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El día 14 de octubre de 2024 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado escrito del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva proponiendo el nombramiento de la Abogado Fiscal Sra. doña Lourdes Moya Campos, como Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la citada Fiscalía.

Hechos

Con motivo del oficio remitido por la Fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática a los Fiscales Jefes en fecha 23 de abril de 2024, el Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva comunicó a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado en la citada delegación debía formular la correspondiente solicitud. La única peticionaria fue la Sra. Moya Campos que presentó su curriculum vitae.

El Fiscal Jefe Provincial elevó su propuesta a la Fiscalía General del Estado el día 14 de octubre de 2024. En la misma destaca la experiencia profesional y los méritos de la candidata para desempeñar el cargo.

Mediante informe de fecha 22 de octubre de 2024, la Fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción a su designación, informando en igual sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4 Real Decreto 437/1983).

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que los Fiscales delegados, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado (artículo 62.2).

La misma norma prevé a los efectos referidos, que el Fiscal Jefe convocará la plaza de delegado especialista entre los fiscales de la plantilla, y que para su cobertura se atenderá preferentemente, dentro de los méritos alegados, el haber recibido formación específica en la materia propia de la especialidad y tener experiencia práctica.

La propuesta de nombramiento del Fiscal Jefe habrá de ser motivada y deberá ir acompañada de la relación de todos los fiscales que hayan solicitado el puesto con aportación de los méritos alegados. Una vez recibida en la Inspección Fiscal, se dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal.

Finalmente se dispone que el nombramiento y cese de los Fiscales Delegados Especialistas, se publicará, a instancia de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 62.3).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

1. Nombrar a doña Lourdes Moya Campos, Fiscal Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía Provincial de Huelva.

2. Notificar lo acordado a la Fiscal Jefa Inspectora, a la Fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, al Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, que trasladará copia del presente Decreto a la interesada, poniéndolo en conocimiento de todos los Fiscales de la plantilla.

3. Publicar el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Poner de manifiesto que contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Fiscalía General del Estado (C/ Fortuny n.º 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 5 de noviembre de 2024.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.