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La Comisión General para la Formación Continua acordó, en su reunión de 22 de marzo de 2010, aprobar el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005).
Dicho Acuerdo fue ratificado por la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas en su reunión de 23 de marzo de 2010.
A través del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se lleva a cabo la modificación del vigente IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005, de conformidad con el procedimiento previsto en la disposición adicional sexta de dicho Acuerdo.
El texto del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2005) es el que de manera íntegra figura a continuación de la presente Resolución.
Por lo que, a fin de favorecer su conocimiento, esta Secretaría de Estado ha resuelto ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 8 de junio de 2010.–La Secretaria de Estado para la Función Pública, María Consuelo Rumí Ibáñez.
ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 22 DE MARZO DE 2010 (IV ACUERDO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005)
PREÁMBULO
Desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, la formación profesional continua y el reciclaje profesional de todos los empleados públicos constituye una necesidad imprescindible en orden a conseguir sus objetivos permanentes de eficacia y de modernización. Pero, hoy en día, su necesidad es más imperiosa dada la rápida evolución de los conocimientos y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y, con ello, de los requerimientos de la Administración a sus empleados. La formación constituye un factor relevante para incrementar la productividad de cada empleado público y de la organización en su conjunto, siendo éste un objetivo esencial para alcanzar los niveles de competitividad a que debe aspirar un país como el nuestro, en el marco de la Unión Europea y en la dinámica de la globalización.
Pero también no sólo la formación contribuye a la mejor calidad del trabajo desarrollado, sino que es un instrumento de motivación y compromiso del personal, de creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional, y de transmisión y conservación del conocimiento. Todos estos elementos influyen de modo directo en el mejor desempeño y son uno de los signos distintivos de las organizaciones más avanzadas y eficientes. En definitiva, la formación es una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier organización y paralelamente, desde la posición de los empleados públicos, la formación profesional constituye sin duda una herramienta esencial en el desarrollo de su carrera profesional.
Los empleados públicos han participado en esta modalidad de formación a raíz del Acuerdo Administración-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994. Desde entonces, se han suscrito tres acuerdos sobre formación continua caracterizados por la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas y la participación de los agentes sociales en el diseño e implantación de la formación continua, desarrollando un modelo de gestión basado en la concertación social y en el desarrollo de instituciones paritarias sectoriales y territoriales que han contribuido a mejorar cada vez más el sistema de formación de los empleados públicos.
En esta línea, la Declaración para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas, firmada el 21 de septiembre de 2004 por las Organizaciones Sindicales CC.OO, UGT y CSI-CSIF con el Ministro de Administraciones Públicas, estableció la voluntad de «impulsar y fomentar la Formación Continua vinculándola a la promoción, carrera profesional y adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de las Administraciones Públicas.» Más recientemente, este planteamiento ha sido reproducido en el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la función pública en el marco del diálogo social 2010-2012, firmado el 25 de septiembre de 2009 por las mismas Organizaciones Sindicales con la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia.
El Acuerdo para el período 2006-2009 prorroga su vigencia con carácter indefinido e incorpora los esfuerzos realizados y resultados obtenidos en los anteriores Acuerdos; se avanza en esta dirección conservando y reforzando el elemento más importante que es el diálogo entre las partes implicadas, utilizándolo como herramienta fundamental para abordar los nuevos retos que habrán de tener por horizonte la mejora constante en la prestación de los servicios a los ciudadanos, y se añaden otros nuevos contenidos que lo enriquecen y le dan un nuevo enfoque a la formación continua de los empleados públicos y que son el fruto de una reflexión consensuada entre todos los sectores que participan en el sistema. Entre estos, destacan los siguientes:
En primer lugar, el importante papel que asumen los planes interadministrativos caracterizándose por estar destinados no sólo al personal al servicio de la Administración promotora, sino que se abre la posibilidad de dar formación a los empleados públicos al servicio de otras Administraciones, bien a través de un único promotor o en colaboración entre varios promotores, mediante Convenios o a través del instrumento jurídico que, en cada caso, resulte pertinente.
En segundo lugar, se introducen importantes mecanismos de intercambio de información, y de coordinación y promoción de planes y acciones formativas conjuntas, reforzándose la realización de actividades complementarias en materia de información, divulgación y fomento de la participación y cuantas otras tengan relación con el programa de formación continua en las Administraciones Públicas.
Este nuevo Acuerdo Nacional de Formación Continua, incorpora además nuevas líneas de actuación entre las que figuran las siguientes:
La renovación permanente de las instituciones y, consiguientemente, del marco normativo de la formación profesional, de tal modo que se garantice en todo momento la deseable correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades de las Administraciones Públicas.
Fomento del acceso universal y continuo al aprendizaje permanente dado que es un elemento esencial en la sociedad del conocimiento.
Adaptación de las ofertas de formación, especialmente las dirigidas a aquellos colectivos que puedan tener mayores dificultades, de forma que se prevenga su exclusión social y que sean motivadores de futuros aprendizajes mediante el reconocimiento de las competencias obtenidas a través de estas ofertas específicas.
Establecimiento de cauces de comunicación y participación con las instituciones competentes en materia de formación continua de los ámbitos nacional y comunitario.
Promover un funcionamiento del sistema que garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de toda la actividad formativa así como la implantación de cauces y posibilidades de compartir recursos formativos, criterios, normas y pautas de actuación que sirvan de apoyo a las políticas compartidas por las Administraciones Públicas.
Fomento de las medidas, en materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en la realización de las actividades formativas que se efectúen dentro de este Acuerdo.
Además de lo anteriormente señalado, debe destacarse que el Acuerdo fue prorrogado tácitamente el año 2010. Posteriormente, y fruto de la negociación entre las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales firmantes, se consideró oportuno acordar la prórroga del Acuerdo dotándole de una vigencia indefinida, salvo denuncia según el procedimiento establecido a tal efecto, e introducir en su texto una serie de modificaciones con el fin de adecuarlo a la realidad institucional existente e introducir mecanismos de mejora de la eficacia y eficiencia en relación con los procedimientos y recursos disponibles para la consecución de los fines establecidos.
Entre las modificaciones se encuentra la referente al cambio de denominación del Acuerdo. Con la referencia expresa al concepto de Empleo de las Administraciones Públicas se pretende introducir una terminología acorde con la ya existente en relación con otras normas básicas reguladoras de la formación y de otras materias íntimamente relacionadas, en concreto, el Estatuto Básico del Empleado Público, y, al mismo tiempo, establecer en el propio enunciado del Acuerdo una referencia al objetivo esencial implícito en el mismo, dado que la actividad de formación irá dirigida en todo caso a la consecución de la mejora en el empleo de las Administraciones Públicas. De manera acorde con esta nueva denominación, se modifican igualmente las expresiones utilizadas para referirse a los órganos y recursos disponibles mencionados en el Acuerdo.
En este contexto, aprovechando la experiencia adquirida, incorporando nuevas líneas de actuación y conscientes de la relevancia actual que la formación continua tiene tanto para la Administración como para los empleados públicos, las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales, representadas en la Comisión General para la Formación Continua, suscriben el presente Acuerdo.
La formación para el Empleo de las Administraciones Públicas está constituida por el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto, en el marco del presente Acuerdo, impulsar y extender entre las Administraciones Públicas y sus empleados una formación que responda a sus necesidades.
La formación para el Empleo de las Administraciones Públicas contribuirá al desarrollo de una economía basada en el conocimiento con el fin de facilitar al personal al servicio de las Administraciones Publicas asumir las funciones precisas en el marco de una adecuada planificación y gestión de los recursos humanos y materiales, orientada a mejorar su capacidad de gestión, de adaptación y de liderazgo de los procesos de cambio, así como el servicio público que se presta a la ciudadanía.
Esta formación se desarrollará mediante planes que se integrarán dentro de las políticas de planificación y gestión de los recursos humanos, atendiendo al perfeccionamiento y mejora de las funciones a desempeñar por los empleados públicos, y dirigidas igualmente a la mejora de sus competencias y cualificaciones, ya sea a la hora de su ingreso como a la de su promoción y carrera profesional.
La formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se configura como un deber y un derecho de los empleados públicos.
La oferta formativa contenida en los planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se orientará a la satisfacción de las necesidades de cualificación en las Administraciones Públicas y estará basada en estudios de necesidades formativas y en los planes estratégicos elaborados a tal fin.
En este sentido la coordinación de las ofertas formativas de los diferentes promotores y su posible coincidencia sobre ámbitos territoriales o funcionales será objeto de estudio en el seno de la Comisión que en cada caso resulte pertinente.
El presente Acuerdo será de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de la Administración Local, para el conjunto de los empleados públicos que en ellas presten servicios a través de una relación de carácter funcionarial, laboral o estatutaria.
El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y su vigencia será indefinida.
El Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes en el primer semestre de cada año en curso. Transcurrido el plazo de denuncia sin que ésta se hubiera producido, se considerará tácitamente prorrogado por periodos anuales sucesivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.11 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
En caso de denuncia, las partes se comprometen a intentar consensuar un nuevo acuerdo. Mientras que el nuevo acuerdo no se alcance, se considerará tácitamente prorrogado el presente Acuerdo por periodos anuales sucesivos.
Las entidades promotoras contempladas en el artículo 10 del presente Acuerdo, que deseen financiar acciones formativas con cargo a los fondos de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, deberán elaborar con carácter anual un plan de formación donde se recojan las necesidades formativas detectadas, los objetivos y las prioridades del promotor en materia de formación, así como su integración en un plan estratégico, coordinando sus acciones formativas con otros promotores con los que pudiera coincidir en ámbito territorial o personal y cooperando, en su caso, con ellos.
Dentro del periodo de vigencia de este Acuerdo, podrán elaborarse planes de formación plurianual cuando concurran circunstancias específicas debidamente justificadas ante la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente. En estos casos, la tramitación de los gastos generados se realizará dentro del correspondiente ejercicio presupuestario.
En el caso de las Organizaciones Sindicales, los planes y programas formativos deberán corresponderse con los objetivos específicos de las mismas y contribuir a la mejora de los servicios públicos, a la promoción profesional de los empleados públicos y a su formación global, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 1.
Las Administraciones Públicas que deseen financiar acciones formativas con cargo a este Acuerdo podrán elaborar planes unitarios, agrupados o interadministrativos.
La Federación Española de Municipios y Provincias y las Federaciones territoriales que deseen financiar acciones formativas con cargo a este Acuerdo podrán elaborar planes agrupados e interadministrativos.
Las Organizaciones Sindicales que deseen financiar acciones formativas con cargo a este Acuerdo sólo podrán elaborar y desarrollar planes interadministrativos, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.
Los planes unitarios se caracterizan por afectar al personal de una sola Administración Pública con, al menos, 200 empleados públicos, independientemente de las unidades u órganos que incluyan. En el ámbito de la Administración Local las Entidades Locales solicitantes de este tipo de planes podrán incluir parte de su plantilla en un solo plan agrupado en la forma que determine la correspondiente convocatoria, detrayendo esos efectivos de su plantilla total.
Estos planes podrán tener destinatarios diferentes del promotor dentro de la misma Administración.
Los planes agrupados se caracterizan por afectar al personal de dos o más Entidades Locales a las que se refiere el apartado 3.a) del artículo 10 de este Acuerdo, que agrupen conjuntamente, al menos, a 200 empleados públicos.
Podrán ser promotores de planes agrupados las Entidades Locales y Asociaciones o Federaciones definidos en el artículo 10, apartado 3.b).
Sólo podrá participarse en un plan agrupado.
Los planes interadministrativos se caracterizan por estar destinados no solo al personal de la Administración promotora, sino que también se destinan a la formación de empleados públicos de otras Administraciones Públicas.
Cualquiera de los promotores mencionados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10 del presente Acuerdo podrá promover con cargo a los fondos recibidos para la ejecución de los planes de formación a que hace referencia el artículo 20 del presente Acuerdo, planes interadministrativos, bien como promotor único o en colaboración con otros promotores, a través de convenios o mediante el oportuno instrumento jurídico pertinente.
En el contexto de lo establecido en el párrafo anterior, las Comunidades y Ciudades Autónomas podrán promover planes interadministrativos a través de los órganos designados por éstas para participar en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
Los planes promovidos por las Organizaciones Sindicales serán, en todo caso, interadministrativos, en el sentido de que deberán dirigirse a los empleados públicos de varias Administraciones Públicas.
Tendrán la consideración de planes interadministrativos estatales e irán dirigidos a los empleados del conjunto de las Administraciones Públicas, los promovidos por las Organizaciones Sindicales a las que hace referencia el artículo 10.4 del presente Acuerdo.
Los planes interadministrativos promovidos por otras Organizaciones Sindicales distintas a las referidas en el artículo 10.4 del presente Acuerdo, deberán realizarse en función de la representatividad e implantación acreditada en el ámbito correspondiente al plan a realizar, así como de la capacidad organizativa y técnica para su realización.
Tendrán asimismo consideración de planes interadministrativos los promovidos por la Federación Española de Municipios y Provincias y las Federaciones territoriales destinados a formar empleados públicos de distintas Entidades Locales pertenecientes a un mismo ámbito territorial, autonómico o estatal, concordante con la naturaleza de sus promotores.
En el ámbito del presente Acuerdo, podrán promover planes de formación:
1. En la Administración General del Estado: Los Departamentos Ministeriales y Organismos públicos de ella dependientes, así como las Universidades públicas a ella adscritas.
2. En las Administraciones de las Comunidades y Ciudades Autónomas: Cada una de las Consejerías que reúna las competencias en materia de función pública y los órganos que determinen las respectivas Comunidades y Ciudades Autónomas.
3. En la Administración Local:
a) Los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y demás Entidades Locales reconocidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) La Federación Española de Municipios y Provincias y las federaciones o asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico legítimamente constituidas al amparo de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
4. En el conjunto de todas las Administraciones Públicas: las Organizaciones Sindicales representativas en el conjunto de todas las Administraciones Públicas en los términos establecidos en los artículo 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y presentes, por tanto, en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.
5. En el ámbito de varias Administraciones Públicas: Las Organizaciones Sindicales distintas a las referidas en el artículo 10.4 del presente Acuerdo, que deberán acreditar la representatividad e implantación en el ámbito correspondiente al plan a realizar, así como la capacidad organizativa y técnica para su realización.
6. Los promotores reseñados en los puntos 1, 2 y 3 del presente artículo podrán promover planes interadministrativos dentro de su ámbito respectivo, bien como promotor único o en colaboración con otros promotores, a través de convenios o mediante el oportuno instrumento jurídico pertinente.
En el marco de este Acuerdo se podrán constituir Comisiones de Coordinación en el ámbito de las Comunidades y Ciudades Autónomas, que sirvan de punto de encuentro, coordinación y cooperación interadministrativa y permitan el intercambio de información sobre planes de formación de los diferentes promotores, así como la promoción de planes interadministrativos y aquellas otras iniciativas formativas que se consideren oportunas. Se dará información de todas estas actividades a la Comisión General.
Los planes de formación que se presenten ante las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas o, en los casos en que así proceda, ante la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas tendrán, al menos, el siguiente contenido:
a) Sistema de detección de necesidades.
b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar.
c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo).
d) Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes previstos.
e) Criterios de selección de los participantes.
f) Modalidad de gestión de las acciones formativas.
g) Opciones metodológicas previstas.
h) Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo.
i) Criterios de evaluación del plan de formación.
j) Calendario de ejecución previsto.
k) Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se solicita financiación.
l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo.
m) Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promotores de planes de formación.
Los planes de formación promovidos por las Administraciones Públicas indicarán el grado de participación de los Sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su gestión y ejecución. Del mismo modo, los planes promovidos por las Organizaciones Sindicales indicarán el grado de participación de las Administraciones Públicas afectadas, o sus Organismos, en su elaboración y, en su caso, gestión y ejecución.
Por parte de las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo se fomentará la consecución, en los diferentes ámbitos, de acuerdos cuya vigencia podrá ser superior al año, sobre los criterios a los que habrán de ajustarse los planes de formación a que se refiere el presente Acuerdo. Entre otras cuestiones, podrán ser objeto de negociación:
a) Prioridades con respecto a las acciones de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas a desarrollar.
b) Impacto sobre los servicios públicos, coherencia del plan y capacidad de gestión.
c) Orientación respecto a los colectivos de empleados públicos afectados por dichas acciones.
d) Centros y espacios formativos disponibles.
e) Régimen de los permisos de formación, así como su distribución horaria.
f) Participación sindical en la elaboración presentación y gestión de los planes formativos.
g) Competencias de los órganos de evaluación y seguimiento que, en su caso, pudieran crearse.
h) Criterios de coordinación y cooperación, en su caso, entre los promotores de planes de formación en un mismo ámbito territorial o funcional.
Dichos acuerdos deberán procurar que las acciones formativas que se promuevan a su amparo abarquen los distintos colectivos del ámbito correspondiente: funcionarios, laborales y estatutarios.
1. Con carácter previo a su solicitud de aprobación por las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondientes, los promotores de planes unitarios de formación deberán:
a) Convocar y someter el plan a informe de la representación sindical de los empleados públicos a que hace referencia en el artículo 10.4 del presente Acuerdo, estando obligada la Administración a facilitar la documentación comprensiva de los aspectos enumerados en el artículo 12, junto con el informe de las actividades formativas anteriores.
Si en la negociación surgieran discrepancias respecto del contenido del plan de formación, cualquiera de las partes podrá requerir, agotada la posibilidad de resolverlas, la intervención de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente de las previstas en el artículo 18 del presente Acuerdo.
Si el plan unitario, por afectar al personal de dos o más órganos o unidades dentro de la misma Administración, carece de ámbito propio de negociación, ésta se producirá en el seno de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente.
b) Una vez cumplido lo anterior, someter el plan de formación a la aprobación de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente.
2. Cuando sea solicitado, las Administraciones Públicas informarán a la representación sindical de los empleados públicos del ámbito correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4 del presente Acuerdo, de la ejecución del plan de formación, así como de la relación de participantes en las acciones formativas. Del mismo modo y en idénticos términos, las Organizaciones Sindicales informarán a los órganos competentes de la correspondiente Administración Pública, de la ejecución del plan de formación, así como de los participantes en las acciones formativas promovidas por ellas. De igual manera, ambas partes, en los mismos plazos, informarán a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
3. Los promotores de planes agrupados deberán presentarlos ante la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local. En cualquier caso se informará a la representación sindical de los empleados públicos a las que hace referencia el artículo 10.4 del presente Acuerdo, a nivel regional o de las estructuras territoriales en que deleguen, tanto del plan formativo a presentar, como de la resolución correspondiente.
4. Los planes interadministrativos previstos en el artículo 9 del presente Acuerdo, con excepción de los promovidos por las Comunidades y Ciudades Autónomas, se presentarán en todo caso para su negociación y aprobación ante la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
Los planes interadministrativos presentados por la Federación Española de Municipios y Provincias y las federaciones o asociaciones de municipios de ámbito autonómico, se presentarán para su aprobación inicial ante la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local.
5. Las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas remitirán a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, una relación de los planes de formación que hayan sido aprobados, para su conocimiento y con el fin de asegurar la necesaria coordinación.
1. Todas las acciones formativas financiadas con cargo a los fondos de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas tendrán la misma consideración a los efectos de la participación de los empleados públicos en las mismas.
2. La selección de los participantes en las acciones formativas vendrá determinada por la adecuación del perfil de los solicitantes a los objetivos y contenidos de las mismas, correspondiendo a cada Administración Pública, Federación, Asociación de Entidades Locales u Organización Sindical promotora la responsabilidad última sobre la selección de los participantes. La afiliación o no afiliación sindical, en ningún caso constituirá un criterio de selección.
3. La asistencia de los empleados públicos a los cursos para los que sean seleccionados estará supeditada a la adecuada cobertura de las necesidades del servicio cuando se celebren en todo o en parte en horario de trabajo, de acuerdo con las normas y los procedimientos establecidos en cada Administración Pública. Con el fin de facilitar la participación de los empleados públicos, las Administraciones Públicas habrán de tener conocimiento, con una antelación mínima de diez días, de los seleccionados por los promotores para participar en las acciones formativas contenidas en los planes por ellas promovidos, cuya impartición se haya previsto realizar, en todo o en parte, en horario de trabajo.
4. La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas potenciará todas aquellas iniciativas que, adaptando metodologías y horarios, tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral así como la participación de empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan tener mayores dificultades en la realización de las actividades formativas que se realicen dentro de este Acuerdo. Las acciones formativas se realizarán preferentemente en horario laboral.
5. Las entidades promotoras garantizarán la calidad de las acciones formativas, poniendo al servicio de su ejecución los medios personales y materiales adecuados al contenido de las mismas.
6. Corresponde a cada entidad promotora la expedición de los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuerdo con los requisitos previamente establecidos a tal efecto por la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas que deberán adaptarse a la legislación vigente en materia de reconocimiento de la formación profesional y de las cualificaciones.
Las Administraciones Públicas facilitarán la inscripción en el correspondiente Registro de Personal, o en su defecto en los expedientes personales, de los diplomas o certificados de los cursos expedidos por los promotores de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y superados por sus participantes.
7. Las Administraciones Públicas adoptarán las disposiciones oportunas para que los certificados o diplomas de los cursos expedidos por los promotores de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas puedan ser presentados por los interesados en los procedimientos de provisión de puestos y en los procesos de promoción interna, para su consideración como méritos por los Tribunales o Comisiones de Valoración. Todo ello sin perjuicio de que su puntuación habrá de basarse en la calidad, duración, materias impartidas y otros criterios objetivos vigentes en los sistemas de valoración de cada Administración Pública, sin discriminación, en ningún caso, por razón de la naturaleza o identidad del promotor.
a) La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas es un órgano de naturaleza paritaria, constituido como instancia deliberante, decisoria, de coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, y de participación del conjunto de los empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas en materia de formación para el Empleo.
b) Corresponden a esta Comisión las siguientes funciones:
1. Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo, resolviendo las discrepancias que se susciten en aplicación de lo en él estipulado, adoptando cuantas medidas estime oportunas a tal efecto y realizando un seguimiento del mismo.
2. Aprobar sus normas internas de funcionamiento. A estos efectos, la Comisión General se regirá por su Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por Acuerdo de la Comisión General para la Formación Continua de 23 de octubre de 2007, con las correspondientes adaptaciones, así como por las demás normas del ordenamiento jurídico que le sean de aplicación.
3. Informar las propuestas de normativa general y las que correspondan para el desarrollo de las mismas.
4. Fijar criterios y adoptar acuerdos en relación con la distribución, aplicación y gestión de los fondos disponibles para la financiación de las acciones de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas en el marco de los acuerdos de gestión que se suscriban en el seno de dicha Comisión, de conformidad con los criterios objetivos de distribución equitativa y solidaria de los recursos disponibles entre todos los beneficiarios del sistema. A los efectos de conseguir la mayor eficacia en el funcionamiento del sistema, los citados acuerdos de gestión de fondos se adoptarán a la mayor brevedad posible una vez conocidas las cuantías definitivas de los fondos de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para la anualidad correspondiente.
5. Proponer la convocatoria de ayudas, elevando dicho acuerdo a la autoridad competente para su publicación, en los plazos que se determine.
6. Aprobar, con carácter definitivo los planes de formación interadministrativos, con excepción de los promovidos por las Comunidades y Ciudades Autónomas, así como sus solicitudes de modificación. La aprobación de las modificaciones podrá ser realizada, cuando así proceda, por la Comisión Permanente de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
7. Adoptar las medidas necesarias para la acreditación y certificación de la formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, sea cual sea el promotor y el ámbito de realización de la misma, según la normativa vigente.
8. Aprobar la realización de actividades complementarias de acompañamiento y apoyo a la gestión de la formación para el Empleo de las Administraciones Públicas que sean de interés general, y a las que se refiere el artículo 21 del presente Acuerdo, determinando la cuantía de los recursos que se aportarán para su financiación.
Igualmente le corresponde aprobar los criterios que deberán inspirar la realización de actividades complementarias por parte de cada promotor.
9. Llevar a cabo el seguimiento y control de los planes.
10. Estudiar y proponer cuantas medidas estime oportunas para garantizar la calidad de la formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
11. Establecer criterios generales a los que habrán de ajustarse las certificaciones de asistencia y aprovechamiento de las acciones formativas contenidas en los planes aprobados, así como su adaptación a la legislación vigente en materia de reconocimiento de la Formación Profesional y de las Cualificaciones.
12. Establecer cauces de comunicación y participación con instituciones competentes en materia de formación continua de los ámbitos nacional y comunitario.
13. Acordar y promover la participación en proyectos o iniciativas formativas en el marco de la Unión Europea.
14. Realizar un balance anual de la aplicación del Acuerdo.
15. Elaborar estudios, análisis y programas de actuación que favorezcan la difusión de buenas prácticas de formación entre las Administraciones Públicas.
16. Resolver, en su caso, aquellas discrepancias surgidas en la negociación de los planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y no resueltas en el seno de la Comisión de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas correspondiente.
17. Cualesquiera otras que la Comisión acuerde.
La Comisión General funcionará en Pleno o en Comisión Permanente.
El Pleno de la Comisión General estará integrado:
a) En representación de la Administración General del Estado, por los siguientes miembros:
El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, a quien corresponde la presidencia de la Comisión General.
El Director General de la Función Pública del Ministerio de la Presidencia.
El Subdirector General de Relaciones Laborales del Ministerio de la Presidencia.
El Subdirector General del Instituto Nacional de Administración Pública que designe el responsable del Organismo.
Representantes de la Administración General del Estado, al menos con rango de Subdirector General, designados por el Ministerio de la Presidencia, entre éste y los Departamentos de Trabajo e Inmigración y el de Educación, que actuarán como vocales.
b) En representación de las Comunidades y Ciudades Autónomas, por el representante que determine cada una de ellas, con rango de Director General o persona en quien delegue.
c) En representación de la Administración Local, por los representantes designados por la Federación Española de Municipios y Provincias.
d) En representación del personal, por los representantes que designen las Organizaciones Sindicales a que hace referencia el artículo 10.4 de este Acuerdo.
La Comisión Permanente se constituirá en el seno de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, con representación reducida y proporcional de sus miembros, para el conocimiento y resolución de aquellas cuestiones que por razones de eficacia y agilidad así lo requieran y que determine la Comisión General. La Comisión Permanente estará constituida por seis representantes de la Administración, dos por cada una de las Administraciones Públicas representadas en la Comisión General, y seis representantes de las Organizaciones Sindicales.
Para la adecuada administración y gestión del presente Acuerdo se requiere el funcionamiento, junto a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de las siguientes Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas:
En la Administración General del Estado: La Comisión Paritaria de Formación de la Administración General del Estado.
En las Administraciones Autonómicas: una Comisión paritaria de Formación en cada una de las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
En la Administración Local: una Comisión Paritaria de Formación, en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Las Comisiones de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de naturaleza paritaria, estarán compuestas por la representación de la Administración correspondiente y los sindicatos firmantes del presente Acuerdo, y tendrán las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo en el ámbito correspondiente.
b) Aprobar las solicitudes de los planes de formación que sean presentados por los distintos promotores, dentro de su ámbito correspondiente e informar de su aprobación, en el plazo de un mes, a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, excepto los planes interadministrativos que serán aprobados en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, con la excepción de los promovidos por las Comunidades y Ciudades Autónomas, que serán aprobados por las correspondientes comisiones paritarias.
c) Aprobar, cuando así resulte procedente, las propuestas de modificación de planes de formación presentadas por las entidades promotoras en su ámbito de competencia e informar de ello a la Comisión Permanente en el plazo de un mes.
d) Negociar los planes de formación agrupados, así como los unitarios que afecten a distintas unidades administrativas en los términos previstos en el artículo 14 de este Acuerdo.
e) Resolver las discrepancias que surjan en el procedimiento de tramitación de los planes a que hace referencia el artículo 14.1a) de este Acuerdo.
f) Ejecutar los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión y supervisar la adecuada ejecución de las acciones.
g) Realizar una memoria anual de sus actividades.
h) Aprobar sus normas de funcionamiento.
El Instituto Nacional de Administración Pública es el órgano de apoyo permanente a la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y, en el marco de este Acuerdo, le corresponde el desarrollo de aquellas funciones que determine la Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, que en todo caso garantizará las competencias que le son propias a las Comunidades y Ciudades Autónomas en la materia.
La cuantía destinada a financiar las acciones de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas vendrá recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se consignará en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal como dotación diferenciada mediante transferencia del Instituto Nacional de Administración Pública y con expresión nominal de la cantidad asignada a cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, e, igualmente de la cantidad asignada a la financiación de la Comisión de Formación para el Empleo de la Administración Local, constituida en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias. Dichas cantidades les serán transferidas nominalmente por el citado Instituto. Las acciones formativas financiadas y los créditos correspondientes se ejecutarán de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley General Presupuestaria.
Las Administraciones Públicas que perciban fondos para la formación para el Empleo deberán mantener el esfuerzo formativo que vengan realizando, de tal forma que no suplan créditos o fondos destinados a formación, por los fondos que se reciban de este Acuerdo.
Durante la vigencia de este Acuerdo, se procederá a favorecer los cambios normativos necesarios para el establecimiento de un sistema de cotización, similar al del sistema del Régimen General de la Seguridad Social, para aquellos colectivos de empleados públicos que pertenecen a las Mutualidades Públicas (MUFACE, MUGEJU e ISFAS). No obstante y mientras que dicha situación no se alcance, se proveerá anualmente una cantidad pactada a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que compense dicha falta de cotización y que se añadirá a los fondos anuales para las acciones formativas que se determinen.
Cualquier promotor podrá llevar a cabo con cargo a los fondos recibidos para la ejecución de los planes de formación a que hace referencia el artículo 20 del presente Acuerdo, y de conformidad con la regulación que en dicho sentido se determine en la Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, la realización de actividades complementarias de mejora del Empleo de las Administraciones Públicas relativas a la realización de acciones en materia de información, divulgación y fomento de la participación, estudios de detección de necesidades, diseño de metodologías y herramientas aplicables a los programas formativos, elaboración y adquisición de documentación, investigación, asesoramiento, evaluación de procesos formativos y del impacto de la formación en el desempeño, y cuantas otras tengan relación con el programa de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
Del sometimiento a la regulación desarrollada por la Orden Ministerial mencionada en el párrafo anterior se exceptuarán aquellas actividades que sean llevadas a cabo por las Comunidades y Ciudades Autónomas.
La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas determinará anualmente los criterios prioritarios a los que deberán someterse la realización de dichas acciones.
Asimismo, el Instituto Nacional de Administración Pública elaborará una propuesta con la planificación y programación de aquellas actividades complementarias que se consideren de interés general para el conjunto del sistema de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y que serán llevadas a cabo por él mismo, directamente, o en colaboración con otros promotores a través de los oportunos instrumentos jurídicos que sean de aplicación. Dicha propuesta deberá ser aprobada por la Comisión General en el último trimestre de cada año.
La financiación de estas actividades complementarias de interés general se realizará con cargo al monto global, determinándose la cuantía correspondiente para su realización, que será identificada en los acuerdos anuales de gestión. Dicha cuantía no podrá superar en ningún caso el importe correspondiente al 0.5% de la cuantía total asignada al programa de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas en cada ejercicio presupuestario.
Las infracciones derivadas de la aplicación de este Acuerdo serán objeto de tratamiento de conformidad con lo establecido en la legislación correspondiente a cada uno de los colectivos de empleados públicos que integran la Administración Pública.
No podrá financiarse simultáneamente un mismo plan formativo a través de las distintas vías alternativas previstas en este Acuerdo.
A lo largo de la vigencia de este Acuerdo, los efectos de las certificaciones de la formación impartida referida al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, serán los que se establezcan en la normativa correspondiente.
Las distintas Administraciones Públicas firmantes del presente Acuerdo facilitarán los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento y el normal funcionamiento del mismo.
El tiempo preciso para el desarrollo de las actividades y trabajos derivados de la participación sindical en las distintas Comisiones de Formación previstas en el presente Acuerdo será fijado por el órgano correspondiente de la Administración Pública que proceda.
El tiempo de asistencia a los cursos de capacitación profesional o adaptación a un nuevo puesto de trabajo contenidos en planes de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando dichas acciones se desarrollen dentro del horario de trabajo. Cuando la asistencia de los empleados públicos a este tipo de cursos tenga lugar fuera de la jornada laboral y sea autorizada por las Administraciones Públicas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 115 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y las normas correspondientes que procedan en cada caso para el personal adscrito a las diferentes mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), a efectos de protección por accidente laboral.
La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, determinará las formas de aplicación y adaptación que habrán de regir, en su caso, los permisos individuales de formación, prestando especial atención a aquellos colectivos que puedan tener mayores dificultades para participar en las acciones formativas.
El Instituto Nacional de Administración Pública desarrollará las actuaciones pertinentes para que los fondos de formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, amparados por este Acuerdo, que no se hayan podido aplicar en el ejercicio presupuestario para el que se aprobaron, puedan ser objeto de aplicación en los ejercicios sucesivos, por tratarse de fondos finalistas destinados expresamente a la formación de los empleados públicos.
En el marco de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas se podrán acordar las modificaciones a este Acuerdo que, por consenso, se estimen oportunas.
A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, señalada en el artículo 4, el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas se denominará Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de mantener en su enunciado la referencia a la anterior denominación.
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