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Con fecha 21 de septiembre de 2005, se ha suscrito por parte de las Administraciones Públicas y las Organizaciones Sindicales representadas en la Comisión General para la Formación Continua, el IV Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas, que figura como anexo a la presente Resolución. A fin de favorecer su conocimiento,

Esta Secretaría General ha resuelto ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 17 de octubre de 2005.-El Secretario general, Francisco Javier Velázquez López.

IV ACUERDO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (IV AFCAP)

PREÁMBULO

Desde la perspectiva de las Administraciones Públicas, la formación profesional continua y el reciclaje profesional de todos los empleados públicos constituye una necesidad imprescindible en orden a conseguir sus objetivos permanentes de eficacia y de modernización. Pero, hoy en día, su necesidad es más imperiosa dada la rápida evolución de los conocimientos y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y, con ello, de los requerimientos de la Administración a sus empleados. La formación constituye un factor relevante para incrementar la productividad de cada empleado público y de la organización en su conjunto siendo este un objetivo esencial para alcanzar los niveles de competitividad a que debe aspirar un país como el nuestro, en el marco de la Unión Europea y en la dinámica de la globalización.

Pero también no sólo la formación contribuye a la mejor calidad del trabajo desarrollado, sino que es un instrumento de motivación y compromiso del personal, de creación de cultura y valores, de progreso personal y profesional, y de transmisión y conservación del conocimiento. Todos estos elementos influyen de modo directo en el mejor desempeño y son uno de los signos distintivos de las organizaciones más avanzadas y eficientes. En definitiva, la formación es una de las mejores inversiones que puede hacer cualquier organización y paralelamente, desde la posición de los empleados públicos, la formación profesional constituye sin duda una herramienta esencial en el desarrollo de su carrera profesional. Los empleados públicos han participado en esta modalidad de formación a raíz del Acuerdo Administración-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994. Desde entonces, se han suscrito tres acuerdos sobre formación continua caracterizados por la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas y la participación de los agentes sociales en el diseño e implantación de la formación continua, desarrollando un modelo de gestión basado en la concertación social y en el desarrollo de instituciones paritarias sectoriales y territoriales que han contribuido a mejorar cada vez más el sistema de formación de los empleados públicos. En esta línea, la Declaración para el Diálogo Social en las Administraciones Públicas, firmada el 21 de septiembre de 2004 por las Organizaciones Sindicales CC.OO, UGT y CSI-CSIF con el Ministro de Administraciones Públicas, establece la voluntad de «impulsar y fomentar la Formación Continua vinculándola a la promoción, carrera profesional y adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de las Administraciones Públicas.» En este nuevo Acuerdo para el periodo 2006-2009 se incorporan los esfuerzos realizados y resultados obtenidos en los anteriores Acuerdos, y se avanza en esta dirección conservando y reforzando el elemento más importante que es el diálogo entre las partes implicadas, utilizándolo como herramienta fundamental para abordar los nuevos retos que habrán de tener por horizonte la mejora constante en la prestación de los servicios a los ciudadanos, y se añaden otros nuevos contenidos que lo enriquecen y le dan un nuevo enfoque a la formación continua de los empleados públicos y que son el fruto de una reflexión consensuada entre todos los sectores que participan en el sistema. Entre estos, destacan los siguientes:

En primer lugar, el importante papel que asumen los planes interadministrativos caracterizándose por estar destinados no sólo al personal al servicio de la Administración promotora, sino que abre la posibilidad de dar formación a los empleados públicos al servicio de otras Administraciones, bien con un único promotor o mediante convenios de colaboración.

En segundo lugar, se introducen importantes mecanismos de intercambio de información, y de coordinación y promoción de planes y acciones formativas conjuntas, reforzándose la realización de actividades complementarias en materia de información, divulgación y fomento de la participación y cuantas otras tengan relación con el programa de formación continua en las Administraciones Públicas. Este nuevo Acuerdo Nacional de Formación Continua, incorpora además nuevas líneas de actuación entre las que figuran las siguientes:

La renovación permanente de las instituciones y, consiguientemente, del marco normativo de la formación profesional, de tal modo que se garantice en todo momento la deseable correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades de las Administraciones Públicas.

Fomento del acceso universal y continuo al aprendizaje permanente dado que es un elemento esencial en la sociedad del conocimiento. Adaptación de las ofertas de formación, especialmente las dirigidas a aquellos colectivos que puedan tener mayores dificultades, de forma que se prevenga su exclusión social y que sean motivadores de futuros aprendizajes mediante el reconocimiento de las competencias obtenidas a través de estas ofertas específicas. Establecimiento de cauces de comunicación y participación con las instituciones competentes en materia de formación continua de los ámbitos nacional y comunitario. Promover un funcionamiento del sistema que garantice la eficiencia y eficacia en el desarrollo de toda la actividad formativa así como la implantación de cauces y posibilidades de compartir recursos formativos, criterios, normas y pautas de actuación que sirvan de apoyo a las políticas compartidas por las Administraciones Públicas. Fomento de las medidas, en materia de formación, que tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral en la realización de las actividades formativas que se efectúen dentro de este Acuerdo.

En este contexto, aprovechando la experiencia adquirida, incorporando nuevas líneas de actuación y conscientes de la relevancia actual que la formación continua tiene tanto para la Administración como para los empleados públicos, las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales, representadas en la Comisión General para la Formación Continua, suscriben el presente Acuerdo.

CAPÍTULO I

Formación Continua

Artículo 1. Concepto de Formación Continua.

La formación continua, como subsistema integrado en el Sistema Nacional de Formación Profesional, está constituida por el conjunto de actividades formativas que se desarrollen en las Administraciones Públicas, dirigidas a la mejora de competencias y cualificaciones de los empleados públicos, que permitan compatibilizar la mayor eficacia y la mejora de la calidad de los servicios en las Administraciones Públicas con el desarrollo personal y profesional de los empleados públicos.

La formación continua se configura así como un deber y un derecho de los empleados públicos vinculada a la promoción y al desarrollo de la carrera profesional, y como un instrumento de modernización de las Administraciones Públicas.

Artículo 2. Oferta formativa.

La oferta formativa contenida en los planes de formación continua se orientará a la satisfacción de las necesidades de cualificación en las Administraciones Públicas y estará basada en estudios de necesidades formativas y en los planes estratégicos elaborados a tal fin.

En este sentido la coordinación de las ofertas formativas de los diferentes promotores y su posible coincidencia sobre ámbitos territoriales o funcionales será objeto de estudio en el seno de la Comisión que en cada caso resulte pertinente.

Artículo 3. Ámbitos territorial y personal.

El presente Acuerdo será de aplicación en el ámbito de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local, para el conjunto de los empleados públicos que en ellas presten servicios a través de una relación de carácter funcionarial, laboral o estatutaria.

Artículo 4. Promotores.

En el ámbito del presente Acuerdo, podrán promover planes de formación: 1. En la Administración General del Estado: Los Departamentos Ministeriales y Organismos públicos de ella dependientes, así como las Universidades públicas a ella adscritas.

2. En las Administraciones de las Comunidades y Ciudades Autónomas: Cada una de las Consejerías que reúna las competencias en materia de función pública y los órganos que determinen las respectivas Comunidades y Ciudades Autónomas. 3. En la Administración Local:

a) Los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y demás Entidades Locales reconocidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

b) La Federación Española de Municipios y Provincias y las federaciones o asociaciones de Entidades Locales de ámbito autonómico legítimamente constituidas al amparo de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

4. Las Organizaciones Sindicales representativas en el conjunto de todas las Administraciones Públicas en los términos establecidos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y presentes, por tanto, en el Consejo Superior de la Función Pública.

Artículo 5. Ámbito temporal.

El Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2006 y su vigencia será de cuatro años.

El Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, dentro de los seis primeros meses del último año de vigencia. Transcurrido el plazo de denuncia sin que ésta se hubiera producido, se considerará tácitamente prorrogado por periodos anuales sucesivos.

CAPÍTULO II

Planes de formación

Artículo 6. Planes de formación.

Las entidades promotoras contempladas en el artículo 4 del presente Acuerdo, que deseen financiar acciones formativas con cargo a los fondos de formación continua, deberán elaborar con carácter anual un plan de formación donde se recojan las necesidades formativas detectadas, los objetivos y las prioridades del promotor en materia de formación, así como su integración en un plan estratégico, coordinando sus acciones formativas con otros promotores con los que pudiera coincidir en ámbito territorial o personal y cooperando, en su caso, con ellos.

Dentro del período de vigencia de este Acuerdo, podrán elaborarse planes de formación plurianual cuando concurran circunstancias específicas debidamente justificadas ante la Comisión de Formación Continua correspondiente. En estos casos, la tramitación de los gastos generados se realizará dentro del correspondiente ejercicio presupuestario. En el caso de las Organizaciones Sindicales, los planes y programas formativos deberán corresponderse con los objetivos específicos de las mismas y contribuir a la mejora de los servicios públicos, a la promoción profesional de los empleados públicos y a su formación global, en coherencia con lo dispuesto en el artículo 1.

Artículo 7. Tipos de planes.

Las Administraciones Públicas u Organizaciones Sindicales que deseen financiar acciones formativas con cargo a este Acuerdo deberán elaborar planes unitarios, agrupados o interadministrativos.

Artículo 8. Planes Unitarios.

Los planes unitarios se caracterizan por afectar al personal de una sola Administración Pública con, al menos, 200 empleados públicos, independientemente del número de empleados o del volumen de las unidades u órganos que incluyan. En el ámbito de la Administración Local las Entidades Locales solicitantes de este tipo de planes podrán incluir parte de su plantilla en un solo plan agrupado en la forma que determine la correspondiente convocatoria, detrayendo esos efectivos de su plantilla total.

Estos planes podrán tener destinatarios diferentes del promotor dentro de la misma Administración.

Artículo 9. Planes Agrupados.

Los planes agrupados se caracterizan por afectar al personal de dos o más Entidades Locales a las que se refiere el apartado 3.a) del artículo 4 de este Acuerdo, que agrupen conjuntamente, al menos, a 200 empleados públicos.

Podrán ser promotores de planes agrupados las Entidades Locales y Asociaciones o Federaciones definidos en el artículo cuarto, apartado 3.b). Sólo podrá participarse en un plan agrupado.

Artículo 10. Planes Interadministrativos.

Los planes interadministrativos se caracterizan por estar destinados no solo al personal de la Administración promotora, sino que también se destina a la formación de empleados públicos de otras Administraciones.

Cualquiera de los promotores del artículo 4 del presente Acuerdo podrá promover planes interadministrativos bien como promotor único o a través de convenios de colaboración con otros promotores, para lo cual se reservarán los fondos necesarios en los acuerdos anuales de gestión. Los planes promovidos por las Organizaciones Sindicales serán, en todo caso, interadministrativos y tendrán la consideración de estatales e irán dirigidos a los empleados del conjunto de las Administraciones Públicas. Asimismo, tendrán esta consideración los planes que promuevan la Federación Española de Municipios y Provincias y las Federaciones territoriales destinados a formar empleados públicos de distintas Entidades Locales pertenecientes a un mismo ámbito territorial, autonómico o estatal, concordante con la naturaleza de sus promotores.

Artículo 11. Comisiones de Coordinación.

En el marco de este Acuerdo se podrán constituir Comisiones de Coordinación en el ámbito de las Comunidades y Ciudades Autónomas, que sirvan de punto de encuentro, coordinación y cooperación interadministrativa y permitan el intercambio de información sobre planes de formación de los diferentes promotores, así como la promoción de planes interadministrativos y aquellas otras iniciativas formativas que se consideren oportunas. Se dará información de todas estas actividades a la Comisión General.

Artículo 12. Contenido de los planes de formación.

Los planes de formación que se presenten ante las Comisiones de Formación Continua o, en los casos en que así proceda, ante la Comisión General para la Formación Continua, tendrán, al menos, el siguiente contenido: a) Sistema de detección de necesidades.

b) Objetivos generales y descripción de las acciones a desarrollar. c) Ámbito de aplicación del plan (territorial y organizativo). d) Colectivos afectados, perfil de los destinatarios y número total de participantes previstos. e) Criterios de selección de los participantes. f) Modalidad de gestión de las acciones formativas. g) Opciones metodológicas previstas. h) Previsiones acerca del seguimiento de las acciones formativas, tanto durante su desarrollo como al final del mismo. i) Criterios de evaluación del plan de formación. j) Calendario de ejecución previsto. k) Coste de las distintas acciones formativas y coste total del plan para el que se solicita financiación. l) Informe acreditativo del mantenimiento del esfuerzo formativo. m) Sistema de coordinación y cooperación, en su caso, con otros posibles promotores de planes de formación.

Los planes de formación promovidos por las Administraciones Públicas, indicarán el grado de participación de los Sindicatos en la elaboración y, en su caso, en su gestión y ejecución. Del mismo modo, los planes promovidos por las Organizaciones Sindicales indicarán el grado de participación de las Administraciones Públicas afectadas, o sus Organismos, en su elaboración y, en su caso, gestión y ejecución.

Artículo 13. Negociación de los criterios a los que deberán ajustarse los planes de formación.

Por parte de las Administraciones Públicas y Organizaciones Sindicales firmantes del presente Acuerdo se fomentará la consecución, en los diferentes ámbitos, de acuerdos cuya vigencia podrá ser superior al año, sobre los criterios a los que habrán de ajustarse los planes de formación a que se refiere el presente Acuerdo. Entre otras cuestiones, podrán ser objeto de negociación: a) Prioridades con respecto a las acciones de formación continua a desarrollar.

b) Impacto sobre los servicios públicos, coherencia del plan y capacidad de gestión. c) Orientación respecto a los colectivos de empleados públicos afectados por dichas acciones. d) Centros y espacios formativos disponibles. e) Régimen de los permisos de formación, así como su distribución horaria. f) Participación sindical en la elaboración, presentación y gestión de los planes formativos. g) Competencias de los órganos de evaluación y seguimiento que, en su caso, pudieran crearse. h) Criterios de coordinación y cooperación, en su caso, entre los promotores de planes de formación en un mismo ámbito territorial o funcional.

Dichos acuerdos deberán procurar que las acciones formativas que se promuevan a su amparo abarquen los distintos colectivos del ámbito correspondiente: funcionarios, laborales y estatutarios.

Artículo 14. Negociación, tramitación y gestión de los planes de formación.

1. Con carácter previo a su solicitud de aprobación por las Comisiones de Formación Continua correspondientes, los promotores de planes unitarios de formación deberán: a) Convocar y someter el plan a informe de la representación sindical de los empleados públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 del presente Acuerdo, estando obligada la Administración a facilitar la documentación comprensiva de los aspectos enumerados en el artículo 12, junto con el informe de las actividades formativas anteriores.

Si en la negociación surgieran discrepancias respecto del contenido del plan de formación, cualquiera de las partes podrá requerir, agotada la posibilidad de resolverlas, la intervención de la Comisión de Formación Continua correspondiente de las previstas en el artículo 18 del presente Acuerdo. Si el plan unitario, por afectar al personal de dos o más órganos o unidades dentro de la misma Administración, carece de ámbito propio de negociación, ésta se producirá en el seno de la Comisión de Formación Continua correspondiente. b) Una vez cumplido lo anterior, someter el plan de formación a la aprobación de la Comisión de Formación Continua correspondiente.

2. Con una periodicidad semestral y, en todo caso, cuando así sea solicitado, las Administraciones Públicas informarán, a la representación sindical de los empleados públicos del ámbito correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 del presente Acuerdo, de la ejecución del plan de formación, así como de la relación de participantes en las acciones formativas. Del mismo modo y en idénticos términos, las Organizaciones Sindicales informarán a los órganos competentes de la correspondiente Administración Pública, de la ejecución del plan de formación, así como de los participantes en las acciones formativas promovidas por ellas. De igual manera, ambas partes, en los mismos plazos, informarán a la Comisión General para la Formación Continua.

3. Los promotores de planes agrupados deberán presentarlos ante la Comisión de Formación Continua de la Administración Local. En cualquier caso se informará a la representación sindical de los empleados públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 del presente Acuerdo, a nivel regional o de las estructuras territoriales en que deleguen, tanto del plan formativo a presentar, como de la resolución correspondiente. 4. Los planes interadministrativos previstos en el artículo 10 del presente Acuerdo se presentarán en todo caso para su negociación y aprobación ante la Comisión General para la Formación Continua. Los planes interadministrativos presentados por la Federación Española de Municipios y Provincias y las federaciones o asociaciones de municipios de ámbito autonómico, se presentarán para su aprobación inicial ante la Comisión de Formación Continua de la Administración Local. 5. Las Comisiones de Formación Continua remitirán a la Comisión General para la Formación Continua, en el plazo de un mes, una relación de los planes de formación que hayan sido aprobados, para su conocimiento y con el fin de asegurar la necesaria coordinación.

Artículo 15. Acciones Formativas.

1. Todas las acciones formativas financiadas con cargo a los fondos de formación continua en el ámbito de las Administraciones Públicas tendrán la misma consideración a los efectos de la participación de los empleados públicos en las mismas.

2. La selección de los participantes en las acciones formativas vendrá determinada por la adecuación del perfil de los solicitantes a los objetivos y contenidos de las mismas, correspondiendo a cada Administración Pública, Federación, Asociación de Entidades Locales u Organización Sindical promotora la responsabilidad última sobre la selección de los participantes. La afiliación o no afiliación sindical, en ningún caso constituirá un criterio de selección. 3. La asistencia de los empleados públicos a los cursos para los que sean seleccionados estará supeditada a la adecuada cobertura de las necesidades del servicio cuando se celebren en todo o en parte en horario de trabajo, de acuerdo con las normas y los procedimientos establecidos en cada Administración Pública. Con el fin de facilitar la participación de los empleados públicos, las Administraciones Públicas habrán de tener conocimiento, con una antelación mínima de diez días, de los seleccionados por los promotores para participar en las acciones formativas contenidas en los planes por ellas promovidos, cuya impartición se haya previsto realizar, en todo o en parte, en horario de trabajo. 4. La Comisión General para la Formación Continua potenciará todas aquellas iniciativas que, adaptando metodologías y horarios, tiendan a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral así como la participación de empleados públicos con cualquier tipo de discapacidad y otros colectivos que puedan tener mayores dificultades en la realización de las actividades formativas que se realicen dentro de este Acuerdo. 5. Las entidades promotoras garantizarán la calidad de las acciones formativas, poniendo al servicio de su ejecución los medios personales y materiales adecuados al contenido de las mismas. 6. Corresponde a cada entidad promotora la expedición de los correspondientes certificados de asistencia o aprovechamiento, de acuerdo con los requisitos previamente establecidos a tal efecto por la Comisión General para la Formación Continua, que deberán adaptarse a la legislación vigente en materia de reconocimiento de la formación profesional y de las cualificaciones. Las Administraciones Públicas facilitarán la inscripción en el correspondiente Registro de Personal, o en su defecto en los expedientes personales, de los diplomas o certificados de los cursos expedidos por los promotores de formación continua y superados por sus participantes. 7. Las Administraciones Públicas adoptarán las disposiciones oportunas para que los certificados o diplomas de los cursos expedidos por los promotores de formación continua puedan ser presentados por los interesados en los procedimientos de provisión de puestos y en los procesos de promoción interna, para su consideración como méritos por los Tribunales o Comisiones de Valoración. Todo ello sin perjuicio de que su puntuación habrá de basarse en la calidad, duración, materias impartidas y otros criterios objetivos vigentes en los sistemas de valoración de cada Administración Pública, sin discriminación, en ningún caso, por razón de la naturaleza o identidad del promotor.

CAPÍTULO III

Estructura orgánica

Artículo 16. Comisión General para la Formación Continua.

a) La Comisión General para la Formación Continua es un órgano de naturaleza paritaria, constituido como instancia deliberante, decisoria, de coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, y de participación del conjunto de los empleados públicos al servicio de las Administraciones Públicas en materia de formación continua.

b) Corresponden a esta Comisión las siguientes funciones:

1. Velar por el cumplimiento del presente Acuerdo, resolviendo las discrepancias que se susciten en aplicación de lo en él estipulado, adoptando cuantas medidas estime oportunas a tal efecto y realizando un seguimiento del mismo.

2. Aprobar sus normas internas de funcionamiento. A estos efectos, la Comisión General elaborará y aprobará un Reglamento de funcionamiento. 3. Informar las propuestas de normativa general y las que correspondan para el desarrollo de las mismas. 4. Fijar criterios y adoptar acuerdos en relación con la distribución, aplicación y gestión de los fondos disponibles para la financiación de las acciones de formación continua en el marco de los acuerdos de gestión que se suscriban en el seno de dicha Comisión, de conformidad con los criterios objetivos de distribución equitativa y solidaria de los recursos disponibles entre todos los beneficiarios del sistema. 5. Proponer la convocatoria de ayudas, elevando dicho acuerdo a la autoridad competente para su publicación, en los plazos que se determine. 6. Aprobar, con carácter definitivo, los planes de formación interadministrativos, así como sus solicitudes de modificación. 7. Adoptar las medidas necesarias para la acreditación y certificación de la formación continua, sea cual sea el promotor y el ámbito de realización de la misma, según la normativa vigente. 8. Aprobar la realización de actividades complementarias de acompañamiento y apoyo a la gestión de la formación continua, determinando la cuantía de los recursos que se aportarán para su financiación, que podrán proponerse por cualquiera de los promotores firmantes del presente Acuerdo. 9. Llevar a cabo el seguimiento y control de los planes. 10. Estudiar y proponer cuantas medidas estime oportunas para garantizar la calidad de la formación continua. 11. Establecer criterios generales a los que habrán de ajustarse las certificaciones de asistencia y aprovechamiento de las acciones formativas contenidas en los planes aprobados, así como su adaptación a la legislación vigente en materia de reconocimiento de la Formación Profesional y de las Cualificaciones. 12. Establecer cauces de comunicación y participación con instituciones competentes en materia de formación continua de los ámbitos nacional y comunitario. 13. Acordar y promover la participación en proyectos o iniciativas formativas en el marco de la Unión Europea. 14. Realizar un balance anual de la aplicación del Acuerdo. 15. Presentar un informe anual a la Comisión Estatal de Formación Continua en los términos que establece el artículo 23 del Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua. 16. Elaborar estudios, análisis y programas de actuación que favorezcan la difusión de buenas prácticas de formación entre las Administraciones Públicas. 17. Resolver, en su caso, aquellas discrepancias surgidas en la negociación de los planes de formación continua y no resueltas en el seno de la Comisión de Formación Continua correspondiente. 18. Cualesquiera otras que la Comisión acuerde.

Artículo 17. Funcionamiento y Composición de la Comisión General para la Formación Continua.

La Comisión General funcionará en Pleno o en Comisión Permanente.

El Pleno de la Comisión General estará integrado:

a) En representación de la Administración General del Estado, por los siguientes miembros: El Director General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas.

El Director del Instituto Nacional de Administración Pública. El Subdirector General de Relaciones Laborales del Ministerio de Administraciones Públicas. El Subdirector General del Instituto Nacional de Administración Pública que designe el responsable del Organismo. Representantes de la Administración General del Estado, al menos con rango de Subdirector General, designados por el Ministerio de Administraciones Públicas, entre éste y los Departamentos de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Educación y Ciencia que actúen como vocales en la Comisión Estatal de Formación Continua.

b) En representación de las Comunidades y Ciudades Autónomas, por el representante que determine cada una de ellas, con rango de Director General o persona en quien delegue.

c) En representación de la Administración Local, por los representantes designados por la Federación Española de Municipios y Provincias. d) En representación del personal, por los representantes que designen las Organizaciones Sindicales a que hace referencia el artículo 4.4 de este Acuerdo.

La Comisión Permanente se constituirá en el seno de la Comisión General para la Formación Continua, con representación reducida y proporcional de sus miembros, para el conocimiento y resolución de aquellas cuestiones que por razones de eficacia y agilidad así lo requieran y que determine la Comisión General. La Comisión Permanente estará constituida por seis representantes de la Administración, dos por cada una de las Administraciones Públicas representadas en la Comisión General, y seis representantes de las Organizaciones Sindicales

Artículo 18. Comisiones de Formación Continua.

La adecuada gestión de la formación continua requiere el funcionamiento, junto a la Comisión General para la Formación Continua, de las siguientes Comisiones de Formación Continua: En la Administración General del Estado: la Comisión Paritaria de Formación de la Administración General del Estado.

En la Administración Autonómica: una en cada una de las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. En la Administración Local: la Comisión de Formación Continua de la Administración Local, en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias. Las Comisiones de Formación Continua, de naturaleza paritaria, estarán compuestas por la representación de la Administración correspondiente y los sindicatos firmantes del presente Acuerdo, y tendrán las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo en el ámbito correspondiente.

b) Aprobar las solicitudes de los planes de formación que sean presentados por los distintos promotores, dentro de su ámbito correspondiente e informar de su aprobación, en el plazo de un mes, a la Comisión General para la Formación Continua, excepto los planes interadministrativos que serán aprobados en la Comisión General para la Formación Continua. c) Aprobar las propuestas de modificación de planes de formación presentadas por las entidades promotoras en su ámbito de competencia e informar de ello a la Comisión Permanente en el plazo de un mes. d) Negociar los planes de formación agrupados, así como los unitarios que afecten a distintas unidades administrativas en los términos previstos en el artículo 14 de este Acuerdo. e) Resolver las discrepancias que surjan en el procedimiento de tramitación de los planes a que hace referencia el artículo 14.1a) de este Acuerdo. f) Ejecutar los acuerdos adoptados en el seno de la Comisión y supervisar la adecuada ejecución de las acciones. g) Realizar una memoria anual de sus actividades. h) Aprobar sus normas de funcionamiento.

Artículo 19. Funciones del Instituto Nacional de Administración Pública.

El Instituto Nacional de Administración Pública es el órgano de apoyo permanente a la Comisión General para la Formación Continua y, en el marco de este Acuerdo, le corresponde el desarrollo de aquellas funciones que determine la Orden Ministerial por la que se establecen las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formación continua, que en todo caso garantizará las competencias que le son propias a las Comunidades y Ciudades Autónomas en la materia.

CAPÍTULO IV

Financiación

Artículo 20. Financiación de los Planes de Formación.

La cuantía destinada a financiar las acciones de formación continua en las Administraciones Públicas vendrá recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se consignará en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal como dotación diferenciada mediante transferencia al Instituto Nacional de Administración Pública y con expresión nominal de la cantidad asignada a cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, que les será transferida nominalmente por el citado Instituto. Las acciones formativas financiadas y los créditos correspondientes se ejecutarán de acuerdo con las previsiones establecidas en la Ley General Presupuestaria.

Las Administraciones Públicas que perciban fondos para la formación continua deberán mantener el esfuerzo formativo que vengan realizando, de tal forma que no suplan créditos o fondos destinados a formación, por los fondos que se reciban de este Acuerdo. Durante la vigencia de este Acuerdo, se procederá a favorecer los cambios normativos necesarios para el establecimiento de un sistema de cotización, similar al del sistema del Régimen General de la Seguridad Social, para aquellos colectivos de empleados públicos que pertenecen a las Mutualidades Públicas (MUFACE, MUGEJU e ISFAS). No obstante y mientras que dicha situación no se alcance, se proveerá anualmente una cantidad pactada a incluir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que compense dicha falta de cotización y que se añadirá a los fondos anuales para las acciones formativas que se determinen.

Artículo 21. Financiación de las actividades complementarias.

Cualquier promotor podrá presentar, en los dos primeros meses de cada ejercicio, propuestas relativas a la realización de actividades complementarias en materia de información, divulgación y fomento de la participación, estudios de detección de necesidades, diseño de metodologías y herramientas aplicables a los programas formativos, elaboración y adquisición de documentación, investigación, asesoramiento, evaluación de procesos formativos y del impacto de la formación en el desempeño, y cuantas otras tengan relación con el programa de formación continua en las Administraciones Públicas.

A tal efecto, el Instituto Nacional de Administración Pública elaborará una propuesta con la planificación y programación de las actividades citadas que deberá ser aprobada por la Comisión General en el primer trimestre de cada año. Para la financiación de estas actividades complementarias se destinará un porcentaje de la cuantía total asignada al programa en cada ejercicio presupuestario y será financiado con cargo al monto global, que será determinado en los acuerdos anuales de gestión.

Artículo 22. Infracciones y sanciones.

Las infracciones derivadas de la aplicación de este Acuerdo serán objeto de tratamiento de conformidad con lo establecido en la legislación correspondiente a cada uno de los colectivos de empleados públicos que integran la Administración Pública.

Artículo 23. Incompatibilidades.

No podrá financiarse simultáneamente un mismo plan formativo a través de las distintas vías alternativas previstas en este Acuerdo.

Disposición adicional primera.

A lo largo de la vigencia de este Acuerdo, los efectos de las certificaciones de la formación impartida referida al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, serán los que se establezcan en la normativa correspondiente.

Disposición adicional segunda.

Las distintas Administraciones Públicas firmantes del presente Acuerdo facilitarán los medios humanos y materiales necesarios para el cumplimiento y el normal funcionamiento del mismo.

El tiempo preciso para el desarrollo de las actividades y trabajos derivados de la participación sindical en las distintas Comisiones de Formación previstas en el presente Acuerdo será fijado por el órgano correspondiente de la Administración Pública que proceda.

Disposición adicional tercera.

El tiempo de asistencia a los cursos de capacitación profesional o adaptación a un nuevo puesto de trabajo contenidos en planes de formación continua, se considerará tiempo de trabajo a todos los efectos, cuando dichas acciones se desarrollen dentro del horario de trabajo. Cuando la asistencia de los empleados públicos a este tipo de cursos tenga lugar fuera de la jornada laboral y sea autorizada por las Administraciones Públicas, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 115 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y las normas correspondientes que procedan en cada caso para el personal adscrito a las diferentes mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), a efectos de protección por accidente laboral.

Disposición adicional cuarta.

La Comisión General para la Formación Continua determinará las formas de aplicación y adaptación que habrán de regir, en su caso, los permisos individuales de formación, prestando especial atención a aquellos colectivos que puedan tener mayores dificultades para participar en las actividades formativas.

Disposición adicional quinta.

El Instituto Nacional de Administración Pública desarrollará las actuaciones pertinentes para que los fondos de formación continua, amparados por este Acuerdo, que no se hayan podido aplicar en el ejercicio presupuestario para el que se aprobaron, puedan ser objeto de aplicación en ejercicios sucesivos, por tratarse de fondos finalistas destinados expresamente a la formación de los empleados públicos.

Disposición adicional sexta.

En el marco de la Comisión General para la Formación Continua se podrán acordar las modificaciones a este Acuerdo que, por consenso, se estimen oportunas.

El presente Acuerdo se suscribe en Madrid el 21 de septiembre de 2005. En representación de la Administración General del Estado:

El Secretario General para la Administración Pública, Francisco Javier Velásquez López.

En representación de la Administración de las Comunidades Autónomas:

El Director de la Escuela Gallega de Administración Pública, Comunidad Autónoma de Galicia, Antonio Izquierdo Escribano.

La Directora del Instituto Asturiano de Administración Pública, Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Beatriz Martínez Gayoso. El Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, Comunidad Autónoma de Andalucía, Joaquín Castillo Sempere. La Directora del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria, Comunidad Autónoma de Cantabria, María Victoria Fernández González de Torres. El Director General de Función Pública, Comunidad Autónoma de La Rioja, Rafael Lorés Domingo. El Secretario Autonómico de Administraciones Públicas, Comunidad Valenciana, Rafael Sanus Selles. El Director de la Escuela de Administración Regional, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Juan Miguel Jiménez Ramírez. El Director General de Función Pública, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ventura Martínez Martínez. El Secretario General Técnico del Dto. de Presidencia y Relaciones Institucionales, Comunidad Autónoma de Aragón, Ramón Salanova Alcalde. El Viceconsejero de Administración Pública, Comunidad Autónoma de Canarias, Urbano Medina Hernández. La Directora General de Función Pública, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, María Luisa Ginard Nicolau. La Directora General de la Función Pública, Comunidad de Castilla y León, Beatriz Escudero Berzal. El Director General de la Función Pública, Comunidad Autónoma de Extremadura, Pío Cárdenas Corral. El Viceconsejero de Modernización y Calidad de los Servicios, Comunidad de Madrid, Juan Manuel Santos-Suárez Márquez.

En representación de la Federación Española de Municipios y Provincias:

El Secretario General, Julio Alberto Torres Pérez.

En representación de las Organizaciones Sindicales: CC.OO.: María José Alende Maceira.

UGT: Sebastián Pacheco Cortés. CSI-CSIF: Domingo Fernández Veiguela. CIG: Xaime Rey Vázquez.

Protocolo de Adhesión de la Comunidad Foral de Navarra de fecha 29 de septiembre de 2005, don Ignacio Bandrés Urriza, Director Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública.

Protocolo de Adhesión de la Ciudad de Melilla de fecha 3 de octubre de 2005, don José Juan Imbroda Manuel de Villena, Director General de Administración de la Función Pública. Protocolo de Adhesión de la Ciudad de Ceuta de fecha 3 de octubre de 2005, doña Adelaida Álvarez Rodríguez, Viceconsejera de Presidencia y Recursos Humanos.