda
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación y en una carta de la Representación Permanente de Irlanda, de fecha de 4 de noviembre de 2000, depositados el 4 de noviembre de 2000:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta, Irlanda se considera obligada por todas las disposiciones de dicha Carta, excepto las siguientes:
Párrafo 3 del artículo 8.
Apartados a) y b) del artículo 21.
Apartado c) del párrafo 1 del artículo 27.
Artículo 31.»
Fecha de efectos: 1.1.2001.
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación y en una carta de la Representación Permanente de Irlanda, de fecha de 4 de noviembre de 2000, depositados el 4 de noviembre de 2000:
«Dado el tenor general del artículo 31 de la Carta, a Irlanda no le resulta posible aceptar sus disposiciones en este momento. No obstante, Irlanda hará un seguimiento de la interpretación de dicho artículo que ofrezca el Consejo de Europa, con vistas a aceptarlo más adelante.»
Fecha de efectos: 1.1.2001.
Italia
– Declaración contenida en una nota verbal de la Representación Permanente presentada al Secretario General del Consejo de Europa en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación, el 5 de julio de 1999:
«Italia no se considera obligada por el artículo 25 (derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador) de la Carta.»
Fecha de efectos: 1.9.1999.
Letonia
– Declaración contenida en una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores presentada al Secretario General del Consejo de Europa en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación, el 26 de marzo de 2013:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta, la República de Letonia declara que se considera obligada por las disposiciones de las partes I, III, IV, V y VI de dicha Carta y por los siguientes artículos de su parte II:
Artículo 1.
Artículo 2.
Artículo 3.
Párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 11.
Párrafos 1 y 2 del artículo 12.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Párrafos 1 y 4 del artículo 18.
Párrafos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del artículo 19.
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 24.
Artículo 25.
Artículo 26.
Artículo 27.
Artículo 28.
Artículo 29.
Artículo 30.
Párrafo 1 del artículo 31.»
Fecha de efectos: 1.5.2013.
– Declaración contenida en una nota verbal de la Representación Permanente de Letonia, de fecha de 7 de mayo de 2015, registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 11 de mayo de 2015:
«La Representación Permanente de la República de Letonia informa a la Secretaría de que, debido a un error administrativo, en el apartado 1 de la declaración relativa a la Carta Social Europea (revisada) n.º 41/132, depositada por la República de Letonia el 7 de marzo de 2013, se afirma que este Estado se considera obligado por el artículo 18 de la Carta, si bien, en la ley de 14 de febrero de 2013, en virtud de la cual el Parlamento del país la ratificó, se dispone que la República de Letonia solo se considera obligada por los párrafos 1 y 4 del artículo 18. Por tanto, la Representación Permanente solicita amablemente a la Secretaría que realice los cambios pertinentes en la versión publicada de la declaración presentada por Letonia.»
Fecha de efectos: 1.5.2013.
Lituania
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 29 de junio de 2001:
«La República de Lituania declara que se considera obligada por las disposiciones de los siguientes artículos de la parte II de la Carta: artículos 1 a 11; párrafos 1, 3 y 4 del artículo 12; párrafos 1 a 3 del artículo 13; artículos 14-17; párrafos 1 y 4 del artículo 18; párrafos 1, 3, 5, 7, 9, 10 y 11 del artículo 19; artículos 20 a 22; artículos 24 a 29; y párrafos 1 y 2 del artículo 31.»
Fecha de efectos: 1.8.2001.
Macedonia del Norte
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 6 de enero de 2012:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta, la República de Macedonia declara que se considera obligada por los siguientes artículos y párrafos de la parte II de dicha Carta:
Artículo 1.
Artículo 2.
Párrafos 2 y 4 del artículo 3.
Párrafos 2, 3 y 5 del artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.
Párrafos 1 a 4, y 6 a 10 del artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.
Párrafos 1 y 2 del artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Párrafos 1, 5, 6 y 8 del artículo 19.
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 24.
Artículo 26.
Párrafo 3 del artículo 27.
Artículo 28.
Artículo 29.»
Fecha de efectos: 1.3.2012.
Malta
– Declaración contenida en una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Malta presentada en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación el 27 de julio de 2005:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta, la República de Malta se considera obligada por los siguientes artículos y párrafos de la parte II:
Artículo 1: Derecho al trabajo (párrafos 1 a 4).
Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas (párrafos 1, 2, 3, 5 y 6).
Artículo 3: Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (párrafos 1 a 4).
Artículo 4: Derecho a una remuneración equitativa (párrafos 1 a 5).
Artículo 5: Derecho de sindicación.
Artículo 6: Derecho de negociación colectiva (párrafos 1 a 4).
Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección (párrafos 1 a 10).
Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad (párrafos 1, 2, 4 y 5).
Artículo 9: Derecho a la orientación profesional.
Artículo 10: Derecho a la formación profesional [párrafos 1 a 4, y apartados a) y d) del párrafo 5].
Artículo 11: Derecho a la protección de la salud (párrafos 1 a 3).
Artículo 12: Derecho a la seguridad social (párrafos 1 y 3, y apartado a) del párrafo 4).
Artículo 13: Derecho a la asistencia social y médica (párrafos 1 a 4).
Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales (párrafos 1 y 2).
Artículo 15: Derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad (párrafos 1 a 3).
Artículo 16: Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica.
Artículo 17: Derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica (párrafos 1 y 2).
Artículo 18: Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras Partes (párrafo 4).
Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
Artículo 23: Derecho de las personas de edad avanzada a protección social.
Artículo 24: Derecho a protección en caso de despido.
Artículo 25: Derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador.
Artículo 26: Derecho a la dignidad en el trabajo (párrafos 1 y 2).
Artículo 27: Derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato (párrafos 2 y 3).
Artículo 28: Derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder.
Artículo 29: Derecho a información y consulta en los procedimientos de despido colectivo.»
Fecha de efectos: 1.9.2005.
Montenegro
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 3 de marzo de 2010:
«De conformidad con el Artículo A de la Parte III de la Carta, Montenegro declara que se considera vinculado jurídicamente aceptando las siguientes disposiciones de la Parte II de la Carta:
Artículo 1.
Artículo 2, párrafos 1, 2, 6.
Artículo 3.
Artículo 4, párrafos 2, 3, 5.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7, párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10, párrafos 1, 2, 3, 4.
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Artículo 19, párrafos 11, 12.
Artículo 20.
Artículo 23.
Artículo 24.
Artículo 26, párrafo 1.
Artículo 27, párrafos 1 (a), 2, 3.
Artículo 28.
Artículo 29.»
Fecha de efectos: 1.5.2010.
Noruega
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 7 de mayo de 2001:
«El Reino de Noruega declara que se considera obligado por los artículos 1, 4 a 6, 9 a 17, 20 a 25, 30 y 31, así como por las disposiciones de los párrafos 1 a 6 del artículo 2; los párrafos 2 y 3 del artículo 3; los párrafos 1 a 3, 5 a 8, y 10 del artículo 7; los párrafos 1 y 3 del artículo 8; los párrafos 1 a 7, y 9 a 12 del artículo 19; y el apartado c) del párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 27 de la Carta.»
Fecha de efectos: 1.7.2001.
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 7 de mayo de 2001:
«De conformidad con el artículo L de la parte VI de la Carta Social Europea (revisada), el Gobierno de Noruega declara que el territorio metropolitano de este Estado en que serán de aplicación las disposiciones de dicha Carta se corresponderá con el territorio del Reino de Noruega, con la excepción de Svalbard (Spitzbergen) y Jan Mayen. La Carta Social Europea (revisada) no será de aplicación en las dependencias de Noruega.»
Fecha de efectos: 1.7.2001.
– Declaración contenida en una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega transmitida por Representación Permanente de Noruega el 11 de enero de 2005 y registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 13 de enero de 2005:
«De conformidad con el párrafo 3 del artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), Noruega se considera obligada por el artículo 28 de dicha Carta.»
Fecha de efectos: 1.3.2005.
Países Bajos
– Reserva contenida en el instrumento de aceptación depositado el 3 de mayo de 2006:
«Los Países Bajos se consideran obligados por el párrafo 4 del artículo 6 de la Carta Social Europea (revisada), excepto en lo que respecta al personal militar en situación de servicio activo y a los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa.»
Fecha de efectos: 1.7.2006.
– Reserva contenida en el instrumento de aceptación depositado el 3 de mayo de 2006:
«Los Países Bajos no se consideran obligados por el párrafo 12 del artículo 19 de la Carta Social Europea (revisada):
Fecha de efectos:1.7.2006.
– Declaración contenida en el instrumento de aceptación depositado el 3 de mayo de 2006:
«El Reino de los Países Bajos acepta la Carta Social Europea (revisada) para el Reino en Europa.»
(Nota de la Secretaría General del Consejo de Europa: Véase también la comunicación de la Representación Permanente de los Países Bajos registrada en la Secretaría General el 28 de septiembre de 2010, relativa a la modificación de la estructura del Reino a partir del 10 de octubre 2010.)
Fecha de efectos: 1.7.2006.
Portugal
– Reserva contenida en el instrumento de ratificación depositado el 30 de mayo de 2002:
«La República Portuguesa declara que no aplicará el apartado 6 del artículo 2 a los contratos cuya duración no exceda de un mes o a los que establezcan una semana laboral no superior a ocho horas, así como a los que tengan carácter ocasional o particular.»
Fecha de efectos: 1.7.2002.
– Reserva contenida en el instrumento de ratificación depositado el 30 de mayo de 2002:
«La República Portuguesa declara que la obligación derivada del artículo 6 no constituye obstáculo, por lo que concierne al apartado 4, para la prohibición de lockouts, prevista en el apartado 4 del artículo 57 de la Constitución.»
Fecha de efectos: 1.7.2002.
República de Moldavia
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 8 de noviembre de 2001:
«De conformidad con el párrafo 1 del artículo A de la parte III de la Carta, la República de Moldavia se considera obligada por las disposiciones de los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28 y 29, así como, de manera parcial, por las disposiciones de los artículos 3 (párrafos 1 a 3), 4 (párrafos 3 a 5), 7 (párrafos 1 a 4, y 7 a 10), 13 (párrafos 1 a 3), 15 (párrafos 1 y 2), 18 (párrafos 3 y 4), 19 (párrafos 7 y 8) y 27 (párrafo 2).
Asimismo, la República de Moldavia reconoce que el cumplimiento de las obligaciones jurídicas contraídas en virtud de la ratificación parcial de la Carta Social Europea (revisada) se someterá a los procedimientos de supervisión previstos en la parte IV de la Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961.»
Fecha de efectos: 1.1.2002.
Rumanía
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 7 de mayo de 1999:
«De conformidad con las disposiciones del párrafo 1 del artículo A de la parte III de la Carta, Rumanía acepta la parte I de dicha Carta como una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados y se considera obligada por las disposiciones de los artículos 1, 4 a 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25*, 28 y 29, así como por las disposiciones de los párrafos 1, 2, y 4 a 7 del artículo 2; los párrafos 1 a 3 del artículo 3; los párrafos 1 a 3 del artículo 13; los párrafos 1 y 2 del artículo 15; los párrafos 3 y 4 del artículo 18; los párrafos 7 y 8 del artículo 19; y el párrafo 2 del artículo 27.»
– * Declaración contenida en una nota verbal de la Representación Permanente de Rumania, de fecha de 16 de abril de 2004, registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 21 de abril de 2004:
«La Representación Permanente de Rumanía informa a la Secretaría de que el instrumento de ratificación n.º 490 depositado por este Estado el 7 de mayo de 1999 contiene un error. En el apartado 1 de dicho instrumento de ratificación se afirma que Rumanía se considera obligada por el artículo 26, si bien la ley n.º 74, de 3 de mayo de 1999, en virtud de la cual el Parlamento del país ratificó la Carta Social Europea (revisada), no hace referencia a dicho artículo.
Asimismo, la Representación Permanente de Rumanía ante el Consejo de Europa informa a la Secretaría de que esa ley dispone que este Estado se considera obligado por el artículo 25 de la Carta, lo cual no se notificó en el momento en el que se depositó el instrumento de ratificación.
En vista de lo anterior, la Representación Permanente de Rumanía declara que se entenderá que, donde se menciona el artículo 26 en el apartado 1 del instrumento de ratificación n.º 490 depositado por este país, se hace referencia al artículo 25.»
Fecha de efectos: 1.7.1999.
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 7 de mayo de 1999:
«Rumanía declara que acepta que el cumplimiento de las obligaciones jurídicas contenidas en la Carta Social Europea (revisada) se someta a los procedimientos de supervisión previstos en la parte IV de la Carta Social Europea, hecha en Turín el 18 de octubre de 1961.»
Fecha de efectos: 1.7.1999.
Federación de Rusia
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 16 de octubre de 2009:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta, la Federación de Rusia declara que se considera obligada por los siguientes artículos de la Parte II de dicha Carta:
Artículo 1.
Párrafos 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2.
Artículo 3.
Párrafos 2 a 5 del artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Artículo 10.
Artículo 11.
Párrafo 1 del artículo 12.
Artículo 14.
Párrafos 1 y 2 del artículo 15.
Artículo 16.
Artículo 17.
Párrafo 4 del artículo 18.
Párrafos 5 y 9 del artículo 19.
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 24.
Artículo 27.
Artículo 28.
Artículo 29.»
Fecha de efectos: 1.12.2009.
Serbia
– Declaración contenida en una nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia, de fecha de 11 de junio de 2009, depositada junto con el instrumento de ratificación el 14 de septiembre de 2009:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta, la República de Serbia declara que se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II de dicha Carta:
Artículo 1.
Párrafos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 2.
Artículo 3.
Artículo 4.
Artículo 5.
Artículo 6, excepto en lo que respecta al personal militar del Ejército de Serbia en el caso del párrafo 4.
Artículo 7.
Artículo 8.
Artículo 9.
Párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 10.
Artículo 11.
Artículo 12.
Artículo 13.
Artículo 14.
Artículo 15.
Artículo 16.
Apartados b) y c) del párrafo 1 y párrafo 2 del artículo 17.
Artículo 18.
Párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 19.
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 23.
Artículo 24.
Artículo 25.
Artículo 26.
Artículo 28.
Artículo 29.
Artículo 30.»
Fecha de efectos: 1.11.2009.
Suecia
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 29 de mayo de 1998:
«De conformidad con el párrafo 2 del artículo A de la parte III de la Carta, Suecia se considera obligada por los siguientes artículos de la parte II:
Artículo 1: Derecho al trabajo (párrafos 1 a 4; completo).
Artículo 2: Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas (párrafos 3, 5 y 6).
Artículo 3: Derecho a la seguridad e higiene en el trabajo (párrafos 1 a 3).
Artículo 4: Derecho a una remuneración equitativa (párrafos 1, 3 y 4).
Artículo 5: Derecho de sindicación.
Artículo 6: Derecho de negociación colectiva (párrafos 1 a 4; completo).
Artículo 7: Derecho de los niños y jóvenes a protección (párrafos 1 a 4, y 7 a 10).
Artículo 8: Derecho de las trabajadoras a la protección de la maternidad (párrafos 1 y 3).
Artículo 9: Derecho a la orientación profesional.
Artículo 10: Derecho a la formación profesional (párrafos 1 a 5; completo).
Artículo 11: Derecho a la protección de la salud (párrafos 1 a 3; completo).
Artículo 12: Derecho a la seguridad social (párrafos 1 a 3).
Artículo 13: Derecho a la asistencia social y médica (párrafos 1 a 4; completo).
Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales (párrafos 1 y 2; completo).
Artículo 15: Derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad (párrafos 1 a 3; completo).
Artículo 16: Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica.
Artículo 17: Derecho de los niños y jóvenes a protección social, jurídica y económica (párrafos 1 y 2; completo).
Artículo 18: Derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras Partes (párrafos 1 a 4; completo).
Artículo 19: Derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia (párrafos 1 a 12; completo).
Artículo 20: Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo.
Artículo 21: Derecho a la información y a la consulta.
Artículo 22: Derecho a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo y del entorno de trabajo.
Artículo 23: Derecho de las personas de edad avanzada a protección social.
Artículo 25: Derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador.
Artículo 26: Derecho a la dignidad en el trabajo (párrafos 1 y 2; completo).
Artículo 27: Derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato (párrafos 1 a 3; completo).
Artículo 29: Derecho a información y consulta en los procedimientos de despido colectivo.
Artículo 30: Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social.
Artículo 31: Derecho a la vivienda (párrafos 1 a 3; completo).»
Fecha de efectos: 1.7.1999.
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 29 de mayo de 1998:
«Suecia declara que el trato preferente no deberá considerarse incompatible con el artículo E de la Carta.»
Fecha de efectos: 1.7.1999.
Turquía
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 27 de junio de 2007:
«De conformidad con el artículo A de la parte III de la Carta Social Europea (revisada), la República de Turquía declara que se considera obligada por los siguientes artículos, párrafos y apartados de la parte II de dicha Carta:
Artículo 1.
Párrafos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2.
Artículo 3.
Párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 4.
Artículos 7 a 31.»
Fecha de efectos: 1.8.2008.
Ucrania
– Declaración contenida en el instrumento de ratificación depositado el 21 de diciembre de 2006:
«Ucrania se compromete a considerar la parte I de la Carta como una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados, conforme a lo expuesto en el preámbulo de dicha parte.
Ucrania se considera obligada por los siguientes artículos y párrafos de la parte II de la Carta:
Párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 1.
Párrafos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2.
Párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 3.
Párrafos 2, 3, 4 y 5 del artículo 4.
Artículo 5.
Párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 6.
Párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 7.
Párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 8.
Artículo 9.
Párrafos 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 10.
Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 11.
Párrafos 1 y 2 del artículo 14.
Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 15.
Artículo 16.
Párrafos 1 y 2 del artículo 17.
Párrafos 1, 2, 3 y 4 del artículo 18.
Artículo 20.
Artículo 21.
Artículo 22.
Artículo 23.
Artículo 24.
Párrafos 1 y 2 del artículo 26.
Párrafos 1, 2 y 3 del artículo 27.
Artículo 28.
Artículo 29.
Artículo 30.
Párrafos 1 y 2 del artículo 31.»
Fecha de efectos: 1.2.2007.
– Declaración contenida en una nota verbal de la Representación Permanente de Ucrania, de fecha de 28 de julio de 2017, registrada en la Secretaría General del Consejo de Europa el 31 de julio de 2017:
«La Representación Permanente de Ucrania informa a la Secretaría General de que el Parlamento de este Estado ha aprobado una ley nacional de modificación del apartado 2 de la ley ucraniana de ratificación de la Carta Social Europea (revisada) n.º 163 (en los sucesivo, la "Carta"). La modificación supone que se añaden los párrafos 3 y 4 del artículo 12 de la Carta a la ley ucraniana de ratificación de la misma.
En consecuencia, Ucrania se considera obligada por los párrafos 3 y 4 del artículo 12 de la Carta.»
Fecha de efectos: 1.9.2017.
* * * * *
La Carta Social Europea (revisada) entró en vigor con carácter general el 1 de julio de 1999 y entrará en vigor para España el 1 de julio de 2021, de conformidad con lo dispuesto en su Parte VI, artículo K, apartados 2 y 3.
Madrid, 8 de junio de 2021.–El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino.
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