Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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La Comunicación, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo», constituye la estrategia de Europa para garantizar, de aquí a 2050, una economía climáticamente neutra, limpia y circular, optimizando la utilización, reutilización y gestión de los recursos y minimizando la contaminación, al tiempo que reconoce la necesidad de políticas profundamente transformadoras así como la necesidad de proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y las consecuencias relacionadas con el medio ambiente. También aspira a garantizar que dicha transición sea justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás. Además, la Unión está comprometida con el Acuerdo de París (4), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con su participación en la Organización Mundial de la Salud. La Estrategia de Sostenibilidad para las Sustancias Químicas de la Unión, de octubre de 2020, y el Plan de Acción de «Contaminación Cero», adoptado en mayo de 2021, abordan específicamente los aspectos relativos a la contaminación del Pacto Verde Europeo. En paralelo, la Nueva Estrategia Industrial para Europa hace más hincapié en el papel potencial de las tecnologías transformadoras. Cabe citar otras políticas particularmente pertinentes relacionadas con la revisión de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), como la Legislación Europea sobre el Clima (6), el conjunto de medidas «Objetivo 55», la Estrategia sobre el Metano y el acuerdo de Glasgow sobre el metano, la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia sobre la Biodiversidad, la Estrategia «De la Granja a la Mesa», la Estrategia de la UE para la Protección del Suelo y la Iniciativa sobre Productos Sostenibles. Asimismo, como parte de la respuesta de la Unión a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la iniciativa REPowerEU propone una acción europea conjunta para apoyar la diversificación del suministro energético, acelerar la transición a las energías renovables y mejorar la eficiencia energética.

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La Comisión anunció en el Pacto Verde Europeo una revisión de las medidas de la Unión para hacer frente a la contaminación procedente de las grandes instalaciones industriales, que incluía una revisión del ámbito de aplicación sectorial de la legislación y la manera de hacerla plenamente coherente con las políticas en materia de clima, energía y economía circular. Asimismo, el Plan de Acción de «Contaminación Cero», el Plan de Acción sobre la Economía Circular y la Estrategia «De la Granja a la Mesa» reclaman también la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos y su reutilización, al tiempo que se reducen las emisiones en la fuente, lo que incluye fuentes que actualmente no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE. Hacer frente a la contaminación procedente de determinadas actividades agroindustriales, promoviendo al mismo tiempo prácticas agrarias sostenibles que tienen múltiples beneficios colaterales para los objetivos medioambientales y climáticos del Pacto Verde Europeo, requiere su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.

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La industria extractiva de la Unión es clave para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia Industrial de la Unión, incluida toda actualización de esa estrategia. Los metales tienen una importancia estratégica para la transición digital y ecológica, para la transformación de la energía y los materiales y el proceso hacia la economía circular, así como para reforzar la resiliencia y la autonomía económicas de la Unión. A fin de alcanzar estos objetivos, deben seguir desarrollándose capacidades y suministro nacionales sostenibles, especialmente a la luz de la creciente demanda mundial, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas. Ello requiere medidas eficaces, específicas y armonizadas para garantizar que se establecen y emplean las mejores técnicas disponibles, aplicando así procesos que sean lo más eficientes posibles y tengan el menor efecto posible en la salud humana y el medio ambiente. Los mecanismos de gobernanza de la Directiva 2010/75/UE, que asocian estrechamente a expertos de la industria con el desarrollo de requisitos medioambientales consensuados y adaptados, contribuirán al crecimiento sostenible de dichas actividades en la Unión. El desarrollo y la disponibilidad de normas comúnmente acordadas creará condiciones equitativas de competencia en la Unión, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Procede, por tanto, incluir dichas actividades en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE, sin perjuicio del Reglamento (UE) 2024/1252 del Parlamento Europeo y del Consejo (7). La Directiva sobre las emisiones industriales respaldará a la industria de la Unión en el desarrollo de proyectos y facilitará un crecimiento sostenible y consensuado de las actividades mineras en la Unión, en consonancia con los índices de referencia de 2030 del Reglamento de materias primas fundamentales. La Directiva sobre las emisiones industriales contribuirá a alcanzar los objetivos de simplificación del proceso de concesión de autorizaciones del Reglamento de materias primas fundamentales apoyando a los Estados miembros respecto del establecimiento de las condiciones de los permisos de funcionamiento y la rápida expedición de los permisos.

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El presente acto modificativo debe aclarar que la contaminación olfativa debe tenerse en cuenta a la hora de definir las mejores técnicas disponibles (MTD) y conceder o revisar permisos.

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El posible empeoramiento del impacto de los vertidos industriales en el estado de las masas de agua debido a las variaciones de la dinámica del flujo de agua debe tenerse en cuenta explícitamente en el marco de la concesión y revisión de los permisos.

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La cría de ganado provoca la liberación de importantes emisiones contaminantes en la atmósfera y el agua. A fin de reducir dichas emisiones, como el amoníaco, el metano, los nitratos y los gases de efecto invernadero y, de este modo, mejorar la calidad del aire, el agua y el suelo, es necesario reducir el umbral por encima del cual las instalaciones de cría de cerdos y aves de corral están incluidas en el ámbito de la Directiva 2010/75/UE. Por consiguiente, la Comisión debe evaluar e informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la necesidad de una acción de la Unión para abordar de forma exhaustiva las emisiones procedentes de la cría de ganado, en particular el ganado bovino, teniendo en cuenta el abanico de instrumentos disponibles y las especificidades del sector. Paralelamente, la Comisión también debe evaluar e informar al Parlamento Europeo y al Consejo, basándose en pruebas, sobre la necesidad de una acción de la Unión para alcanzar el objetivo de protección medioambiental global en lo que respecta a los productos comercializados en el mercado interior mediante la prevención y el control de las emisiones procedentes de la ganadería, de manera coherente con las obligaciones internacionales de la Unión.

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Los requisitos de las MTD pertinentes tienen en cuenta la naturaleza, el tamaño, la carga ganadera y la complejidad de esas instalaciones, incluidas las especificidades de los sistemas de cría, así como la variedad de impactos ambientales que pueden tener. Los requisitos de proporcionalidad de las MTD tienen como fin incentivar a los ganaderos para que efectúen la transición necesaria hacia prácticas agrícolas cada vez más respetuosas con el medio ambiente.

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La cría de cerdos en instalaciones que funcionen en regímenes de producción ecológica o con una baja carga ganadera debe quedar excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE, ya que contribuye positivamente a la protección del entorno, la prevención de incendios forestales y la protección de la diversidad biológica y de los hábitats. La exención debe abarcar las instalaciones con cría de cerdos en pastos con baja carga ganadera, en las que los animales se crían en el exterior durante un período de tiempo significativo a lo largo de un año, en particular durante el día, y en las que las condiciones meteorológicas y de seguridad garantizan el bienestar de los animales, o se crían estacionalmente en el exterior. La superficie utilizada para calcular la carga ganadera debe emplearse para el pasto de los animales en la instalación o para el cultivo de forrajes o pastizales utilizados para alimentar a los animales en la instalación.

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La Unión tiene la responsabilidad de seguir liderando la acción mundial por el clima, en particular cumpliendo el objetivo de una Unión climáticamente neutra a más tardar en 2050, en consonancia con el Acuerdo de París. Hacer frente a las emisiones de metano del ganado de forma global contribuiría a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dicha reducción se necesita urgentemente si el mundo quiere mantener el incremento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 oC respecto de los niveles preindustriales y perseverar en los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 oC respecto de los niveles preindustriales.

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La Estrategia «De la Granja a la Mesa» estableció el objetivo de promover la transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles en los órganos internacionales de normalización, así como de liderar el desarrollo de normas de sostenibilidad internacionales. La Unión va a seguir esforzándose por promover las normas internacionales en los organismos internacionales pertinentes y fomentar la producción de productos agroalimentarios que cumplan normas estrictas de seguridad y sostenibilidad. Además, como se indica en el informe de la Comisión titulado «Aplicación de las normas de la Unión en materia de salud y medio ambiente a los productos agrícolas y agroalimentarios importados», unas normas y objetivos ambiciosos en materia de salud, medio ambiente y otros objetivos de sostenibilidad contribuyen a la consecución de objetivos legítimos en cuestiones que preocupan a nivel mundial, también en consonancia con el enfoque «Una salud». La Unión va a proseguir sus esfuerzos a nivel multilateral para lograr un consenso mundial sobre la necesidad de actuar y las normas acordadas internacionalmente.

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La Unión también debe asumir el liderazgo en la cooperación internacional para crear un sistema multilateral abierto y justo en el que el comercio sostenible actúe como factor clave para la transición ecológica. En consonancia con la revisión de la política de comercio y desarrollo sostenible de la Unión y la Comunicación de la Comisión titulada «El poder de las asociaciones comerciales: juntos por un crecimiento económico ecológico y justo», es esencial colaborar con los socios en un proceso de cooperación para fomentar la gobernanza medioambiental internacional y el cumplimiento de las normas internacionales en materia de medio ambiente.

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Con el fin de evitar la división artificial de las instalaciones ganaderas, lo que podría dar lugar a la reducción de la capacidad de unidades de ganado mayor (UGM) de la explotación ganadera hasta un nivel inferior a los umbrales establecidos en el anexo I bis para la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben adoptar medidas destinadas a garantizar que, si dos o más instalaciones se encuentran próximas y tienen el mismo titular o si las instalaciones están bajo el control de titulares que mantienen una relación económica o jurídica, la autoridad competente pueda considerar dichas instalaciones una única unidad a efectos del cálculo de la capacidad ganadera. El umbral para instalaciones ganaderas mixtas no debe utilizarse para eludir el umbral relativo a cada categoría de ganado.

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Es probable que se produzca un aumento significativo del número de instalaciones de gran tamaño destinadas a la producción de pilas o baterías para vehículos eléctricos en la Unión hasta 2030 y después de esta fecha, lo que aumentará la participación de la Unión en la producción mundial de estos productos. Algunas de las actividades de la cadena de valor ya están reguladas por la Directiva 2010/75/UE y las pilas y baterías están reguladas como productos por el Reglamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Sin embargo, sigue siendo necesario incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE las grandes instalaciones dedicadas a la fabricación de pilas o baterías, a fin de garantizar que también estén cubiertas por los requisitos de la Directiva 2010/75/UE. La inclusión en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE de las grandes instalaciones de fabricación de pilas o baterías, a diferencia de las instalaciones dedicadas únicamente al montaje de pilas o baterías, va a mejorar de forma integral la sostenibilidad de las pilas y baterías y minimizará su impacto en el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto va a contribuir a un crecimiento más sostenible de la fabricación de pilas y baterías.

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A fin de seguir reforzando el acceso del público a la información medioambiental, es necesario aclarar que los permisos para instalaciones concedidos de conformidad con la Directiva 2010/75/UE se pondrán a disposición del público en internet, de forma gratuita y sin restringir el acceso a los usuarios registrados, al tiempo que se garantiza la salvaguarda de la información empresarial confidencial.

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Los Estados miembros deben desarrollar sistemas electrónicos de concesión de permisos que reduzcan la carga administrativa para los titulares y las autoridades competentes, mejoren el acceso del público a la información y faciliten la participación del público en los procedimientos de concesión de permisos. La Comisión debe apoyar a los Estados miembros en el desarrollo de permisos electrónicos mediante la organización del intercambio de información entre los Estados miembros y proporcionando orientaciones sobre las mejores prácticas.

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Los efectos de la contaminación, incluidos los causados por incidentes o accidentes, pueden extenderse más allá del territorio de un Estado miembro. En esos casos, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9), limitar las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente de los incidentes y accidentes y evitar posibles incidentes o accidentes futuros requiere un intercambio rápido de información y una estrecha coordinación entre las autoridades competentes de los Estados miembros que se vean o puedan verse afectados por tales sucesos. Por lo tanto, en caso de incidentes o accidentes que afecten de forma significativa al medio ambiente o a la salud humana en otro Estado miembro, debe fomentarse el intercambio de información y la cooperación transfronteriza y multidisciplinar entre los Estados miembros afectados para limitar las consecuencias para el medio ambiente y a la salud humana y para evitar otros posibles incidentes o accidentes.

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Los Estados miembros también deberían adoptar medidas de garantía del cumplimiento para promover, monitorizar y hacer cumplir las obligaciones impuestas a las personas físicas o jurídicas en virtud de la Directiva 2010/75/UE. Como parte de las medidas de garantía del cumplimiento, los Estados miembros deben garantizar que las autoridades nacionales encargadas de la aplicación y el cumplimiento de la presente Directiva dispongan de personal cualificado suficiente y de recursos financieros, técnicos y tecnológicos suficientes para el desempeño eficaz de sus funciones relacionadas con la aplicación de la presente Directiva.

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Asimismo, como parte de las medidas de garantía del cumplimiento, las autoridades competentes deben poder suspender el funcionamiento de una instalación cuando el incumplimiento continuado de las condiciones del permiso y la falta de aplicación de los resultados del informe de inspección supongan un peligro para la salud humana o un riesgo de efecto nocivo significativo para el medio ambiente, a fin de evitar dicho peligro.

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En el caso de que la contaminación afecte a los recursos de agua potable, incluidos los de índole transfronteriza, o a las infraestructuras dedicadas a las aguas residuales, la autoridad competente debe informar a los titulares de instalaciones de agua potable y aguas residuales afectados de las medidas adoptadas para prevenir o reparar los daños causados por dicha contaminación a la salud humana o al medio ambiente.

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La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que es preciso fortalecer los vínculos entre dicha Directiva y el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), para abordar mejor los riesgos del uso de sustancias químicas en las instalaciones que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE. A fin de desarrollar sinergias entre el trabajo realizado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en relación con las sustancias químicas y la elaboración de documentos de referencia MTD en virtud de la Directiva 2010/75/UE, debe otorgarse a la ECHA un papel formal en la elaboración de dichos documentos de referencia MTD.

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La Comisión debe fomentar la participación en el foro de intercambio de información de las partes interesadas y los representantes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales que participan en la promoción de la protección de la salud humana o del medio ambiente. La Comisión debe garantizar la participación de la Agencia Europea de Medio Ambiente en el intercambio de información, cuando el intercambio de información se beneficie de los conocimientos especializados de la Agencia. Dada la ampliación del ámbito de aplicación y la creciente carga de trabajo del foro de intercambio y del grupo de trabajo técnico, la Comisión debe comprometer los recursos adecuados y adoptar los cambios necesarios, también mediante la modificación de la Decisión de Ejecución 2012/119/UE de la Comisión (11), para garantizar el funcionamiento del foro y del grupo de trabajo técnico.

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Con objeto de facilitar un intercambio de información que permita determinar los niveles de emisión y los niveles de desempeño medioambiental asociados a las mejores técnicas disponibles, manteniendo al mismo tiempo la integridad de la información empresarial confidencial, deben especificarse los procedimientos para el manejo de la información calificada como información empresarial confidencial o información sensible desde el punto de vista comercial, incluidas las condiciones relativas a la anonimización de determinadas categorías de partes interesadas, y la información obtenida de la industria en el contexto del intercambio de información organizado por la Comisión con el fin de elaborar, revisar o actualizar los documentos de referencia MTD. Debe garantizarse que las personas que participan en el intercambio de información no compartan información calificada como información empresarial confidencial o información sensible desde el punto de vista comercial con cualquier representante de empresas o asociaciones comerciales que tengan un interés económico en las actividades industriales de que se trate y en los mercados relacionados. Dicho intercambio de información se entenderá sin perjuicio del Derecho de la Unión en materia de competencia, en particular, el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

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La presente Directiva no crea obligaciones de divulgación al público de información empresarial confidencial adicionales a las ya establecidas en las Directivas 2003/4/CE (12) y (UE) 2016/943 (13) del Parlamento Europeo y del Consejo.

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A fin de garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente en su conjunto, es preciso establecer sinergias y coordinación con otros ámbitos pertinentes de la legislación medioambiental de la Unión, en todas las fases de la aplicación de la Directiva 2010/75/UE. Por lo tanto, debe consultarse debidamente a las autoridades competentes encargadas de velar por el cumplimento de la legislación de la Unión pertinente en materia medioambiental antes de conceder un permiso en virtud de dicha Directiva.

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Con el fin de mejorar continuamente el desempeño medioambiental y la seguridad de las instalaciones, lo que incluye la prevención de la generación de residuos, la optimización del uso de los recursos y la reutilización del agua, y la prevención o reducción de los riesgos asociados al uso de sustancias peligrosas, los titulares de instalaciones deben establecer y aplicar un sistema de gestión ambiental (SGA) de conformidad con la presente Directiva y las correspondientes conclusiones sobre las MTD, y poner las partes pertinentes a disposición del público. Antes de poner las partes pertinentes de su SGA a disposición del público, se debe dar a los titulares la oportunidad de no mostrar o excluir información empresarial confidencial. Dicha posibilidad debe aplicarse en sentido restrictivo, teniendo en cuenta en cada caso el interés público que reviste la divulgación. El SGA debe cubrir también la gestión de los riesgos relacionados con el uso de sustancias peligrosas y un análisis de la posible sustitución de dichas sustancias por alternativas más seguras.

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A fin de garantizar que el SGA se ajusta a los requisitos de la Directiva 2010/75/UE, debe ser revisado por el titular y auditado por un auditor externo contratado por el titular. El auditor debe ser un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), tal como se exige en la norma ISO 17021, o cualquier persona física o jurídica que haya obtenido una licencia de verificador medioambiental de conformidad con el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

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Con el fin de apoyar la descarbonización, la eficiencia en el uso de los recursos y una economía circular, las conclusiones sobre las MTD deben incluir niveles vinculantes de desempeño medioambiental asociados a las MTD y niveles indicativos de desempeño medioambiental asociados a técnicas emergentes, para procesos individuales que tengan características similares, como, por ejemplo, vectores energéticos, materias primas, unidades de producción y productos finales, y un alto grado de homogeneidad en toda la Unión, en los casos en que los datos facilitados en el intercambio de información en apoyo de la determinación de las MTD sean suficientemente sólidos. Las conclusiones sobre las MTD también deben incluir rangos de referencia indicativos para otros casos que los titulares deben incluir en sus SGA, en casos en los que el desempeño medioambiental depende en gran medida de las circunstancias específicas de los procesos. Los niveles de desempeño medioambiental asociados a las MTD y los rangos de referencia indicativos pueden incluir niveles de consumo, niveles de eficiencia en el uso de los recursos y niveles de reutilización correspondientes a los materiales, el agua y los recursos energéticos, así como residuos y otros niveles obtenidos en las condiciones de referencia especificadas. Los niveles de desempeño medioambiental y los rangos de referencia indicativos deben establecerse teniendo en cuenta los recursos necesarios para la transformación de las instalaciones destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como las variaciones de las necesidades de recursos en función de la demanda de productos específicos, como las variaciones en el consumo de agua. La autoridad competente debe establecer en el permiso intervalos vinculantes para el desempeño medioambiental, tal como se establece en las conclusiones sobre las MTD, así como valores límite vinculantes de desempeño medioambiental en relación con el agua y niveles indicativos de desempeño medioambiental relativos a los residuos y los recursos distintos del agua, que no sean menos estrictos desde el punto de vista medioambiental que los intervalos vinculantes, siempre que se garantice que el nivel de rendimiento se encuentre en el extremo inferior del intervalo obligatorio. El titular debe incluir los rangos de referencia indicativos en el SGA.

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Deben especificarse con más detalle las condiciones en las que la autoridad competente, a la hora de fijar los valores límite de emisión aplicables al vertido de contaminantes al agua en virtud de un permiso concedido con arreglo a la Directiva 2010/75/UE, puede tener en cuenta los procesos de tratamiento posterior en una instalación de tratamiento de aguas residuales. Los valores límite de emisión deben especificarse de manera que se garantice que dichos vertidos no den lugar a un aumento de la carga de contaminantes en las aguas receptoras ni dificulten la capacidad o el potencial de recuperación de recursos del flujo de tratamiento de aguas residuales en comparación con una situación en la que la instalación aplique las MTD y cumpla los niveles de emisiones asociados a las mejores técnicas disponibles para vertidos directos.

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Lograr un elevado nivel de protección de la salud humana y el medio ambiente en su conjunto requiere, entre otras cosas, establecer valores límite de emisión en los permisos a un nivel que garantice el cumplimiento de los niveles de emisión aplicables asociados a las mejores técnicas disponibles recogidas en las conclusiones sobre las MTD. Los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles (NEA-MTD) se expresan normalmente como intervalos, en lugar de como valores únicos, para reflejar las diferencias dentro de un determinado tipo de instalaciones que dan lugar a variaciones en el desempeño medioambiental logrado al aplicar las MTD. Por ejemplo, una MTD dada no tendrá el mismo rendimiento en instalaciones diferentes, algunas MTD podrían no ser adecuadas para su uso en determinadas instalaciones, o una combinación de MTD podría ser más eficaz para algunos contaminantes o medios naturales que otros. La consecución de un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente en su conjunto se ha visto comprometida por la práctica de fijar valores límite de emisión en el extremo más laxo del intervalo de niveles de emisión asociados a las MTD, sin tener en cuenta el potencial de una instalación determinada para lograr niveles de emisión más bajos mediante la aplicación de las MTD. Esa práctica disuade a los pioneros de aplicar técnicas más eficaces y obstaculiza la consecución de unas condiciones de competencia equitativas que garanticen un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente. Con el fin de reducir las emisiones, la autoridad competente debe fijar valores límite de emisión en el nivel más estricto posible para la instalación específica, teniendo en cuenta todo el intervalo de los NEA-MTD, así como los efectos entre distintos medios. Los valores límite de emisión deben basarse en una evaluación realizada por el titular en la que se analice la viabilidad de cumplir el extremo más estricto del intervalo de NEA-MTD y tener como objetivo lograr el mejor desempeño ambiental de las instalaciones específicas, a menos que el titular demuestre que la aplicación de las mejores técnicas disponibles descritas en las conclusiones sobre las MTD solo permita a la instalación de que se trate cumplir valores límite de emisión menos estrictos. Al objeto de favorecer la fijación de valores límite de emisión en los permisos y la adopción de normas generales de carácter vinculante, las conclusiones sobre las MTD deben contener información sobre las circunstancias que permiten alcanzar los niveles de emisión más bajos de todo el intervalo de NEA-MTD establecido para categorías de instalaciones con características similares. Cuando se establezcan los valores límite de emisión dentro del intervalo de NEA-MTD, el procedimiento de exención no debe ser aplicable.

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Las conclusiones sobre las MTD deben determinar las técnicas emergentes y las mejores técnicas disponibles que los titulares industriales puedan aplicar para transformar las instalaciones de manera que sean coherentes con el objetivo de la Unión de una economía sostenible, limpia, circular y climáticamente neutra. Las autoridades competentes deben poder conceder a los titulares industriales tiempo suficiente para realizar una transformación industrial profunda que requiera inversiones sustanciales a través de MTD o técnicas emergentes que impliquen un cambio importante en el diseño o la tecnología, o para sustituir una instalación existente, tal como se describe en las conclusiones sobre las MTD y se establece en un plan de transformación.

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En los últimos años se han producido situaciones de crisis excepcionales que han afectado a la Unión y a sus Estados miembros, como la pandemia de COVID-19 y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Esas crisis han afectado directamente y de modo repentino al suministro de energía y de recursos, materiales o equipos que son fundamentales desde el punto de vista social, lo que ha provocado graves carencias y perturbaciones frente a las que es necesario actuar con rapidez. Cuando las crisis requieran tal tipo de respuesta, puede ser necesario establecer unos valores límite de emisión y unos valores límite de desempeño medioambiental menos estrictos que los fijados en las conclusiones sobre las MTD, a fin de mantener la producción de energía o de otros equipos de importancia fundamental o para que las instalaciones críticas puedan proseguir sus operaciones. La necesidad de establecer valores límite de emisión o valores límite de desempeño medioambiental menos estrictos debe sopesarse con la necesidad de proteger el medio ambiente y la salud humana y la necesidad de garantizar la igualdad de condiciones y la integridad del mercado interior. Por consiguiente, únicamente pueden establecerse valores límite menos estrictos como último recurso, cuando se hayan agotado todas las medidas que den lugar a una menor contaminación. La autoridad competente debe asegurarse de que no se produzca ninguna contaminación de importancia debido a las emisiones de la instalación. Al objeto de supervisar el impacto en el medio ambiente y la salud pública, las emisiones deben ser monitorizadas. A fin de garantizar la igualdad de condiciones y proteger el mercado interior, la Comisión debe poder proporcionar orientaciones estrictas sobre las situaciones de crisis excepcionales y las circunstancias de estas que podrían tenerse en cuenta. La Comisión debe verificar que tales exenciones concedidas por los Estados miembros están justificadas y formular objeciones cuando concluya que una exención no está justificada, en cuyo caso el Estado miembro debe revisar la exención sin demora.

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Los Estados miembros deben poder optar por eximir a determinadas unidades de combustión o unidades que emitan dióxido de carbono enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) de los requisitos de eficiencia energética establecidos en las condiciones del permiso.

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Con vistas a prevenir o reducir al mínimo las emisiones de contaminantes de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE y de garantizar unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, las condiciones en las que pueden concederse exenciones a los valores límite de emisión deben enmarcarse mejor en principios generales, incluido un requisito de reevaluación periódica, a fin de garantizar que la aplicación de dichas exenciones en toda la Unión sea más armonizada. Asimismo, no deben concederse exenciones a los valores límite de emisión cuando puedan poner en peligro el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental.

(34)

La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que había algunas disparidades en los enfoques de evaluación del cumplimento para las instalaciones incluidas en el capítulo II de dicha Directiva. A fin de lograr un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto, de garantizar una aplicación coherente del Derecho de la Unión y unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, al tiempo que se reduce al mínimo la carga administrativa para las empresas y las autoridades públicas, la Comisión debe establecer normas comunes para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión y validar los niveles medidos para las emisiones tanto a la atmósfera como al agua, sobre la base de las mejores técnicas disponibles. Esas normas de evaluación del cumplimiento deben prevalecer sobre las normas establecidas en los capítulos III y IV sobre la evaluación del cumplimiento con valores límite de emisión que figuran en los anexos V y VI de la Directiva 2010/75/UE.

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Las normas de calidad medioambiental deben entenderse que se refieren a todos los requisitos establecidos en el Derecho de la Unión, como la legislación de la Unión sobre el aire y el agua, que deben cumplirse en un momento dado en un entorno determinado o en una parte determinada de este. Por lo tanto, es conveniente aclarar que, al conceder un permiso a una instalación, las autoridades competentes no solo deben establecer las condiciones para garantizar que las actividades de la instalación cumplan el uso de las conclusiones sobre las MTD, sino que también, cuando proceda y con vistas a reducir la contribución específica de la instalación a la contaminación que se produce en la zona en cuestión, y tomando en consideración la concentración de contaminantes en cuestión en el medio receptor, deben incluir en el permiso condiciones más estrictas que las establecidas en las conclusiones sobre las MTD pertinentes, a fin de garantizar el cumplimiento por parte de la instalación de las normas de calidad medioambiental. Dichas condiciones pueden consistir en fijar valores límite de emisión más estrictos, establecer límites para la carga de emisión de contaminantes o en limitar el funcionamiento o la capacidad de la instalación.

(36)

La autoridad competente debe revisar periódicamente y actualizar, cuando sea necesario, las condiciones del permiso para garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable. Dichas revisiones o actualizaciones también deben tener lugar cuando sea necesario para que la instalación cumpla con una norma de calidad medioambiental, por ejemplo, en el caso de una norma de calidad medioambiental nueva o revisada o cuando el estado del medio ambiente receptor requiera una revisión del permiso a fin de cumplir con planes y programas establecidos en virtud de la legislación de la Unión, como los planes hidrológicos de cuenca con arreglo a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(37)

Las Partes en el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en su séptima sesión, aprobaron las conclusiones del Comité de Cumplimiento del Convenio en el caso ACCC/C/2014/121, según las cuales, al establecer un marco jurídico que no prevé la posibilidad de participación del público en relación con las revisiones y actualizaciones recogidas en el artículo 21, apartados 3 y 4 y apartado 5, letras b) y c), de la Directiva 2010/75/UE, la Unión Europea incumple el artículo 6, apartado 10, del Convenio. Esas conclusiones han sido aprobadas por la Unión y sus Estados miembros y, con el fin de lograr el pleno cumplimiento del Convenio de Aarhus, es necesario especificar que debe darse a los miembros del público interesado la posibilidad real de participar en una fase temprana de la concesión del permiso o actualización de las condiciones de este establecidas por la autoridad competente, también cuando dichas condiciones se revisen tras la publicación de las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD en relación con la actividad principal de la instalación, cuando la evolución de las mejores técnicas disponibles haga posible una reducción significativa de las emisiones, cuando la seguridad de funcionamiento haga necesario emplear otras técnicas y cuando sea necesario cumplir una norma de calidad medioambiental nueva o revisada.

(38)

Como ha precisado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (18), los Estados miembros no pueden restringir el derecho de impugnación de una decisión de una autoridad pública a los miembros del público interesado que hayan intervenido en el procedimiento administrativo anterior para adoptar dicha decisión. Como también ha aclarado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (19), el acceso efectivo a la justicia en materia de medio ambiente y disponer de recursos suficientes y efectivos, entre otras cosas, que los miembros del público interesado tengan derecho a solicitar a un órgano jurisdiccional o a un órgano independiente e imparcial competente que adopte medidas provisionales que puedan prevenir un caso concreto de contaminación, incluida, en su caso, la suspensión temporal de la autorización impugnada. Por lo tanto, conviene precisar que la legitimación no debe supeditarse al papel desempeñado por el miembro del público interesado durante una fase participativa de los procedimientos de toma de decisiones, en particular en lo que respecta a la concesión de permisos y al cierre de emplazamientos, con arreglo a la presente Directiva. Además, todo procedimiento de revisión debe ser justo, equitativo, oportuno y no excesivamente costoso, y debe ofrecer recursos suficientes y efectivos, incluida una orden de reparación si procede. En relación con las instalaciones ganaderas, la suspensión de las operaciones debe entenderse estrictamente sin perjuicio de la continuación de las actividades necesarias para el bienestar de los animales.

(39)

Cuando más de un Estado miembro pueda verse afectado por el funcionamiento de una instalación, la cooperación transfronteriza debe tener lugar antes de la concesión de permisos, y debe incluir información y consultas previas a los miembros del público interesado y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros que puedan verse afectados.

(40)

La evaluación de la Directiva 2010/75/UE concluyó que, si bien está destinada a fomentar la transformación de la industria europea, no es lo suficiente dinámica ni apoya de forma suficiente el despliegue de procesos y técnicas innovadoras, incluidos los que son esenciales para la doble transición ecológica y digital y la consecución de los objetivos de la Legislación Europea sobre el Clima. Sin prescribir el uso de ninguna técnica o tecnología específica, procede, por tanto, facilitar el ensayo y la implantación de técnicas emergentes con un mejor desempeño medioambiental, a fin de facilitar la cooperación con los investigadores y las industrias en proyectos de investigación financiados con fondos públicos con arreglo a las condiciones previstas en los correspondientes instrumentos de financiación europeos y nacionales, así como crear un centro específico de apoyo a la innovación mediante la recopilación y el análisis de información sobre técnicas emergentes que sean pertinentes para las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, incluida la cría de aves de corral y cerdos, y para calificar su nivel de desarrollo desde la investigación hasta su implantación utilizando la escala de nivel de madurez tecnológica (TRL, por sus siglas en inglés), así como para evaluar el nivel del desempeño medioambiental de dichas técnicas, teniendo en cuenta al mismo tiempo cualquier posible limitación en relación con la disponibilidad de los datos y su solidez. Esto también va a servir de base para el intercambio de información sobre la elaboración, revisión y actualización de los documentos de referencia MTD. Las técnicas emergentes que debe analizar el centro deben estar al menos al nivel TRL 6-7, a saber, tecnología demostrada en un entorno relevante (entorno industrial pertinente en el caso de las tecnologías facilitadoras esenciales) o demostración de sistema o prototipo en un entorno real.

(41)

La consecución de los objetivos de la Unión en relación con una economía limpia, circular y climáticamente neutra de aquí a 2050 requiere una profunda transformación de la economía de la Unión. En consonancia con el Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, los titulares de instalaciones cubiertas por la Directiva 2010/75/UE deben, por tanto, presentar planes de transformación en sus sistemas de gestión ambiental. Dichos planes de transformación también van a complementar los requisitos de información corporativa en materia de sostenibilidad en el marco de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (20) al ofrecer medios para la aplicación de dichos requisitos en la instalación. La principal prioridad debe ser la transformación de las actividades de gran consumo energético enumeradas en el anexo I. Por lo tanto, los titulares de instalaciones de gran consumo de energía deben elaborar planes de transformación antes del 30 de junio de 2030. Debe requerirse a los titulares de instalaciones que realicen otras actividades enumeradas en el anexo I que elaboren planes de transformación como parte de la revisión y actualización del permiso tras la publicación de las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD después del 1 de enero de 2030. Los titulares deben estar autorizados a elaborar un único plan de transformación que abarque todas las instalaciones bajo su control en un Estado miembro y, cuando los elementos de los planes de transformación ya se hayan elaborado en otros documentos y cumplan los requisitos de la Directiva 2010/75/UE, debe permitirse a los titulares incluir en el plan de transformación una referencia a los documentos pertinentes. Si bien los planes de transformación deben seguir siendo documentos indicativos elaborados bajo la responsabilidad de los titulares, el organismo de evaluación de la conformidad o el verificador medioambiental contratados por estos como parte de sus sistemas de gestión ambiental debe comprobar que contienen la información mínima exigida con arreglo a un acto delegado que deba adoptar la Comisión, y los titulares deben hacer públicos los planes de transformación.

(42)

Las herramientas digitales, como los sistemas de gestión digitalizados, podrían ayudar a evaluar cuantitativa y cualitativamente y gestionar los riesgos asociados a la contaminación así como ayudar a los titulares a transformar sus instalaciones.

(43)

Se requiere mayor claridad en cuanto a los criterios para evaluar si los gases o líquidos limpios procedentes de la gasificación y la pirólisis de los residuos se purifican en tal medida que dejan de ser residuos antes de su incineración.

(44)

Habida cuenta del elevado número de instalaciones de cría que deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE y de la relativa simplicidad de los procesos y pautas de emisión de dichas instalaciones, conviene establecer procedimientos administrativos específicos para la expedición de permisos y para la explotación de las actividades pertinentes que se adapten al sector, sin perjuicio de los requisitos relativos a la información y participación públicas, el seguimiento y el cumplimiento. Esto permitiría la adopción de normas generales de carácter vinculante a escala nacional y el registro de las instalaciones ganaderas en lugar de la expedición de permisos individuales a dichas instalaciones. Los Estados miembros deben asegurarse de que las normas generales de carácter vinculante y los procedimientos de registro garanticen un nivel elevado de protección del medio ambiente equivalente al alcanzable mediante las condiciones de un permiso individual.

(45)

Se espera que las técnicas innovadoras que entren en el mercado reduzcan cada vez más las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero procedentes de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación tanto de la Directiva 2003/87/CE como de la Directiva 2010/75/UE. Si bien esto permitirá crear nuevas sinergias entre estas Directivas, puede afectar a su funcionamiento, incluso en el mercado del carbono. La Directiva 2003/87/CE contiene, a este respecto, una disposición para revisar la eficacia de las sinergias con la Directiva 2010/75/UE y requiere que se coordinen los permisos pertinentes para el medio ambiente y el clima con el fin de garantizar una ejecución eficiente y rápida de las medidas necesarias para cumplir los objetivos climáticos y energéticos de la Unión. A fin de tener en cuenta la dinámica de la innovación a este respecto y la revisión a que se refiere al artículo 8 de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se revise la aplicación de la Directiva 2010/75/UE, a más tardar en 2028 y posteriormente cada cinco años.

(46)

Sobre la base de la simplificación de los informes realizados en virtud de la Directiva 2010/75/UE, la Comisión debe seguir simplificando el modo en que los Estados miembros ponen a disposición la información con arreglo a dicha Directiva con otros requisitos pertinentes del Derecho de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2024/1244 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). La información comunicada debe permitir una revisión significativa de la aplicación y de los resultados obtenidos en relación con las emisiones y otras formas de contaminación, los valores límite de emisión, la aplicación de las MTD, la concesión de exenciones y el estado de funcionamiento de las instalaciones. A tal fin, la Comisión debe actualizar, a más tardar el 5 de agosto de 2026, la decisión de ejecución que establezca el tipo, el formato y la frecuencia de la comunicación de información por parte de los Estados miembros.

(47)

A fin de garantizar que la Directiva 2010/75/UE sigue cumpliendo sus objetivos de prevenir o reducir las emisiones de contaminantes y lograr un elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, deben establecerse normas de funcionamiento para las actividades relacionadas con la cría de cerdos y de aves de corral, teniendo en cuenta las especificidades de cada sector de actividad. Deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para establecer condiciones uniformes. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (22). Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos.

(48)

La Comisión debe revisar la necesidad de controlar las emisiones procedentes de la exploración y producción terrestres y mar adentro de petróleo y gas, teniendo en cuenta el marco legislativo vigente de la Unión, incluido el Reglamento (UE) 2024/1787 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) y a la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (24), la necesidad de controlar las emisiones procedentes del tratamiento y la extracción in situ de minerales industriales no energéticos utilizados en la industria distinta de la construcción, así como la necesidad de controlar las emisiones procedentes del tratamiento y la extracción in situ de minerales que se lleven a cabo recientemente en la Unión, y la necesidad de revisar el umbral de actividad establecido en el anexo I para la producción de hidrógeno mediante electrolisis del agua.

(49)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la Directiva 2010/75/UE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución relativas al establecimiento de: i) una metodología normalizada para evaluar la desproporción entre los costes de aplicación de las conclusiones sobre las MTD y los posibles beneficios medioambientales de conformidad con el artículo 15, apartado 4, teniendo en cuenta métodos como el «valor de la vida estadística» (VSL, por sus siglas en inglés) o el «valor de un año de vida» (VOLY, por sus siglas en inglés), si procede; ii) una metodología normalizada para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 15, apartado 6; iii) el método de medición para evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en el permiso con respecto a las emisiones a la atmósfera y al agua; iv) las disposiciones detalladas necesarias para la creación y el funcionamiento del centro de innovación para la transformación industrial y las emisiones; v) el formato que debe utilizarse para los planes de transformación, y vi) qué información del SGA es pertinente para la publicación, la cual como mínimo debe incluir información sobre los indicadores y objetivos de desempeño medioambiental, así como sobre los avances hacia los objetivos medioambientales. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(50)

A fin de garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las obligaciones recogidas en la Directiva 2010/75/UE, es necesario especificar el contenido mínimo de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias. Las disparidades en los regímenes de sanciones, el hecho de que las sanciones impuestas se consideren en muchos casos demasiado bajas como para tener realmente un efecto disuasorio sobre los comportamientos ilícitos y la falta de aplicación uniforme entre los Estados miembros, menoscaban la igualdad de condiciones en materia de emisiones industriales en toda la Unión.

(51)

Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas al amparo de la presente Directiva y deben garantizar su aplicación. Los Estados miembros podrán establecer normas relativas a las sanciones tanto administrativas como penales. En cualquier caso, la imposición de sanciones penales y administrativas no debe dar lugar a una vulneración del derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por la misma infracción (principio de ne bis in idem), según la interpretación del Tribunal de Justicia. En el caso de las infracciones más graves cometidas por una persona jurídica, como las que supongan un alto nivel de gravedad debido a su naturaleza, alcance y repetición, o cuando dichas infracciones supongan un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente, los Estados miembros deben garantizar que su sistema nacional de sanciones incluya multas cuyo importe máximo sea al menos el 3 % del volumen de negocios anual en la Unión del titular en el ejercicio financiero anterior al año en que se imponga la multa. Por lo que respecta a dichas infracciones, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25), los Estados miembros pueden adoptar, simultánea o alternativamente, sanciones penales, siempre que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(52)

Cuando se hayan producido daños a la salud humana a consecuencia de una infracción de las medidas nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 2010/75/UE, los Estados miembros deben garantizar que las personas afectadas tengan derecho a reclamar y obtener una compensación por dichos daños de las correspondientes personas físicas o jurídicas. Dichas normas de compensación contribuyen a alcanzar los objetivos de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y de proteger la salud humana establecidos en el artículo 191 del TFUE. Además, sustentan el derecho a la vida, a la integridad de la persona y a la protección de la salud establecidos en los artículos 2, 3 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el derecho a una tutela judicial efectiva establecido en el artículo 47 de la Carta. Asimismo, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26) no concede a los particulares derecho a compensación por daños medioambientales o por una amenaza inminente de tales daños.

(53)

Es, por tanto, adecuado que la Directiva 2010/75/UE aborde el derecho a una compensación por los daños sufridos por los particulares y garantice que estos puedan defender sus derechos frente a los daños a la salud provocados por infracciones de la Directiva 2010/75/UE y asegurar, de este modo, una aplicación más eficaz de dicha Directiva. Los procedimientos relativos a las reclamaciones de compensación deben concebirse y aplicarse de manera que no hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a compensación por los daños.

(54)

La repercusión de la Directiva 2010/75/UE en la autonomía procesal de los Estados miembros debe limitarse a lo necesario para garantizar los objetivos que persigue de protección de la salud humana a través de un medio ambiente sano y no debe afectar a otras normas procesales nacionales que establecen el derecho a reclamar una compensación por las infracciones de dicha Directiva. Sin embargo, dichas normas nacionales no deben obstaculizar el funcionamiento eficaz del mecanismo de obtención de compensación requerido por la Directiva 2010/75/UE.

(55)

La Directiva 2010/75/UE ha sido aplicada de forma diferente entre los Estados miembros en lo relativo a la cobertura de las instalaciones de fabricación de productos cerámicos mediante horneado, ya que la redacción de la definición de esta actividad permitía a los Estados miembros decidir si aplicaban los dos criterios de capacidad de producción y capacidad de horno o solamente uno de ellos. Con el fin de garantizar una aplicación más coherente de dicha Directiva y de asegurar unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión, dichas instalaciones deben incluirse en el ámbito de aplicación de esta Directiva siempre que se cumpla uno de los dos criterios.

(56)

Cuando establezca valores límite de emisión para las sustancias contaminantes, la autoridad competente debe tener en cuenta todas las sustancias, incluidas las nuevas sustancias preocupantes, que puede emitir la instalación en cuestión y que puedan tener una repercusión importante en el medio ambiente o la salud humana. Al hacerlo, deben tenerse en cuenta las características peligrosas, la cantidad y la naturaleza de las sustancias emitidas y su potencial para contaminar cualquier medio natural. Las conclusiones sobre las MTD, en su caso, son el punto de referencia para seleccionar las sustancias para las que deben fijarse valores límite de emisión, aunque la autoridad competente puede decidir seleccionar sustancias adicionales. En la actualidad, las sustancias contaminantes se enumeran de manera no exhaustiva en el anexo II de la Directiva 2010/75/UE, lo cual no es compatible con el enfoque global de dicha Directiva y no refleja la necesidad de que las autoridades competentes tengan en cuenta todas las sustancias contaminantes pertinentes, incluidas las nuevas sustancias preocupantes. Por tanto, debe suprimirse esa lista no exhaustiva de sustancias contaminantes. En su lugar, debe hacerse referencia a la lista de contaminantes del anexo II del Reglamento (CE) n.o 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (27).

(57)

Aunque los vertederos están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE, no existen conclusiones sobre las MTD para los vertederos, ya que esta actividad entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/31/CE del Consejo (28) y los requisitos de esta última Directiva se consideran MTD. Dado el desarrollo técnico y la innovación que se han producido desde la adopción de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, ya se dispone de técnicas más eficaces para proteger la salud humana y el medio ambiente. La adopción de conclusiones sobre las MTD en virtud de la Directiva 2010/75/UE permitiría abordar las principales cuestiones medioambientales relacionadas con el funcionamiento de los vertederos, incluidas las emisiones significativas de metano. Por consiguiente, la Directiva 1999/31/CE debe permitir la adopción de conclusiones sobre las MTD con respecto a los vertederos con arreglo a la Directiva 2010/75/UE.

(58)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y mejorar la calidad medioambiental, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al carácter transfronterizo de la contaminación procedente de las actividades industriales, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(59)

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, es necesario y conveniente para alcanzar el objetivo fundamental de garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y mejorar la calidad del medio ambiente regular la prevención y el control integrados de la contaminación derivada de las actividades industriales y de cría de ganado. La presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del TUE.

(60)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (29), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(61)

Las instalaciones de combustión que forman parte de pequeñas redes aisladas pueden enfrentarse, debido a su ubicación geográfica y a la falta de interconexión con la red continental de los Estados miembros o con la red de otro Estado miembro, a retos especiales que requieren más tiempo para cumplir los valores límite de emisión. Los Estados miembros afectados deben establecer un plan de cumplimiento que abarque las instalaciones de combustión que formen parte de una pequeña red aislada y en el que se expongan las medidas para garantizar el cumplimiento de los valores límite de emisión a más tardar el 31 de diciembre de 2029. El plan debe describir las medidas para garantizar el cumplimiento con la presente Directiva y las medidas para reducir al máximo la magnitud y la duración de las emisiones contaminantes durante el período que abarque el plan, así como incluir información sobre las medidas de gestión de la demanda y las opciones de cambio a combustibles más limpios o de alternativas más limpias, como el despliegue de energías renovables y la interconexión con las redes continentales o con la red de otro Estado miembro. Los Estados miembros afectados deben comunicar su plan de cumplimiento a la Comisión. Los Estados miembros deben actualizar el plan en caso de que la Comisión formule objeciones. Los Estados miembros afectados deben informar anualmente sobre los avances realizados para lograr el cumplimiento.

(62)

Al objeto de conceder a los Estados miembros, las autoridades competentes y las instalaciones tiempo suficiente para cumplir las nuevas disposiciones y también conceder tiempo a la Comisión para adoptar nuevas conclusiones sobre las MTD que tengan en cuenta las nuevas disposiciones, deben establecerse disposiciones transitorias. Para garantizar la seguridad jurídica, es necesario establecer una fecha fija en la que deban cumplirse las disposiciones a más tardar. Por lo que se refiere al proceso de Sevilla y al número de documentos de referencia MTD que hayan de revisarse, dicha fecha debe fijarse en doce años para las actividades en curso y diez años para las actividades nuevas. Esto no impide que las conclusiones sobre las MTD se adopten y apliquen antes, lo que se espera para la mayoría de las actividades dentro del campo de aplicación de la presente Directiva. Las instalaciones existentes deben cumplir las disposiciones de la Directiva 2010/75/UE en su versión en vigor el 3 de agosto de 2024, hasta que se disponga de nuevas conclusiones sobre las MTD o se actualice el permiso.

(63)

Por lo tanto, procede modificar las Directivas 2010/75/UE y 1999/31/CE en consecuencia.

1)

El título se sustituye por el texto siguiente:

«Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre emisiones industriales y emisiones derivadas de la cría de ganado (prevención y control integrados de la contaminación)».

2)

En el artículo 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«En ella se establecen también normas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir de forma continua las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, evitar la generación de residuos, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y promover la economía circular y la descarbonización, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente considerado en su conjunto.».

3)

En el artículo 2, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   La presente Directiva se aplicará a las actividades industriales que generen contaminación mencionadas en los capítulos II a VI bis.».

4)

El artículo 3 se modifica como sigue:

5)

En el artículo 4, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán establecer un procedimiento para el registro de las instalaciones a las que se aplican únicamente los capítulos V y VI bis.».

6)

En el artículo 5 se añade el apartado siguiente:

«4.   Los Estados miembros desarrollarán sistemas de permisos electrónicos de las instalaciones y aplicarán procedimientos de permisos electrónicos a más tardar el 31 de diciembre de 2035.

La Comisión organizará un intercambio de información con los Estados miembros sobre permisos electrónicos y publicará orientaciones sobre las mejores prácticas.».

7)

Los artículos 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 7

Incidentes y accidentes

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*3), en caso de cualquier incidente o accidente que afecte de forma significativa a la salud humana o al medio ambiente, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que:

En el caso de que la contaminación afecte a los recursos de agua potable, incluidos los de índole transfronteriza, o a las infraestructuras dedicadas a las aguas residuales en el caso de un vertido indirecto, la autoridad competente informará a los titulares de instalaciones de agua potable y aguas residuales afectados de las medidas adoptadas para prevenir los daños que esté provocando dicha contaminación a la salud humana y al medio ambiente o para reparar los daños causados por ella.

En caso de cualquier incidente o accidente que afecte significativamente a la salud humana o al medio ambiente en otro Estado miembro, el Estado miembro en cuyo territorio se haya producido el accidente o incidente se asegurará de que se informa inmediatamente a la autoridad competente del otro Estado miembro. La cooperación transfronteriza y multidisciplinar entre los Estados miembros afectados tendrá por objeto limitar las consecuencias para el medio ambiente y la salud humana y prevenir nuevos incidentes o accidentes.

Artículo 8

Incumplimiento

1.   Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que se cumplan las condiciones del permiso.

Asimismo, adoptarán medidas de garantía del cumplimiento para promover, monitorizar y hacer cumplir las obligaciones impuestas a las personas físicas o jurídicas en virtud de la presente Directiva.

2.   En caso de infracción de las condiciones del permiso, los Estados miembros garantizarán que:

3.   En caso de que la infracción de las condiciones del permiso suponga un peligro inminente para la salud humana o amenace con causar un efecto nocivo inmediato significativo en el medio ambiente, y en tanto no pueda volver a asegurarse el cumplimiento con arreglo al apartado 2, letras b) y c), se suspenderá sin demora la explotación de las instalaciones, instalaciones de combustión, incineración de residuos, coincineración de residuos o de la parte correspondiente.

En caso de que tal infracción amenace la salud humana o el medio ambiente en otro Estado miembro, el Estado miembro en cuyo territorio se haya producido la infracción de las condiciones del permiso se asegurará de que se informa al otro Estado miembro.

4.   En las situaciones no contempladas en el apartado 3 del presente artículo, cuando la infracción continuada de las condiciones del permiso constituya un peligro para la salud humana o cause un efecto nocivo significativo en el medio ambiente, y cuando no se hayan aplicado las medidas necesarias para restablecer el cumplimiento señaladas en el informe de inspección mencionado en el artículo 23, apartado 6, la autoridad competente podrá suspender la explotación de la instalación, de las instalaciones de combustión, incineración de residuos, coincineración de residuos o de la parte correspondiente de estas hasta que se restablezca el cumplimiento de las condiciones del permiso.

5.   Los Estados miembros garantizarán que se apliquen de manera efectiva las medidas de suspensión a que se refieren los apartados 3 y 4, adoptadas por las autoridades competentes en relación con titulares de instalaciones que infrinjan las disposiciones nacionales adoptadas en virtud de la presente Directiva.

6.   En el caso de que un incumplimiento afecte a los recursos de agua potable, incluidos los de índole transfronteriza, o a las infraestructuras dedicadas a las aguas residuales en el caso de un vertido indirecto, la autoridad competente informará a los titulares de instalaciones de agua potable y aguas residuales afectados, así como a todas las autoridades pertinentes encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación medioambiental de que se trate, de la infracción y de las medidas adoptadas para prevenir los daños que se causen, o reparar los daños causados, a la salud humana y al medio ambiente.

(*3)  Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143 de 30.4.2004, p. 56).»."

8)

En el artículo 9, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Por lo que se refiere a las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros podrán optar por no imponer los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 1, letra a bis), y el artículo 15, apartado 4, de la presente Directiva en relación con la eficiencia energética respecto de las unidades de combustión o de otro tipo que emitan dióxido de carbono en el emplazamiento.».

9)

En el artículo 11, la letra f) se modifica como sigue:

10)

En el artículo 11 se insertan los puntos siguientes:

11)

En el artículo 12, apartado 1, las letras b), c) y f) se sustituyen por el texto siguiente:

12)

El artículo 13 se modifica como sigue:

13)

El artículo 14 se modifica como sigue:

14)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 14 bis

Sistema de gestión ambiental

1.   Los Estados miembros exigirán al titular que elabore y aplique, en cada instalación incluida en el ámbito de aplicación del presente capítulo, un sistema de gestión ambiental (SGA). El SGA incluirá los elementos enumerados en el apartado 2 y cumplirá las conclusiones sobre las MTD que determinan los aspectos que deben tratarse en el SGA.

2.   El SGA comprenderá, como mínimo, lo siguiente:

3.   El nivel de detalle del SGA será coherente con la naturaleza, escala y complejidad de la instalación y con el abanico de impactos ambientales que pueda tener.

Cuando los elementos que deban estar incluidos en el SGA, entre ellos objetivos, indicadores de rendimiento o medidas, ya se hayan desarrollado de conformidad con otra legislación de la Unión pertinente y cumplan lo dispuesto en el presente artículo, bastará con hacer referencia en el SGA a los documentos pertinentes.

4.   Los Estados miembros garantizarán que la información pertinente que figura en el SGA y se enumera en el apartado 2 esté disponible en internet, de forma gratuita y sin restringir el acceso a los usuarios registrados.

A más tardar el 31 de diciembre de 2025, la Comisión adoptará un acto de ejecución sobre qué información es pertinente a efectos de publicación. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 75, apartado 2.

La información podrá no mostrarse o, si ello no fuera posible, excluirse cuando esté disponible en internet, si la divulgación de la información pudiera afectar negativamente a cualquiera de los intereses enumerados en el artículo 4, apartado 2, letras a) a h), de la Directiva 2003/4/CE.

El titular preparará y aplicará el SGA de conformidad con las conclusiones sobre las MTD pertinentes para el sector a más tardar el 1 de julio de 2027, excepto en el caso de las instalaciones a que se refiere el artículo 3, apartado 4, de la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo (*4).

Se revisará periódicamente el SGA para garantizar que siga siendo adecuado, suficiente y eficaz.

El SGA se auditará por primera vez a más tardar el 1 de julio de 2027, excepto en el caso de las instalaciones a que se refiere el artículo 3, apartado 4, de la Directiva (UE) 2024/1785. El SGA será auditado al menos cada tres años por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado con arreglo al Reglamento (CE) n.o 765/2008 o por un verificador medioambiental acreditado o autorizado, tal como se define en el artículo 2, punto 20, del Reglamento (CE) n.o 1221/2009, que verificará la conformidad del SGA, y de su aplicación, con el presente artículo.

(*4)  Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, por la que se modifican la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) y la Directiva 1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos (DO L, 2024/1785, 15.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1785/oj).»."

15)

El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 15

Valores límite de emisión, valores límite de desempeño medioambiental, parámetros equivalentes y medidas técnicas

1.   Los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes se aplicarán en el punto en que las emisiones salgan de la instalación, y cualquier dilución antes de ese punto no se tendrá en cuenta al determinar esos valores.

En lo que se refiere a los vertidos indirectos al agua de sustancias contaminantes, el efecto de una planta de tratamiento de aguas residuales que se encuentre fuera de la instalación podrá tenerse en cuenta a la hora de determinar los valores límite de emisión de la instalación en cuestión, siempre que ello no dé lugar a niveles más elevados de contaminación en el medio ambiente, se garantice un nivel equivalente de protección del medio ambiente en su conjunto y el titular garantice, en consulta con el titular de la planta de tratamiento de aguas residuales, que las emisiones indirectas no comprometen el cumplimiento de las disposiciones de la autorización de la planta de tratamiento de aguas residuales con arreglo a la presente Directiva o de la autorización específica con arreglo a la Directiva 91/271/CEE y que se cumplen los siguientes requisitos:

La autoridad competente especificará en un anexo a las condiciones del permiso los motivos de la aplicación del párrafo segundo, con inclusión del resultado de la evaluación, por parte del titular, del cumplimiento de las condiciones requeridas.

El titular proporcionará una evaluación actualizada en los casos en los que deban modificarse las condiciones del permiso para garantizar que se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo segundo, letras a) a d).

2.   Sin perjuicio del artículo 18, los valores límite de emisión, los parámetros equivalentes y las medidas técnicas a que se hace referencia en el artículo 14, apartados 1 y 2, se basarán en las MTD, sin prescribir la utilización de una técnica o tecnología específica.

3.   La autoridad competente establecerá los valores límite de emisión más estrictos que puedan alcanzarse mediante la aplicación de las MTD en la instalación, teniendo en cuenta todo el intervalo de niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles (NEA-MTD), para garantizar que, en condiciones normales de funcionamiento, las emisiones no superan los NEA-MTD establecidos en las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD a que se refiere el artículo 13, apartado 5. Los valores límite de emisión se basarán en una evaluación realizada por el titular de todo el intervalo de NEA-MTD en la que se analice la viabilidad de cumplir el extremo más estricto del intervalo de niveles de emisión asociados a las MTD y se demuestre el mejor desempeño global que la instalación puede lograr aplicando las MTD descritas en las conclusiones sobre las MTD, habida cuenta de los posibles efectos entre distintos medios. Los valores límite de emisión se fijarán de una de las maneras siguientes:

Cuando los valores límites de emisión se establezcan de acuerdo a la letra b), la autoridad competente evaluará al menos una vez al año los resultados de la monitorización de las emisiones para garantizar que las emisiones en condiciones normales de funcionamiento no hayan superado los NEA-MTD.

Podrán aplicarse las normas generales de carácter vinculante a que se refiere el artículo 6 al establecer los valores límite de emisión pertinentes con arreglo al presente artículo.

Si se adoptan normas generales de carácter vinculante, se establecerán los valores límite de emisión más estrictos que puedan alcanzarse mediante la aplicación de las MTD para las categorías de instalaciones con características similares que sean pertinentes para determinar los niveles de emisión más bajos que pueden alcanzarse teniendo en cuenta todo el intervalo de NEA-MTD. El Estado miembro establecerá las normas generales de carácter vinculante a partir de la información contenida en las conclusiones sobre las MTD en la que se analice la viabilidad de cumplir el extremo más estricto del intervalo de NEA-MTD y se demuestre el mejor desempeño que dichas categorías de instalaciones pueden alcanzar aplicando las MTD tal y como se describen en las conclusiones sobre las MTD.

4.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, la autoridad competente establecerá, para las condiciones normales de funcionamiento, rangos vinculantes de desempeño medioambiental que no deban superarse durante uno o varios períodos, tal y como se establezca en las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD a que se refiere el artículo 13, apartado 5.

Asimismo, la autoridad competente:

5.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 3, y sin perjuicio del artículo 18, la autoridad competente podrá fijar, en determinados casos, valores límite de emisión más elevados que los NEA-MTD. Tal exención podrá invocarse únicamente si una evaluación demuestra que la consecución de los NEA-MTD tal y como se describen en las conclusiones sobre las MTD daría lugar a unos costes desproporcionadamente más elevados en comparación con el beneficio ambiental debido a:

La autoridad competente documentará en un anexo a las condiciones del permiso los motivos por los que puede dejar de aplicarse el apartado 3 y el resultado de la evaluación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado y la justificación de las condiciones impuestas.

Sin embargo, los valores establecidos de conformidad con el párrafo primero no podrán superar los valores límite de emisión establecidos en los anexos a la presente Directiva, si procede.

Las exenciones concedidas de conformidad con el presente apartado respetarán los principios establecidos en el anexo II. La autoridad competente garantizará que el titular facilite una evaluación del impacto de la exención en la concentración de los contaminantes en cuestión en el medio receptor y, en todo caso, garantizará que no se produzca ninguna contaminación significativa y que se alcance un nivel elevado de protección del medio ambiente en su conjunto. No se concederán exenciones cuando puedan poner en peligro el cumplimiento de las normas de calidad medioambiental a que se refiere el artículo 18.

La autoridad competente volverá a evaluar si las exenciones concedidas de conformidad con el presente apartado están justificadas, cada cuatro años a partir de su concesión o como parte de cada revisión de las condiciones del permiso con arreglo al artículo 21, cuando dicha revisión tenga lugar antes de dicho período de cuatro años.

La Comisión adoptará un acto de ejecución para establecer una metodología normalizada para evaluar la desproporción entre los costes de aplicación de las conclusiones sobre las MTD y los posibles beneficios medioambientales a que se refiere el párrafo primero. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 75, apartado 2.

6.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 4, la autoridad competente podrá fijar, en determinados casos, rangos vinculantes de desempeño medioambiental o valores límite de desempeño medioambiental menos estrictos. Esa exención podrá invocarse únicamente si una evaluación demuestra que la consecución de los niveles de desempeño asociados a las mejores técnicas disponibles, tal como se describen en las conclusiones sobre las MTD, va a dar lugar a efectos negativos significativos en el medio ambiente —entre ellos los efectos cruzados entre distintos medios— o efectos económicos importantes debido a:

La autoridad competente documentará en un anexo a las condiciones del permiso los motivos por los que puede dejar de aplicarse el apartado 4 y el resultado de la evaluación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado y la justificación de las condiciones impuestas.

La autoridad competente garantizará que el funcionamiento con arreglo a un rango vinculante de desempeño medioambiental o un valor límite de desempeño medioambiental menos estricto no cause efectos significativos en el medio ambiente, entre ellos el agotamiento de los recursos hídricos, y alcance un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto.

La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una metodología normalizada para realizar la evaluación a que se refiere el párrafo primero. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 75, apartado 2.

7.   Como excepción a lo dispuesto en los apartados 3 y 4, y siempre que no se produzca una contaminación significativa y se hayan agotado todas las medidas que den lugar a una menor contaminación, la autoridad competente podrá fijar valores límite de emisión o valores límite de desempeño medioambiental menos estrictos en caso de crisis debida a circunstancias extraordinarias que escapen al control del titular y de los Estados miembros, que provoque una grave perturbación o escasez de:

La exención no se concederá durante más de tres meses. Si las razones que justifican la concesión de una exención persisten, esta podrá prorrogarse durante un período máximo de tres meses.

Tan pronto como se restablezcan las condiciones de suministro o cuando exista una alternativa a los suministros de energía, los recursos, los materiales o los equipos, el Estado miembro se asegurará de que la decisión de establecer valores límite de emisión y valores límite de desempeño medioambiental menos estrictos deje de surtir efecto, y la instalación cumplirá las condiciones del permiso establecidas de conformidad con los apartados 3 y 4.

Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar la monitorización las emisiones resultantes de la exención a que se refiere el párrafo primero.

La autoridad competente pondrá a disposición del público información sobre la exención y las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 24, apartado 2.

Cuando sea necesario, la Comisión podrá evaluar y aclarar más aún, mediante orientaciones, los criterios que deben tenerse en cuenta para la aplicación del presente apartado.

Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier exención concedida en virtud del presente apartado, incluidas las razones que justifican la concesión de la exención y las condiciones impuestas.

La Comisión evaluará si la exención concedida está justificada teniendo debidamente en cuenta los criterios determinados en el presente apartado. Si la Comisión formula objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación del Estado miembro, los Estados miembros revisarán sin demora la exención en consecuencia.».

16)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 15 bis

Evaluación del cumplimiento

1.   A efectos de evaluar el cumplimiento de los valores límite de emisión en condiciones normales de funcionamiento de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letra h), la corrección efectuada en las mediciones realizadas para determinar los valores medios de emisión validados no excederá la incertidumbre de medida del método de medición.

2.   La Comisión adoptará, a más tardar el 1 de septiembre de 2026, un acto de ejecución por el que se establezca el método para evaluar en condiciones normales de funcionamiento el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos en el permiso con respecto a las emisiones a la atmósfera y al agua. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 75, apartado 2.

El método mencionado en el párrafo primero abordará, como mínimo, la determinación de los valores medios de emisión validados y establecerá cómo deben tenerse en cuenta en la evaluación del cumplimiento la incertidumbre de medida y la frecuencia de superación de los valores límite de emisión.

3.   Cuando a una instalación incluida en el ámbito de aplicación del presente capítulo también se le apliquen los capítulos III o IV y, de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, se haya demostrado el cumplimiento de los valores límite de emisión de acuerdo con el presente capítulo, se considerará que la instalación cumple también los valores límite de emisión establecidos de conformidad con los capítulos III o IV para los contaminantes de que se trate en condiciones normales de funcionamiento.».

17)

En el artículo 16, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   La frecuencia de la monitorización periódica indicada en el artículo 14, apartado 1, letra e), será fijada por la autoridad competente en un permiso para cada instalación o bien en normas generales de carácter vinculante.

Sin perjuicio del párrafo primero, la monitorización periódica se efectuará tal como se establece en las conclusiones sobre las MTD, cuando proceda, y como mínimo cada cuatro años para las aguas subterráneas y cada nueve años para el suelo, a menos que dicha monitorización se base en una evaluación sistemática del riesgo de contaminación.».

18)

En el artículo 16, se añade el apartado siguiente:

«3.   El control de calidad de los laboratorios que efectúen la monitorización se basará en las normas CEN pertinentes o, en caso de no disponerse de normas CEN, en las normas ISO u otras normas nacionales o internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente.».

19)

En el artículo 16, se añade el apartado siguiente:

«4.   Cuando la evaluación contemplada en el artículo 15, apartado 5, demuestre que la exención tiene un efecto cuantificable o mensurable en el medio ambiente, los Estados miembros garantizarán que la concentración de los contaminantes en cuestión se monitorice en el medio receptor. Cuando proceda, se utilizarán los métodos de monitorización y medición de cada contaminante establecidos en otra legislación de la Unión pertinente a efectos de la monitorización al que se refiere el presente apartado.».

20)

El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 18

Normas de calidad medioambiental

Cuando una norma de calidad medioambiental requiera condiciones más estrictas que las que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores técnicas disponibles, se podrán incluir medidas complementarias en el permiso, con el fin de reducir la contribución específica de la instalación a la contaminación que se produce en la zona en cuestión, sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse para cumplir las normas de calidad medioambiental.

Cuando se hayan incluido condiciones más estrictas en el permiso de conformidad con el párrafo primero, la autoridad competente evaluará los efectos de esas condiciones más estrictas en la concentración de los contaminantes en cuestión en el medio receptor.

Cuando la carga de contaminantes emitidos por la instalación tenga un efecto cuantificable o mensurable en el medio ambiente, los Estados miembros garantizarán que la concentración de los contaminantes en cuestión se monitorice en el medio receptor. Los resultados de dicha monitorización se transmitirán a la autoridad competente.

Cuando los métodos de monitorización y medición de los contaminantes en cuestión se establezcan en otra legislación de la Unión pertinente, dichos métodos, incluidos los métodos basados en los efectos cuando proceda, se utilizarán a efectos de la monitorización a que se refiere el párrafo tercero.».

21)

En el artículo 20, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el titular comunique a la autoridad competente cualquier cambio previsto en el carácter o el funcionamiento de la instalación, o cualquier ampliación de esta, que pueda tener consecuencias en el medio ambiente a su debido tiempo y, en todo caso, antes de la aplicación de cualquier cambio o ampliación de este tipo. Cuando resulte necesario, la autoridad competente procederá a la actualización del permiso. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la autoridad competente reaccione a su debido tiempo a la información facilitada por el titular.».

22)

En el artículo 21, apartado 3, párrafo primero, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

23)

En el artículo 21, apartado 5, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:

24)

En el artículo 21, apartado 5, se añade la letra siguiente:

25)

En el artículo 23, apartado 4, el párrafo quinto se sustituye por el texto siguiente:

«La Comisión establecerá y, cuando proceda, actualizará de forma regular orientaciones relativas a los criterios para la evaluación de los riesgos medioambientales.».

26)

El artículo 24 se modifica como sigue:

27)

En el artículo 25, apartado 1, se añaden los párrafos siguientes:

«La legitimación en el procedimiento de recurso no se supeditará al papel desempeñado por el miembro del público interesado durante una fase participativa de los procedimientos de toma de decisiones con arreglo a la presente Directiva.

El procedimiento de recurso será justo, equitativo, oportuno y no excesivamente costoso, y ofrecerá recursos suficientes y efectivos, incluida una orden de reparación si procede.».

28)

En el artículo 26, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   En caso de que un Estado miembro constate que el funcionamiento de una instalación podría tener efectos negativos significativos en el medio ambiente en otro Estado miembro, o cuando un Estado miembro que podría verse afectado significativamente lo solicite, el Estado miembro en cuyo territorio se haya presentado la solicitud de un permiso con arreglo al artículo 4 o al artículo 20, apartado 2, remitirá al otro Estado miembro, al mismo tiempo que la haga pública, cualquier información que deba facilitar o poner a disposición con arreglo al anexo IV. Sobre la base de dicha información, se celebrarán consultas entre los dos Estados miembros, garantizando, a su vez, que las observaciones realizadas por el Estado miembro que podría verse significativamente afectado se faciliten antes de que la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se haya solicitado el permiso adopte su decisión. Si el Estado miembro que podría verse afectado de forma significativa no formula ninguna observación en el plazo de consulta del público interesado, la autoridad competente continuará con el procedimiento de permiso.

2.   Los Estados miembros garantizarán que, en los casos mencionados en el apartado 1, la solicitud de un permiso se ponga también a disposición del público del Estado miembro que podría verse afectado significativamente para que se formulen observaciones y que permanezca disponible durante un plazo igual al que estaba disponible en el Estado miembro en el que se formuló la solicitud.».

29)

Tras el artículo 26, se inserta el título siguiente:

« CAPÍTULO II BIS

FACILITAR Y PROMOVER LA INNOVACIÓN».

30)

El artículo 27 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 27

Técnicas emergentes

Los Estados miembros fomentarán, cuando proceda, el desarrollo y la aplicación de técnicas emergentes, en particular cuando dichas técnicas se hayan determinado en las conclusiones sobre las MTD, en los documentos de referencia MTD o en las conclusiones del centro de innovación para la transformación industrial y las emisiones a que se refiere el artículo 27 bis.».

31)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 27 bis

Centro de innovación para la transformación industrial y las emisiones

1.   La Comisión creará y gestionará un centro de innovación para la transformación industrial y las emisiones (en lo sucesivo, “centro” o “INCITE”).

2.   El centro recopilará y analizará información sobre técnicas innovadoras, con inclusión de técnicas emergentes y transformadoras, que contribuyan, entre otras cosas, a la minimización de la contaminación, a la descarbonización, a la eficiencia en el uso de los recursos, a una economía circular que utilice menos sustancias químicas o más seguras, pertinentes para las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, y clasificará su nivel de desarrollo y su desempeño medioambiental. La Comisión tendrá en cuenta las constataciones del centro al preparar el programa de trabajo para el intercambio de información a que se refiere el artículo 13, apartado 3, letra b), y al elaborar, revisar y actualizar los documentos de referencia MTD mencionados en el artículo 13, apartado 1.

3.   El centro estará asistido por:

4.   El centro hará públicas sus constataciones, teniendo en cuenta las restricciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 2003/4/CE.

La Comisión adoptará un acto de ejecución por el que se establezcan las disposiciones detalladas necesarias para creación y funcionamiento del centro. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 75, apartado 2.

Artículo 27 ter

Ensayo de técnicas emergentes

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, la autoridad competente podrá conceder exenciones temporales a los requisitos establecidos en el artículo 15, apartados 2, 3 y 4, y a los principios establecidos en el artículo 11, letras a) y b), para el ensayo de técnicas emergentes durante un período de tiempo no superior a 30 meses, siempre que, después del período especificado en el permiso, se pare el ensayo de la técnica o la actividad alcance, al menos, los NEA-MTD.

Artículo 27 quater

Niveles de emisión y valores indicativos de desempeño medioambiental asociados a técnicas emergentes

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 3, la autoridad competente podrá fijar:

Artículo 27 quinquies

Transformación hacia una industria limpia, circular y climáticamente neutra

1.   Los Estados miembros solicitarán que, a más tardar el 30 de junio de 2030, los titulares incluyan en su SGA un plan de transformación indicativo que contemple sus actividades tal como se enumeran en los puntos 1 a 4, 6.1 bis y 6.1 ter del anexo I. El plan de transformación contendrá información sobre cómo el titular va a transformar la instalación durante el período 2030-2050 a fin de contribuir al surgimiento de una economía sostenible, limpia, circular, eficiente en el uso de los recursos y climáticamente neutra de aquí a 2050, incluida, en su caso, la transformación industrial profunda a que se refiere el artículo 27 sexies.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, a más tardar un año después del plazo establecido en el párrafo primero del presente apartado, el organismo de auditoría a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 4, párrafo sexto, evalúe la conformidad de los planes de transformación mencionados en el párrafo primero del presente apartado con los requisitos establecidos en el acto delegado a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

2.   Los Estados miembros exigirán que, como parte de la revisión de las condiciones del permiso con arreglo al artículo 21, apartado 3, tras la publicación de las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD después del 1 de enero de 2030, el titular incluya en su SGA un plan de transformación para cada instalación que lleve a cabo cualquiera de las actividades enumeradas en el anexo I que no se mencionan en el apartado 1 del presente artículo. El plan de transformación contendrá información sobre cómo el titular va a transformar la instalación durante el período 2030-2050 a fin de contribuir al surgimiento de una economía sostenible, limpia, circular y climáticamente neutra de aquí a 2050, de conformidad con los requisitos establecidos en el acto delegado a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, a más tardar un año después de la finalización de la revisión a que se refiere el artículo 21, apartado 3, el organismo de auditoría a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 4, párrafo sexto, evalúe la conformidad de los planes de transformación mencionados en el párrafo primero con los requisitos establecidos en el acto delegado a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

3.   Cuando dos o más instalaciones estén bajo el control del mismo titular, o si las instalaciones están bajo el control de diferentes titulares que formen parte de la misma empresa, en el mismo Estado miembro, dichas instalaciones podrán estar cubiertas por un único plan de transformación.

Cuando algunos elementos de los planes de transformación ya se hayan desarrollado de conformidad con la legislación de la Unión y se ajusten al presente artículo, podrá hacerse referencia en el plan de transformación a los documentos pertinentes.

4.   El titular hará público su plan de transformación, las actualizaciones del plan de transformación, así como los resultados de la evaluación a que se refieren los apartados 1 y 2 como parte de la publicación de la información pertinente que figura en el SGA a que se refiere el artículo 14 bis, apartado 4.

5.   A más tardar el 30 de junio de 2026, la Comisión adoptará un acto delegado para completar la presente Directiva especificando el contenido de los planes de transformación, sobre la base de la información exigida en los apartados 1, 2 y 3.

A más tardar el 31 de diciembre de 2034, la Comisión revisará y, en su caso, modificará el acto delegado a que se refiere el párrafo primero.

Artículo 27 sexies

Transformación industrial profunda

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, en caso de transformación industrial profunda de la instalación establecida en el plan de transformación pertinente que contemple la instalación, la autoridad competente podrá ampliar el período para que la instalación cumpla las condiciones del permiso actualizadas a que se refiere el artículo 21, apartado 3, a un total de ocho años como máximo, siempre que:

Los Estados miembros informarán a la Comisión al menos una vez al año de las exenciones concedidas como parte de sus informes a la Comisión con arreglo al artículo 72.

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 18 y 22, en caso de transformación industrial profunda consistente en el cierre de una instalación y su sustitución por una nueva instalación establecida en el plan de transformación pertinente que abarque la instalación y que deba completarse en un plazo de ocho años a partir de la publicación de las decisiones relativas a las conclusiones sobre las MTD, de conformidad con el artículo 13, apartado 5, en relación con la actividad principal de la instalación existente, la autoridad competente podrá eximir de la obligación de actualizar el permiso de conformidad con el artículo 21, apartado 3, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

Los Estados miembros informarán a la Comisión al menos una vez al año de las exenciones concedidas como parte de sus informes con arreglo al artículo 72.».

32)

En el artículo 30, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.   La autoridad competente podrá conceder una exención por un máximo de seis meses, de la obligación de cumplir con los valores límite de emisión fijados en los apartados 2 y 3 para el dióxido de azufre en instalaciones de combustión que a tal fin utilicen habitualmente combustible de bajo contenido de azufre, cuando el titular no esté en condiciones de respetar dichos valores límite en razón de una interrupción en el abastecimiento de tal combustible como consecuencia de una grave escasez.

Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de toda exención concedida en virtud del párrafo primero, incluidas las razones que justifican la exención y las condiciones impuestas.».

33)

En el artículo 30, apartado 6, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«Los Estados miembros informarán inmediatamente a la Comisión de toda exención concedida en virtud del párrafo primero, incluidas las razones que justifican la exención y las condiciones impuestas.».

34)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 34 bis

Instalaciones de combustión que forman parte de una pequeña red aislada

1.   Hasta el 31 de diciembre de 2029, los Estados miembros podrán eximir a las instalaciones de combustión que formen parte de una pequeña red aislada a fecha de 4 de agosto de 2024 del cumplimiento de los valores límite de emisión mencionados en el artículo 30, apartado 2, y en el artículo 15, apartado 3, para el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas o, en su caso, de los índices de desulfuración a que se refiere el artículo 31. Deberán al menos mantenerse los valores límite de emisión establecidos en el permiso de tales instalaciones de combustión para el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas, con arreglo a los requisitos de las Directivas 2001/80/CE y 2008/1/CE.

Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar la monitorización de las emisiones y que no se produzca contaminación significativa alguna. Los Estados miembros únicamente podrán eximir a las instalaciones de los valores límite de emisión cuando se hayan agotado todas las medidas que den lugar a una menor contaminación. La exención no se podrá conceder durante un período más largo del necesario.

2.   A partir del 1 de enero de 2030, las instalaciones de combustión en cuestión cumplirán los valores límite de emisión para el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas establecidos en el anexo V, parte 2, y los valores límite de emisión a que se refiere el artículo 15, apartado 3, para el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas.

3.   Los Estados miembros que concedan exenciones con arreglo al apartado 1 del presente artículo aplicarán un plan de cumplimiento que abarque las instalaciones de combustión que se beneficien de tales exenciones. El plan de cumplimiento incluirá información sobre las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de los valores límite de emisión por parte de las instalaciones en cuestión, a más tardar el 31 de diciembre de 2029, en lo relativo al dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas establecidos en el anexo V, parte 2, y de los valores límite de emisión a que se refiere el artículo 15, apartado 3, para el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno y las partículas. El plan de cumplimiento también incluirá información sobre las medidas para minimizar la magnitud y la duración de las emisiones contaminantes durante el período que abarque el plan, así como información sobre las medidas de gestión de la demanda y las opciones de cambio a combustibles más limpios o a alternativas más limpias, como la implantación de energías renovables y la interconexión con las redes continentales.

4.   A más tardar el 5 de febrero de 2025, los Estados miembros comunicarán su plan de cumplimiento a la Comisión. La Comisión evaluará los planes y, si no plantea objeciones dentro de los 12 meses siguientes a haberlo recibido, el Estado miembro de que se trate lo considerará aprobado. En caso de que la Comisión plantee objeciones alegando que el plan no garantiza la conformidad de las instalaciones en cuestión a más tardar el 31 de diciembre de 2029 o no minimiza la magnitud y la duración de las emisiones contaminantes durante el período que abarque el plan, el Estado miembro en cuestión enviará a la Comisión un plan revisado en un plazo de seis meses a partir de la notificación de las objeciones por parte de la Comisión. Por lo que se refiere a la evaluación de la versión revisada de un plan que el Estado miembro comunique a la Comisión, el plazo indicado en la segunda frase será de seis meses.

5.   Los Estados miembros informarán a la Comisión de los avances realizados en relación con las acciones descritas en el plan de cumplimiento a más tardar el 5 de febrero de 2026 y al final de cada año natural a partir de ese momento. Los Estados miembros informarán a la Comisión de todo cambio posterior del plan de cumplimiento. Por lo que se refiere a la evaluación de la versión revisada de un plan que el Estado miembro envíe a la Comisión, el plazo indicado en el apartado 4, segunda frase, será de seis meses.

6.   El Estado miembro pondrá a disposición del público información sobre la exención y las condiciones impuestas de conformidad con el artículo 24, apartado 2.».

35)

En el artículo 42, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«El presente capítulo no se aplicará a las instalaciones de gasificación o pirólisis si los gases o los líquidos resultantes de este tratamiento térmico de los residuos son tratados antes de su incineración en tal medida que:

36)

En el artículo 48, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Los Estados miembros garantizarán que la monitorización de las emisiones se realice de conformidad con el anexo VI, partes 6 y 7.

También se realizará una monitorización de las emisiones a la atmósfera de las instalaciones de incineración y coincineración de residuos en condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento. Las emisiones durante la puesta en marcha y la parada cuando no se están incinerando residuos, incluidas las emisiones de PCDD/F y PCB similares a las dioxinas, se calcularán sobre la base de campañas de medición efectuadas a intervalos regulares, por ejemplo cada tres años, realizadas durante las operaciones de puesta en marcha o parada previstas. En la medida de lo posible, se evitarán o minimizarán las emisiones de PCDD/F y PCB similares a las dioxinas.».

37)

En el artículo 63, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Cuando una instalación existente sea objeto de una modificación sustancial o quede incluida en el ámbito de aplicación de la presente Directiva por primera vez como consecuencia de una modificación sustancial, la parte de la instalación que sea objeto de la modificación sustancial será tratada como instalación nueva.».

38)

En el artículo 70, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   La monitorización se realizará de conformidad con las normas CEN o, si no estuvieran disponibles, con las normas ISO, las normas nacionales o las normas internacionales que garanticen la obtención de datos de calidad científica equivalente, con las cuales será conforme el sistema de aseguramiento de la calidad del laboratorio que efectúe la monitorización.».

39)

Tras el artículo 70 se inserta el título siguiente:

« CAPÍTULO VI BIS

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA CRÍA DE AVES DE CORRAL Y CERDOS».

40)

Tras el título del capítulo VI bis se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 70 bis

Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplica a las actividades indicadas en el anexo I bis que alcancen los umbrales de capacidad establecidos en dicho anexo.

Artículo 70 ter

Norma de adición

1.   Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que, si dos o más instalaciones dedicadas a actividades de cría de ganado se encuentran próximas y tienen el mismo titular o si las instalaciones están bajo el control de titulares que mantienen una relación económica o jurídica, la autoridad competente podrá considerar esas instalaciones como una única unidad a efectos del cálculo del umbral de capacidad a que se refiere el artículo 70 bis.

Los Estados miembros garantizarán que la aplicación de la disposición a que se refiere el párrafo primero no se utilice para eludir las obligaciones establecidas en la presente Directiva.

2.   A más tardar el 5 de agosto de 2028, la Comisión publicará directrices, previa consulta a los Estados miembros, sobre los criterios para considerar diferentes instalaciones como una única unidad con arreglo al apartado 1.

Artículo 70 quater

Permisos y registros

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que ninguna instalación incluida en el ámbito de aplicación del presente capítulo funcione sin un permiso o sin estar registrada y que el funcionamiento de todas las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente capítulo cumpla las normas de funcionamiento en condiciones uniformes a que se refiere el artículo 70 decies.

Con el fin de evitar crear cargas administrativas, los Estados miembros podrán utilizar cualquier procedimiento similar preexistente de registro de instalaciones.

Los Estados miembros podrán aplicar un procedimiento de autorización para la cría intensiva de aves de corral y de cerdos:

Los Estados miembros podrán incluir requisitos para determinadas categorías de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente capítulo en las normas generales de carácter vinculante a que se refiere el artículo 6.

Los Estados miembros especificarán el procedimiento de registro o concesión de permisos para las instalaciones que entren en el ámbito de aplicación del presente capítulo. Dichos procedimientos incluirán, como mínimo, los elementos enumerados en el apartado 2.

2.   Los registros o las solicitudes de permisos contendrán al menos una descripción de los siguientes elementos:

3.   Las solicitudes incluirán también un resumen no técnico de los datos a que se refiere el apartado 2.

4.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el titular informe sin demora a la autoridad competente de cualquier modificación sustancial prevista en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del presente capítulo que pueda tener consecuencias para el medio ambiente. Cuando proceda, la autoridad competente reconsiderará la actualización del permiso o pedirá al titular que solicite un permiso o realice un nuevo registro.

5.   La Comisión evaluará las repercusiones de la aplicación de las normas de funcionamiento definidas en el artículo 70 decies y presentará, a más tardar once años después de la entrada en vigor del acto de ejecución a que se refiere el artículo 70 decies, apartado 2, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados de dicha evaluación.

Artículo 70 quinquies

Obligaciones del titular

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que el titular lleve a cabo un control de las emisiones y de los niveles de desempeño medioambiental asociados, de conformidad con la uniformidad de condiciones para las normas de funcionamiento mencionadas en el artículo 70 decies.

Los datos de control se obtendrán mediante métodos de medición o, cuando no sea posible, métodos de cálculo, tales como el uso de factores de emisión. Los métodos utilizados para obtener los datos de control se describirán en las normas de funcionamiento.

El titular llevará un registro de todos los resultados del control y los tratará durante un período mínimo de cinco años, de manera que se pueda verificar el cumplimiento de los valores límite de emisión y los valores límite de desempeño medioambiental establecidos en las normas de funcionamiento.

2.   En caso de incumplimiento de los valores límite de emisión y de los valores límite de desempeño medioambiental establecidos en las condiciones uniformes para las normas de funcionamiento del artículo 70 decies, los Estados miembros exigirán al titular que adopte las medidas necesarias para garantizar que se restablece el cumplimiento en el plazo más breve posible.

3.   El titular garantizará que toda gestión del estiércol, incluido la aplicación al campo de residuos, subproductos animales u otros desechos generados por la instalación se realice de acuerdo con las mejores técnicas disponibles, tal y como se especifica en las normas de funcionamiento y en otra legislación de la Unión pertinente, y no cause una contaminación significativa del medio ambiente.

Artículo 70 sexies

Control

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que se lleve a cabo un control adecuado con arreglo a las condiciones uniformes para las normas de funcionamiento a que se refiere el artículo 70 decies.

2.   Todos los resultados del control se registrarán, tratarán y presentarán de manera que la autoridad competente pueda comprobar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento, de los valores límite de emisión y de los valores límite de desempeño medioambiental incluidos en las normas generales de carácter vinculante recogidas en el artículo 6 o en el permiso.

3.   El titular pondrá a disposición de la autoridad competente, sin demora y previa petición, los datos y la información que figuran en el apartado 2. La autoridad competente podrá formular dicha petición con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones uniformes para las normas de funcionamiento. La autoridad competente realizará dicha petición si un miembro del público solicita acceso a los datos o la información que figuran en el apartado 2.

Artículo 70 septies

Incumplimiento

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que los valores de emisión y los niveles de desempeño medioambiental se controlen de conformidad con las condiciones uniformes para las normas de funcionamiento del artículo 70 decies y no superen los valores límite de emisión y los valores límite de desempeño medioambiental establecidos en él.

2.   Los Estados miembros establecerán un sistema efectivo de control del cumplimiento basado en inspecciones medioambientales o en otras medidas, a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente capítulo.

3.   En caso de incumplimiento de los requisitos del presente capítulo, los Estados miembros se asegurarán de que la autoridad competente exija al titular que adopte todas las medidas, además de las medidas que haya adoptado en virtud del artículo 70 quinquies que sean necesarias para garantizar que se restablece sin demora el cumplimiento.

Cuando el incumplimiento provoque una degradación considerable de las condiciones locales de la atmósfera, el agua o el suelo, o cuando suponga o pueda suponer un peligro significativo para la salud humana, la autoridad competente suspenderá la explotación de la instalación hasta que se restablezca el cumplimiento.

Artículo 70 octies

Información y participación pública

1.   Los Estados miembros garantizarán que el público interesado tenga posibilidades reales de participar en una fase temprana en los siguientes procedimientos:

2.   La autoridad competente pondrá a disposición del público sistemáticamente a través de internet —entre otros medios—, de forma gratuita y sin restringir el acceso únicamente a los usuarios registrados, la información y los documentos siguientes:

Artículo 70 nonies

Acceso a la justicia

1.   Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto a la forma, de decisiones, acciones u omisiones sujetas al presente capítulo cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

La legitimación en el procedimiento de recurso no se supeditará al papel desempeñado por el miembro del público interesado durante una fase participativa de los procedimientos de toma de decisiones con arreglo a la presente Directiva.

El procedimiento de recurso será justo, equitativo, rápido y no excesivamente costoso, y ofrecerá recursos suficientes y efectivos, incluida una orden de reparación si procede.

2.   Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones.

Artículo 70 decies

Condiciones uniformes para las normas de funcionamiento

1.   La Comisión organizará un intercambio de información entre los Estados miembros, los sectores afectados, las organizaciones no gubernamentales que promuevan la protección del medio ambiente y la Comisión, antes de establecer condiciones uniformes para las normas de funcionamiento de conformidad con el apartado 2. El intercambio de información se referirá en particular a lo siguiente:

2.   La Comisión adoptará antes del 1 de septiembre de 2026 un acto de ejecución por el que se establezcan condiciones uniformes para las normas de funcionamiento de cada una de las actividades a que se refiere el anexo I bis.

Las condiciones uniformes para las normas de funcionamiento serán coherentes con el uso de las mejores técnicas disponibles para las actividades que figuran en el anexo I bis y tendrán en cuenta la naturaleza, el tipo, el tamaño y la carga ganadera de dichas instalaciones, el tamaño de los rebaños de un solo tipo de animales en las instalaciones ganaderas mixtas y las especificidades de los sistemas de cría en pastos, según los cuales, los animales solo se crían estacionalmente en instalaciones cubiertas. También incluirán información indicativa sobre técnicas emergentes, cuando estén disponibles.

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 75, apartado 2.

3.   Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes estén al corriente o sean informadas acerca de la evolución de las mejores técnicas disponibles, y de la publicación de cualesquiera condiciones uniformes para las normas de funcionamiento.».

41)

En el artículo 72, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   El tipo, formato y frecuencia de la información que debe estar disponible de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, se determinará de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el artículo 75, apartado 2. La decisión de ejecución por la que se establezcan el tipo, el formato y la frecuencia dela información que debe facilitarse de conformidad con el apartado 1 del presente artículo se actualizará siempre que sea necesario y, a más tardar, el 5 de agosto de 2026.».

42)

En el artículo 73, apartado 1, los párrafos primero y segundo se sustituyen por el texto siguiente:

«A más tardar el 30 de junio de 2028 y, a continuación, cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se examine la ejecución de la presente Directiva. El informe incluirá información sobre las actividades para las que se hayan adoptado o no conclusiones sobre las MTD con arreglo al artículo 13, apartado 5, de la presente Directiva, tendrá en cuenta la dinámica de innovación, incluidas técnicas emergentes, la necesidad de nuevas medidas de prevención de la contaminación y la revisión a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2003/87/CE.

El informe incluirá una evaluación de la necesidad de actuación por parte de la Unión a través del establecimiento o la actualización de unos requisitos mínimos a escala de la Unión relativos a los valores límite de emisión y a las normas de monitorización y cumplimiento para las actividades que entren en el ámbito de aplicación de las conclusiones sobre las MTD adoptadas durante el precedente período de cinco años, con arreglo a los criterios siguientes:

43)

El artículo 73 se modifica como sigue:

44)

El artículo 74 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 74

Modificaciones de los anexos

1.   Al objeto de permitir la adaptación de las disposiciones de la presente Directiva al avance científico y técnico sobre la base de las mejores técnicas disponibles, la Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 76 en lo que respecta a la adaptación del anexo V, partes 3 y 4, del anexo VI, partes 2, 6, 7 y 8, y del anexo VII, partes 5, 6, 7 y 8, a dicho avance científico y técnico.

2.   La Comisión celebrará una consulta adecuada con las partes interesadas antes de adoptar un acto delegado de conformidad con el presente artículo.

La Comisión hará públicos los estudios y análisis pertinentes utilizados en la preparación de un acto delegado adoptado con arreglo al presente artículo, a más tardar en el momento de la adopción del acto delegado.».

45)

El artículo 75 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 75

Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.».

46)

El artículo 76 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 76

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 27 quinquies, el artículo 48, apartado 5, y el artículo 74, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 1 de agosto de 2024. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 27 quinquies, el artículo 48, apartado 5, y el artículo 74 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 27 quinquies, el artículo 48, apartado 5, o el artículo 74 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».

47)

Se suprimen los artículos 77 y 78.

48)

El artículo 79 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 79

Sanciones

1.   Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*5), los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.   Las sanciones a que se refiere el apartado 1 incluirán sanciones pecuniarias administrativas que priven efectivamente a los autores de la infracción de los beneficios económicos derivados de sus infracciones.

Para las infracciones más graves cometidas por una persona jurídica, el importe máximo de las sanciones pecuniarias administrativas a que se refiere el párrafo primero será como mínimo del 3 % del volumen de negocios anual en la Unión del titular en el ejercicio financiero anterior al año en que se imponga la multa.

Los Estados miembros podrán, adicionalmente o de forma alternativa, aplicar sanciones penales siempre que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias de un modo equivalente a las sanciones pecuniarias administrativas a que se refiere el presente artículo.

3.   Los Estados miembros se asegurarán de que las sanciones calculadas con arreglo al presente artículo tengan, en su caso, debidamente en cuenta los criterios siguientes:

4.   Los Estados miembros comunicarán sin demora indebida a la Comisión el régimen establecido y las medidas adoptadas a que hace referencia el apartado 1, así como toda modificación posterior.

(*5)  Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).»."

49)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 79 bis

Compensación

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando se hayan producido daños a la salud humana a consecuencia de una infracción de las medidas nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva, las personas afectadas tengan derecho a reclamar y obtener compensación por dichos daños por parte de las personas físicas o jurídicas correspondientes.

2.   Los Estados miembros se asegurarán de que las normas y procedimientos nacionales relativos a las reclamaciones de compensaciones se diseñen y apliquen de manera que no hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho a compensación por los daños causados por una infracción con arreglo al apartado 1.

3.   Los Estados miembros podrán establecer plazos de prescripción para interponer acciones de compensación mencionadas en el apartado 1. Dichos plazos no empezarán a correr antes de que la infracción haya cesado y la persona que reclame la compensación sepa o pueda razonablemente esperarse que sepa que ha sufrido un daño derivado de una infracción con arreglo al apartado 1.».

50)

El anexo I se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo I de la presente Directiva.

51)

Se inserta el anexo I bis que figura en el anexo II de la presente Directiva.

52)

El anexo II se sustituye por el texto del anexo III de la presente Directiva.

53)

El anexo III se sustituye por el texto del anexo IV de la presente Directiva.

54)

El anexo IV se sustituye por el texto del anexo V de la presente Directiva.

55)

El anexo V se sustituye por el texto del anexo VI de la presente Directiva.

56)

El anexo VI se sustituye por el texto del anexo VII de la presente Directiva.

a)

cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor del acto de ejecución a que se refiere el artículo 70 decies, apartado 2, si la instalación tiene una capacidad igual o superior a 600 UGM o más;

b)

cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del acto de ejecución a que se refiere el artículo 70 decies, apartado 2, si la instalación tiene una capacidad igual o superior a 400 UGM;

c)

seis años a partir de la fecha de entrada en vigor del acto de ejecución a que se refiere el artículo 70 decies, apartado 2, para todas las demás instalaciones a las que se aplica el anexo I bis.

a)

El punto 1.4 se sustituye por el texto siguiente:

b)

El punto 2.3 se sustituye por el texto siguiente:

c)

Se añade el punto siguiente:

d)

El punto 3.5 se sustituye por el texto siguiente:

e)

Se añade el punto siguiente:

f)

El punto 4.2, letra a), se sustituye por el texto siguiente:

g)

El punto 5.3 se sustituye por el texto siguiente:

(*1)  Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).»."

h)

El punto 6.2 se sustituye por el texto siguiente:

i)

El punto 6.5 se sustituye por el texto siguiente:

j)

El punto 6.6 se sustituye por el texto siguiente:

1.

Cría de cerdos que represente 350 UGM o más, excluidas las actividades de cría que se realicen en el marco de regímenes de producción ecológica de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848, o cuando la carga ganadera sea inferior a 2 UGM por hectárea, que se emplea únicamente para pasto o para el cultivo de forrajes o pastizales utilizados para la alimentación de los animales y los animales se crían en el exterior durante un período significativo de tiempo en un año o se crían estacionalmente en el exterior.

2.

Cría únicamente de gallinas ponedoras que represente 300 UGM o más, o cría únicamente de otras categorías de aves de corral que represente 280 UGM o más. En las instalaciones que críen una mezcla de aves de corral, incluidas las gallinas ponedoras, el umbral será de 280 UGM y la capacidad se calculará utilizando 0,93 como factor de ponderación (*1) para las gallinas ponedoras.

3.

Cría de toda mezcla de cerdos o aves de corral que represente 380 UGM o más, excluida la cría de cerdos en instalaciones que funcionen en el marco de regímenes de producción ecológica de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848, o cuando la carga ganadera sea inferior a 2 UGM por hectárea, que se emplea únicamente para pasto o para el cultivo de forrajes o pastizales utilizados para la alimentación de los animales, y los animales se crían en el exterior durante un período significativo de tiempo en un año o se crían estacionalmente en el exterior.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

a)

El punto 2 se sustituye por el texto siguiente:

b)

El punto 5 se sustituye por el texto siguiente:

c)

El punto 9 se sustituye por el texto siguiente:

d)

El punto 10 se sustituye por el texto siguiente:

e)

El punto 11 se sustituye por el texto siguiente:

a)

En el punto 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:

b)

El punto 3 se sustituye por el texto siguiente:

c)

El punto 5 se sustituye por el texto siguiente:

a)

En la parte 3, punto 8, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«El titular informará a la autoridad competente acerca de los resultados del control de los sistemas de medición automáticos sin demora indebida.».

b)

En la parte 3, punto 10, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«Se invalidarán los días en que más de tres valores medios horarios sean inválidos debido al mal funcionamiento o al mantenimiento del sistema de medición automático. Si por estos motivos se invalidan más de diez días al año, la autoridad competente exigirá al titular que adopte las medidas necesarias para mejorar la fiabilidad del sistema de medición automática sin demora indebida.».

«1.2.