Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
I
Con fecha 29 de mayo, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 20/2020 (publicado en BOE de 1 de junio), por el que se establece el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. Todo un hito histórico que viene a reforzar decisivamente el sistema de garantía de ingresos dentro de nuestro Estado del Bienestar, estableciendo una política estatal de garantía última de ingresos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
España se encuentra entre los países de la Unión Europea con la distribución de rentas más desigual entre los hogares. Las transformaciones económicas y sociales vividas en la última década, en especial en el periodo de recesión, han generado un aumento de la desigualdad en nuestro país que supera a la media europea.
En Aragón, a pesar de que la evolución social y económica nos ha permitido situarnos en puestos de cabeza en el desarrollo de España, con tasas de pobreza notablemente inferiores, hasta 8 puntos porcentuales, llegando a estar en el grupo de regiones con mejores condiciones de vida, la crisis vivida ha supuesto también la aparición de nuevos perfiles de pobreza, con el consiguiente aumento y debilitamiento de la exclusión y cohesión social, dificultades en la integración e inclusión de las personas y en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
La debilidad del sistema de garantía de ingresos muestra las carencias para abordar con garantías la lucha contra la pobreza y la exclusión social, así como la desigualdad de ingresos. La estructura del sistema de garantía de ingresos en España se sustenta en dos lógicas diferenciadas: la protección contributiva y la protección no contributiva o asistencial. Ambos niveles comparten un carácter protector que se traduce tanto en la percepción de prestaciones económicas (de distinta cuantía y duración) como en la realización de acciones orientadas a retornar al mercado de trabajo. Sin embargo, la filosofía que sustenta cada uno de los niveles condiciona el acceso, la protección y la cobertura de cada una de las prestaciones.
A la complejidad del sistema, se le debe sumar la participación en la gestión, diseño, capacidad normativa y financiación de distintos niveles de la administración. Por un lado, las prestaciones de ámbito estatal cuentan con la implicación de instituciones diferentes, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Por otro lado, de acuerdo al actual reparto de competencias, el último nivel de protección es desarrollado por las Comunidades Autónomas (CCAA) a través de las llamadas Rentas Mínimas Autonómicas (RMA). En Aragón, fue promulgada la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social, para dar respuesta a situaciones de necesidad en personas en riesgo de exclusión social, permitiéndoles disponer de una ayuda económica (el Ingreso Aragonés de Inserción) además de un apoyo institucional y poder conseguir la inserción social y, en su caso, laboral.
En definitiva, en el sistema de garantía de ingresos en España existen dos redes paralelas de prestaciones asistenciales. Se trata, por una parte, de las rentas mínimas autonómicas (RMA) y, por otra, del sistema vinculado a la Administración General del Estado (AGE) que, tanto en el ámbito de la Seguridad Social como de la protección al desempleo, complementa la acción contributiva estatal.
La red de RMA se caracteriza por su diversidad territorial, cuyo desarrollo normativo y financiero depende de cada una de las comunidades autónomas. Se configuran y operan de manera diferente según los territorios, dando lugar a sistemas muy diferenciados, no sujetos a ningún proceso o mecanismo de coordinación. La heterogeneidad en la capacidad de protección, las diferencias en la cobertura de las prestaciones, la disparidad y flexibilidad en los requisitos de acceso, las bajas cuantías y falta de cobertura, entre otras, generan que el sistema de ingresos mínimos en España esté fraccionado y presente disparidades territoriales. Estas circunstancias han creado un nivel de atención muy desigual, con niveles muy reducidos de protección en algunas Comunidades Autónomas.
Al mismo tiempo, la red vinculada a la Administración del Estado no ha sido capaz de responder al aumento de las situaciones de pobreza y desigualdad generadas en el periodo de recesión. Las razones, entre otras, están relacionadas con la insuficiente y decreciente cobertura en la atención en las personas desempleadas, la baja cuantía de las prestaciones, la duración limitada en el tiempo de la mayoría de las prestaciones.
La necesidad de mejorar el sistema de garantía de ingresos se enmarca en los informes y recomendaciones del Consejo y la Comisión Europea, en el marco de la Estrategia Europea 2020, de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y en la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2019-2023.
El IMV se constituye como una prestación económica no contributiva integrada dentro del nuevo sistema de Seguridad Social, con carácter estructural, y complementario con las rentas o prestaciones establecidas en las Comunidades Autónomas. La puesta en marcha de esta prestación conlleva la reordenación del conjunto de ayudas estatales y autonómicas con el fin de evitar duplicidades y facilitar su complementación en el marco de la Garantía de ingresos. En Aragón, el reajuste previsto supone la coordinación de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón con el IMV para garantizar respuestas inclusivas y dignas a las situaciones de pobreza y exclusión social.
Por este motivo, el presente Decreto-Ley persigue la reforma y coordinación de las prestaciones de competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, de modo que se garantice prestaciones complementarias a las personas que no puedan acogerse al IMV y los apoyos que precisen en los procesos e inclusión social y laboral, con el fin de superar la pobreza, la exclusión social y la desigualdad.
El IMV y las nuevas prestaciones que introduce el presente Decreto-Ley en nuestro Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón, garantizan una respuesta digna a las situaciones de pobreza y la puesta en marcha de un sistema de responsabilidad pública de apoyo a la inclusión social.
II
Este Decreto-Ley se estructura en tres capítulos, tres disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En el Capítulo I se recogen las disposiciones generales definiendo el objeto y el ámbito de la norma.
En el Capítulo II se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV, como prestación subsidiaria del IMV y complementaria de cualquier otro ingreso o tipo de recursos o prestaciones a los que tenga derecho la unidad familiar, dirigida a las personas que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades básicas y que no puedan acreditar el cumplimiento de todos los requisitos exigibles para ser titular del IMV.
En el Capítulo III se regula el Servicio Publico Aragonés de Inclusión Social como servicio que proporciona las prestaciones, programas e instrumentos de apoyo y acompañamiento a las personas y grupos sociales vulnerables, en situación de riesgo o exclusión social, orientados a la plena y efectiva inclusión social, en todas sus dimensiones, sin vinculación necesaria a la percepción de alguna prestación económica.
En la disposición adicional primera se garantiza la condición de beneficiarios de la Prestación Aragonesa Complementaria a determinados colectivos especialmente vulnerables, excluidos del ámbito de aplicación del IMV, como son las personas sin hogar y las personas bajo la guarda o tutela de una Entidad Pública.
En la disposición adicional segunda se clarifica el régimen jurídico aplicable a las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales, entre ellas la Prestación Aragonesa Complementaria regulada en el presente Decreto-Ley, excluyéndolas expresamente del ámbito de aplicación de la legislación de subvenciones.
En la disposición adicional tercera se incluye una especialidad en la regulación de las subvenciones en materia de cooperación al desarrollo cuyas bases reguladoras, aprobadas mediante Decreto 100/2016, de 12 de julio, del Gobierno de Aragón, requieren de una modificación parcial durante el presente ejercicio para garantizar la realización de los proyectos de cooperación concedidas mediante Orden de 17 de diciembre de 2019.
Por su parte las disposiciones transitorias integran un conjunto de medidas tendentes a proteger la situación de los actuales beneficiarios del Ingreso Aragonés de Inserción y de las Ayudas de Integración Familiar.
La disposición transitoria primera recoge el régimen jurídico aplicable a la tramitación de las solicitudes del IAI que se presenten a partir del 1 de junio de 2020, de conformidad con el principio de subsidiariedad de las rentas autonómicas. Así este principio era uno de los rectores del Ingreso Aragonés de Inserción, recogido en el artículo 3 de su Ley reguladora.
La disposición transitoria segunda garantiza que los actuales titulares del Ingreso Aragonés de Inserción van a continuar percibiéndolo en tanto no se resuelvan sus solicitudes de IMV. El objetivo, por lo tanto, es que no se produzca una situación de desprotección como consecuencia del cambio de prestación. Así, se articulan dos medidas de garantía. La primera, que en tanto no se resuelvan las solicitudes de IMV los titulares de IAI van a seguir percibiéndolo. Y la segunda, que si como consecuencia de la resolución de sus solicitudes de IMV la cuantía de éste es inferior a lo que perciben como IAI se les abonará un complemento por la diferencia.
Para que ambos mecanismos se adecúen al marco normativo vigente, como se ha expresado, por el principio de subsidiariedad, se establece que los titulares de IAI tengan la obligación de solicitar el IMV, concediéndose a estos efectos un dilatado plazo –hasta el 15 de septiembre- y por otro lado, que este régimen transitorio finalice en el momento en el que entre en vigor la norma reglamentaria que definirá el marco definitivo de la Prestación Aragonesa Complementaria.
Este planteamiento se reproduce, con las adaptaciones propias de la distinta naturaleza de la prestación en la disposición transitoria tercera respecto a los titulares de las ayudas de integración familiar.
Por su parte las disposiciones transitorias cuarta, quinta y sexta regulan diferentes situaciones que se producen en relación con las pensiones no contributivas como consecuencia de la reordenación de prestaciones.
En la Disposición Derogatoria se deroga expresamente todo el marco normativo legal y reglamentario que actualmente regula el Ingreso Aragonés de Inserción.
La disposición Final Primera modifica la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón para adecuar a las nuevas prestaciones la regulación de la ayuda de integración familiar, que se configura como subsidiaria del IMV.
III
La adopción de medidas mediante Decreto-Ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional siempre que concurra una motivación explícita y razonada de la necesidad –entendiendo por tal que la coyuntura de crisis sanitaria exige una rápida respuesta– y la urgencia –asumiendo como tal que la dilación en el tiempo de la adopción de la medida de que se trate mediante una tramitación por el cauce normativo ordinario podría generar algún perjuicio–. El Decreto-Ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ. 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ. 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ. 3 y 189/2005, de 7 julio, FJ. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.
La aprobación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, hace necesaria una reordenación inmediata del sistema de prestaciones económicas existente en Aragón para garantizar que todos los potenciales beneficiarios del IMV pueden acceder lo antes posible a la nueva prestación estatal. Lo que resulta especialmente urgente por el impacto económico y social que la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 está ejerciendo sobre las personas en situación de vulnerabilidad y el riesgo de cronificación y aumento de la pobreza en el futuro si no se adoptan medidas con carácter inmediato. Por todo ello queda acreditada la concurrencia de motivos que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas adoptadas en el presente Decreto-Ley.
Asimismo, la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-Ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 3) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades políticas de actuación (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad número 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la cobertura de las necesidades básicas de la ciudadanía. Los motivos de oportunidad que acaban de exponerse demuestran que, en ningún caso, este Decreto-Ley constituye un supuesto de uso abusivo o arbitrario de este instrumento constitucional (SSTC 61/2018, de 7 de junio, FJ 4; 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5). Al contrario, todas las razones expuestas justifican amplia y razonadamente la adopción de la norma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 3).
Debe señalarse también que este Decreto-Ley no afecta al ámbito de aplicación delimitado por el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón. Además, responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, tal y como exigen la normativa básica estatal y aragonesa de procedimiento administrativo y régimen jurídico. A estos efectos se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia dado el interés general en el que se fundamentan las medidas que se establecen, siendo el Decreto-Ley el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. La norma es acorde con el principio de proporcionalidad al contener la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos previamente mencionados. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública que no son aplicables a la tramitación y aprobación de normas de urgencia. Por último, en relación con el principio de eficiencia, este Decreto-Ley no impone carga administrativa alguna adicional a las existentes con anterioridad.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ejerciendo las competencias establecidas en el artículo 71.34.ª del Estatuto de Autonomía, y en aplicación de los principios rectores de las políticas públicas recogidos en los artículos 23 y 24 del mismo, a propuesta de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Servicios Jurídicos, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión del día 29 de junio de 2020,
DISPONGO:
El presente Decreto-Ley tiene por objeto establecer y regular la Prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social.
1. La Prestación Aragonesa Complementaria es una prestación periódica y de derecho subjetivo de naturaleza económica, subsidiaria del IMV y, en su caso, complementaria de cualquier otro ingreso o tipo de recursos o prestaciones a los que tenga derecho la unidad familiar, dirigida a las personas que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas.
2. La Prestación Aragonesa Complementaria tendrá carácter personal e intransferible, no pudiendo ser objeto de embargo o retención, ni darse en garantía de obligaciones.
1. Podrán ser beneficiarias de la Prestación Aragonesa Complementaria las personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad económica, no cumplan todos los requisitos para ser titulares del IMV, en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
2. La situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes se determinará en los términos establecidos en el artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital.
1. La cuantía máxima de la Prestación Aragonesa Complementaria será la que determina el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital, en función de la condición de beneficiario individual o de las características de la unidad de convivencia.
2. La cuantía mensual de la Prestación Aragonesa Complementaria vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía máxima y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de la persona beneficiaria.
La Prestación Aragonesa Complementaria se mantendrá mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión.
1. Los efectos económicos del reconocimiento de la Prestación Aragonesa Complementaria se producirán a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación de la solicitud de la prestación, siempre que se haya aportado toda la documentación exigible.
2. El pago de dicha prestación se efectuará por mensualidades vencidas.
1. La solicitud de reconocimiento de la Prestación Aragonesa Complementaria deberá presentarse por la persona interesada ante el centro de servicios sociales correspondiente.
2. El centro de servicios sociales remitirá por medios telemáticos la solicitud y cuantos documentos pudieran acompañarla al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que será el órgano competente para dictar resolución.
3. En la solicitud se informará a la persona interesada sobre los datos que se vayan a consultar a través de los Servicios de Verificación y Consulta de Datos de la Administración para la resolución de los expedientes, así como sobre la posibilidad del mismo de ejercer su derecho de oposición motivada, facilitándole su ejercicio. Así mismo, en el caso de que la Ley especial aplicable lo exigiera, se recabará la autorización expresa para las referidas consultas. Si la persona solicitante de manera expresa se opone a las consultas o no otorgará su autorización para las mismas en el caso de que esta última fuere exigida por Ley, deberá aportar los documentos acreditativos de los requisitos para ser persona beneficiaria. En caso contrario, se entenderá que desiste de su solicitud.
4. El suministro de información en relación con los datos de carácter personal que se deba efectuar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y su cesión a la Administración de la Seguridad Social para la gestión de esta prestación, y su coordinación con el IMV, no requerirá el consentimiento previo de la persona interesada, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1 e) y 9.2h) del Reglamento (UE) 2016/679 (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por las personas solicitantes para la gestión de la prestación y estarán obligadas a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.
5. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para el reconocimiento de la prestación.
1. El Servicio Público Aragonés de Inclusión Social se define como el servicio que proporciona las prestaciones programas e instrumentos de apoyo y acompañamiento a las personas y grupos sociales vulnerables, en situación de riesgo o exclusión social, orientados a la plena y efectiva inclusión social, en todas sus dimensiones.
2. Se configura como una organización administrativa integrada por servicios especializados del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y de los servicios sociales generales y que concretará su acción a través de una o varias prestaciones cuya finalidad es promover la inclusión social por medio de procesos de apoyo personalizado, continuos e integrales, ajustados a las necesidades de las personas y orientados a la inclusión.
El Servicio Público Aragonés de Inclusión Social tendrá como objetivo facilitar y promover la inclusión social y, en su caso, laboral de las personas vulnerables que se hallen en situación de riesgo o exclusión, mediante:
a) Las prestaciones específicas para las personas en situación o riesgo de exclusión social, que se determinarán reglamentariamente, que serán como mínimo:
– Prestación de prevención e inclusión social.
– Prestación de itinerarios individualizados de inclusión.
b) Una estructura de apoyo en los procesos de preparación que favorezcan la inserción social y laboral, coordinada en el marco del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón conformada por las estructuras correspondientes de las diferentes administraciones públicas aragonesas implicadas y responsables de los servicios sociales especializados y generales.
c) El diseño y ejecución coordinada de políticas activas desde los diversos ámbitos de actuación pública, en especial con los Departamentos competentes en materia de empleo, educación y vivienda.
Las prestaciones, programas e instrumentos orientados a prevenir el riesgo de exclusión, paliar situaciones de exclusión personal, social y laboral y facilitar la inclusión de las personas y grupos vulnerables en situación de riesgo o exclusión social se desarrollarán reglamentariamente, con el siguiente contenido mínimo.
a) Los servicios, equipamientos y profesionales que intervendrán en los diferentes niveles de intervención de apoyo social, sociolaboral o laboral.
b) Los programas de intervención recogidos en el Plan de Atención e Inclusión Social.
c) Los instrumentos de inclusión constituidos por el Acuerdo de Inclusión Social, los itinerarios integrales personalizados de inserción, los Módulos operativos de intervención y los Programas y proyectos de inclusión social y laboral.
1. La prestación de prevención e inclusión social se prestará en el marco de los servicios sociales generales. Sus actuaciones serán coordinadas por el IASS y contarán con la cooperación y asistencia de los servicios sociales especializados.
2. La distribución competencial del resto de las prestaciones se determinará reglamentariamente, de conformidad con la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón y la Ley 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón.
3. El conjunto de Administraciones Públicas aragonesas tendrán el deber de cooperación en la consecución de los objetivos de este Servicio.
Las entidades de iniciativa social participarán en el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social en la forma que reglamentariamente se determine, en el marco de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 5/2009 de Servicios Sociales de Aragón y en la Ley 11/2016 de acción concertada para las prestaciones a las personas de servicios de carácter social y sanitario.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, tendrán en todo caso la condición de beneficiarias de la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley:
a) Las personas de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo la guarda o tutela de la Entidad Pública como medida protectora y estén siguiendo un programa de emancipación y/o transición a la vida independiente que residan independientemente o de manera temporal en centros o en viviendas de emancipación, estén empadronadas y tengan residencia efectiva al menos con un año de antelación a la formulación de la solicitud en un municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
b) Las personas sin hogar que estén participando en programas personalizados de promoción, e inclusión social, que figuren empadronados en la fecha de solicitud y acrediten una antigüedad en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón por un tiempo igual o superior a 1 año de los 3 últimos años.
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, de acuerdo con su naturaleza de prestación económica y régimen jurídico propio:
a) Las prestaciones económicas para situaciones de urgencia.
b) Las prestaciones económicas para facilitar la integración social tales como las Ayudas de integración familiar, la Prestación Aragonesa Complementaria del IMV y las Ayudas para la inserción social de las mujeres víctimas de violencia de género.
c) Los subsidios de movilidad y compensación por gastos de transporte para personas con discapacidad y las becas para atención en centros de servicios sociales especializados.
d) Los complementos económicos para personas perceptoras de pensión no contributiva.
Excepcionalmente, se podrá abonar el segundo anticipo de las subvenciones de cooperación para el desarrollo concedidas en la convocatoria correspondiente al año 2019 sin necesidad de justificar la totalidad del primer anticipo cuando los proyectos hayan tenido dificultades graves en su ejecución a causa de las medidas adoptadas para responder a la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. En todo caso, los beneficiarios deberán presentar el informe parcial de seguimiento acompañado de la documentación justificativa de los gastos realizados, dentro de ejercicio contable 2020.
1. La tramitación de las nuevas solicitudes del IAI y solicitudes de renovación de dicha prestación que se presenten a partir del 1 de junio quedarán en suspenso hasta que se solicite el IMV y sea notificada la correspondiente resolución.
2. Las solicitudes del IAI y solicitudes de renovación de dicha prestación que se presenten a partir del 15 de junio solo de admitirán a trámite si las personas solicitantes no cumplen los requisitos para ser titulares del IMV.
1. Las personas que a fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley sean titulares del Ingreso Aragonés de Inserción deberán solicitar hasta el 15 de septiembre de 2020 el Ingreso Mínimo Vital regulado en el Real Decreto-ley 20/2020, debiendo acreditar ante el IASS la presentación de la solicitud en el plazo máximo de un mes. Transcurrido el plazo de acreditación de la presentación de solicitud, sin que ésta se haya realizado, el IASS podrá dictar Resolución declarando finalizada la prestación del Ingreso Aragonés de Inserción, que será notificada a las personas interesadas mediante publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
2. Dichas personas continuarán percibiendo el IAI hasta que les sea notificada la Resolución relativa a su solicitud de IMV.
3. Si resultan perceptores del IMV se procederá a la regularización de los haberes percibidos con cargo al IAI.
4. En todo caso, tanto en el supuesto de denegación de la solicitud del IMV, como cuando la cuantía que venían percibiendo sea superior a la reconocida como IMV, se garantizará la cuantía que venían percibiendo del IAI a fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley, mientras subsistan las circunstancias que motivaron su concesión y durante el periodo de concesión que tuvieran reconocido. En el segundo de los supuestos mencionados, se reconocerá un complemento económico de pago único anual por la diferencia.
5. La cesión a la Administración de la Seguridad Social de los datos de carácter personal de las personas que actualmente sean titulares del IAI, para facilitar su acceso al IMV, no requerirá el consentimiento previo de la persona interesada, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por las personas solicitantes para la gestión de la prestación y estarán obligadas a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.
1. Las personas que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley sean titulares de una prestación de ayuda de integración familiar de pago periódico, deberán solicitar hasta el 15 de septiembre de 2020 el Ingreso Mínimo Vital regulado en el Real Decreto-ley 20/2020, debiendo acreditar ante el IASS la presentación de la solicitud en el plazo máximo de un mes.
2. Dichas personas continuarán percibiendo la ayuda de integración familiar hasta que les sea notificada la Resolución relativa a su solicitud del IMV.
3. Si resultan perceptoras del IMV se procederá a la regularización de los haberes percibidos con cargo a la ayuda de integración familiar.
4. En caso de denegación del IMV, las personas interesadas seguirán percibiendo la ayuda de integración familiar hasta la finalización del periodo por el que la tuvieran reconocida.
5. La cesión a la Administración de la Seguridad Social de los datos de carácter personal de las personas que actualmente sean titulares de la ayuda de integración familiar, para facilitar su acceso al IMV, no requerirá el consentimiento previo de la persona interesada, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1 e) y 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por las personas solicitantes para la gestión de la prestación y estarán obligadas a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos.
Durante el año 2020 continuará en vigor lo establecido en la Disposición Adicional Décima de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2020, a efectos de determinar la cuantía del complemento de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y de pensiones de ancianidad y enfermedad.
Las personas titulares del Ingreso Aragonés de Inserción que cumplan durante 2020 los requisitos para acceder a una Pensión no contributiva de jubilación o invalidez, continuarán percibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción hasta diciembre de 2020. Entre el 1 y el 31 de diciembre de 2020 deberán presentar la solicitud de la pensión no contributiva que les corresponda.
Los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción que, al alcanzar la edad fijada para el reconocimiento de la pensión no contributiva de jubilación, no cumplieran los requisitos para su reconocimiento podrán seguir percibiendo el Ingreso Aragonés de Inserción en concepto de prórroga de la prestación reconocida hasta la aprobación y entrada en vigor de la normativa reglamentaria que regule la Prestación Aragonesa Complementaria.
1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley.
2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:
a) Ley 1/1993, de 19 de febrero, de medidas básicas de Inserción y Normalización Social de la Comunidad Autónoma de Aragón y su normativa reglamentaria de desarrollo, así como el Decreto 57/1994, de 23 de marzo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Ingreso Aragonés de Inserción en desarrollo de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social, el Decreto 179/1994, de 8 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se modifican determinados artículos del Decreto 57/94, de 23 de marzo y el Decreto 125/2009, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 57/1994, de 23 de marzo.
b) La Disposición Adicional Novena del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como el Decreto 117/1997, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión de Reclamaciones del Ingreso Aragonés de Inserción.
c) Los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se modifica el artículo 6 de la Ley 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón, que queda redactado de la forma siguiente.
«1. Las ayudas de apoyo a la integración familiar son prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de carácter esencial que tienen por objeto el mantenimiento de la unidad familiar con menores a su cargo, evitando el internamiento de estos en centros especializados o la adopción de medidas externas de protección, como un derecho subjetivo de los ciudadanos garantizado y exigible. En todo caso, tendrán carácter subsidiario del IMV y de la Prestación Aragonesa Complementaria, resultando incompatibles con dichas prestaciones.
2. La ayuda de apoyo a la integración familiar, cuya cuantía y demás requisitos se determinarán reglamentariamente, se dirige a cubrir la falta o inadecuada asistencia material del menor en aquellas situaciones en que este puede verse privado, sin que llegue a producirse la situación de desamparo, por falta de recursos económicos de la unidad de convivencia.
3. Podrán ser beneficiarias de las ayudas de apoyo a la integración familiar las personas físicas, mayores de edad o menores emancipados, que constituyan una unidad de convivencia independiente, se encuentren empadronadas en un municipio de Aragón con residencia efectiva, no cumplan los requisitos para el reconocimiento del IMV ni de la Prestación Aragonesa Complementaria y no superen los ingresos anuales determinados reglamentariamente.
4. En la solicitud se informará a la persona interesada sobre los datos que se vayan a consultar a través de los Servicios de Verificación y Consulta de Datos de la Administración para la resolución de los expedientes, así como sobre la posibilidad del mismo de ejercer su derecho de oposición motivada, facilitándole su ejercicio. Así mismo, en el caso de que la Ley especial aplicable lo exigiera, se recabará la autorización expresa para las referidas consultas. Si la persona solicitante de manera expresa se opone a las consultas o no otorgará su autorización para las mismas en el caso de que esta última fuere exigida por Ley, deberá aportar los documentos acreditativos de los requisitos para ser beneficiario. En caso contrario, se entenderá que desiste de su solicitud.
5. El suministro de información en relación con los datos de carácter personal que se deba efectuar al Instituto Aragonés de Servicios Sociales y su cesión a la Administración de la Seguridad Social para la gestión de esta prestación, y su coordinación con el IMV, no requerirá el consentimiento previo de la persona interesada, ni de las personas que formen parte de la unidad de convivencia, por ser un tratamiento de datos de los referidos en los artículos 6.1 e) y 9.2h) del Reglamento (UE) 2016/679 (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Las administraciones públicas actuantes tomarán las medidas oportunas para que, en el curso del procedimiento administrativo, quede garantizada la confidencialidad de los datos suministrados por las personas solicitantes para la gestión de la prestación y estarán obligadas a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos».
En el plazo de 12 meses desde la aprobación de este Decreto-Ley, el Gobierno de Aragón deberá dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo y ejecución.
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Aragón».
Zaragoza, 29 de junio de 2020.−El Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés.−La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto Cosculluela.
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