El Real Decreto 1957/1983, de 29 de junio, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León esta Comisión, tras considerar la conveniencia y legalidad de realizar los traspasos, adoptó en su reunión del día 26 de diciembre de 1983 el oportuno acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el número dos de la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas y Urbanismo y Administración Territorial, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de abril de 1984, dispongo:
Artículo 1. Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, de fecha 26 de diciembre de 1983, por el que se traspasan funciones del Estado en materia de carreteras a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y los medios personales, materiales y presupuestarios precisos para el ejercicio de aquéllas.
Art. 2. 1. En consecuencia, quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma las funciones, a que se refiere el acuerdo que se incluye como anexo 1 del presente Real Decreto, junto con los bienes, derechos y obligaciones, así como el personal y créditos presupuestarios que figuran en las relaciones adjuntas al propio acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos y condiciones que allí se especifican.
2. En el anexo II de este Real Decreto se recogen las disposiciones afectadas por el presente traspaso.
Art. 3. Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1984, señalado en el acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, quedando convalidados a estos efectos todos los actos administrativos destinados al mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del acuerdo que se transcribe como anexo I del presente Real Decreto y que, en su caso, hubiese dictado el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo hasta la fecha de publicación del presente Real Decreto.
Art. 4. El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.
Dado en Madrid a 11 de abril de 1984.-JUAN CARLOS R.-El Ministro de la Presidencia, Javier Moscoso del Prado y Muñoz.
ANEXO I
Don J. E. D. G. y don V. M. E., Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía para Castilla y León, certifican:
Que en la sesión plenaria de la Comisión celebrada el día 26 de diciembre de 1983 se adoptó el acuerdo sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las funciones y servicios del Estado en materia de carreteras, en los términos que a continuación se expresan:
A) Referencia a normas constitucionales y estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.
La Constitución, en el artículo 148.1.5, establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de carreteras, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma, y en el artículo 149.1.24 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma, y en el número 13 del mismo apartado y artículo atribuye al Estado la competencia exclusiva con relación a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece, en su artículo 26.1.4, que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en territorio de la Comunidad.
Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias se procede a operar ya en este campo traspasos de funciones de tal índole a la misma, dentro del marco de los artículos 131 y 149.1.13 de la Constitución.
B) Criterios utilizados para la determinación de las carreteras que deben ser traspasadas a la Comunidad Autónoma y de las que deben permanecer a cargo del Estado.
En aplicación de las disposiciones legales citadas en el epígrafe A), se acuerdan los criterios, que se exponen a continuación, para la definición concreta de las carreteras de interés general del Estado y de interés de la Comunidad Autónoma.
B.1 Carreteras estatales:
Son carreteras estatales las integradas en itinerarios de interés general del Estado, definiéndose como tales las siguientes:
-Los itinerarios de tráfico internacional incluidos en los correspondientes convenios.
-Los itinerarios de acceso a los principales pasos fronterizos.
-Los itinerarios de acceso a los puertos de interés general del Estado y a los aeropuertos de interés general servidos por líneas regulares de tráfico.
-Los itinerarios de enlace entre las Comunidades Autónomas peninsulares, a través de los principales núcleos de población del territorio del Estado, formando una red continua.
B.2 Carreteras de titularidad autonómica:
Son carreteras de titularidad autonómica aquellas cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de las respectivas Comunidades y no formen parte de los itinerarios de interés general del Estado.
C) Funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma e identificación de las carreteras y servicios que se traspasan:
1. Se traspasa a la Comunidad Autónoma de Castilla y León las siguientes funciones:
A) La administración y gestión de las carreteras que pasan a ser titularidad de la Comunidad Autónoma, de conformidad con el presente acuerdo y se recoge nominal y detalladamente en la relación número 1 * adjunta.
b) Las funciones que la Ley 51/1974 de Carreteras atribuye a los órganos de la Administración del Estado, en relación con las carreteras de titularidad autonómica, provincial y municipal.
c) La facultad de proyectar, construir, conservar y explotar nuevas carreteras de interés autonómico.
2. Se traspasa a la Comunidad Autónoma los medios personales y materiales que se describen en los epígrafes siguientes y en las relaciones adjuntas números 1. 2. 3. y 4.
D) Servicios y funciones que se reserva la Administración del Estado.
Permanecerán en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo las siguientes funciones:
a) La titularidad, administración y gestión de las carreteras que, de acuerdo con los criterios establecidos el el epígrafe B.1, no son objeto de transferencia.
b) La facultad de proyectar construir, conservar y explotar nuevas carreteras de interés general, en desarrollo de las atribuciones conferidas al Estado por los artículos 131 y 149.1.24 de la Constitución Española.
c) La determinación de la normativa técnica básica de interés general, y en particular la referida a la señalización y balizamiento de las carreteras.
E) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma y forma de cooperación:
1. Se desarrollarán coordinadamente entre el Ministerio de Obras Públicas v Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Castilla y León las funciones que se derivan de la aplicación del artículo 131.2 de la Constitución Española.
2. Se crea una Comisión de Coordinación, de carácter transitorio, compuesta por dos representantes del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y dos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con las funciones que expresamente se le atribuyen en el presente acuerdo, así como las necesarias para coordinar las actuaciones del Estado y la Comunidad en la materia, y formalizar la entrega de los elementos materiales a traspasar, estén o no citados nominalmente en las relaciones adjuntas, haciendo las propuestas que sean convenientes para que el traspaso se lleve a efecto sin menoscabo del servicio público.
3. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Castilla y León se prestarán mutuamente la máxima colaboración en aquellas materias técnicas que precisen, especialmente en lo referido a tecnología de carreteras e información estadística, previniéndose la posible utilización conjunta de los medios disponibles.
4. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y la Comunidad Autónoma de Castilla y León podrán establecer los convenios y acuerdos precisos para la mejor gestión del conjunto de las redes de su titularidad.
F) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se traspasan:
1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León los bienes inmuebles afectos a las carreteras transferidas, que se identificarán en las actas que se levanten al efecto. En particular, se traspasan los siguientes bienes:
a) Viviendas de personal y parques de maquinaria, expresados en la relación 2.1 *.
b) Locales de oficinas, descritos en la relación 2.2 *, así como la deuda en metros cuadrados que en la citada relación se indica, hasta que no se convalide la transferencia de locales de oficina señalada.
c) Otros bienes inmuebles descritos en la relación 2.3 *. Igualmente se traspasan a la Comunidad Autónoma de Castilla y León todas las parcelas anexas a las carreteras traspasadas y resultantes de modificaciones de trazado o expropiadas para mejoras, ensanches, etc., así como todas las parcelas, viveros, almacenes, casas de Peones camineros, etc., que estén anexas a las carreteras traspasadas o al servicio de ellas y que no estén expresamente recogidas en la relación 2.3 *.
2. Asimismo se traspasan a la Comunidad Autónoma los expedientes de contratación en marcha y los contratos en ejecución afectados por el traspaso, que se detallan en la relación 2.4 con sus anualidades correspondientes.
No obstante, para las obras en fase de contratación o en marcha en el momento del traspaso se podrán concertar acuerdos bilaterales específicos de colaboración para la gestión y liquidación de las mismas.
A partir de la efectividad de este traspaso, la Comunidad Autónoma se subroga en los derechos y obligaciones que con posterioridad a la misma se deriven de los anteriores expedientes de contratación y obras en ejecución. Las indemnizaciones correspondientes a los expedientes expropiatorios ligados a los medios traspasados e iniciados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del traspaso serán de cargo de la Administración del Estado en la parte que exceda de los recursos destinados a la cobertura del coste efectivo.
Sin perjuicio de lo previsto en materia de expropiaciones, será de cargo de la Administración del Estado el coste derivado del cumplimiento y ejecución por la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las sentencias judiciales que se pronuncien en los procesos iniciados con anterioridad a la fecha de efectividad del traspaso, o en los que, iniciados después de dicha fecha, tengan por objeto el reconocimiento de derechos o situaciones jurídicas que sean declaradas judicialmente perfeccionadas con anterioridad a la misma, siempre que se notifique a la Administración del Estado en tiempo y forma, a efectos de que, en tiempo hábil, pueda personarse debidamente.
3. Se traspasa a la Comunidad Autónoma de Castilla y León los vehículos y maquinaria señalados en la relación 2.5 *, cuya identificación será realizada por la citada Comisión de Coordinación y materializada en las correspondientes actas de entrega.
4. Asimismo se traspasa a la Comunidad Autónoma de Castilla y León el mobiliario, material de oficina y equipos de delineación, reprografía, fotogrametría, topografía, auscultación, laboratorio, taller, radioteléfonos, equipos informáticos y otros adscritos a los Servicios de Carreteras, correspondientes al cumplimiento de las funciones traspasadas. A tal efecto, la Comisión de Coordinación citada anteriormente realizará un inventario detallado de dichos elementos, con su valor actualizado, a fin de formalizar el acta de entrega.
G) Personal adscrito a los servicios e instituciones que se traspasan:
1. El personal adscrito a los servicios e instituciones que se traspasan y que se referencia nominalmente en la relación adjunta número 3 * pasará a depender de la Comunidad correspondiente, en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables, y en las mismas circunstancias que se especifican en la relación adjunta y con su número de Registro de Personal.
2. Por la Subsecretaria del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente acuerdo por Real Decreto. Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como los certificados de haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1983.
H) Puestos de trabajo vacantes que se traspasan.
Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente que se traspasan son los que se detallan en las relaciones adjuntas número 3 *, con indicación del Cuerpo o Escala al que están adscritos o asimilados, nivel orgánico y dotación presupuestaria correspondiente.
I) Valoración definitiva de las cargas financieras de los servicios traspasados:
I.1 La carga asumida neta que, según la liquidación del presupuesto de gastos para 1981, corresponde a los servicios que se traspasan a la Comunidad se eleva, con carácter definitivo, a 3.861,950 millones de pesetas, según detalle que figura en la relación número 4.1*.
I.2 Los recursos financieros que se han destinado a sufragar los gastos originados por el desempeño de los servicios que se traspasan durante el ejercicio de 1983 comprenderán las siguientes dotaciones:
* Millones de pesetas *
Asignaciones presupuestarias para cobertura del costa efectivo (su detalle aparece en la relación 4.2 *) * 4.585,850
Recaudación prevista por tasas y otros ingresos * 129,302 *
Las dotaciones y recursos señalados anteriormente se actualizarán de acuerdo con el Presupuesto General del Estado para 1984.
I.3 Transitoriamente, mientras no entre en vigor la correspondiente Ley de Participación en los Tributos del Estado, mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado de los créditos relativos a los distintos componentes del coste efectivo, por los importes que se indican, susceptibles de actualización por los mecanismos generales previstos en cada Ley de Presupuestos.
* Créditos en pesetas 1981 - Millones de pesetas *
a) Costes brutos: * *
Gastos de personal * 1.812,726 *
Gastos de funcionamiento * 175,745 *
Inversiones para conservación, mejora y sustitución. * 1.980,872 *
b) A deducir: * *
Recaudación anua, por tasas y otros ingresos * 107,393 *
Financiación neta * 3.861,950 *
I.4 Las posibles diferencias que se produzcan durante el período transitorio, a que se refiere el apartado I.3 respecto a la financiación de los servicios traspasados, serán objeto de regularización al cierre de cada ejercicio económico mediante la presentación de las cuentas y estados justificativos correspondientes ante una Comisión de Liquidación que se constituirá en el Ministerio de Economía y Hacienda.
J) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de un mes desde la aprobación de este acuerdo por el Consejo de Ministros y la resolución de aquellos que se hallen en tramitación se realizará de conformidad con lo previsto en el articulo 8. del Real Decreto 1956/1983 de 29 de junio.
K) Fecha de efectividad de los traspasos.
Los traspasos de funciones y de medios objeto de este acuerdo tendrán efectividad a partir del día 1 de enero de 1984.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid a 26 de diciembre de 1983.-Los Secretarios de la Comisión Mixta, J. E. D. G. y V. M. G.
* Se omite la inclusión de esta relación.
ANEXO II
Preceptos legales afectados
Ley 51/1974, de 15 de diciembre, sobre normas reguladoras de Carreteras.
Decreto 1073/1977, de 8 de febrero. que aprueba el Reglamento General de Carreteras, para desarrollo y aplicación de la Ley 51/1974, de 19 de diciembre.
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