Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

El artículo 26, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 596/2014 exige a las autoridades competentes de los Estados miembros que, cuando sea preciso, celebren acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión de terceros países en lo relativo al intercambio de información y a la ejecución en esos países de las obligaciones impuestas por dicho Reglamento. Solo pueden celebrarse acuerdos de cooperación en materia de intercambio de información si la información que deba divulgarse en virtud de ellos está sujeta a garantías de secreto profesional que equivalgan como mínimo a las establecidas en el artículo 27 de dicho Reglamento, y estos intercambios deben estar destinados al ejercicio de las funciones de las autoridades competentes en cuestión.

(2)

El artículo 25, apartado 8, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 596/2014 exige a las autoridades competentes que, siempre que sea posible, celebren acuerdos de cooperación con las autoridades reguladoras de terceros países responsables de los correspondientes mercados de contado, conforme al artículo 26 del mismo Reglamento.

(3)

Al celebrar nuevos acuerdos de cooperación y actualizar los ya existentes con las autoridades de terceros países, las autoridades competentes deben utilizar, cuando sea posible, el modelo adoptado de conformidad con el artículo 26 del Reglamento (UE) n.o 596/2014.

(4)

Con vistas a garantizar un nivel de protección de los datos personales conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), toda transferencia de datos personales a terceros países debe llevarse a cabo respetando plenamente dicho Reglamento. Una forma de intercambiar de este modo datos personales entre las autoridades competentes y las autoridades de supervisión de terceros países consiste en hacerlo a través de acuerdos administrativos que prevean garantías adecuadas con arreglo al artículo 46, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679, y que incluyan los derechos efectivos que las personas jurídicas tienen sobre sus datos personales. En lo relativo a la transferencia de datos personales entre las autoridades de supervisión financiera del Espacio Económico Europeo (EEE) y las autoridades de supervisión financiera no pertenecientes al EEE, la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) han elaborado ya ese acuerdo administrativo (3), que ha recibido el dictamen favorable del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) (4). Todas las autoridades de supervisión financiera del EEE y varias no pertenecientes al EEE han firmado el acuerdo administrativo AEVM-OICV. En vista del amplio consenso institucional sobre las garantías previstas respecto de los datos personales en el acuerdo administrativo AEVM-OICV, este proporciona un modelo para futuros acuerdos similares que enmarquen la transferencia de datos personales entre las autoridades competentes y las autoridades de supervisión de terceros países que no sean parte en el acuerdo administrativo AEVM-OICV. Sin embargo, las autoridades de los Estados miembros que utilicen el modelo de acuerdo administrativo AEVM-OIC aún tendrían que obtener la autorización de la autoridad de protección de datos de conformidad con el artículo 46, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/679.

(5)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la AEVM a la Comisión.

(6)

La AEVM no ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento ni ha analizado los costes y beneficios potenciales de introducir dichas normas, pues habría resultado desproporcionado frente al alcance e impacto de dichas normas, teniendo en cuenta que los destinatarios de las normas serán solo las autoridades competentes de los Estados miembros y no los participantes en el mercado.

(7)

La AEVM ha solicitado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido por el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

a)

obtener información contenida en los archivos de la autoridad firmante que recibe la solicitud;

b)

obtener declaraciones o información de cualquier persona;

c)

obtener documentos de personas o entidades, en su caso a través de inspecciones in situ;

d)

obtener registros de tráfico de datos, en la medida en que lo permita la legislación nacional y, cuando proceda, con la asistencia de la autoridad judicial competente en función de la aplicación del artículo 23, apartado 2, letra h), del Reglamento (UE) n.o 596/2014 o de cualquier otro poder equivalente conferido por la legislación del tercer país en cuestión;

e)

obtener o ayudar a que se obtenga la congelación o el embargo de activos de conformidad con el artículo 23, apartado 2, letra i), del Reglamento (UE) n.o 596/2014 o cualquier otro poder equivalente conferido por la legislación del tercer país en cuestión;

f)

obtener o ayudar a que se obtenga el cese temporal de toda práctica contraria a las disposiciones legales o reglamentarias relativas al abuso de mercado, de conformidad con el artículo 23, apartado 2, letra k), del Reglamento (UE) n.o 596/2014 o cualquier otro poder equivalente conferido por la legislación del tercer país en cuestión.

a)

la solicitud no se realiza de conformidad con los acuerdos;

b)

la solicitud implicaría que la autoridad firmante que recibe la solicitud actúe de manera contraria al Derecho nacional;

c)

la comunicación de la información pertinente podría resultar perjudicial para la seguridad del país o territorio que recibe la solicitud, en particular en el ámbito de la lucha contra el terrorismo u otros delitos graves;

d)

el cumplimiento de la solicitud podría resultar perjudicial para la propia investigación de la autoridad que recibe la solicitud, sus propias actividades de ejecución o, cuando proceda, para una investigación penal;

e)

ya se ha iniciado un proceso judicial con respecto a las mismas acciones y contra las mismas personas ante las autoridades competentes del país o territorio que recibe la solicitud;

f)

ya se ha dictado una sentencia definitiva con respecto a las mismas acciones y las mismas personas en el país o territorio que recibe la solicitud.

a)

toda la información intercambiada por las autoridades firmantes en virtud de los acuerdos y referida a las condiciones comerciales u operativas, así como a otros asuntos de tipo económico o personal, debe considerarse confidencial y estar amparada por el secreto profesional, salvo cuando la autoridad que proporciona la información declare, en el momento de su comunicación, que la información puede ser divulgada o esta divulgación resulte necesaria en el marco de un procedimiento judicial;

b)

la obligación de secreto profesional se aplicará a todas las personas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades firmantes o para cualquier autoridad o empresa del mercado en las que cualquiera de las autoridades firmantes haya delegado sus facultades, incluidos los auditores y expertos contratados por ella. La información amparada por el secreto profesional no podrá divulgarse a ninguna otra persona o autoridad, salvo en virtud de disposiciones establecidas en el Derecho de la Unión o en nacional, o en virtud de disposiciones establecidas en la legislación del tercer país en cuestión como mínimo equivalentes a aquellas.