Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

El objetivo del presente Reglamento es racionalizar, simplificar y armonizar las disposiciones procedimentales de los Estados miembros mediante el establecimiento de un procedimiento en materia de protección internacional común en la Unión. Para cumplir este objetivo, se realizan una serie de cambios sustanciales de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y dicha Directiva debe ser derogada y sustituida por un reglamento. Toda referencia a la Directiva derogada debe entenderse hecha al presente Reglamento.

(2)

Una política común de asilo que se base en la aplicación plena e inclusiva de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, complementada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra») es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a nacionales de terceros países y apátridas que busquen protección en la Unión. Tal política debe estar regida por el principio de solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades, incluidas sus repercusiones financieras, entre los Estados miembros.

(3)

El Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) se basa en unas normas comunes para los procedimientos de asilo, para el reconocimiento y la protección que se ofrecen a escala de la Unión y las condiciones de acogida, y establece un sistema de determinación del Estado responsable de examinar las solicitudes de protección internacional. A pesar de los progresos realizados en el desarrollo del SECA, todavía existen disparidades notables entre los Estados miembros en lo que se refiere a los procedimientos empleados, las tasas de reconocimiento, el tipo de protección otorgado, el nivel de las condiciones materiales de acogida y los beneficios que se conceden a los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Esas disparidades constituyen importantes factores que propician los movimientos secundarios y socavan el objetivo de garantizar que en el SECA todos los solicitantes sean tratados de la misma manera dondequiera que presenten su solicitud de protección internacional en la Unión.

(4)

En su Comunicación, de 6 de abril de 2016, «Hacia una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y una mejora de las vías legales a Europa», la Comisión expuso sus ámbitos prioritarios para mejorar el SECA desde un punto de vista estructural, a saber, la creación de un sistema sostenible y justo para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional, el refuerzo del sistema Eurodac, el logro de una mayor convergencia en el sistema de asilo, la prevención de los movimientos secundarios dentro de la Unión y un mandato reforzado para la Agencia de Asilo de la Unión Europea establecida por el Reglamento (UE) 2021/2303 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Agencia de Asilo»). Dicha Comunicación va en línea con los llamamientos realizados por el Consejo Europeo los días 18 y 19 de febrero de 2016 en el sentido de avanzar hacia la reforma del marco actual de la Unión para garantizar una política de asilo humana, justa y eficiente. Dicha Comunicación también propone un camino a seguir en consonancia con el enfoque global de la migración enunciado por el Parlamento Europeo en su Resolución, de 12 de abril de 2016, titulada «La situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración».

(5)

Para el buen funcionamiento del SECA, deben hacerse progresos sustanciales con respecto a la convergencia de los sistemas de asilo nacionales. Los actuales procedimientos de asilo dispares en todos los Estados miembros deben reemplazarse por un procedimiento común de concesión y retirada de la protección internacional aplicable en todos los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), que garantice la rapidez y eficacia del procedimiento. Las solicitudes de protección internacional formuladas por nacionales de terceros países y apátridas deben examinarse en un procedimiento que esté regido por las mismas normas, independientemente del Estado miembro en el que se formalice la solicitud, para garantizar equidad en el tratamiento de las solicitudes de protección internacional, así como claridad y seguridad jurídica para cada solicitante.

(6)

Dicha armonización y convergencia de los sistemas nacionales de asilo se debe conseguir sin evitar que los Estados miembros establezcan o mantengan disposiciones más favorables que las establecidas por el presente Reglamento.

(7)

Un procedimiento común para la concesión y retirada de la protección internacional debería limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional entre los Estados miembros, en los casos en que dichos movimientos estén causados por las diferencias en los ordenamientos jurídicos, al racionalizar los procedimientos y clarificar los derechos y obligaciones de los solicitantes, así como las consecuencias de incumplir dichas obligaciones, y crear condiciones equivalentes para la aplicación del Reglamento (UE) 2024/1347 en los Estados miembros.

(8)

El presente Reglamento debe aplicarse a todas las solicitudes de protección internacional formuladas en el territorio de los Estados miembros, incluidas las formuladas en la frontera exterior, en las aguas territoriales o en las zonas de tránsito de los Estados miembros, así como a la retirada de la protección internacional. Las personas que soliciten protección internacional y que se hallen en aguas territoriales de un Estado deben ser desembarcadas a tierra para que sus solicitudes se examinen de conformidad con el presente Reglamento.

(9)

El presente Reglamento debe aplicarse a las solicitudes de protección internacional en un procedimiento en el que se examine si los solicitantes reúnen los requisitos para ser beneficiarios de protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347. Además de la protección internacional, los Estados miembros también pueden conceder otros estatutos humanitarios nacionales con arreglo a su Derecho nacional, a quienes no reúnan los requisitos para el estatuto de refugiado o para el de protección subsidiaria. Para agilizar los procedimientos empleados en los Estados miembros, estos deben tener la posibilidad de aplicar el presente Reglamento también a las solicitudes de cualquier tipo de dicha otra protección.

(10)

En relación con el tratamiento de las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros se hallan vinculados por obligaciones derivadas de instrumentos de Derecho internacional en los que son Partes.

(11)

Debe ser posible movilizar los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración, establecido por el Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), y otros fondos pertinentes de la Unión (en lo sucesivo, «Fondos») para ayudar a los Estados miembros en su labor de ejecución del presente Reglamento, en consonancia con las normas que rigen la utilización de los Fondos y sin perjuicio de otras prioridades apoyadas con cargo a los Fondos. En ese contexto, los Estados miembros deben poder utilizar las asignaciones con cargo a sus respectivos programas, incluidos los importes liberados tras la revisión intermedia. Concretamente, las acciones emprendidas por los Estados miembros para adoptar la capacidad adecuada para desarrollar el procedimiento fronterizo pueden recibir apoyo financiero de los Fondos disponibles con cargo al marco financiero plurianual 2021-2027. Debe ser posible poner a disposición apoyo adicional en el marco de los mecanismos temáticos, en particular para aquellos Estados miembros que puedan tener que aumentar sus capacidades en las fronteras exteriores o que se enfrenten a presiones o necesidades específicas relativas a sus sistemas de asilo y acogida y en sus fronteras exteriores.

(12)

La Agencia de Asilo debe proporcionar a los Estados miembros la asistencia operativa y técnica necesaria para aplicar el presente Reglamento, en particular con expertos que ayuden a las autoridades nacionales a recibir y registrar las solicitudes de protección internacional y que ayuden a la autoridad decisoria en el desempeño de sus funciones, también en lo relativo al examen de las solicitudes de protección internacional, y proporcionando también información y análisis actualizados sobre terceros países, también información sobre los países de origen, y orientación sobre la situación en determinados países de origen. Al aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros deben tener en cuenta las normas operativas, indicadores, directrices y mejores prácticas que ha elaborado la Agencia de Asilo.

(13)

En aras de un correcto reconocimiento de las personas que necesiten protección como refugiados con arreglo al artículo 1 de la Convención de Ginebra o como personas que pueden acogerse a protección subsidiaria, todo solicitante debe tener acceso efectivo al procedimiento, la oportunidad de cooperar plenamente y comunicarse adecuadamente con las autoridades competentes, en particular para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como garantías procedimentales suficientes para estar en condiciones de llevar adelante el procedimiento en todas sus fases.

(14)

Debe ofrecerse al solicitante una oportunidad efectiva de presentar ante las autoridades competentes todos los elementos de los que disponga para fundamentar la solicitud o que sean pertinentes para los procedimientos con arreglo al presente Reglamento. Por esta razón, el solicitante debe, con contadas excepciones, gozar del derecho a ser oído en una entrevista personal sobre la admisibilidad o sobre el fundamento de su solicitud, según corresponda. Si el solicitante se encuentra incapacitado para asistir a su entrevista personal, las autoridades podrán solicitar que el solicitante facilite un certificado médico. Para que sea efectivo el derecho a una entrevista personal, el solicitante debe recibir la asistencia de un intérprete cuando sea necesario para garantizar una comunicación adecuada y tener la oportunidad de presentar sus explicaciones respecto a su solicitud de manera exhaustiva. Es importante que el solicitante disponga de tiempo suficiente para prepararse y consultar a su asesor jurídico o consejero de otro tipo admitido o autorizado como tal por el Derecho nacional para ofrecer asesoramiento jurídico (en lo sucesivo, «asesor jurídico») o una persona que pueda prestarle consejo jurídico. El asesor jurídico debe poder asistir al solicitante durante la entrevista. La entrevista personal debe realizarse en condiciones que garanticen una adecuada privacidad y confidencialidad, y ser efectuada por miembros del personal adecuadamente formados y competentes, lo cual incluye, si es necesario, expertos enviados por la Agencia de Asilo o miembros del personal de las autoridades de otros Estados miembros. Cuando se omita la entrevista sobre el fundamento con miras a garantizar un acceso rápido a la protección internacional, esto debe entenderse sin perjuicio de la obligación de examinar si el solicitante cumple las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2024/1347 para que se le conceda el estatuto de refugiado antes de examinar si el solicitante cumple las condiciones para que se le conceda protección subsidiaria. Dado que la entrevista personal es una parte esencial del examen de la solicitud, aquella debe ser grabada; además, los solicitantes, sus representantes y sus asesores jurídicos deben poder acceder al informe o la transcripción de dicha entrevista lo antes posible tras su celebración y, en cualquier caso, antes de que la autoridad decisoria tome una decisión.

(15)

La entrevista personal es una parte esencial de un procedimiento de asilo eficaz y justo. Con el fin de garantizar un entorno óptimo para la comunicación, se debe dar preferencia a entrevistas presenciales, mientras que las entrevistas a distancia por videoconferencia serán una excepción. Aparte de las consideraciones de salud pública, puede haber motivos legítimos para que la autoridad decisoria recurra a entrevistas a distancia por videoconferencia, por ejemplo, cuando las vulnerabilidades impidan a un solicitante de asilo la posibilidad de viajar o esto resulte difícil por razones de salud o familiares, para celebrar entrevistas con solicitantes que estén internados, en territorios de ultramar o en situaciones en las que sea necesaria la participación remota de un intérprete con competencias de interpretación especializada. En caso de entrevista a distancia, debe exigirse a la autoridad decisoria que aplique todas las garantías procedimentales como cuando se celebren entrevistas presenciales, garantizando la privacidad y la confidencialidad, y prestando la debida consideración a la protección de datos. La idoneidad de la entrevista a distancia por videoconferencia debe evaluarse individualmente antes de la entrevista, ya que las entrevistas a distancia pueden no ser adecuadas para todos los solicitantes de asilo debido a su corta edad, a la existencia de discapacidad visual o auditiva, o a su estado de salud mental, prestando especial atención a determinados grupos vulnerables, como las víctimas de tortura o los solicitantes traumatizados. El interés superior del niño debe ser la consideración primordial. Debe prestarse especial atención a las posibles dificultades tecnológicas que puedan tener efectos perturbadores en la entrevista, dar lugar a un registro incompleto o ininteligible de la misma o afectar al almacenamiento y la recuperación de la grabación.

(16)

Redunda en interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes que estos últimos reciban en una fase muy inicial información exhaustiva sobre el procedimiento que debe seguirse y sobre sus derechos y obligaciones. Además, es esencial garantizar un correcto reconocimiento de las necesidades de protección internacional ya en la fase del procedimiento administrativo proporcionando información y asistencia jurídica de buena calidad que permita una adopción de resoluciones más eficiente y de mejor calidad. Para ello, el acceso al consejo jurídico y la asistencia jurídica y la representación legal deben formar parte integral del procedimiento común en materia de protección internacional. Los solicitantes deben disponer, a petición suya y lo antes posible tras el registro de una solicitud de protección internacional, de consejo jurídico gratuito durante el procedimiento administrativo. Además, con el fin de garantizar la efectiva protección de los derechos del solicitante, concretamente el derecho de defensa y el principio de equidad, los solicitantes deben recibir, si así lo solicitan y con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, asistencia jurídica y representación legal gratuitas en el procedimiento de recurso. Los Estados miembros también deberían poder prever asistencia jurídica y representación legal gratuitas durante el procedimiento administrativo, de conformidad con el Derecho nacional.

(17)

Es posible que algunos solicitantes necesiten garantías procedimentales especiales debido, entre otras cosas, a su edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, enfermedad o desórdenes físicos o mentales graves, también cuando estos sean consecuencia de haber sufrido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física, sexual o de género. Es necesario evaluar si algún solicitante necesita garantías procedimentales especiales.

(18)

El personal pertinente de las autoridades competentes de los Estados miembros, así como el médico o psicólogo que evalúe si son necesarias garantías procedimentales especiales debe estar adecuadamente formado para detectar signos de vulnerabilidad de los solicitantes que pueden necesitar garantías procedimentales especiales y atender dichas necesidades cuando se detecten.

(19)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2021/2303, solicite a la Agencia de Asilo que elabore normas operativas, indicadores, directrices y mejores prácticas relativas a la aplicación del Derecho de la Unión en materia de asilo.

(20)

Los solicitantes que se considere que requieren garantías procedimentales especiales recibirán apoyo adecuado con el fin de crear las condiciones necesarias para un acceso real y efectivo a los procedimientos. En los casos en que no sea posible ofrecer este apoyo en el marco de un procedimiento de examen acelerado o de un procedimiento fronterizo, los solicitantes que necesiten garantías procedimentales especiales deben quedar exentos de dichos procedimientos.

(21)

Con vistas a garantizar una igualdad sustantiva entre solicitantes de uno y otro sexo, los procedimientos de examen deben tener en cuenta el factor género. En particular, las entrevistas personales deben organizarse de modo que sea posible para los solicitantes de uno y otro sexo hablar libremente de sus pasadas experiencias, incluso en casos de persecución por motivos de género, identidad de género u orientación sexual. A tal efecto, se debe ofrecer a los solicitantes la oportunidad efectiva de que se les entreviste separados de sus cónyuges, parejas o familiares. Cuando el solicitante lo pida y siempre que sea posible, los entrevistadores e intérpretes deben ser del sexo que el solicitante prefiera. La complejidad de las peticiones relacionadas con el factor género debe tenerse debidamente en cuenta en todos los procedimientos.

(22)

Cuando sea necesario y esté debidamente justificado para el examen de una solicitud de protección internacional, las autoridades competentes deben poder exigir que se someta a un registro al solicitante o que se inspeccionen sus objetos. Entre dichos objetos se pueden incluir dispositivos electrónicos tales como ordenadores portátiles, tabletas o teléfonos móviles. Todos estos registros deben efectuarse de un modo que se respeten los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad.

(23)

El interés superior del niño debe ser una consideración primordial para los Estados miembros a la hora de aplicar el presente Reglamento, de conformidad con el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. A la hora de evaluar el interés superior del niño, los Estados miembros deben tener especialmente en cuenta el bienestar y el desarrollo social del menor, incluida su situación personal. Teniendo en cuenta el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo al derecho del niño a ser oído, la autoridad decisoria debe ofrecer al menor la posibilidad de una entrevista personal, a menos que ello no redunde en el interés superior del niño. La autoridad decisoria debe organizar una entrevista personal para un menor teniendo en cuenta, en concreto, su edad y madurez.

(24)

Sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros en materia de adquisición de la nacionalidad y del hecho de que, en virtud del Derecho internacional, corresponde a cada Estado miembro, teniendo debidamente en cuenta el Derecho de la Unión, establecer las condiciones para la adquisición y pérdida de la nacionalidad, al aplicar el presente Reglamento, los Estados miembros deben respetar sus obligaciones internacionales con respecto a los apátridas de conformidad con los instrumentos de Derecho internacional en materia de derechos humanos, incluida, cuando proceda, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. Cuando proceda, los Estados miembros deben esforzarse por identificar a los apátridas y reforzar su protección, permitiendo así a los apátridas disfrutar de los principales derechos fundamentales y reduciendo el riesgo de discriminación o desigualdad de trato.

(25)

Cuando, tras una evaluación exhaustiva por parte de las autoridades nacionales competentes, se concluya que el solicitante supone un peligro para la seguridad nacional o el orden público, especialmente en relación con delitos graves o terrorismo, un Estado miembro debe tener la posibilidad de establecer una excepción al derecho del solicitante a permanecer en su territorio durante el procedimiento administrativo, siempre que la aplicación de dicha excepción no dé lugar a que el solicitante sea expulsado a un tercer país infringiendo el principio de no devolución.

(26)

El procedimiento común racionaliza los plazos para que las personas accedan al procedimiento y para el examen de la solicitud por parte de la autoridad decisoria. Dado que la formulación de un número desproporcionado de solicitudes dentro de un mismo período puede retrasar el acceso al procedimiento y examen de las solicitudes, en ocasiones podría ser necesaria una medida de flexibilidad para ampliar excepcionalmente esos plazos. Sin embargo, para garantizar la eficacia del proceso, la ampliación de estos plazos debe ser una medida de último recurso, teniendo en cuenta que los Estados miembros deben revisar periódicamente sus necesidades para mantener un sistema de asilo eficaz, elaborando también planes de contingencia en caso necesario, y considerando que la Agencia de Asilo debe ofrecer a los Estados miembros la asistencia operativa y técnica que sea precisa. En caso de que los Estados miembros prevean que no van a ser capaces de cumplir los plazos, deberán solicitar ayuda a la Agencia de Asilo. En caso de que no se realice esta solicitud y que, dada la desproporcionada presión, el sistema de asilo de un Estado miembro se vuelva ineficaz para el funcionamiento del SECA, la Agencia de Asilo debe poder, sobre la base de un acto de ejecución del Consejo a propuesta de la Comisión, tomar medidas para ayudar a ese Estado miembro.

(27)

El acceso al procedimiento común debe basarse en un planteamiento con tres pasos consistente en la formulación, el registro y la formalización de una solicitud. Formular la solicitud es el primer paso que desencadena la aplicación de este Reglamento. Se considera que un nacional de un tercer país o un apátrida ha formulado una solicitud cuando expresa el deseo de recibir protección internacional de un Estado miembro. Cuando una autoridad que no sea responsable del registro de las solicitudes reciba la solicitud, los Estados miembros, de conformidad con sus procedimientos internos y su organización, deben aplicar el presente Reglamento para garantizar el acceso efectivo al procedimiento. Debe ser posible expresar el deseo de recibir protección internacional de un Estado miembro de cualquier forma y no es necesario que el solicitante utilice palabras específicas como «protección internacional», «asilo» o «protección subsidiaria». El elemento definitorio debe ser la expresión por parte del nacional de un tercer país o apátrida de un temor de persecución o daños graves al regresar a su país de origen o, en el caso de una persona apátrida, a su anterior país de residencia habitual. En caso de duda sobre si una determinada declaración puede ser interpretada como solicitud de protección internacional, debe preguntarse al nacional de un tercer país o apátrida si desea recibir protección internacional. El solicitante debe disfrutar de los derechos recogidos en el presente Reglamento y en la Directiva (UE) 2024/1346 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) tan pronto como formule una solicitud.

(28)

Las solicitudes deben registrarse sin demora después de que se formulen. En dicha fase, las autoridades competentes responsables del registro de las solicitudes o los expertos asignados por la Agencia de Asilo para ayudarles en dicha tarea deben registrar la solicitud junto con los datos personales del solicitante. Dichas autoridades o expertos deben informar al solicitante de sus derechos y obligaciones, así como de las consecuencias para el solicitante en caso de incumplimiento de estas últimas. También las organizaciones que trabajen con las autoridades competentes y les asistan deben poder comunicar esa información. Debe entregarse al solicitante un documento en el que se indique que se ha formulado y registrado una solicitud. El plazo de formalización de la solicitud comienza a contar desde el momento en que es registrada.

(29)

La formalización de la solicitud es el acto que oficializa la solicitud de protección internacional. Debe proporcionarse al solicitante la información necesaria sobre cómo y dónde presentar su solicitud, así como la oportunidad efectiva de hacerlo. En esta fase, el solicitante debe formalizar lo antes posible todos los elementos y documentos a su disposición necesarios para materializar y cumplimentar la solicitud, salvo que se disponga lo contrario en el presente Reglamento. El plazo para el procedimiento administrativo empieza a contar desde el momento en que se formaliza la solicitud. Poco después de la formalización de la solicitud, debe entregarse al solicitante un documento en el que conste su estatuto de solicitante.

(30)

Es especialmente importante garantizar que se facilite información a los menores de una manera adaptada a ellos.

(31)

El solicitante debe ser debida y oportunamente informado de sus derechos y obligaciones, en una lengua que comprenda o cuya comprensión sea razonable suponer, por escrito y, si es necesario, oralmente. Es necesario que el solicitante haya sido informado de las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones, ya que su solicitud se deniega o declara implícitamente retirada cuando, por ejemplo, se niega a cooperar con las autoridades nacionales, en particular no aportando los elementos necesarios para el examen de la solicitud o no facilitando sus impresiones dactilares o imagen facial.

(32)

Para poder cumplir con sus obligaciones, el personal de las autoridades que apliquen el presente Reglamento debe tener el conocimiento adecuado y recibir formación en materia de protección internacional, también con el respaldo de la Agencia de Asilo. Deben proporcionárseles asimismo medios adecuados, incluido el personal competente suficiente, y orientaciones para realizar su labor con eficacia. Para ello, cada Estado miembro debe evaluar periódicamente las necesidades de la autoridad decisoria y las otras autoridades competentes para que siempre estén en condiciones de atender las solicitudes de protección internacional de manera eficaz, especialmente cuando haya un número desproporcionado de solicitudes dentro de un mismo período.

(33)

A efectos del acceso efectivo al procedimiento de examen en los puestos fronterizos y los centros de internamiento, se debe poner a disposición información sobre la posibilidad de formular una solicitud de protección internacional. Se debe garantizar mediante servicios de interpretación la comunicación básica necesaria para permitir a las autoridades competentes comprender si las personas expresan el deseo de formular una solicitud de protección internacional.

(34)

El presente Reglamento debe prever la posibilidad de que los solicitantes formalicen una solicitud en nombre de adultos que necesiten asistencia para ejercer su capacidad jurídica y de menores cuando, con arreglo al Derecho nacional, no tengan capacidad jurídica para formalizar una solicitud en su propio nombre. Debe permitirse el examen conjunto de dichas solicitudes.

(35)

Para garantizar que los menores no acompañados tengan acceso efectivo al procedimiento y puedan disfrutar de los derechos y cumplir las obligaciones que se establecen en el presente Reglamento, el Reglamento (UE) 2024/1351 (9), la Directiva (UE) 2024/1346 y el Reglamento (UE) 2024/1358 (10) del Parlamento Europeo y del Consejo, se les debe asignar un representante, incluso cuando se compruebe que el solicitante es un menor no acompañado en cualquier momento durante el procedimiento de asilo. El representante debe prestar asistencia y guiar al menor durante el procedimiento con el fin de salvaguardar el interés superior del niño y debe, en particular, prestar asistencia en la formalización de la solicitud y en la entrevista personal. En caso necesario, el representante debe formalizar la solicitud en nombre del menor. Se debe designar una persona para asistir a los menores no acompañados hasta que se nombre un representante, también, cuando proceda, en relación con los procedimientos de determinación de la edad y los procedimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1351 y el Reglamento (UE) 2024/1358. Con el fin de proporcionar un respaldo eficaz a los menores no acompañados, debe ponerse a cargo de los representantes o una persona apta para actuar provisionalmente como representante un número proporcionado y limitado de menores no acompañados, y, en circunstancias normales, no más de treinta menores no acompañados, al mismo tiempo. Los Estados miembros deben designar autoridades administrativas o judiciales u otras entidades responsables de la supervisión periódica de dichos representantes en el desempeño de sus funciones. Un menor no acompañado debe tener derecho a formalizar una solicitud en su propio nombre si tiene capacidad jurídica de conformidad con el Derecho nacional. Para salvaguardar los derechos y garantías procedimentales del menor no acompañado que carezca de capacidad jurídica con arreglo al Derecho nacional, el representante debe formalizar la solicitud lo antes posible, teniendo en cuenta el interés superior del niño. El hecho de que un menor no acompañado formalice una solicitud en su propio nombre no debe impedir que se le asigne un representante.

(36)

Con el fin de garantizar que la tramitación de las solicitudes de protección internacional se lleve a cabo teniendo debidamente en cuenta los derechos del menor, deben ofrecerse a los menores garantías procedimentales específicas y condiciones especiales de acogida adaptadas a los menores. Cuando, tras las declaraciones de un solicitante, existan motivos para dudar de si un solicitante es menor, la autoridad decisoria debe poder efectuar la determinación de la edad de la persona afectada. Pueden surgir dudas sobre la edad de un solicitante cuando este afirma ser un menor, pero también cuando afirma ser adulto. Dada la especial vulnerabilidad de los menores no acompañados, que pueden carecer de identificación u otros documentos, es especialmente importante prever salvaguardias sólidas para velar por que no se someta a dichos solicitantes a procedimientos de determinación de la edad incorrectos o abusivos.

(37)

En todos los casos, la determinación de la edad se debe efectuar de manera que se tenga en cuenta de manera primordial el interés superior del niño durante todo el procedimiento. Una determinación de la edad debe llevarse a cabo en dos fases. La primera fase debe incluir un examen multidisciplinar, que podría incluir una evaluación psicosocial y otros métodos no médicos, como una entrevista, un examen visual basado en el aspecto físico o un examen de la documentación. Dicha determinación debe ser realizada por profesionales con experiencia en la estimación de la edad y el desarrollo del niño, como trabajadores sociales, psicólogos o pediatras, con el fin de valorar varios factores, como los físicos, psicológicos, de desarrollo, medioambientales y culturales. Si el resultado del examen multidisciplinar de la edad no es concluyente, en una segunda fase la autoridad decisoria debe poder solicitar un reconocimiento médico, como medida de último recurso, y respetando plenamente la dignidad de la persona. Cuando puedan seguirse diferentes procedimientos, un reconocimiento médico debe dar prioridad a los procedimientos menos invasivos antes de proceder a otros más invasivos, teniendo en cuenta las orientaciones de la Agencia de Asilo cuando proceda. Si, tras la determinación de la edad, los resultados siguen sin ser concluyentes, la autoridad decisoria debe asumir que el solicitante es un menor.

(38)

Con el fin de garantizar los derechos de los solicitantes, las resoluciones sobre todas las solicitudes de protección internacional deben dictarse sobre la base de los hechos, de manera objetiva, imparcial e individual, tras un minucioso examen que tenga en cuenta todos los elementos aportados por el solicitante, así como sus circunstancias particulares. Para garantizar un riguroso examen de la solicitud, la autoridad decisoria debe tener en cuenta información pertinente, precisa y actualizada sobre la situación imperante en el país de origen del solicitante a la hora de dictar una resolución sobre la solicitud. Esta información puede obtenerse de la Agencia de Asilo y de otras fuentes como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. La autoridad decisoria también debe tener en cuenta el análisis común de la situación en los distintos países de origen y las notas de orientación elaboradas por la Agencia de Asilo, cuando se disponga de ellos. Todo aplazamiento de la resolución del procedimiento debe cumplir plenamente con las obligaciones de los Estados miembros recogidas en el Reglamento (UE) 2024/1347 y con el derecho a una buena administración, sin perjuicio de la eficacia e imparcialidad del procedimiento dispuesto en el presente Reglamento.

(39)

Con el fin de garantizar los derechos del solicitante, la resolución relativa a su solicitud debe entregarse por escrito. En caso de que la resolución no conceda la protección internacional, deberán darse las razones de hecho y de Derecho de la resolución al solicitante, junto con información sobre sus consecuencias, así como el modo de impugnarla.

(40)

A fin de aumentar la eficiencia de los procedimientos y reducir el riesgo de fuga y la probabilidad de movimientos no autorizados, no deben existir lagunas de procedimiento entre la emisión de una resolución negativa sobre una solicitud de protección internacional y una decisión de retorno. Se debe emitir inmediatamente una decisión de retorno a los solicitantes cuyas solicitudes sean denegadas. Sin perjuicio del derecho a un recurso efectivo, la decisión de retorno debe formar parte de la resolución negativa sobre una solicitud de protección internacional o, si se trata de un acto separado, debe emitirse al mismo tiempo y junto con la resolución negativa, o bien posteriormente sin demora indebida.

(41)

En caso de extradición, entrega o traslado de un órgano jurisdiccional penal internacional a un tercer país o a otro Estado miembro, la autoridad competente pertinente podría tener en cuenta los elementos considerados en la resolución de extradición, entrega o traslado, que pueden ser pertinentes para evaluar el riesgo de devolución directa o indirecta.

(42)

Es necesario que las resoluciones sobre solicitudes de protección internacional sean dictadas por autoridades cuyo personal tenga conocimientos adecuados y haya recibido la formación conveniente, incluida la formación pertinente de la Agencia de Asilo, sobre las normas pertinentes aplicables en materia de Derecho de asilo y refugio, y que realice sus actividades respetando debidamente los principios éticos aplicables. Esto debe aplicarse al personal de las autoridades de otros Estados miembros y a los expertos enviados por la Agencia de Asilo para ayudar a la autoridad decisoria de un Estado miembro en el examen de las solicitudes de protección internacional.

(43)

Sin perjuicio de que se lleve a cabo un examen adecuado y completo de las solicitudes de protección internacional, redunda en interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes que la resolución se dicte tan pronto como sea posible. Con el fin de racionalizar el procedimiento en materia de protección internacional, deben fijarse plazos máximos para el procedimiento administrativo. De esta manera, los solicitantes deben poder recibir una resolución sobre su solicitud en el menor tiempo posible en todos los Estados miembros, con lo cual se garantiza un procedimiento rápido y eficiente.

(44)

A fin de reducir en determinados casos la duración total del procedimiento, los Estados miembros deben disponer de flexibilidad, en función de sus necesidades internas, para dar prioridad al examen de una solicitud de modo que pueda examinarse antes que otras solicitudes que se hayan formulado con anterioridad. La priorización del examen de las solicitudes debe hacerse sin apartarse de los procedimientos normalmente aplicables, en particular el procedimiento de admisibilidad o el procedimiento de examen acelerado, los plazos, los principios y las garantías. El requisito establecido en el presente Reglamento de examinar determinadas solicitudes de conformidad con el procedimiento acelerado o el procedimiento fronterizo debe, por tanto, entenderse sin perjuicio de la flexibilidad de los Estados miembros para decidir si dan prioridad o no a dichas solicitudes. En determinadas circunstancias, en particular cuando se someta a familias con menores al procedimiento fronterizo, los Estados miembros deben dar prioridad al examen de su solicitud.

(45)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de denegar una solicitud por considerarse inadmisible, por ejemplo, cuando un país que no sea Estado miembro se considere primer país de asilo o tercer país seguro para el solicitante, o cuando un órgano jurisdiccional internacional haya ofrecido una reubicación segura al solicitante en un Estado miembro o tercer país, o cuando se formule solo siete días hábiles después de la fecha en que el solicitante haya recibido la decisión de retorno, siempre que se le hubiera informado de las consecuencias de no formular la solicitud dentro de dicho plazo y que no hayan aparecido nuevos elementos pertinentes. Dado que el SECA se basa en la confianza mutua y en una presunción de cumplimiento de los derechos fundamentales, incluidos los derechos basados en la Convención de Ginebra y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el hecho de que otro Estado miembro ya haya concedido protección internacional es, en principio, una causa para denegar una solicitud del mismo solicitante por considerarse inadmisible. Por tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de denegar una solicitud por considerarse inadmisible cuando ya se haya concedido protección internacional a un solicitante en otro Estado miembro. Además, una solicitud debe considerarse inadmisible si se trata de una solicitud posterior sin nuevos elementos pertinentes.

(46)

Con miras a la aplicación de los conceptos de «primer país de asilo» y de «tercer país seguro», es esencial que el tercer país en relación con el cual se apliquen los conceptos sea parte de la Convención de Ginebra y se ajuste a ella, a menos que dicho tercer país ofrezca una protección efectiva en normas positivas y en la práctica de conformidad con las normas básicas en materia de derechos humanos, como el acceso a medios de subsistencia suficientes para mantener un nivel de vida adecuado teniendo en cuenta la situación general del tercer país de acogida, a la atención sanitaria y el tratamiento básico de las enfermedades, y el acceso a la educación en las condiciones en que se ofrecen, en general, en dicho tercer país. Dicha protección efectiva debe seguir estando disponible hasta que pueda encontrarse una solución duradera. Debe ser posible designar a un tercer país como tercer país seguro, con excepciones para zonas específicas de su territorio o para categorías de personas claramente identificables.

(47)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar el concepto de «primer país de asilo» como causa de inadmisibilidad cuando el solicitante haya disfrutado de protección efectiva y pueda seguir acogiéndose a dicha protección en un tercer país en el que su vida y libertad no se vean amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, cuando no sea objeto de persecución ni se enfrente a un riesgo real de sufrir daños graves tal como se define en el Reglamento (UE) 2024/1347 y cuando el solicitante esté protegido contra la devolución y la expulsión en caso de violación del derecho a la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecidos en el Derecho internacional.

(48)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar el concepto de «tercer país seguro» como causa de inadmisibilidad cuando el solicitante pueda solicitar protección efectiva y, si se cumplen las condiciones, recibir protección efectiva en un tercer país en el que su vida y libertad no se vean amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, cuando no sea objeto de persecución ni se enfrente a un riesgo real de sufrir daños graves, tal como se define en el Reglamento (UE) 2024/1347 y esté protegido contra la devolución y la expulsión en caso de violación del derecho a la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecidos en el Derecho internacional. No obstante, las autoridades decisorias de los Estados miembros deben conservar el derecho a evaluar el fundamento de una solicitud aunque concurran las causas de inadmisibilidad, en particular cuando se vean obligadas a hacerlo de conformidad con sus obligaciones internas. Los Estados miembros deben poder aplicar el concepto de «tercer país seguro» únicamente cuando exista una conexión entre el solicitante y el tercer país que sirva de fundamento para considerar razonable que el solicitante vaya a dicho país. La conexión entre el solicitante y el tercer país seguro puede considerarse constatada en particular cuando los miembros de la familia del solicitante se encuentren en dicho país o cuando el solicitante se haya instalado o se haya quedado en él.

(49)

La presunción de seguridad en relación con terceros países con los que se hayan celebrado acuerdos del tipo contemplado en el presente Reglamento no se aplicará en caso de que dichos acuerdos se suspendan de conformidad con el artículo 218, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(50)

Los conceptos de «primer país de asilo» y «tercer país seguro» no deben aplicarse a un solicitante que solicite y tenga derecho a disfrutar, en el Estado miembro que examina la solicitud, de los derechos establecidos en la Directiva 2003/86/CE del Consejo (11) o en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) como miembro de la familia de un nacional de un tercer país o de un ciudadano de la Unión.

(51)

A la hora de evaluar si un tercer país cumple los criterios de protección efectiva establecidos en el presente Reglamento, debe entenderse que el acceso a medios de subsistencia suficientes para mantener un nivel de vida adecuado comprende el acceso a alimentos, ropa, vivienda o alojamiento y el derecho a ejercer un empleo remunerado, como por ejemplo a través del acceso al mercado laboral, en condiciones no menos favorables que las que tendrían los no nacionales del tercer país generalmente en las mismas circunstancias.

(52)

Para que los Estados miembros puedan denegar una solicitud por considerarse inadmisible sobre la base de los conceptos de «primer país de asilo» o «tercer país seguro», debe realizarse un examen individual de las circunstancias particulares del solicitante, que incluya todos los elementos presentados por el solicitante que expliquen las razones por las que esos conceptos no le serían aplicables. Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la autoridad competente debe tener en cuenta el interés superior del niño, en particular, por lo que respecta a la existencia de medidas de custodia y atención sostenibles adecuadas.

(53)

No debe denegarse una solicitud por considerarse inadmisible sobre la base de los conceptos de «primer país de asilo» o «tercer país seguro» cuando, en la fase del examen de la admisibilidad, sea ya evidente que el tercer país en cuestión no admitirá o readmitirá al solicitante. Además, en caso de que no se admita o readmita al solicitante en el tercer país después de que la solicitud haya sido denegada por considerarse inadmisible, el solicitante debe tener acceso de nuevo al procedimiento de protección internacional con arreglo al presente Reglamento.

(54)

Debe examinarse el fundamento de la solicitud de protección internacional con el fin de determinar si el solicitante reúne los requisitos para recibir protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347. No es necesario que se examine el fundamento si la solicitud se deniega por considerarse inadmisible con arreglo al presente Reglamento, cuando otro Estado miembro sea responsable con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1351 o cuando una solicitud deba denegarse o declararse retirada implícita o explícitamente.

(55)

El examen de la solicitud debe acelerarse y realizarse en un plazo máximo de tres meses en un número limitado de casos, también en caso de que el solicitante proceda de un país de origen seguro o formule la solicitud meramente para retrasar o frustrar la ejecución de una resolución de expulsión, o si existen motivos graves de seguridad nacional o de orden público. Los Estados miembros deben poder aplicar a los menores no acompañados un procedimiento de examen acelerado únicamente en las circunstancias limitadas indicadas en el presente Reglamento.

(56)

En aras de la rapidez y la equidad de los procedimientos para todos los solicitantes, al tiempo que se garantiza que no se prolongue indebidamente la estancia en la Unión de los solicitantes que no reúnen los requisitos para recibir protección internacional, incluidos los nacionales de terceros países exentos del requisito de estar en posesión de un visado de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1806, los Estados miembros deben acelerar el examen de las solicitudes de los solicitantes que sean nacionales o, en el caso de los apátridas, que hayan sido residentes habituales de un tercer país para el que la tasa de resoluciones por las que se concede protección internacional sea igual o inferior al 20 % del número total de resoluciones para ese tercer país, teniendo en cuenta, entre otras cosas, diferencias importantes entre las resoluciones en primera instancia y las definitivas. Cuando se haya producido un cambio significativo en el tercer país en cuestión desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat y teniendo en cuenta la nota de orientación de conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/2303, o cuando el solicitante pertenezca a una categoría específica de personas para las que la baja tasa de reconocimiento no pueda considerarse representativa de sus necesidades de protección debido a un motivo específico de persecución, no debe acelerarse el examen de la solicitud. Los casos en que un tercer país pueda ser considerado como país de origen seguro o país tercero seguro para el solicitante en el sentido del presente Reglamento deben seguir siendo aplicables como motivo aparte para el procedimiento de examen acelerado o el procedimiento de admisibilidad, respectivamente.

(57)

Muchas solicitudes de protección internacional se formulan en la frontera exterior o en una zona de tránsito de un Estado miembro, incluso por personas aprehendidas en relación con un cruce irregular de la frontera exterior, es decir, en el momento preciso del cruce irregular de una frontera exterior o en las proximidades de esta una vez cruzada, o por personas desembarcadas tras una operación de búsqueda y salvamento. A fin de efectuar un triaje de identificación, seguridad y salud en la frontera exterior y dirigir a los nacionales de terceros países y apátridas interesados a los procedimientos pertinentes, es necesario efectuar triajes. Después del triaje, los nacionales de terceros países y los apátridas deben ser derivados hacia el procedimiento de asilo o retorno, según corresponda, o se les debe denegar la entrada. Por lo tanto, debe establecerse una fase previa a la entrada que consista en un triaje y procedimientos fronterizos de asilo y de retorno. Deben existir nexos fluidos y eficaces entre todas las fases de los procedimientos pertinentes en todos los casos de llegada irregular.

(58)

El propósito del procedimiento fronterizo de asilo y retorno debe ser el de evaluar rápidamente en principio en las fronteras exteriores si las solicitudes son infundadas o inadmisibles y retornar rápidamente a quienes no tengan derecho de estancia, de un modo que se respete plenamente el principio de no devolución y asegurando al mismo tiempo que los que tienen solicitudes bien fundadas son derivados al procedimiento ordinario y se les proporciona un acceso rápido a la protección internacional. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder exigir a los solicitantes de protección internacional que residan en la frontera exterior o en las proximidades de esta, o en una zona de tránsito como norma general, o en otras ubicaciones designadas dentro de su territorio, para evaluar la admisibilidad de las solicitudes. En circunstancias muy concretas, los Estados miembros deben poder disponer que se examine el fundamento de una solicitud y, en caso de que esta sea denegada, el retorno de los nacionales de terceros países y los apátridas afectados. A fin de efectuar el procedimiento fronterizo de asilo y el procedimiento fronterizo de retorno establecido por el Reglamento (UE) 2024/1349 del Parlamento Europeo y del Consejo (13), los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para dotarse de las capacidades adecuadas de acogida y recursos humanos, en especial personal cualificado y bien formado, que se precisan para examinar en cualquier momento un número determinado de solicitudes y ejecutar las resoluciones de retorno.

(59)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento por lo que respecta al cálculo de las cifras correspondientes a la capacidad adecuada de cada Estado miembro y al número máximo de solicitudes que tiene la obligación de examinar anualmente un Estado miembro en el marco del procedimiento fronterizo, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. La capacidad adecuada de un Estado miembro debe establecerse por medio de una fórmula basada en la suma de los cruces irregulares de fronteras, según la información notificada por los Estados miembros a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas creada por el Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) (Frontex), que también incluya las llegadas tras operaciones de búsqueda y salvamento, y las denegaciones de entrada en las fronteras exteriores, según los datos de Eurostat, calculadas a lo largo de un período de tres años. Cuando el acto de ejecución se adopte de conformidad con el presente Reglamento, su adopción debe ajustarse a la aprobación del Informe europeo anual sobre asilo y migración en el marco del Reglamento (UE) 2024/1351, que evalúa la situación en todas las rutas migratorias y en todos los Estados miembros. Como elemento adicional de estabilidad y previsibilidad, debe fijarse el número máximo anual de solicitudes que un Estado miembro debe tener que examinar en el procedimiento fronterizo, que asciende a cuatro veces la capacidad adecuada de dicho Estado miembro. El alcance de la obligación del Estado miembro de dotarse de la capacidad adecuada debe tener debidamente en cuenta las preocupaciones de los Estados miembros en relación con la seguridad nacional y el orden público. Solo las solicitudes objeto del procedimiento fronterizo deben computar a efectos de alcanzar la capacidad adecuada.

(60)

Los Estados miembros deben evaluar las solicitudes en un procedimiento fronterizo cuando el solicitante suponga un peligro para la seguridad nacional o el orden público, cuando el solicitante, tras haber tenido la plena oportunidad de alegar causa justificada, se considera que ha engañado deliberadamente a las autoridades presentando información o documentos falsos o reteniendo información o documentos pertinentes con respecto a su identidad o nacionalidad que pudieran haber repercutido negativamente en la resolución y cuando sea probable que la solicitud sea infundada porque el solicitante sea de una nacionalidad para la que la tasa de resoluciones que conceden protección internacional sea igual o inferior al 20 % del número total de resoluciones para ese tercer país. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del artículo 50, párrafo tercero, del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. En otros casos, como cuando el solicitante procede de un país de origen seguro o de un tercer país seguro, el recurso al procedimiento fronterizo debe ser facultativo para los Estados miembros.

(61)

De conformidad con el capítulo IV de la Directiva (UE) 2024/1346, los Estados miembros que ofrezcan instalaciones de acogida para efectuar el procedimiento fronterizo de asilo tienen la obligación de tener en cuenta la situación y necesidades especiales de personas vulnerables —incluidos los menores—, de personas con discapacidad y de personas mayores. Por consiguiente, dichas personas solo deben ser admitidas a un procedimiento fronterizo si las condiciones de acogida en el marco de dicho procedimiento cumplen los requisitos establecidos en el capítulo IV de dicha Directiva. Además, en caso de que las condiciones de acogida disponibles como parte de un procedimiento fronterizo dejen de cumplir los requisitos y estándares establecidos en el capítulo IV de dicha Directiva, el procedimiento fronterizo debe dejar de aplicarse a las personas afectadas.

(62)

Asimismo, puede haber circunstancias en las que, independientemente de las instalaciones disponibles, la situación específica o las necesidades especiales de los solicitantes impedirían en cualquier caso su admisión o permanencia en un procedimiento fronterizo. En este contexto, no debe aplicarse un procedimiento fronterizo, o debe dejar de aplicarse, cuando no pueda ofrecerse el apoyo necesario a solicitantes que necesiten garantías procedimentales especiales o cuando esté justificado por motivos de salud, incluidos motivos relacionados con la salud mental de una persona. Del mismo modo, teniendo en cuenta la importancia de los derechos del niño y la necesidad de tener en cuenta el interés superior del niño, los procedimientos fronterizos no se deben aplicar, por regla general, a los menores no acompañados, a menos que existan motivos razonables para considerar que el menor representa un peligro para la seguridad o el orden público del Estado miembro o que el solicitante haya sido expulsado por motivos graves de seguridad nacional o de orden público con arreglo al Derecho nacional.

(63)

Tampoco debe aplicarse un procedimiento fronterizo, o debe dejar de aplicarse, cuando dé lugar al internamiento de los solicitantes en circunstancias en las que no se cumplan las condiciones de internamiento de personas y las garantías aplicables establecidas en la Directiva (UE) 2024/1346.

(64)

Dado que el objetivo del procedimiento fronterizo es, entre otros, permitir la rápida evaluación de las solicitudes con probabilidad de ser inadmisibles o infundadas, con la finalidad de hacer posible el retorno inmediato de quienes no tengan derecho de estancia, dicho procedimiento no debe aplicarse, o debe dejar de aplicarse, cuando la autoridad decisoria considere que las causas para denegar una solicitud por considerarse inadmisible o para aplicar el procedimiento de examen acelerado no son aplicables o han dejado de serlo.

(65)

Al aplicar el procedimiento fronterizo para el examen de una solicitud de protección internacional, los Estados miembros deben velar por que se adopten las disposiciones necesarias para acoger a los solicitantes en la proximidad de la frontera exterior o las zonas de tránsito como regla general, de conformidad con la Directiva (UE) 2024/1346. Los Estados miembros podrán examinar las solicitudes en un lugar diferente de la frontera exterior de aquel en que se formule la solicitud de asilo, trasladando a los solicitantes a un lugar específico en la frontera exterior del Estado miembro en cuestión o en sus proximidades, o en otros lugares que se designen para ello dentro de su territorio cuando existan las instalaciones adecuadas. Los Estados miembros deben conservar la facultad discrecional de decidir en qué lugares concretos deben ubicarse esas instalaciones. Sin embargo, los Estados miembros deben tratar de limitar la necesidad de trasladar a los solicitantes con ese fin y, por lo tanto, procurar crear dichas instalaciones con capacidad suficiente en los pasos fronterizos, o secciones de la frontera exterior, donde se formule el mayor número de solicitudes de protección internacional, teniendo en cuenta también la longitud de la frontera exterior y el número de pasos fronterizos o zonas de tránsito. Deberán notificar a la Comisión los lugares concretos donde se llevarán a cabo los procedimientos fronterizos.

(66)

Dado que determinadas instalaciones pueden encontrarse en lugares de difícil accesibilidad, los Estados miembros deben garantizar un acceso adecuado al personal que trabaja en dichas instalaciones.

(67)

El interés superior del niño debe ser la consideración primordial de los Estados miembros a la hora de aplicar las disposiciones del presente Reglamento que puedan afectar a los menores. En este contexto, y teniendo en cuenta las necesidades especiales de acogida de los menores, cuando se aplique el procedimiento fronterizo y el número de solicitantes en un momento determinado supere el número que corresponde a la capacidad adecuada de un Estado miembro, dicho Estado miembro no debe dar prioridad a los menores y a sus familiares a la hora de determinar a quién aplicar un procedimiento fronterizo, a menos que se considere que, por motivos graves, son un peligro para la seguridad nacional y el orden público de un Estado miembro. Cuando se les aplique el procedimiento fronterizo, debe darse prioridad al examen de las solicitudes de menores y de sus familiares. Las instalaciones de acogida para menores y sus familiares deben ser adecuadas a sus necesidades, respetando plenamente la Directiva (UE) 2024/1346. Dado que la protección de los menores reviste una importancia primordial, cuando la información obtenida a través de la supervisión ejercida de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2303 indique que un Estado miembro no cumple los requisitos de acogida para menores y sus familiares, la Comisión debe recomendar que se suspenda la aplicación del procedimiento fronterizo a las familias con menores, y el Estado miembro de que se trate debe informar a la Comisión de las medidas adoptadas para subsanar cualquier deficiencia contenida en la recomendación de la Comisión. La recomendación debe ser pública.

(68)

La duración del procedimiento fronterizo para el examen de las solicitudes de protección internacional debe ser lo más breve posible, si bien debe garantizar al tiempo un examen completo y justo de las solicitudes. En cualquier caso, no debe exceder las doce semanas, incluida la determinación del Estado miembro responsable. Los Estados miembros deben poder ampliar este plazo a dieciséis semanas cuando se traslade a la persona de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351. Este plazo debe entenderse como un plazo único para el procedimiento fronterizo de asilo, desde el registro de la solicitud hasta que el solicitante no tenga ya derecho de permanencia y no se le permita permanecer. Dentro de este período, los Estados miembros están facultados para fijar en el Derecho nacional los plazos tanto para la fase administrativa como para las diversas fases posteriores del procedimiento, pero deben fijarlos de manera que se garantice la conclusión del procedimiento de examen y que posteriormente, cuando corresponda, se emitan la resolución sobre la solicitud de permanencia y, en su caso, la resolución sobre el recurso en un plazo de doce semanas o, en su caso, dieciséis semanas. Una vez transcurrido este período, si a pesar de todo el Estado miembro no ha dictado las resoluciones pertinentes, se debe autorizar la entrada del solicitante en el territorio del Estado miembro, con escasas excepciones, con el fin de continuar el procedimiento adecuado. No se autoriza la entrada en el territorio cuando el solicitante no tenga derecho de permanencia, cuando no haya solicitado que se le permita permanecer a los efectos del procedimiento de recurso, o cuando un órgano jurisdiccional haya decidido que no se le permita permanecer en espera del resultado de un procedimiento de recurso. En esos casos, a fin de garantizar la continuidad entre el procedimiento de asilo y el de retorno, el procedimiento de retorno también se efectúa en el contexto de un procedimiento fronterizo de retorno previsto en el Reglamento (UE) 2024/1349 en un plazo máximo de doce semanas.

(69)

Si bien el procedimiento fronterizo para el examen de una solicitud de protección internacional puede aplicarse sin necesidad de recurrir al internamiento, los Estados miembros deben, no obstante, poder aplicar los motivos de internamiento durante el procedimiento fronterizo de conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 2024/1346 a fin de decidir sobre el derecho del solicitante a entrar en el territorio. Si se recurre al internamiento durante dicho procedimiento, se aplicarán las disposiciones sobre internamiento de dicha Directiva, incluidas las garantías de los solicitantes internados, las condiciones de internamiento, el control judicial y el hecho de que es necesario un examen individual de cada caso. Como norma, no debe internarse a los menores. Los menores deben poder ser internados únicamente en circunstancias excepcionales, como medida de último recurso y tras haberse determinado la imposibilidad de aplicar efectivamente otras medidas alternativas menos coercitivas —entre otras, alojamientos de carácter comunitario que no conlleven privación de libertad—, y tras haberse apreciado que el internamiento redunda en su interés superior de conformidad con la Directiva (UE) 2024/1346.

(70)

Cuando se deniegue una solicitud en el contexto del procedimiento fronterizo, el solicitante, el nacional de un tercer país o el apátrida en cuestión debe ser inmediatamente objeto de una decisión de retorno o, cuando se cumplan las condiciones pertinentes establecidas en el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), de una denegación de entrada. Para garantizar la igualdad de trato de todos los nacionales de terceros países y apátridas cuyas solicitudes hayan sido denegadas en el contexto del procedimiento fronterizo, cuando un Estado miembro haya decidido no aplicar las disposiciones de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16), en virtud de la excepción correspondiente que en ella misma se establece, a los nacionales de terceros países y a los apátridas, y no dicte una decisión de retorno aplicable al nacional de un tercer país interesado, el trato y el grado de protección del solicitante, del nacional de un tercer país o del apátrida interesado deben ser conformes con la disposición de la Directiva 2008/115/CE sobre disposiciones más favorables por lo que respecta a los nacionales de terceros países excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva, y ser equivalentes a las disposiciones aplicables a las personas objeto de una decisión de retorno.

(71)

El procedimiento fronterizo se debe efectuar dentro del pleno respeto de la Carta y el Derecho de la Unión. En ese contexto, cada Estado miembro debe establecer un mecanismo de supervisión de los derechos fundamentales en relación con el procedimiento fronterizo que cumpla los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1356 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(72)

Con arreglo a sus respectivos mandatos, los organismos de la Unión —y, en particular, la Agencia de Asilo— deben poder prestar apoyo a los Estados miembros y a la Comisión, cuando así lo soliciten, con el fin de asegurar la ejecución y el funcionamiento adecuados del presente Reglamento, incluidas aquellas disposiciones relacionadas con los procedimientos acelerados y fronterizos. Los organismos de la Unión —y, en particular, la Agencia de Asilo— pueden proponer apoyo específico a un Estado miembro.

(73)

El Estado miembro al que se traslade a un solicitante de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351 debe poder examinar la solicitud en un procedimiento fronterizo, siempre que el solicitante no haya sido aún autorizado a entrar en el territorio de los Estados miembros en cuestión y el Estado miembro desde el que se haya trasladado al solicitante y el Estado miembro al que se haya trasladado al solicitante cumplan las condiciones para la aplicación de dicho procedimiento.

(74)

El concepto de orden público puede incluir, entre otras cosas, una condena por haber cometido un delito grave.

(75)

Siempre que un solicitante pueda alegar una causa justificada, la falta de documentos a la entrada o el uso de documentos falsos no debe entrañar en sí mismo el recurso automático a un procedimiento de examen acelerado o a un procedimiento fronterizo.

(76)

En caso de que un solicitante no cumpla determinadas obligaciones derivadas del presente Reglamento, del Reglamento (UE) 2024/1351 o de la Directiva (UE) 2024/1346, la solicitud no debe seguir siendo examinada y en principio debe ser denegada o declarada retirada implícitamente, y toda nueva solicitud realizada en los Estados miembros por el mismo solicitante posteriormente a esa resolución debe ser considerada una solicitud posterior. Cuando una persona haya formulado una solicitud posterior en otro Estado miembro y sea trasladada al Estado miembro responsable de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351, el Estado miembro responsable no debe estar obligado a examinar la solicitud formulada en el otro Estado miembro.

(77)

Si el solicitante formula una solicitud posterior sin presentar nuevos elementos que aumenten significativamente su probabilidad de reunir los requisitos para ser beneficiario de protección internacional o que se refieran a las razones por las que la solicitud anterior fue denegada por considerarse inadmisible, esa solicitud posterior no debe ser objeto de un nuevo procedimiento de examen completo. En esos casos, tras un examen preliminar, las solicitudes deben denegarse por considerarse inadmisibles según el principio de cosa juzgada. El examen preliminar se debe realizar sobre la base de alegaciones escritas o una entrevista personal. Es posible prescindir de la entrevista personal, en particular, en los casos en que, a partir de las alegaciones escritas, quede claro que la solicitud no da lugar a nuevos elementos. En el caso de las solicitudes posteriores, pueden hacerse excepciones al derecho de la persona a permanecer en el territorio de un Estado miembro.

(78)

El solicitante que formalice una solicitud posterior en el último momento con el único fin de retrasar o frustrar su expulsión no debe ser autorizado a permanecer en espera de la finalización de la resolución que declara la solicitud inadmisible en los casos en que resulte inmediatamente evidente para la autoridad decisoria que no se han presentado nuevos elementos y que no hay riesgo de devolución. La autoridad decisoria debe dictar una resolución con arreglo al Derecho nacional en la que se confirme que se cumplen estos criterios para que no se autorice la permanencia del solicitante.

(79)

Una consideración clave para determinar si una solicitud de protección internacional está bien fundamentada es la seguridad del solicitante en su país de origen. Teniendo en cuenta el hecho de que el Reglamento (UE) 2024/1347 pretende lograr un alto nivel de convergencia en el reconocimiento de nacionales de terceros países y apátridas como beneficiarios de protección internacional, el presente Reglamento establece criterios comunes para la designación de terceros países como países de origen seguros, en vista de la necesidad de reforzar la aplicación del concepto de «país de origen seguro» como herramienta fundamental para respaldar el rápido examen de las solicitudes que probablemente sean infundadas.

(80)

Debe ser posible designar a un tercer país como país de origen seguro, con excepciones para zonas específicas de su territorio o para categorías de personas claramente identificables. Asimismo, el hecho de que un tercer país esté incluido en una lista de países de origen seguros no puede establecer una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de ese país, ni siquiera para aquellos que no pertenezcan a una categoría de personas para las que se haya formulado dicha excepción y, por lo tanto, no elimina la necesidad de realizar un examen individual adecuado de la solicitud de protección internacional. Por su propia naturaleza, la evaluación que sustenta la designación solo puede tener en cuenta la circunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho de si, en dicho país, los autores de persecución, tortura, castigos o tratamiento inhumanos o degradantes están sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera responsables. Por dicho motivo, solo debe ser posible aplicar el concepto de «país de origen seguro» cuando el solicitante no pueda aportar elementos que justifiquen por qué el concepto de «país de origen seguro» no le es aplicable, en el marco de un examen individual.

(81)

La designación de países de origen seguros y de terceros países seguros a nivel de la Unión debe solucionar algunas de las divergencias existentes entre las listas nacionales de países seguros. Mientras que los Estados miembros deben conservar el derecho a aplicar o introducir leyes que permitan la designación nacional de terceros países distintos de los designados como terceros países seguros o países de origen seguros a nivel de la Unión, tal designación o lista común debe garantizar que los conceptos sean aplicados por todos los Estados miembros de manera uniforme en relación con los solicitantes cuyos países de origen se designen tercer país seguro o para los que haya un tercer país seguro. Esto debe facilitar la convergencia en la aplicación de los procedimientos y así disuadir también los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional.

(82)

La Comisión, con ayuda de la Agencia de Asilo, debe revisar la situación en los terceros países designados como terceros países seguros o países de origen seguros a nivel de la Unión. En caso de empeoramiento importante en la situación en uno de esos terceros países, y una vez efectuada una evaluación fundamentada, la Comisión debe poder suspender la designación de ese tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión durante un período limitado, por medio de un acto delegado. La Comisión también debe poder prorrogar la suspensión de la designación de un tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión por un período de seis meses, con la posibilidad de una prórroga más. A fin de hacer frente a un empeoramiento importante en un tercer país designado como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la suspensión de la designación de ese tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión durante un período de seis meses cuando la Comisión considere, sobre la base de una evaluación fundamentada, que han dejado de cumplirse las condiciones establecidas por el presente Reglamento, y a la prórroga de la suspensión de la designación de un tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión por un período de seis meses, con la posibilidad de una prórroga más. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (18). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(83)

La Comisión debe revisar continuamente la situación en dicho tercer país, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la información proporcionada por los Estados miembros y la Agencia de Asilo con respecto a cambios posteriores en la situación de ese tercer país. Además, en este caso, la Comisión debe proponer una modificación de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario para eliminar a dicho tercer país de la designación como país seguro a nivel de la Unión en un plazo de tres meses desde la adopción del acto delegado por el que se suspenda a ese tercer país. A los fines de la evaluación fundamentada, la Comisión deberá tomar en consideración una serie de fuentes de información que están a su disposición, en particular, sus informes de situación anuales para los terceros países designados como candidatos por el Consejo Europeo, los informes periódicos elaborados por el Servicio Europeo de Acción Exterior y la información facilitada por los Estados miembros, la Agencia de Asilo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales pertinentes.

(84)

Cuando expire el período de vigencia del acto delegado y sus prórrogas sin que se haya adoptado un nuevo acto delegado, no debe prolongarse la suspensión de la designación del tercer país como tercer país seguro o país de origen seguro a nivel de la Unión. Esto debe entenderse sin perjuicio de cualquier propuesta de modificación para la eliminación del tercer país de la designación.

(85)

La Comisión, con ayuda de la Agencia de Asilo, debe revisar la situación en los terceros países que se hayan eliminado de la designación como países de origen seguros o terceros países seguros a nivel de la Unión, incluso cuando un Estado miembro notifique a la Comisión que considera, partiendo de la base de una evaluación fundamentada, que, a raíz de los cambios que se han producido en la situación en dicho tercer país, este vuelve a reunir las condiciones establecidas en el presente Reglamento para ser designado como seguro. En tal caso, los Estados miembros solamente pueden designar a ese tercer país como país de origen seguro o tercer país seguro a nivel nacional en la medida en que la Comisión no haya formulado objeciones a dicha designación en un plazo de dos años a partir de la fecha de retirada de dicho tercer país de la designación como país de origen seguro o tercer país seguro a nivel de la Unión. Si la Comisión estima que se cumplen estas condiciones, puede proponer una modificación de la designación de terceros países seguros o países de origen seguros a nivel de la Unión con el fin de añadir el tercer país en cuestión.

(86)

Con respecto a la retirada del estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria, los Estados miembros deben garantizar que las personas que puedan acogerse a la protección internacional sean debidamente informadas de una posible reconsideración de su estatuto y que se les dé la oportunidad de manifestar su opinión, en un plazo razonable, por medio de una declaración escrita y en una entrevista personal, antes de que las autoridades puedan dictar una resolución razonada de retirar su estatuto.

(87)

Las resoluciones dictadas sobre una solicitud de protección internacional que la denieguen por considerarla inadmisible, infundada o manifiestamente infundada en relación con el estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria, o por considerarla implícitamente retirada, así como las resoluciones para retirar el estatuto de refugiado o de la protección subsidiaria, deben estar sometidas a tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccional en cumplimiento de todos los requisitos y condiciones que establece el artículo 47 de la Carta. Para garantizar la efectividad del procedimiento, el solicitante debe interponer su recurso dentro de un plazo determinado. Para que el solicitante pueda cumplir los plazos y con miras a garantizar el acceso efectivo a la tutela judicial, el solicitante debe tener derecho a asistencia jurídica y representación legal gratuitas. Esto debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los solicitantes o beneficiarios de protección internacional dispongan de otras vías de recurso de aplicación general previstas en el orden nacional que no sean específicas para el procedimiento de concesión o retirada de la protección internacional.

(88)

En algunos Estados miembros, las disposiciones legales de procedimiento exigen que exista un segundo nivel de recurso aparte del exigido de conformidad con el presente Reglamento. A la luz de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, y teniendo debidamente en cuenta la autonomía procesal de los Estados miembros, así como los objetivos del presente Reglamento, conviene prever una definición flexible de lo que constituye una resolución definitiva mediante remisión al Derecho nacional, entendiéndose que los Estados miembros deben disponer, como mínimo, las vías de recurso establecidas en el capítulo V del presente Reglamento antes de que la resolución sea definitiva de conformidad con el Derecho nacional. Cuando se haya formulado una solicitud posterior antes de que la resolución de una solicitud anterior sea definitiva, debe ser considerada una alegación adicional y ser examinada en el marco del procedimiento administrativo o de recurso en curso según corresponda.

(89)

El concepto de «órgano jurisdiccional» se rige por el Derecho de la Unión, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho concepto, entre otros elementos, solo puede referirse a una autoridad que actúe en calidad de tercero en relación con la autoridad que dictó la resolución objeto de litigio. Dicha autoridad debe desempeñar funciones judiciales y no es determinante que el Derecho nacional reconozca a dicha autoridad como órgano jurisdiccional. El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la potestad de los Estados miembros para organizar sus sistemas jurisdiccionales nacionales y determinar el número de instancias de apelación. Cuando el Derecho nacional prevea la posibilidad de interponer nuevos recursos contra una resolución de primer o ulterior recurso, el procedimiento y el efecto suspensivo de dichos recursos deben regularse en el Derecho nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión y las obligaciones internacionales.

(90)

A efectos del procedimiento de recurso, los Estados miembros pueden disponer que las vistas orales ante los órganos jurisdiccionales de primera instancia puedan celebrarse por videoconferencia, siempre que se hayan adoptado las disposiciones necesarias.

(91)

Para que un solicitante pueda ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional, todos los efectos de la decisión de retorno deben suspenderse automáticamente mientras el solicitante tenga derecho de permanencia o se le haya permitido permanecer en el territorio de un Estado miembro.

(92)

En principio, los solicitantes deben tener derecho de permanencia en el territorio de un Estado miembro hasta que expire el plazo para interponer un recurso ante un órgano jurisdiccional de primera instancia y, cuando ese derecho se ejerza dentro del plazo establecido, en espera del resultado del recurso. Solo en los casos limitados establecidos en el presente Reglamento, en los que es probable que las solicitudes sean infundadas, y sin perjuicio del principio de no devolución, el solicitante no debe tener un derecho automático de permanencia a los efectos del recurso.

(93)

En los casos en que el solicitante no tenga un derecho automático de permanencia a los efectos del recurso, un órgano jurisdiccional debe poder seguir permitiendo que el solicitante permanezca en el territorio del Estado miembro hasta que se resuelva el recurso, a petición del solicitante o de oficio. En esos casos, los solicitantes deben tener derecho de permanencia hasta que haya vencido el plazo para solicitar a un órgano jurisdiccional que se les permita permanecer y, cuando el solicitante haya presentado esa solicitud dentro del plazo establecido, en espera de la resolución del órgano jurisdiccional competente. A fin de desalentar las solicitudes posteriores abusivas o de última hora, los Estados miembros deben poder disponer en su Derecho nacional que los solicitantes no tengan derecho de permanencia durante ese período en caso de que se hayan denegado solicitudes posteriores, con miras a evitar nuevas solicitudes posteriores infundadas. En el contexto del procedimiento para determinar si se debe permitir que el solicitante permanezca en espera del recurso, se deben garantizar adecuadamente los derechos de defensa del solicitante, proporcionándole la interpretación y la asistencia jurídica necesarias. Además, en este marco, el órgano jurisdiccional competente debe poder examinar la resolución denegatoria de concesión de protección internacional en los aspectos de hecho y de Derecho.

(94)

A fin de garantizar retornos efectivos, los solicitantes no deben tener derecho de permanencia en el territorio del Estado miembro en la fase de un segundo o ulterior nivel de recurso ante un órgano jurisdiccional contra una resolución negativa sobre la solicitud de protección internacional, sin perjuicio de la posibilidad de que un órgano jurisdiccional permita que el solicitante permanezca.

(95)

A fin de garantizar la coherencia del examen jurídico que lleva a cabo un órgano jurisdiccional sobre una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional y la decisión de retorno que la acompaña, y con miras a acelerar el examen del caso y reducir la carga que recae sobre las autoridades judiciales competentes, estas resoluciones, si se toman como parte de la correspondiente resolución sobre la solicitud de protección internacional o la resolución para retirar la protección internacional, deben ser objeto de un procedimiento común ante el mismo órgano jurisdiccional.

(96)

A fin de garantizar la equidad y la objetividad en la gestión de las solicitudes y la eficacia del procedimiento común de protección internacional, deben establecerse plazos para el procedimiento administrativo.

(97)

De conformidad con el artículo 72 del TFUE, el presente Reglamento se entiende sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.

(98)

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) se aplica al tratamiento de datos personales por los Estados miembros realizado en aplicación del presente Reglamento.

(99)

Todo tratamiento de datos personales por la Agencia de Asilo en el marco del presente Reglamento debe realizarse con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), así como al Reglamento (UE) 2021/2303 y, en particular, debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

(100)

Todo dato personal recopilado durante el registro o la formulación de la solicitud de protección internacional y la entrevista personal debe considerarse parte del expediente del solicitante y guardarse durante un número suficiente de años, ya que los nacionales de terceros países o apátridas que soliciten protección internacional en un Estado miembro podrían intentar solicitar protección internacional en otro Estado miembro o presentar otras solicitudes posteriores en el mismo u otro Estado miembro en los años siguientes. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los nacionales de terceros países o apátridas que se hayan quedado en la Unión durante varios años habrán obtenido el estatuto de residente o incluso la ciudadanía de un Estado al cabo de un período de diez años desde que se le concedió la protección internacional, este período debe considerarse necesario para conservar los datos personales, incluidos los dactiloscópicos y las imágenes faciales.

(101)

El presente Reglamento no regula los procedimientos entre Estados miembros regidos por el Reglamento (UE) 2024/1351, tampoco en lo relativo a las vías de recurso en el contexto de dichos procedimientos.

(102)

Debe aplicarse el presente Reglamento a aquellos solicitantes a los que se aplica el Reglamento (UE) 2024/1351 de modo adicional y sin perjuicio de las disposiciones de dicho Reglamento.

(103)

Con el fin de garantizar que en el momento en que empiece a aplicarse el presente Reglamento su aplicación sea coherente, deben prepararse y ponerse en marcha planes de ejecución a nivel de la Unión y nacional en los que se señalen las lagunas y las fases operativas para cada Estado miembro.

(104)

La aplicación del presente Reglamento debe evaluarse de manera periódica.

(105)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un procedimiento común para la concesión y la retirada de la protección internacional, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(106)

De conformidad con los artículos 1 y 2 y el artículo 4 bis, apartado 1, del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(107)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(108)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta. En particular, el presente Reglamento persigue garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y promover la aplicación de los artículos 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 y 47 de la Carta.

1)

«refugiado», todo nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de ese país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados anteriormente, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no sea aplicable el artículo 12 del Reglamento (UE) 2024/1347;

2)

«persona que puede acogerse a protección subsidiaria», todo nacional de un tercer país o apátrida que no reúna los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir daños graves tal como se definen en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1347, y al que no sea aplicable el artículo 17, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento y que no pueda o, a causa de dicho riesgo, no quiera acogerse a la protección de ese país;

3)

«estatuto de refugiado», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347;

4)

«estatuto de protección subsidiaria», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona que puede acogerse a protección subsidiaria de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347;

5)

«protección internacional», el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria;

6)

«menor», todo nacional de un tercer país o apátrida menor de dieciocho años;

7)

«menor no acompañado», todo menor que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto que sea su responsable, ya sea con arreglo al Derecho o la práctica del Estado miembro en cuestión, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo de dicho menor, incluido el que deje de estar acompañado después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros;

8)

«resolución definitiva», la resolución sobre si se concede o no a un nacional de un tercer país o a un apátrida el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347, incluida toda resolución denegatoria de la solicitud por inadmisible y toda resolución denegatoria por la que se declare una solicitud implícita o explícitamente retirada, contra la que ya no pueda interponerse recurso en el marco del capítulo V del presente Reglamento o sea firme con arreglo al Derecho nacional, con independencia de que el solicitante tenga derecho a permanecer de conformidad con el presente Reglamento;

9)

«examen de una solicitud de protección internacional», el examen de la admisibilidad o del fundamento de una solicitud de protección internacional de acuerdo con el presente Reglamento y con el Reglamento (UE) 2024/1347;

10)

«datos biométricos», los datos biométricos tal como se definen en el artículo 2, letra s), del Reglamento (UE) 2024/1358;

11)

«capacidad adecuada», la capacidad necesaria en cualquier momento para efectuar el procedimiento fronterizo de asilo y el procedimiento fronterizo de retorno establecido en virtud del Reglamento (UE) 2024/1349 o, cuando proceda, un procedimiento fronterizo de retorno equivalente establecido en virtud del Derecho nacional;

12)

«solicitud de protección internacional» o «solicitud», la petición de protección formulada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse que persigue obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria;

13)

«solicitante», todo nacional de un tercer país o apátrida que haya formulado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se haya adoptado una resolución definitiva;

14)

«solicitante que necesita garantías procedimentales especiales», todo solicitante cuya capacidad de disfrutar los derechos y cumplir las obligaciones previstas en el presente Reglamento esté limitada por circunstancias individuales, como, por ejemplo, vulnerabilidades específicas;

15)

«apátrida», toda persona que no sea considerada nacional suyo por ningún Estado, con arreglo a su Derecho;

16)

«autoridad decisoria», todo organismo cuasi judicial o administrativo de un Estado miembro que sea responsable del examen de las solicitudes de protección internacional y competente para dictar resoluciones en la fase administrativa del procedimiento;

17)

«retirada de la protección internacional», la decisión de una autoridad decisoria o un órgano jurisdiccional competente de revocar o poner fin a la protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347, incluida la negativa a prorrogarla;

18)

«permanencia en el territorio del Estado miembro», la permanencia en el territorio del Estado miembro en el que se haya formulado o se esté examinando la solicitud de protección internacional, incluidas las zonas fronterizas o de tránsito;

19)

«solicitud posterior», una nueva solicitud de protección internacional, formulada en cualquier Estado miembro después de que se haya dictado una resolución definitiva sobre una solicitud anterior, incluidos los casos en que la solicitud haya sido denegada por considerarse explícita o implícitamente retirada;

20)

«Estado miembro responsable», el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351.

a)

recibir y examinar las solicitudes de protección internacional;

b)

dictar resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional;

c)

dictar resoluciones sobre la retirada de la protección internacional.

a)

expertos enviados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Agencia de Asilo») de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/2303, y

b)

las autoridades competentes de otro Estado miembro a las que le haya confiado la recepción, el registro y el examen de las solicitudes de protección internacional.

a)

tenga acceso a los solicitantes, incluidos los que se hallen en centros de acogida o de internamiento, en la frontera y en las zonas de tránsito;

b)

tenga acceso a la información sobre solicitudes individuales de protección internacional, el curso del procedimiento y las resoluciones dictadas, siempre y cuando el solicitante dé su consentimiento;

c)

manifieste su opinión, en el ejercicio de sus responsabilidades de vigilancia de conformidad con el artículo 35 de la Convención de 28 de julio de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados, complementada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»), ante cualquier autoridad competente, sobre solicitudes individuales de protección internacional, en cualquier fase del procedimiento.

a)

revelar información sobre la solicitud individual de protección internacional, o sobre el hecho de que se ha formulado una solicitud, a los presuntos autores de persecución o de daños graves;

b)

recabar información alguna de los presuntos autores de persecución o de daños graves, de una manera que ponga informarles de que el solicitante ha formulado una solicitud.

a)

el derecho a formalizar una solicitud individual;

b)

los plazos y las fases del procedimiento que debe seguirse;

c)

sus derechos y obligaciones durante el procedimiento, incluidos los que se derivan del Reglamento (UE) 2024/1351, y las consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones, en particular en lo relativo a la retirada explícita o implícita de una solicitud;

d)

el derecho a consejo jurídico gratuito para la formulación de la solicitud individual y a asistencia jurídica y representación legal gratuitas en todas las fases del procedimiento con arreglo a la sección III del presente capítulo y de conformidad con los artículos 15, 16, 17, 18 y 19;

e)

los medios a través de los cuales pueden cumplir la obligación de aportar los elementos previstos en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1347;

f)

la resolución de la autoridad decisoria de conformidad con el artículo 36.

a)

proporcionando los datos a que se refiere el artículo 27, apartado 1, letras a), b) y d);

b)

ofreciendo una explicación en caso de que no esté en posesión de un documento de identidad o de viaje;

c)

informando de cualquier cambio que se produzca con respecto a su lugar de residencia, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico;

d)

proporcionando datos biométricos;

e)

formalizando su solicitud de conformidad con el artículo 28 y permaneciendo a disposición durante todo el procedimiento;

f)

entregando lo antes posible los documentos pertinentes que posea para el examen de la solicitud;

g)

asistiendo a la entrevista personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13;

h)

permaneciendo en el territorio del Estado miembro en el que esté obligado a estar presente de conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (UE) 2024/1351.

a)

formula una solicitud posterior de conformidad con el artículo 55 y se reúnan las condiciones establecidas en el artículo 56;

b)

sea o vaya a ser extraditado, entregado o trasladado a otro Estado miembro, a un tercer país, a la Corte Penal Internacional u otro órgano jurisdiccional internacional a efectos del enjuiciamiento de un delito o de la ejecución de una pena de privación de libertad o de una medida de seguridad;

c)

suponga un peligro para el orden público o la seguridad nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12 y 17 del Reglamento (UE) 2024/1347, siempre que la aplicación de dicha excepción no dé lugar a que el solicitante sea expulsado a un tercer país en violación del principio de no devolución.

a)

ser competente para tener en cuenta las circunstancias personales y generales en las que se formula la solicitud, tales como la situación imperante en el país de origen del solicitante, así como el origen cultural, la edad, el género, la identidad de género, la orientación sexual, la vulnerabilidad y las necesidades procedimentales especiales del solicitante;

b)

no llevar uniforme del ejército ni de otras fuerzas del orden.

a)

poseer conocimientos generales de los factores que puedan afectar negativamente a la capacidad del solicitante de mantener una entrevista, tales como indicios de que el solicitante pudiera haber sufrido torturas en el pasado o haber sido víctima de trata de seres humanos;

b)

recibir, previamente, una formación que incluya los aspectos pertinentes de entre los contemplados en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/2303.

a)

la autoridad decisoria pueda adoptar una decisión positiva con respecto al estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria sobre la base de las pruebas disponibles, siempre que el estatuto de protección subsidiaria ofrezca los mismos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho de la Unión y nacional;

b)

la autoridad decisoria considere que la solicitud no es inadmisible sobre la base de las pruebas disponibles;

c)

la autoridad decisoria considere que el solicitante está incapacitado o no es apto para ser entrevistado debido a circunstancias permanentes ajenas a su control;

d)

en el caso de una solicitud posterior, el examen preliminar a que se refiere el artículo 55, apartado 4, se vaya a realizar sobre la base de una declaración escrita;

e)

la autoridad decisoria considere inadmisible la solicitud con arreglo al artículo 38, apartado 1, letra c).

a)

con arreglo al Derecho nacional, la grabación o una transcripción de esta pueda admitirse como prueba en el procedimiento de recurso, o

b)

la autoridad decisoria tenga la convicción de que se concederá al solicitante el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, siempre que el estatuto de protección subsidiaria ofrezca los mismos derechos y beneficios que el estatuto de refugiado con arreglo al Derecho nacional y de la Unión.

a)

orientación y explicaciones sobre el procedimiento administrativo, incluida la información sobre los derechos y las obligaciones durante dicho procedimiento;

b)

asistencia con respecto a la formalización de la solicitud y orientación sobre:

a)

la solicitud es una primera solicitud posterior que se considera formalizada con el único fin de retrasar o frustrar la ejecución de una decisión de retorno que daría lugar a la expulsión inmediata del solicitante del Estado miembro;

b)

se trate de una segunda o sucesiva solicitud posterior;

c)

el solicitante ya esté siendo asistido y representado por un asesor jurídico.

a)

se considere que el solicitante, que deberá exponer su situación económica, dispone de recursos suficientes para sufragar la asistencia jurídica y la representación legal a su propia costa;

b)

se considere que el recurso tiene pocos visos de prosperar o es abusivo;

c)

el recurso o revisión se efectúe en una instancia segunda o superior con arreglo al Derecho nacional, incluidas las reaudiencias o los reexámenes del recurso;

d)

el solicitante ya está siendo asistido o representado por un asesor jurídico.

a)

facilitar el acceso a dicha información o dichas fuentes a los órganos jurisdiccionales durante el procedimiento de recurso, y

b)

garantizar que se respete el derecho de defensa del solicitante.

a)

designarán lo antes posible —y, en todo caso, a su debido tiempo a efectos de lo dispuesto en el apartado 6 y, cuando proceda, en el apartado 7— una persona con la experiencia y las capacidades necesarias para asistir provisionalmente al menor a fin de salvaguardar su interés superior y su bienestar general de manera que pueda disfrutar de los derechos contemplados en el presente Reglamento y, en su caso, para actuar como representante hasta que se nombre a un representante;

b)

nombrarán a un representante lo antes posible y, a más tardar, quince días hábiles a partir de la fecha en que se formule la solicitud.

a)

al menor no acompañado, de manera adaptada a los menores y en una lengua que pueda comprender, de la designación de la persona a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a), y de su representante, así como de la forma de presentar una queja contra la persona mencionada en el apartado 2, párrafo primero, letras a) o b), de forma confidencial y segura;

b)

a la autoridad decisoria y a la autoridad competente para el registro de la solicitud, cuando proceda, de que se ha nombrado un representante para el menor no acompañado, y

c)

a la persona a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, letra a), y al representante de los hechos pertinentes, las fases procedimentales y los plazos relativos a la solicitud del menor no acompañado.

a)

proporcionar al menor no acompañado la información pertinente en relación con los procedimientos previstos en el presente Reglamento;

b)

cuando proceda, asistir al menor no acompañado en relación con el procedimiento de determinación de la edad a que se refiere el artículo 25;

c)

cuando proceda, proporcionar al menor no acompañado la información pertinente sobre los procedimientos previstos en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1358 y asistirle al respecto.

a)

cuando proceda, proporcionar al menor no acompañado la información pertinente en relación con los procedimientos previstos en el presente Reglamento;

b)

cuando proceda, asistirle en el procedimiento de determinación de la edad a que se refiere el artículo 25;

c)

cuando proceda, asistirle en el registro de su solicitud;

d)

cuando proceda, asistirle en la formalización de la solicitud o la formalizará en nombre del menor no acompañado, de conformidad con el artículo 33;

e)

cuando proceda, asistirle en la preparación de la entrevista personal y estar presente en esta, e informará al menor no acompañado sobre la finalidad y las posibles consecuencias de la entrevista personal y sobre cómo preparar dicha entrevista;

f)

cuando proceda, proporcionar al menor no acompañado la información pertinente sobre los procedimientos previstos en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1358 y asistirle al respecto.

a)

nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidades o el hecho de que el solicitante sea apátrida, miembros de la familia tal como se define en el artículo 2, punto 8, del Reglamento (UE) 2024/1351 y, en el caso de los menores, los hermanos o parientes —tal como se define en el artículo 2, punto 9, de dicho Reglamento— que estén presentes en un Estado miembro, si procede, y otros datos personales del solicitante pertinentes para el procedimiento en materia de protección internacional y por el que se determina el Estado miembro responsable;

b)

cuando esté disponible, el tipo, número y el período de validez de cualquier documento de identidad o de viaje del solicitante, y el país de emisión de dicho documento, así como otros documentos proporcionados por el solicitante que la autoridad competente considere pertinentes a efectos de su identificación, del procedimiento en materia de protección internacional y de la determinación del Estado miembro responsable;

c)

fecha de la solicitud, lugar en que se formuló y autoridad ante la cual se formuló;

d)

ubicación, lugar de residencia o dirección del solicitante y, si dispone de teléfono, su número y una dirección de correo electrónico en que se le pueda localizar.

a)

nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo y nacionalidades del solicitante o, en su caso, una indicación de apatridia, una imagen facial del solicitante y su firma;

b)

la autoridad expedidora, fecha y lugar de expedición y período de validez del documento;

c)

el estatuto de solicitante;

d)

una declaración de que el solicitante tiene derecho a permanecer en el territorio de ese Estado miembro a efectos de que la solicitud sea examinada y una indicación de si el solicitante goza de libertad para circular por la totalidad o parte del territorio de dicho Estado miembro;

e)

una declaración de que el documento no es un documento de viaje y que el solicitante no puede viajar sin autorización a otros Estados miembros.

a)

las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2024/1347;

b)

información pertinente, precisa y actualizada relativa a la situación imperante en el país de origen del solicitante en el momento de dictar una resolución sobre la solicitud, incluidas las leyes y normativas del país de origen y la manera en que se aplican, recabada de fuentes pertinentes y accesibles, tanto nacionales como de la Unión e internacionales, incluidas las organizaciones de derechos de la infancia, y, cuando esté disponible, el análisis común sobre la situación en determinados países de origen, así como las notas de orientación contempladas en el artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/2303;

c)

cuando se aplique el concepto de «primer país de asilo» o de «tercer país seguro», información pertinente, precisa y actualizada relativa a la situación imperante en el tercer país que se considere primer país de asilo o tercer país seguro al dictarse una resolución sobre la solicitud, incluida información y análisis sobre los terceros países seguros mencionados en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2021/2303;

d)

la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, tales como su historial, edad, género, identidad de género y orientación sexual, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría verse expuesto pueden constituir persecución o daños graves;

e)

si las actividades en que ha participado el solicitante desde que dejó su país de origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para solicitar protección internacional, con el fin de evaluar si tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de que volviera a dicho país, como se menciona en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2024/1347;

f)

si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país cuya ciudadanía pudiese reclamar;

g)

siempre que los autores de persecución o de daños graves no sean el Estado o sus agentes, si es de aplicación la alternativa de protección interna que se menciona en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2024/1347.

a)

considere probable que la solicitud esté bien fundada;

b)

el solicitante tenga necesidades de acogida especiales en el sentido del artículo 24 de la Directiva (UE) 2024/1346 o precise de garantías procedimentales especiales tal como se menciona en los artículos 20 a 23 del presente Reglamento, en particular si es un menor no acompañado;

c)

existan motivos razonables para considerar que el solicitante constituye un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro;

d)

se trate de una solicitud posterior;

e)

el solicitante haya sido objeto de una resolución de conformidad con el artículo 23, apartado 2, letra e), de la Directiva (UE) 2024/1346 o se haya visto implicado en actos de alteración del orden público o en conductas delictivas.

a)

un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas formule una solicitud de protección internacional en el mismo período, lo que hace que no sea factible en la práctica concluir el procedimiento de admisibilidad dentro de los plazos establecidos;

b)

se planteen cuestiones complejas de hecho o de Derecho;

c)

el retraso pueda imputarse clara y únicamente al incumplimiento por parte del solicitante de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9.

a)

un número desproporcionado de nacionales de terceros países o apátridas formule una solicitud de protección internacional en el mismo período, lo que hace que no sea factible en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses;

b)

se planteen cuestiones complejas de hecho o de Derecho;

c)

el retraso pueda imputarse clara y únicamente al incumplimiento por parte del solicitante de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9.

a)

proceder a revisar la situación en dicho país de origen cada cuatro meses como mínimo;

b)

tener en cuenta las revisiones de la situación en dicho país de origen realizadas por la Agencia de Asilo, en caso de que se disponga de ellas;

c)

informar a los solicitantes interesados de los motivos del aplazamiento, en una lengua que comprendan o cuya comprensión sea razonable suponer y lo antes posible.

a)

un país que no es Estado miembro se considera primer país de asilo para el solicitante en virtud del artículo 58, salvo que resulte obvio que el solicitante no será admitido o readmitido en ese país;

b)

un país que no es Estado miembro se considera tercer país seguro para el solicitante en virtud del artículo 59, salvo que resulte obvio que el solicitante no será admitido o readmitido en ese país;

c)

un Estado miembro distinto del Estado miembro que examina su solicitud ha concedido al solicitante protección internacional;

d)

un órgano jurisdiccional penal internacional ha ofrecido al solicitante una reubicación segura en un Estado miembro o un tercer país, o está emprendiendo acciones inequívocamente en ese sentido, a menos que hayan surgido nuevas circunstancias pertinentes que el órgano jurisdiccional no haya tenido en cuenta, o que no fuera jurídicamente posible plantear ante dicho órgano jurisdiccional circunstancias pertinentes con respecto a normas relativas de derechos humanos reconocidas internacionalmente;

e)

se ha dictado con respecto al solicitante de que se trate una decisión de retorno de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2008/115/CE y dicho solicitante no realizó su solicitud hasta transcurridos siete días hábiles a partir de la fecha en que recibió dicha decisión de retorno, siempre que se le hubiera informado de las consecuencias de no formular la solicitud dentro de dicho plazo y que no hayan surgido nuevas circunstancias pertinentes desde que el plazo expirara.

a)

sea otro el Estado miembro responsable de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1351;

b)

se deniegue una solicitud por considerarse inadmisible de conformidad con el artículo 38, o

c)

se considere una solicitud explícita o implícitamente retirada, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, apartado 2, y el artículo 41, apartado 5.

a)

sin causa justificada, el solicitante no haya formalizado su solicitud con arreglo al artículo 28, a pesar de haber tenido una oportunidad efectiva para hacerlo;

b)

el solicitante se niegue a cooperar al no facilitar la información a que se refiere el artículo 27, apartado 1, letras a) y b), o sus datos biométricos;

c)

el solicitante se niegue a facilitar su dirección, cuando tenga una, a menos que las autoridades competentes ofrezcan alojamiento;

d)

el solicitante no haya acudido a una entrevista personal sin causa justificada, teniendo la obligación de hacerlo conforme al artículo 13, o se niegue a contestar sin causa justificada a preguntas durante la entrevista hasta el punto de que el resultado de esta sea insuficiente para dictar una resolución sobre el fundamento de la solicitud;

e)

el solicitante haya incumplido reiteradamente las obligaciones de comparecencia que se le hayan impuesto de conformidad con el artículo 9, apartado 4, o no permanezca a disposición de las autoridades administrativas o judiciales competentes, a menos que pueda demostrar que la falta de disponibilidad se debió a circunstancias específicas ajenas a su control;

f)

el solicitante haya formalizado la solicitud en un Estado miembro distinto del previsto en el artículo 17, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2024/1351 y no permanezca físicamente en dicho Estado miembro a la espera de la determinación del Estado miembro responsable o de la ejecución del procedimiento de traslado, cuando proceda.

a)

el solicitante, al formalizar su solicitud y exponer los hechos, haya planteado exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional en virtud del Reglamento (UE) 2024/1347;

b)

el solicitante haya formulado alegaciones claramente incoherentes o contradictorias, manifiestamente falsas u obviamente inverosímiles, o alegaciones que contradigan información pertinente y disponible del país de origen, y pongan claramente de manifiesto que su solicitud es poco convincente en cuanto al cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347;

c)

se considere que el solicitante, tras haber tenido la plena oportunidad de alegar causa justificada, ha inducido deliberadamente a engaño a las autoridades mediante la presentación de información o documentación falsa o la no revelación de información o documentación pertinente, en particular en lo que respecta a su identidad o a su nacionalidad, que podrían haber tenido un impacto negativo en la resolución o existen motivos fundados para considerar que el solicitante ha destruido o se ha deshecho de un documento de identidad o de viaje con el fin de impedir que se determine su identidad o su nacionalidad;

d)

el solicitante formule la solicitud con la única intención de retrasar, frustrar o evitar la aplicación de una resolución relativa a su expulsión del territorio de un Estado miembro;

e)

un tercer país pueda considerarse país de origen seguro del solicitante a efectos del presente Reglamento;

f)

existan motivos razonables para considerar al solicitante un peligro para la seguridad nacional o el orden público de los Estados miembros, o bien el solicitante haya sido expulsado con carácter forzoso por motivos graves de seguridad nacional o de orden público con arreglo al Derecho nacional;

g)

la solicitud sea una solicitud posterior que no sea inadmisible;

h)

el solicitante haya entrado ilegalmente o prolongado su estancia ilegalmente en el territorio de un Estado miembro y no se hubiese personado ante las autoridades ni formulado una solicitud de protección internacional con la mayor brevedad posible, sin una razón válida, dadas las circunstancias de su entrada;

i)

el solicitante haya entrado legalmente en el territorio de un Estado miembro y no haya formulado una solicitud de protección internacional con la mayor brevedad posible, sin una razón válida, dados los motivos de su solicitud; lo dispuesto en esta letra se entiende sin perjuicio de la necesidad de protección internacional sobrevenida in situ, o

j)

el solicitante tenga una nacionalidad o, en el caso de los apátridas, haya sido residente habitual de un tercer país para el que la tasa de resoluciones de concesión de protección internacional por parte de la autoridad decisoria sea, según los últimos datos disponibles de Eurostat correspondientes a la media anual para toda la Unión, del 20 % o inferior, a menos que la autoridad decisoria considere que se ha producido un cambio significativo en el tercer país de que se trate desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat o que el solicitante pertenezca a una categoría de personas para las que la tasa del 20 % o inferior no pueda considerarse representativa de sus necesidades de protección, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las diferencias significativas entre las resoluciones de primera instancia y las resoluciones definitivas.

a)

cuando el solicitante proceda de un tercer país que pueda considerarse país de origen seguro en el sentido del presente Reglamento;

b)

cuando existan motivos razonables para considerar al solicitante un peligro para la seguridad nacional o el orden público del Estado miembro, o bien el solicitante haya sido expulsado con carácter forzoso por motivos graves de seguridad nacional o de orden público con arreglo al Derecho nacional;

c)

cuando la solicitud sea una solicitud posterior que no sea inadmisible;

d)

cuando se considere que el solicitante, tras haber tenido la plena oportunidad de alegar causa justificada, ha inducido deliberadamente a engaño a las autoridades mediante la presentación de información o documentación falsa o la no revelación de información o documentación pertinente, en particular en lo que respecta a su identidad o a su nacionalidad, que podrían haber tenido un impacto negativo en la resolución o existen motivos fundados para considerar que el solicitante ha destruido o se ha deshecho de un documento de identidad o de viaje con el fin de impedir que se determine su identidad o su nacionalidad, o

e)

cuando el solicitante tenga una nacionalidad o, en el caso de los apátridas, haya sido residente habitual de un tercer país para el que la tasa de resoluciones de concesión de protección internacional por parte de la autoridad decisoria sea, según los últimos datos disponibles de Eurostat correspondientes a la media anual para toda la Unión, del 20 % o inferior, a menos que la autoridad decisoria considere que se ha producido un cambio significativo en el tercer país de que se trate desde la publicación de los datos pertinentes de Eurostat o que el solicitante pertenezca a una categoría de personas para las que la tasa del 20 % o inferior no pueda considerarse representativa de sus necesidades de protección, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las diferencias significativas entre las resoluciones de primera instancia y las resoluciones definitivas.

a)

como resultado de una solicitud formulada en un paso fronterizo externo o en una zona de tránsito;

b)

como resultado de la aprehensión en relación con un cruce no autorizado de la frontera exterior;

c)

como resultado del desembarco en el territorio de un Estado miembro después de una operación de búsqueda y rescate;

d)

después de la reubicación de conformidad con el artículo 67, apartado 11, del Reglamento (UE) 2024/1351.

a)

no tenga derecho de permanencia en el territorio de un Estado miembro de conformidad con el artículo 10, apartado 4, letras a) o c);

b)

no tenga derecho de permanencia en el territorio de un Estado miembro de conformidad con el artículo 68 y no haya solicitado dentro del plazo aplicable que se le permita permanecer a efectos de un procedimiento de recurso;

c)

no tenga derecho de permanencia en el territorio de un Estado miembro de conformidad con el artículo 68 y un órgano jurisdiccional ha decidido que no se le permitirá permanecer mientras se resuelve el procedimiento de recurso.

a)

la inadmisibilidad de una solicitud de conformidad con el artículo 38;

b)

el fundamento de una solicitud en caso de producirse alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 42, apartado 1, letras a) a g) y letra j), y apartado 3, letra b).

a)

las solicitudes de nacionales de determinados terceros países o, en el caso de apátridas, de antiguos residentes habituales de terceros países que, en el supuesto de una resolución negativa, tengan mayor probabilidad de ser retornados, según proceda, a su país de origen, al país de su anterior residencia habitual, a un tercer país seguro o a un primer país de asilo, en el sentido del presente Reglamento;

b)

las solicitudes de nacionales de determinados terceros países o, en el caso de apátridas, de antiguos residentes habituales de un tercer país que, por motivos graves, sean considerados un peligro para la seguridad nacional o el orden público de un Estado miembro;

c)

sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), las solicitudes de nacionales de determinados terceros países o, en el caso de los apátridas, de antiguos residentes habituales de un tercer país que no sean menores de edad y los miembros de sus familias.

a)

el cónyuge o la pareja de hecho del solicitante que tenga una relación duradera con este, si el Derecho o la práctica del Estado miembro de que se trate considera la situación de las parejas no casadas como equivalente a la de las casadas;

b)

los hijos menores de las parejas mencionadas en la letra a) o del solicitante de asilo, siempre que no estén casados y sin discriminación entre matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con la definición del Derecho nacional;

c)

cuando el solicitante sea un menor no casado, el padre, la madre u otro adulto responsable de él según el Derecho o la práctica del Estado miembro en el que esté presente el adulto;

d)

cuando el solicitante sea un menor no casado, sus hermanos o hermanas, siempre que no estén casados y sean menores de edad.

a)

el número de solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo de asilo, a un procedimiento fronterizo de retorno establecido de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1349 o, cuando proceda, a un procedimiento fronterizo de retorno equivalente establecido en virtud del Derecho nacional en el Estado miembro de que se trate en el momento de la notificación;

b)

la medida a que se refiere el artículo 48 que el Estado miembro en cuestión tenga la intención de aplicar o de seguir aplicando;

c)

una motivación fundada que apoye la intención del Estado miembro de que se trate, en la que se describa de qué modo el recurso a la medida en cuestión podría ayudar a abordar la situación y, en su caso, otras medidas que el Estado miembro de que se trate en cuestión haya adoptado o tenga previsto adoptar a nivel nacional para aliviar la situación, incluidas las mencionadas en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1351.

a)

el número de solicitantes sujetos al procedimiento fronterizo en ese momento en dicho Estado miembro;

b)

la evolución del flujo de entrada y de salida de personas que están sujetas a procedimientos fronterizos cada semana durante ese mes;

c)

la cantidad de empleados responsable del examen de solicitudes en el procedimiento fronterizo;

d)

la duración media del examen durante la fase administrativa del procedimiento, y

e)

la duración media del examen por un órgano jurisdiccional de la solicitud de permanencia, en espera del recurso.

a)

la autoridad decisoria considere que las causas para denegar una solicitud por inadmisible o para aplicar el procedimiento de examen acelerado no son aplicables o han dejado de serlo;

b)

no se puede proporcionar el apoyo necesario a solicitantes con necesidades de acogida especiales, en particular menores, de conformidad con el capítulo IV de la Directiva (UE) 2024/1346, en los lugares a que se refiere el artículo 54;

c)

no se pueda prestar el apoyo necesario a los solicitantes que necesitan garantías procedimentales especiales en los lugares a que se refiere el artículo 54;

d)

haya razones médicas pertinentes para no aplicar el procedimiento fronterizo, incluidas razones de salud mental;

e)

las garantías y condiciones de internamiento estipuladas en los artículos 10 a 13 de la Directiva (UE) 2024/1346 no se cumplan o hayan dejado de cumplirse y el procedimiento fronterizo no puede aplicarse al solicitante sin recurrir al internamiento.

a)

aumenten significativamente la probabilidad de que el solicitante reúna los requisitos para ser beneficiario de protección internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2024/1347, o

b)

estén relacionados con una causa de inadmisibilidad aplicada previamente en los casos en que se hubiera denegado la anterior solicitud por considerarse inadmisible.

a)

se haya formalizado una primera solicitud posterior con el único fin de retrasar o frustrar la ejecución de una resolución que daría lugar a la expulsión inmediata del solicitante de dicho Estado miembro y que no es objeto de examen con arreglo al artículo 55, apartado 7, o

b)

se formule una segunda solicitud o sucesivas solicitudes posteriores en cualquier Estado miembro después de una resolución denegatoria definitiva de una solicitud sucesiva anterior por considerarse inadmisible o infundada o manifiestamente infundada.

a)

se permita a las personas a que se refiere el apartado 1 permanecer en el territorio del tercer país en cuestión;

b)

las personas a que se refiere el apartado 1 tengan acceso a medios de subsistencia suficientes para mantener un nivel de vida adecuado teniendo en cuenta la situación general del tercer país de acogida;

c)

las personas a que se refiere el apartado 1 tengan acceso a la atención sanitaria y al tratamiento básico de enfermedades en las condiciones generalmente ofrecidas en dicho tercer país;

d)

las personas a que se refiere el apartado 1 tengan acceso a la educación en las condiciones generalmente ofrecidas en dicho tercer país, y

e)

protección efectiva sigue estando disponible hasta que pueda encontrarse una solución duradera.

a)

el solicitante haya disfrutado de protección efectiva de conformidad con la Convención de Ginebra, tal como dispone el artículo 57, apartado 1, o de protección efectiva tal como dispone el artículo 57, apartado 2, antes de viajar a la Unión y todavía pueda acogerse a dicha protección;

b)

la vida o la libertad del solicitante no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política;

c)

el solicitante no se enfrenta a un riesgo real de daños graves con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1347;

d)

el solicitante está protegido contra la devolución de conformidad con la Convención de Ginebra y contra la expulsión en caso de violación del derecho a la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecido en el Derecho internacional.

a)

informar al solicitante de conformidad con el artículo 36, y

b)

entregarle un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país en cuestión, en el idioma de dicho país, de que no ha sido examinada sustantivamente la solicitud, como consecuencia de la aplicación del concepto de «primer país de asilo».

a)

la vida o la libertad de los no nacionales no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política;

b)

los no nacionales no se enfrentan a un riesgo real de daños graves con arreglo al artículo 15 del Reglamento (UE) 2024/1347;

c)

los no nacionales están protegidos contra la devolución de conformidad con la Convención de Ginebra y contra la expulsión en caso de violación del derecho a la protección contra la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecido en el Derecho internacional;

d)

existe la posibilidad de solicitar y, si se cumplen las condiciones, recibir la protección efectiva definida en el artículo 57.

a)

cuando el tercer país ha sido designado tercer país seguro a nivel de la Unión o a nivel nacional de conformidad con los artículos 60 o 64, o

b)

en relación con un solicitante específico cuando el país no ha sido designado tercer país seguro a nivel de la Unión o a nivel nacional, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 con respecto a dicho solicitante.

a)

el solicitante no pueda aportar elementos que justifiquen por qué el concepto de «tercer país seguro» no le es aplicable, en el marco de un examen individual;

b)

existe una conexión entre el solicitante y el tercer país en cuestión sobre cuya base sería razonable que esa persona vaya a ese país.

a)

informar al solicitante de conformidad con el artículo 36, y

b)

entregarle un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país en cuestión, en el idioma de dicho país, de que la solicitud no ha sido examinada sustantivamente como consecuencia de la aplicación del concepto de «tercer país seguro».

a)

las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en que se aplican;

b)

la observancia de los derechos y libertades fundamentales establecidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en particular aquellos derechos que, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del referido Convenio Europeo, no son susceptibles de excepciones;

c)

la ausencia de expulsión, alejamiento o extradición de sus propios ciudadanos a terceros países en los que, entre otras cosas, exista un grave riesgo de que se les imponga la pena de muerte, se les someta a tortura o sufran persecución u otros tratos o castigos inhumanos o degradantes, o en los que su vida o su libertad se vean amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, o de los cuales exista un grave riesgo de que se les expulse, aleje o extradite a otro tercer país;

d)

la existencia de un sistema de vías de recurso eficaces contra las violaciones de dichos derechos y libertades.

a)

el solicitante tenga la nacionalidad de ese país o sea apátrida y anteriormente residiera habitualmente en dicho país;

b)

el solicitante no pertenezca a una categoría de personas que haya sido objeto de una excepción al designar al tercer país como país de origen seguro;

c)

el solicitante no pueda aportar elementos que justifiquen por qué el concepto de «país de origen seguro» no le es aplicable, en el marco de un examen individualizado.

a)

se le informará por escrito de que se está reconsiderando su condición de beneficiaria de protección internacional, así como de los motivos de dicha reconsideración;

b)

se le informará de su obligación de cooperar con la autoridad decisoria y otras autoridades competentes, en particular de que se le exigirá presentar alegaciones escritas y comparecer para una entrevista personal o una audiencia y responder a preguntas;

c)

se le informará de las consecuencias de no cooperar con la autoridad decisoria y otras autoridades competentes y de que el hecho de no presentar la declaración por escrito y de no comparecer a la entrevista personal o a la audiencia sin la debida justificación no impedirá que la autoridad decisoria o el órgano jurisdiccional competente dicten una resolución de retirada de la protección internacional, y

d)

se le ofrecerá la oportunidad de aducir los motivos por los que no debe retirársele la protección internacional, por medio de una declaración por escrito y en un plazo razonable a partir de la fecha en que reciba la información a que se refiere la letra a) y en una entrevista personal o audiencia en una fecha fijada por la autoridad decisoria o, cuando así lo prevea el Derecho nacional, el órgano jurisdiccional competente.

a)

recabará información pertinente, precisa y actualizada de las fuentes nacionales, de la Unión e internacionales pertinentes y disponibles, y, si está disponible, tendrá en cuenta el análisis común sobre la situación en los distintos países de origen y las notas de orientación a que se refiere el artículo 11 del Reglamento (UE) 2021/2303, y

b)

no recabará información alguna de los presuntos autores de persecución o de daños graves, de una forma que suponga informarles de que la persona interesada es beneficiaria de protección internacional cuyo estatuto está siendo reconsiderado.

a)

renuncie de manera inequívoca a que se le reconozca como beneficiario de protección internacional;

b)

se haya convertido en nacional de un Estado miembro, o

c)

posteriormente se le haya concedido protección internacional en otro Estado miembro.

a)

una resolución por la que se deniegue una solicitud por considerarse inadmisible;

b)

una resolución por la que se deniegue una solicitud por infundada o manifiestamente infundada en relación tanto con el estatuto de refugiado como con el de protección subsidiaria;

c)

una resolución por la que se deniegue una solicitud por haber sido retirada implícitamente;

d)

una resolución por la que se retire la protección internacional;

e)

una decisión de retorno dictada de conformidad con el artículo 37 del presente Reglamento.

a)

entre un mínimo de cinco días y un máximo de diez días en el caso de una resolución por la que se deniegue una solicitud por considerarse inadmisible, por haber sido retirada implícitamente, por infundada o manifiestamente infundada, si en el momento de la resolución se da alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 42, apartados 1 o 3;

b)

entre un mínimo de dos semanas y un máximo de un mes en todos los demás casos.

a)

una resolución que deniega una solicitud por infundada o manifiestamente infundada, si en el momento de la resolución:

b)

una resolución que deniega una solicitud por considerarse inadmisible con arreglo al artículo 38, apartado 1, letras a), d) o e), o al artículo 38, apartado 2, excepto cuando el solicitante sea un menor no acompañado sujeto al procedimiento fronterizo;

c)

una resolución que deniega una solicitud por haber sido retirada implícitamente;

d)

una resolución que deniega una solicitud posterior por infundada o manifiestamente infundada, o

e)

una resolución de retirar la protección internacional de conformidad con el artículo 14, apartado 1, letras b), d) o e), o el artículo 19, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1347.

a)

el solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional dispondrá de un plazo mínimo de cinco días a partir de la fecha en que se le notifique la resolución para solicitar que se le permita permanecer en el territorio hasta la resolución del recurso;

b)

se proporcionará al solicitante o a la persona a quien se retire la protección internacional un servicio de interpretación en caso de que se celebre una audiencia ante el órgano jurisdiccional competente, cuando no se pueda garantizar de otro modo una comunicación adecuada;

c)

se proporcionará al solicitante o a la persona a quien se retire la protección internacional, previa petición, asistencia jurídica y representación legal gratuitas de conformidad con el artículo 17;

d)

el solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional no podrá ser expulsado del territorio del Estado miembro responsable:

e)

el solicitante o la persona a quien se retire la protección internacional será debidamente informado en tiempo oportuno de sus derechos en virtud del presente apartado.

a)

un plazo expresado en días, semanas o meses se calculará a partir del momento en que ocurra un suceso o se efectúe un acto; el día mismo en que ocurra dicho suceso o se efectúe dicho acto no se incluirá en el plazo en cuestión;

b)

un plazo expresado en semanas o meses vencerá al finalizar el día que, en la última semana o en el último mes, tenga la misma denominación o la misma cifra que el día del mes, respectivamente, en que ocurrió el suceso o se efectuó el acto a partir del cual haya de calcularse el plazo; cuando, en un plazo expresado en meses, el día fijado para su vencimiento no existiese en el último mes de dicho período, el plazo vencerá a medianoche del último día de ese último mes;

c)

los plazos incluirán los sábados, los domingos y los días festivos oficiales del Estado miembro de que se trate; cuando un plazo venza un sábado, un domingo o un día festivo oficial, se computará como último día del plazo el siguiente día hábil.

Directiva 2013/32/UE

Presente Reglamento

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 2, letra a)

—

Artículo 2, letras b), c) y d)

Artículo 3, puntos 12, 13 y 14

Artículo 2, letra e)

Artículo 3, punto 8

Artículo 2, letra f)

Artículo 3, punto 16

Artículo 2, letras g) y h)

Artículo 3, puntos 1 y 2

Artículo 2, letra i)

Artículo 3, punto 5

Artículo 2, letras j) y k)

Artículo 3, puntos 3 y 4

Artículo 2, letras l) y m)

Artículo 3, puntos 6 y 7

Artículo 2, letra n)

—

Artículo 2, letras o), p) y q)

Artículo 3, puntos 17, 18 y 19

—

Artículo 3, puntos 9, 10, 11, 15 y 20

Artículo 3, apartado 1

Artículo 2, apartado 1

Artículo 3, apartado 2

Artículo 2, apartado 2

Artículo 3, apartado 3

Artículo 2, apartado 3

Artículo 4, apartado 1

Artículo 4, apartados 1 y 7

Artículo 4, apartado 2, letra a)

Artículo 4, apartado 6

Artículo 4, apartado 2, letra b)

—

—

Artículo 4, apartados 3 y 5

Artículo 4, apartado 3

Artículo 4, apartado 8

Artículo 4, apartado 4

—

Artículo 4, apartado 5

—

Artículo 5

—

—

Artículo 5

—

Artículo 26

Artículo 6, apartado 1, párrafo primero

Artículo 27, apartado 1, párrafo primero, primera frase

Artículo 6, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 4, apartado 4, y artículo 27, apartado 3

Artículo 6, apartado 1, párrafo tercero

Artículo 4, apartado 2

—

Artículo 27, apartado 1, párrafo primero, letras a) a d), y párrafo segundo

—

Artículo 27, apartados 2, 4, 6 y 7

Artículo 6, apartado 2

Artículo 28, apartado 1, y artículo 41, apartado 1, letra a)

—

Artículo 28, apartado 2

Artículo 6, apartado 3

Artículo 28, apartado 3

Artículo 6, apartado 4

Artículo 28, apartado 4

—

Artículo 28, apartados 5, 6 y 7

Artículo 6, apartado 5

Artículo 27, apartado 5

—

Artículo 29

Artículo 7

Artículos 31 y 32

Artículo 7, apartado 1

—

Artículo 7, apartado 2, párrafo primero

Artículo 31, apartado 1

Artículo 7, apartado 2, párrafo segundo

—

—

Artículo 31, apartado 2

Artículo 7, apartado 3

Artículo 32, apartado 1

—

Artículo 32, apartados 2 y 3

Artículo 7, apartados 4 y 5

—

Artículo 7, apartado 5

—

—

Artículo 33

Artículo 8, apartado 1

Artículo 30, apartados 1 y 2

Artículo 8, apartado 2

Artículo 30, apartado 3

Artículo 9, apartado 1

Artículo 10, apartados 1 y 2

Artículo 9, apartado 2

Artículo 10, apartado 3, y apartado 4, letras a) y b)

Artículo 9, apartado 3

Artículo 10, apartado 5

—

Artículo 10, apartado 4, letra c)

Artículo 10, apartado 1

—

Artículo 10, apartado 2

Artículo 39, apartado 2

Artículo 10, apartado 3

Artículo 34, apartado 2

Artículo 10, apartado 3, letra a)

Artículo 34, apartado 2

—

Artículo 34, apartado 2, letra a)

Artículo 10, apartado 3, letra b)

Artículo 34, apartado 2, letra b)

—

Artículo 34, apartado 2, letras c) a g)

Artículo 10, apartado 3, letras c) y d)

Artículo 34, apartado 3

Artículo 10, apartado 4

—

Artículo 10, apartado 5

Artículo 34, apartado 4

Artículo 11, apartado 1

Artículo 36, apartado 1

Artículo 11, apartado 2, párrafo primero

Artículo 36, apartados 2 y 3

Artículo 11, apartado 2, párrafo segundo

—

Artículo 11, apartado 3

Artículo 36, apartado 3

—

Artículo 36, apartado 4

Artículo 12, apartado 1

Artículo 8, apartado 1

Artículo 12, apartado 1, letra a)

Artículo 8, apartado 2, párrafo primero, letras b), c) y e), y párrafo segundo

—

Artículo 8, apartado 2, párrafo primero, letras a) y d)

—

Artículo 8, apartado 2, párrafo tercero

Artículo 12, apartado 1, letra b)

Artículo 8, apartado 3

Artículo 12, apartado 1, letra c)

Artículo 8, apartado 4

Artículo 12, apartado 1, letra d)

Artículo 8, apartado 5

Artículo 12, apartado 1, letra e)

Artículo 8, apartado 6

Artículo 12, apartado 1, letra f)

Artículo 8, apartado 2, párrafo primero, letra f)

—

Artículo 8, apartado 7

Artículo 12, apartado 2

—

—

Artículo 9, apartado 1

Artículo 13, apartado 1

Artículo 9, apartado 2

—

Artículo 9, apartado 2, párrafo primero, letras a), b), d), e), g) y h)

Artículo 13, apartado 2, letra a)

Artículo 9, apartado 4

Artículo 13, apartado 2, letra b)

Artículo 9, apartado 2, párrafo primero, letra f)

Artículo 13, apartado 2, letra c)

Artículo 9, apartado 2, párrafo primero, letra c), y apartado 3

Artículo 13, apartado 2, letra d)

Artículo 9, apartado 5

Artículo 13, apartado 2, letra e)

—

Artículo 13, apartado 2, letra f)

—

—

Artículo 9, apartado 2, párrafo segundo

Artículo 14, apartado 1, párrafo primero

Artículo 11, apartado 1, artículo 12, apartado 1, y artículo 13, apartado 6, primera frase

—

Artículo 11, apartado 2

—

Artículo 13, apartado 1

Artículo 14, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 13, apartado 6

Artículo 14, apartado 1, párrafo tercero

Artículo 13, apartado 2

Artículo 14, apartado 1, párrafo cuarto

Artículo 22, apartado 3, párrafo primero

Artículo 14, apartado 2, párrafo primero

Artículo 13, apartado 11

Artículo 14, apartado 2, letra a)

Artículo 13, apartado 11, letra a)

—

Artículo 13, apartados 8 y 10

—

Artículo 13, apartado 11, párrafo primero, letras b), d) y e), y párrafo tercero

—

Artículo 13, apartado 13, párrafo primero

Artículo 14, apartado 2, letra b)

Artículo 13, apartado 11, párrafo primero, letra c)

Artículo 14, apartado 2, párrafo segundo

Artículo 13, apartado 11, párrafo segundo

Artículo 14, apartado 3

Artículo 13, apartado 14

Artículo 14, apartado 4

Artículo 13, apartado 11, párrafo segundo

Artículo 14, apartado 5

Artículo 41, apartado 1, letra d)

Artículo 15, apartado 1

—

Artículo 15, apartado 2

Artículo 13, apartado 3

Artículo 15, apartado 3

Artículo 13, apartado 3

Artículo 15, apartado 3, letra a)

Artículo 13, apartado 7, letra a)

Artículo 15, apartado 3, letra b)

Artículo 13, apartado 9

Artículo 15, apartado 3, letra c)

Artículo 13, apartados 5 y 9

Artículo 15, apartado 3, letra d)

Artículo 13, apartado 7, letra b)

Artículo 15, apartado 3, letra e)

Artículo 22, apartado 3, párrafo segundo

—

Artículo 13, apartado 8

—

Artículo 13, apartado 10

—

Artículo 13, apartado 1

Artículo 15, apartado 4

—

Artículo 16

Artículo 12, apartado 2

Artículo 17, apartado 1

Artículo 14, apartado 1

Artículo 17, apartado 2

Artículo 14, apartado 2

Artículo 17, apartado 3, párrafo primero

Artículo 14, apartados 3 y 4

Artículo 17, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 14, apartado 5

Artículo 17, apartado 4

Artículo 14, apartado 4

Artículo 17, apartado 5, párrafo primero

Artículo 14, apartado 6, párrafo primero

Artículo 17, apartado 5, párrafo segundo

Artículo 14, apartado 5, párrafo segundo

Artículo 17, apartado 5, párrafo tercero

—

Artículo 18, apartado 1, párrafo primero

Artículo 24, apartado 1

Artículo 18, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 24, apartados 5 y 6

Artículo 18, apartado 1, párrafo tercero

Artículo 24, apartado 2, párrafo segundo

—

Artículo 24, apartado 2, párrafos primero y tercero

—

Artículo 24, apartados 5 y 6

Artículo 18, apartado 2

Artículo 24, apartado 3

Artículo 18, apartado 3

Artículo 24, apartado 4

Artículo 19

—

—

Artículo 16

Artículo 20, apartado 1

Artículo 17, apartado 1

Artículo 20, apartado 2

Artículo 15, apartado 3

—

Artículo 17, apartado 2

—

Artículo 17, apartado 2, letra a)

Artículo 20, apartado 3, párrafo primero

Artículo 17, apartado 2, letra b)

—

Artículo 17, apartado 2, letras c) y d)

Artículo 20, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 17, apartado 3

Artículo 20, apartado 3, párrafo tercero

Artículo 19, apartado 2

Artículo 20, apartado 4

—

Artículo 21, apartado 1

Artículo 19, apartado 1

Artículo 21, apartado 2

—

Artículo 21, apartado 3

Artículo 19, apartado 2

Artículo 21, apartado 4

Artículo 19, apartado 4

Artículo 21, apartado 5

Artículo 19, apartado 5

—

Artículo 19, apartado 3

Artículo 22, apartado 1

Artículo 15, apartado 1

—

Artículo 15, apartados 2 y 4

Artículo 22, apartado 2

Artículo 19, apartado 1

Artículo 23, apartado 1

Artículo 18, apartados 1 y 2

Artículo 23, apartado 2

Artículo 18, apartado 3

Artículo 23, apartado 3, párrafo primero

Artículo 13, apartado 4

Artículo 23, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 13, apartado 13, párrafo tercero

Artículo 23, apartado 4, párrafo primero

—

Artículo 23, apartado 4, párrafo segundo

Artículo 13, apartado 12

Artículo 23, apartado 4, párrafo tercero

Artículo 13, apartado 13, párrafo segundo

Artículo 24, apartado 1

Artículo 20, apartado 1

Artículo 24, apartado 2

Artículo 20, apartado 1

—

Artículo 20, apartados 2, 4 y 5

—

Artículo 20, apartado 3, párrafo primero

Artículo 24, apartado 3

Artículo 21, apartados 1 y 2

Artículo 24, apartado 4

Artículo 20, apartado 3, párrafo segundo

—

Artículo 23, apartado 1

—

Artículo 23, apartado 2, párrafo cuarto

—

Artículo 23, apartados 3 y 4

—

Artículo 23, apartado 5, párrafo primero, letras b) y c), y párrafo segundo

—

Artículo 23, apartados 6 y 7

Artículo 25, apartado 1, párrafo primero, letra a)

Artículo 23, apartado 2, párrafo primero, letras a) y b), y párrafo segundo, apartado 5, párrafo primero, letra a), y apartado 9

Artículo 25, apartado 1, párrafo primero, letra b)

Artículo 23, apartado 8

Artículo 25, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 23, apartado 8, párrafo tercero

—

Artículo 23, apartado 10

Artículo 25, apartado 2

Artículo 23, apartado 2, párrafo tercero

—

Artículo 22, apartados 2 y 3

Artículo 25, apartado 3, letra a)

Artículo 22, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 25, apartado 3, letra b)

Artículo 23, apartado 5

Artículo 25, apartado 4

—

Artículo 25, apartado 5

Artículo 25

Artículo 25, apartado 5, párrafo primero

Artículo 25, apartados 1 y 3

Artículo 25, apartado 5, párrafo segundo

Artículo 25, apartado 4

Artículo 25, apartado 5, párrafo tercero, letra a)

Artículo 25, apartado 4

Artículo 25, apartado 5, párrafo tercero, letra b)

Artículo 25, apartado 5

Artículo 25, apartado 5, párrafo tercero, letra c)

—

Artículo 25, apartado 5, párrafo cuarto

Artículo 25, apartado 6

—

Artículo 25, apartado 7

Artículo 25, apartado 6, párrafo primero

Artículo 22, apartado 1

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra a)

Artículo 42, apartado 3

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso i)

Artículo 42, apartado 3, letra a)

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso ii)

Artículo 42, apartado 3, letra c)

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso iii)

Artículo 42, apartado 3, letra b)

—

Artículo 42, apartado 3, letras d) y e)

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra b)

Artículo 53, apartado 1

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra b), inciso i)

—

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra b), inciso ii)

—

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra b), inciso iii)

Artículo 53, apartado 1

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra b), inciso iv)

—

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra b), inciso v)

—

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra b), inciso vi)

—

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra b), segunda frase

—

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra c)

Artículo 59, apartados 5 y 6

Artículo 25, apartado 6, párrafo segundo, letra d)

—

Artículo 26

—

Artículo 27, apartado 1

Artículo 40, apartados 1 y 3

—

Artículo 40, apartados 2 y 4

Artículo 27, apartado 2

—

Artículo 28, apartado 1, párrafo primero

Artículo 41, apartado 5

Artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, letra a)

Artículo 41, apartado 1, letra d)

Artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, letra b)

Artículo 41, apartado 1, letras e) y f)

—

Artículo 41, apartado 1, letras a), b) y c)

Artículo 28, apartado 1, párrafo tercero

—

—

Artículo 41, apartados 2, 3 y 4

Artículo 28, apartado 2

—

Artículo 28, apartado 3

—

Artículo 29

Artículo 6

Artículo 30

Artículo 7, apartado 2

Artículo 31, apartado 1

Artículo 34, apartado 1

—

Artículo 34, apartado 2

—

Artículo 34, apartado 3

—

Artículo 34, apartado 4

—

Artículo 35

—

Artículo 35, apartado 1

—

Artículo 35, apartado 2

—

Artículo 35, apartado 3

Artículo 31, apartado 2

Artículo 35, apartado 4

Artículo 31, apartado 3, párrafo primero

Artículo 35, apartado 4

Artículo 31, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 35, apartado 5

Artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra a)

Artículo 35, apartado 5, letra b)

Artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra b)

Artículo 35, apartado 5, letra a)

Artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra c)

Artículo 35, apartado 5, letra c)

Artículo 31, apartado 3, párrafo cuarto

—

Artículo 31, apartado 4

Artículo 35, apartado 7

Artículo 31, apartado 5

Artículo 35, apartado 7, párrafo segundo

Artículo 31, apartado 6

—

Artículo 31, apartado 7

Artículo 34, apartado 5

Artículo 31, apartado 8

Artículo 42, apartado 1

Artículo 31, apartado 8, letra a)

Artículo 42, apartado 1, letra a)

Artículo 31, apartado 8, letra b)

Artículo 42, apartado 1, letra e)

Artículo 31, apartado 8, letra c)

Artículo 42, apartado 1, letra c)

Artículo 31, apartado 8, letra d)

—

Artículo 31, apartado 8, letra e)

Artículo 42, apartado 1, letra b)

Artículo 31, apartado 8, letra f)

Artículo 42, apartado 1, letra g)

Artículo 31, apartado 8, letra g)

Artículo 42, apartado 1, letra d)

Artículo 31, apartado 8, letra h)

Artículo 42, apartado 1, letra h)

Artículo 31, apartado 8, letra i)

—

Artículo 31, apartado 8, letra j)

Artículo 42, apartado 1, letra f)

—

Artículo 42, apartado 1, letra i)

—

Artículo 42, apartado 1, letra j)

Artículo 31, apartado 9

Artículo 35, apartado 3

—

Artículo 42, apartado 2

—

Artículo 42, apartado 3

—

Artículo 42, apartado 4

Artículo 32, apartado 1

Artículo 39, apartado 3

Artículo 32, apartado 2

Artículo 39, apartado 4

Artículo 33, apartado 1

Artículo 39, apartado 1

Artículo 33, apartado 2

Artículo 38, apartado 1

Artículo 33, apartado 2, letra a)

Artículo 38, apartado 1, letra c)

Artículo 33, apartado 2, letra b)

Artículo 38, apartado 1, letra a)

Artículo 33, apartado 2, letra c)

Artículo 38, apartado 1, letra b)

Artículo 33, apartado 2, letra d)

Artículo 38, apartado 2

Artículo 33, apartado 2, letra e)

—

—

Artículo 38, apartado 1, letra d)

—

Artículo 38, apartado 1, letra e)

Artículo 34, apartado 1

Artículo 11, apartado 1

Artículo 34, apartado 2

Artículo 13, apartado 6

—

Artículo 57

Artículo 35, párrafo primero

Artículo 58, apartado 1

Artículo 35, párrafo segundo

Artículo 58, apartado 2

—

Artículo 58, apartado 3

—

Artículo 58, apartado 4

—

Artículo 58, apartado 5

—

Artículo 60

Artículo 36, apartado 1

Artículo 61, apartado 5

—

Artículo 61, apartado 1

—

Artículo 61, apartado 2

—

Artículo 61, apartado 3

—

Artículo 61, apartado 4

Artículo 36, apartado 2

—

—

Artículo 62

—

Artículo 63

Artículo 37, apartado 1

Artículo 64, apartado 1

Artículo 37, apartado 2

—

Artículo 37, apartado 3

—

—

Artículo 64, apartado 2

—

Artículo 64, apartado 3

Artículo 37, apartado 4

Artículo 64, apartado 4

Artículo 38, apartado 1

Artículo 59, apartado 1

—

Artículo 59, apartado 2

—

Artículo 59, apartado 3

Artículo 38, apartado 2, letra a)

Artículo 59, apartado 5, letra b)

—

Artículo 59, apartado 4

Artículo 38, apartado 2, letra b)

—

Artículo 38, apartado 2, letra c)

Artículo 59, apartado 5

—

Artículo 59, apartado 6

—

Artículo 59, apartado 7

Artículo 38, apartado 3

Artículo 59, apartado 8

Artículo 38, apartado 4

Artículo 59, apartado 9

Artículo 38, apartado 5

Artículo 64, apartado 4

Artículo 39

—

Artículo 40, apartado 1

Artículo 55, apartado 1

—

Artículo 55, apartado 2

Artículo 40, apartado 2

Artículo 55, apartado 3

Artículo 40, apartado 3

Artículo 55, apartado 3, letra a)

—

Artículo 55, apartado 3, letra b)

—

Artículo 55, apartado 4

Artículo 40, apartado 4

Artículo 55, apartado 5

—

Artículo 55, apartado 6

Artículo 40, apartado 5

Artículo 55, apartado 7

Artículo 40, apartado 6

—

Artículo 40, apartado 7

—

Artículo 41

Artículo 56

Artículo 41, apartado 1, párrafo primero, letra a)

Artículo 56, letra a)

Artículo 41, apartado 1, párrafo primero, letra b)

Artículo 56, letra b)

Artículo 41, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 56, primera frase

Artículo 41, apartado 2

—

Artículo 42

—

Artículo 42, apartado 1

Artículo 55, apartado 4

Artículo 42, apartado 2, párrafo primero, letra a)

—

Artículo 42, apartado 2, párrafo primero, letra b)

Artículo 55, apartado 4

Artículo 42, apartado 2, párrafo segundo

—

Artículo 42, apartado 3

—

Artículo 43

Artículos 43 a 54

Artículo 44

Artículo 65

Artículo 45

Artículo 66

Artículo 45, apartado 1

Artículo 66, apartado 1

Artículo 45, apartado 2

Artículo 66, apartado 2

Artículo 45, apartado 3

Artículo 66, apartado 3

Artículo 45, apartado 4

Artículo 66, apartado 4

—

Artículo 66, apartado 5

Artículo 45, apartado 5

Artículo 66, apartado 6

Artículo 46

Artículo 67

Artículo 46, apartado 1

Artículo 67, apartado 1

Artículo 46, apartado 1, letra a), inciso i)

Artículo 67, apartado 1, letra b)

Artículo 46, apartado 1, letra a), inciso ii)

Artículo 67, apartado 1, letra a)

Artículo 46, apartado 1, letra a), inciso iii)

—

Artículo 46, apartado 1, letra a), inciso iv)

—

Artículo 46, apartado 1, letra b)

—

Artículo 46, apartado 1, letra c)

Artículo 67, apartado 1, letra d)

Artículo 46, apartado 2, párrafo primero

Artículo 67, apartado 2

Artículo 46, apartado 2, párrafo segundo

—

Artículo 46, apartado 3

Artículo 67, apartado 3

—

Artículo 67, apartado 4

—

Artículo 67, apartado 5

Artículo 46, apartado 4, párrafo primero

—

—

Artículo 67, apartado 6

Artículo 46, apartado 4, párrafo segundo

—

—

Artículo 68

—

Artículo 68, apartado 1

Artículo 46, apartado 5

Artículo 68, apartado 2

Artículo 46, apartado 6

Artículo 68, apartados 3 y 4

Artículo 46, apartado 6, letra a)

Artículo 68, apartado 3, letra a), incisos i) y ii)

Artículo 46, apartado 6, letra b)

Artículo 68, apartado 3, letra b)

Artículo 46, apartado 6, letra c)

—

Artículo 46, apartado 6, letra d)

—

—

Artículo 68, apartado 3, letras c) y e)

Artículo 46, apartado 7

Artículo 68, apartados 4 y 5

Artículo 46, apartado 8

Artículo 68, apartado 5, letra d), incisos i) y ii)

Artículo 46, apartado 9

—

Artículo 46, apartado 10

Artículo 69

Artículo 46, apartado 11

—

Artículo 47

Artículo 70

Artículo 48

Artículo 7, apartado 1

Artículo 49

Artículo 71

—

Artículo 72

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Artículo 73

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Artículo 74

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Artículo 75

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Artículo 76

Artículo 50

Artículo 77

Artículo 51

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Artículo 52

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Artículo 53

Artículo 78

Artículo 54

Artículo 79

Artículo 55

—