Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

El Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (5) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada») entró en vigor el 1 de febrero de 2020. El período transitorio a que se refiere el Artículo 126 del Acuerdo de Retirada finalizó el 31 de diciembre de 2020. Durante el período transitorio, la Unión y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en lo sucesivo, «Reino Unido») iniciaron negociaciones formales sobre una relación futura.

(2)

Una vez finalizado el período transitorio, se han materializado obstáculos al comercio, a los intercambios transfronterizos y a la libre circulación de personas, servicios y capitales entre la Unión y el Reino Unido de consecuencias amplias y de gran alcance para las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes) y sus trabajadores, así como para las comunidades locales, las administraciones públicas y los ciudadanos. Habida cuenta de que dichas consecuencias son inevitables, deben ser mitigadas en la medida de lo posible, y las partes interesadas deben asegurarse de que están preparadas para ellas.

(3)

La Unión se ha comprometido a mitigar los efectos económicos, sociales, territoriales y, en su caso, medioambientales negativos de la retirada del Reino Unido de la Unión y a mostrar solidaridad con todos los Estados miembros, incluidas sus regiones y comunidades locales, así como con los sectores económicos, especialmente con los más perjudicados en unas circunstancias tan excepcionales.

(4)

La Unión se ha comprometido también con la gestión pesquera sostenible, en consonancia con los objetivos de la política pesquera común establecida por el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), incluido el principio de la consecución del máximo rendimiento sostenible para todas las poblaciones siguiendo el mejor asesoramiento científico disponible, así como de la erradicación de la sobrepesca, el restablecimiento de las poblaciones de especies capturadas y la protección del medio ambiente marino, tal como también se dispone en los compromisos internacionales.

(5)

Debe establecerse una Reserva de Adaptación al Brexit (en lo sucesivo, «Reserva»), que preste apoyo para contrarrestar las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión en los Estados miembros, las regiones y los sectores, especialmente en aquellos que se ven más afectados por la retirada del Reino Unido de la Unión, y mitigar así los consiguientes efectos negativos en la cohesión económica, social y territorial. La Reserva debe sufragar total o parcialmente el gasto adicional en que incurran y que abonen las autoridades públicas en los Estados miembros, destinado a las medidas adoptadas específicamente para mitigar esas consecuencias. El período de referencia, tal como se define en el presente Reglamento, que determina el carácter subvencionable del gasto, debe aplicarse a los pagos efectuados por las autoridades públicas de los Estados miembros a nivel nacional, regional o local, incluidos los pagos a entidades públicas o privadas, por las medidas aplicadas. Teniendo en cuenta la importancia del sector pesquero en algunos Estados miembros, conviene destinar una parte de los recursos de la Reserva a prestar apoyo específico a las comunidades costeras locales y regionales.

(6)

Cuando los Estados miembros opten por apoyar medidas para mantener y crear puestos de trabajo, deben aspirar a un empleo de calidad.

(7)

Los objetivos de la Reserva deben perseguirse en consonancia con el objetivo de promover el desarrollo sostenible tal como se establece en el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (7) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), que fue aprobado por la Unión el 5 de octubre de 2016 (8), y el principio de «no causar un perjuicio significativo» en el sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), el Pacto Verde Europeo, la Agenda Digital, así como el principio de asociación y los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales, en especial su contribución inherente a la eliminación de las desigualdades, a la promoción de la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de género, asegurando el respeto de los derechos fundamentales.

(8)

A fin de contrarrestar las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión, los Estados miembros, al diseñar las medidas de apoyo y asignar la contribución financiera de la Reserva, deben apoyar a las entidades privadas y públicas afectadas negativamente por la retirada, en particular a las pymes y sus trabajadores, así como a los trabajadores autónomos, ya que ahora se enfrentan a obstáculos a los flujos comerciales, a un aumento de los procedimientos administrativos y aduaneros, y a una mayor carga normativa y financiera, además de a perturbaciones en la cooperación y los intercambios. Procede, por tanto, facilitar una lista no exhaustiva de los tipos de medidas que tienen más probabilidades de alcanzar dicho objetivo.

(9)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Fondos de la Unión y los programas pretenden contribuir a integrar la dimensión climática y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a respaldar objetivos climáticos. Se espera que la Reserva contribuya a los objetivos climáticos de acuerdo con las necesidades y prioridades específicas de cada Estado miembro. La Comisión debe evaluar la contribución climática sobre la base de la información disponible en el informe final sobre la aplicación de la reserva.

(10)

Es importante especificar claramente toda exclusión de la ayuda proporcionada por la Reserva. Además de la exclusión de las entidades que se benefician de la retirada del Reino Unido de la Unión, incluidas las del sector financiero, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) debe excluirse de la ayuda proporcionada por la Reserva, ya que constituye un ingreso para el Estado miembro que compensa el coste correspondiente para su presupuesto. En consonancia con el enfoque general de la política de cohesión, el gasto vinculado con reubicaciones o el contrario a cualquier normativa de la Unión o nacional aplicable también debe excluirse de la ayuda proporcionada por la Reserva.

(11)

Con el fin de reducir la carga administrativa, la asistencia técnica para la gestión, el seguimiento, la información y la comunicación, el control y la auditoría de la Reserva podrían llevarse a cabo mediante un tipo fijo basado en el importe de los gastos subvencionables aceptados por la Comisión. La asistencia técnica podría utilizarse para ayudar a las autoridades locales, regionales y nacionales a poner en práctica la Reserva para ayudar, en particular, a las pymes, que, debido a su tamaño, carecen de los recursos y conocimientos necesarios para superar el aumento de la carga administrativa y de los costes derivados de la retirada del Reino Unido de la Unión.

(12)

A fin de tener en cuenta el impacto de las consecuencias económicas, sociales, territoriales y, en su caso, medioambientales adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión en los Estados miembros y sus economías y, cuando proceda, las medidas aplicadas por los Estados miembros para mitigar los efectos negativos esperados de la retirada antes de que finalice el período transitorio, el período de referencia para la aplicación de dichas medidas debe comenzar el 1 de enero de 2020 y concentrarse en un período limitado de cuatro años.

(13)

La Comisión debe proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación en la que se analice el impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión en las empresas y los sectores económicos de la Unión, teniendo en cuenta al mismo tiempo los efectos de las fluctuaciones cambiarias en el comercio.

(14)

Es necesario especificar que la Comisión debe ejecutar el presupuesto asignado a la Reserva en régimen de gestión compartida con los Estados miembros, a efectos del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»). Procede, por tanto, determinar los principios y las obligaciones específicas que los Estados miembros deben respetar, en particular los principios de buena gestión financiera, transparencia y no discriminación y la ausencia de conflictos de intereses.

(15)

Los Estados miembros deben garantizar el uso coordinado de la reserva con otros fondos y programas de la Unión, en particular mediante consultas con las autoridades locales y regionales pertinentes, según proceda.

(16)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración y ejecución del presupuesto de la Unión, y prevén el control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión tal como establece el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(17)

A los efectos de una buena gestión financiera, deben establecerse normas específicas relativas a los compromisos presupuestarios, los pagos, las prórrogas y la recuperación de la Reserva. El presente Reglamento, a la vez que respeta el principio de que el presupuesto de la Unión se establece anualmente, debe, habida cuenta del carácter excepcional y específico de la Reserva, contemplar posibilidades de prorrogar fondos no utilizados, además de las que prevé el Reglamento Financiero, maximizando así la capacidad de la Reserva de contrarrestar las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión para los Estados miembros, también a nivel regional y local, y sus economías.

(18)

Para que los Estados miembros puedan desplegar los recursos adicionales y para garantizar medios financieros suficientes con los que aplicar rápidamente las medidas en el marco de la Reserva, debe desembolsarse una parte sustancial de estos recursos en concepto de prefinanciación, en tres tramos, en 2021, 2022 y 2023. El método de asignación de los recursos de la Reserva debe tener en cuenta la importancia de las actividades pesqueras en la zona económica exclusiva del Reino Unido, la importancia del comercio con el Reino Unido y la importancia de las relaciones de vecindad para las regiones costeras fronterizas del Reino Unido y sus comunidades, sobre la base de estadísticas oficiales y fiables. Dada la singularidad de la retirada del Reino Unido de la Unión y la incertidumbre que ha rodeado a aspectos clave de la relación entre la Unión y el Reino Unido tras la finalización del período transitorio, es difícil prever cuáles serán las medidas adecuadas que los Estados miembros tendrán que adoptar rápidamente para contrarrestar los efectos de dicha retirada. Por consiguiente, es necesario conceder flexibilidad a los Estados miembros y, en particular, permitir a la Comisión adoptar la decisión de financiación por la que se concede la prefinanciación sin la obligación, con arreglo al artículo 110, apartado 2, del Reglamento Financiero, de proporcionar una descripción de las acciones que vayan a financiarse.

(19)

En un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y de forma previa al pago del primer tramo de la prefinanciación, los Estados miembros deben notificar a la Comisión la identidad de los organismos designados y del organismo al que se abonará la prefinanciación, así como confirmar que se han elaborado las descripciones de los sistemas de control y gestión de la Reserva.

(20)

Para garantizar la igualdad de trato de todos los Estados miembros, debe establecerse un plazo único aplicable a todos los Estados miembros para la presentación de solicitudes de contribución financiera de la Reserva. La naturaleza específica de la Reserva y el período de ejecución relativamente breve justifican el establecimiento de un período de referencia adaptado y harían desproporcionado el requisito de que los Estados miembros faciliten anualmente los documentos exigidos en el artículo 63, apartados 5, 6 y 7, del Reglamento Financiero. Dado asimismo que los riesgos para el presupuesto de la Unión se ven mitigados por el requisito de utilizar para la Reserva un sistema fiable de gestión y control que ya exista en los Estados miembros o, en su caso, que establezcan los Estados miembros, está justificado establecer excepciones a la obligación de los Estados miembros de presentar los documentos solicitados a más tardar en febrero o marzo de cada año. Para que la Comisión pueda comprobar que la utilización de la contribución financiera de la Reserva es correcta, también debe exigirse a los Estados miembros que presenten, como parte de la solicitud de una contribución financiera de la Reserva, informes de ejecución que proporcionen más información sobre las acciones financiadas, describan las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión para las empresas y los sectores económicos, los elementos contables, un resumen de los informes de auditoría finales y los controles realizados, una declaración de fiabilidad, así como un dictamen de un organismo de auditoría independiente, elaborado de conformidad con las normas de auditoría internacionalmente aceptadas.

(21)

Con arreglo a los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (12), es preciso evaluar la Reserva sobre la base de la información recopilada mediante requisitos de seguimiento específicos, evitando al mismo tiempo una carga administrativa, en particular para las autoridades nacionales, regionales y locales, y un exceso de regulación. Dichos requisitos, cuando sea apropiado, deben incluir indicadores mensurables como base para la evaluación de los efectos de la Reserva sobre el terreno.

(22)

Para garantizar la igualdad de trato de todos los Estados miembros y la coherencia en la evaluación de las solicitudes de una contribución financiera de la Reserva, la Comisión debe evaluar dichas solicitudes de forma conjunta. Debe examinar, en particular, la subvencionabilidad y la exactitud de los gastos declarados, la relación directa de las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión con las medidas aplicadas y las disposiciones adoptadas por el Estado miembro de que se trate para evitar la doble financiación. La Comisión debe evaluar el contenido del informe de ejecución de manera proporcionada, teniendo en cuenta el gasto total incluido en la solicitud de una contribución financiera de la Reserva. A raíz de la evaluación de las solicitudes de contribución financiera de la Reserva, la Comisión debe liquidar la prefinanciación abonada, recuperar los importes no utilizados y tomar una decisión sobre los pagos hasta los límites de la asignación provisional. Dada la magnitud del impacto económico esperado, los importes no utilizados de la asignación provisional deben ponerse a disposición de los Estados miembros cuyo importe total aceptado supere su asignación provisional respectiva.

(23)

Habida cuenta del carácter excepcional y específico de la Reserva y sus objetivos, la Comisión debe prestar asistencia a los Estados miembros para ayudarles a determinar medidas para contrarrestar las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión, incluida la manera de evaluar la relación directa del gasto con la retirada.

(24)

A fin de garantizar el correcto funcionamiento de la gestión compartida, los Estados miembros deben establecer un sistema de gestión y control de la Reserva. Cada Estado miembro debe designar y notificar a la Comisión un organismo o, cuando así lo exija el marco constitucional del Estado miembro, organismos responsables de la gestión de la Reserva, así como un organismo de auditoría independiente diferenciado. Debe ser posible para los Estados miembros recurrir a organismos designados existentes, en el nivel territorial adecuado, y a sistemas de gestión y control que ya estén implantados para la aplicación de la financiación de la política de cohesión o del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea establecido por el Reglamento (CE) n.o 2012/2002 del Consejo (13). Es necesario especificar las responsabilidades de los Estados miembros y establecer los requisitos específicos de los organismos designados.

(25)

Para mejorar la protección del presupuesto de la Unión, la Comisión debe poner a disposición un sistema integrado e interoperable de información y seguimiento, que incluya una única herramienta de prospección de datos y puntuación del riesgo para acceder a los datos pertinentes y analizarlos, y debe fomentar su uso para que los Estados miembros la apliquen de manera generalizada.

(26)

A fin de reducir la carga administrativa, los Estados miembros podrían reembolsar a quienes se beneficien de una contribución financiera de la Reserva a través de opciones de costes simplificados, tales como tipos fijos, sumas a tanto alzado o costes unitarios, en la medida en que estos sean una aproximación fiable a los costes reales.

(27)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (14) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (15), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (16) y (UE) 2017/1939 del Consejo (17), los intereses financieros de la Unión deben protegerse mediante medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, cuando proceda, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (18). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la defensa de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, cuando proceda, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(28)

Con el fin de aliviar el impacto negativo en las empresas y los sectores económicos, y a fin de evitar situaciones de congestión administrativa, los Estados miembros y las regiones deben orientar sus campañas de información a concienciar sobre la contribución de la Unión procedente de la Reserva y, puesto que las actividades de transparencia, comunicación y visibilidad son esenciales para dar a conocer las actuaciones de la Unión sobre el terreno, informar al público en consecuencia. Estas actividades deben basarse en una información exacta y actualizada.

(29)

A fin de aumentar la transparencia en el uso de la contribución de la Unión procedente de la Reserva, la Comisión debe presentar un informe final sobre la ejecución de la Reserva al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

(30)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes en el establecimiento de los recursos financieros disponibles para cada Estado miembro, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución.

(31)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), emitió su dictamen el 14 de abril de 2021.

(32)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, mantener la cohesión económica, social y territorial y proporcionar a los Estados miembros un instrumento de solidaridad a la hora de hacer frente a los efectos de la retirada del Reino Unido de la Unión, retirada que afecta a la Unión en su conjunto, aunque con distinta severidad según las regiones y los sectores, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(33)

Habida cuenta de la imperiosa necesidad de contrarrestar las consecuencias económicas, sociales, territoriales y, en su caso, medioambientales de la retirada del Reino Unido de la Unión en los Estados miembros, incluidas sus regiones y comunidades locales, y sectores, especialmente los más perjudicados por la retirada, y para mitigar los efectos negativos correspondientes sobre la cohesión económica, social y territorial, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

1)

«período de referencia»: el período de referencia a que se refiere el artículo 63, apartado 5, letra a), del Reglamento Financiero, que irá del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023;

2)

«Derecho aplicable»: el Derecho de la Unión y el Derecho nacional relativo a su aplicación;

3)

«irregularidad»: toda contravención del Derecho aplicable, derivada de un acto u omisión de una entidad pública o privada que participa en la ejecución de la contribución financiera de la Reserva, incluidas las autoridades de los Estados miembros, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado;

4)

«irregularidad sistémica»: toda irregularidad, que puede ser de carácter recurrente, con una alta probabilidad de que se produzca en tipos similares de medidas;

5)

«total de errores»: suma de los errores aleatorios proyectados y, si procede, los errores sistémicos delimitados y los errores anómalos sin corregir;

6)

«índice de error total»: el total de errores, dividido por la población de auditoría;

7)

«índice de error residual»: el total de errores menos las correcciones financieras que aplique el Estado miembro para reducir los riesgos detectados por el organismo de auditoría independiente, dividido por el gasto que debe declararse en la solicitud de una contribución financiera de la Reserva;

8)

«reubicación»: el traslado de la misma actividad o de una actividad similar o de parte de ella en el sentido del artículo 2, punto 61 bis, del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión (20);

9)

«territorios con un estatuto especial»: en el contexto del presente Reglamento, cuando proceda, los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona.

a)

se pondrá a disposición un importe de prefinanciación de 4 321 749 000 EUR a precios corrientes y desembolsado en tres tramos de 1 697 933 000 EUR en 2021, de 1 298 919 000 EUR en 2022 y de 1 324 897 000 EUR en 2023 de conformidad con el artículo 9;

b)

en 2025 se pondrá a disposición un importe residual asignado provisionalmente de 1 148 686 000 EUR a precios corrientes, de conformidad con el artículo 12.

a)

medidas para apoyar a las empresas privadas y públicas, en particular a las pymes, los trabajadores autónomos, las comunidades locales y las organizaciones afectadas negativamente por la retirada del Reino Unido de la Unión;

b)

medidas de apoyo a los sectores económicos más perjudicados por la retirada del Reino Unido de la Unión;

c)

medidas de apoyo a las empresas, a las comunidades regionales y locales y a las organizaciones, en particular del sector pesquero a pequeña escala, dependientes de actividades pesqueras en aguas del Reino Unido, en aguas de territorios con un estatuto especial o en aguas cubiertas por acuerdos de pesca con Estados ribereños en los que las posibilidades de pesca de las flotas de la Unión se hayan reducido como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión;

d)

medidas de apoyo a la creación y protección de puestos de trabajo, incluidos puestos de trabajo ecológicos, regímenes de reducción del tiempo de trabajo, reciclaje profesional y formación en los sectores más perjudicados por la retirada del Reino Unido de la Unión;

e)

medidas para garantizar el funcionamiento de los controles fronterizos, aduaneros, sanitarios y fitosanitarios, de seguridad y de las actividades pesqueras, así como la recaudación de impuestos indirectos, incluidos el personal adicional y su formación, y las infraestructuras;

f)

medidas para facilitar los regímenes de certificación y autorización de los productos, para contribuir al cumplimiento de los requisitos de establecimiento, para facilitar el etiquetado y el marcado, por ejemplo en lo que respecta a las normas de seguridad, salud y medio ambiente, así como para facilitar el reconocimiento mutuo;

g)

medidas de comunicación, información y concienciación de los ciudadanos y las empresas sobre los cambios en sus derechos y obligaciones derivados de la retirada del Reino Unido de la Unión;

h)

medidas destinadas a la reintegración de los ciudadanos de la Unión y de las personas con derecho a residir en el territorio de la Unión que abandonaron el Reino Unido como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión.

a)

el cese de una actividad productiva o su transferencia fuera del Estado miembro en el que recibió la contribución financiera de la Reserva;

b)

un cambio en la propiedad de un elemento de infraestructura que proporcione a una empresa o a un organismo público una ventaja indebida, o

c)

un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los objetivos o las condiciones de ejecución de la acción, de modo que se menoscaben sus objetivos originales.

a)

una descripción de los efectos negativos de la retirada del Reino Unido de la Unión en términos económicos, sociales, territoriales y, en su caso, medioambientales, incluida una identificación de los sectores, regiones, zonas y, en su caso, comunidades locales más perjudicados por la retirada;

b)

una descripción de las medidas aplicadas para contrarrestar las consecuencias adversas de la retirada del Reino Unido de la Unión, del grado en que estas medidas aliviaron los efectos regionales y sectoriales a que se refiere la letra a), y de cómo se ejecutaron;

c)

una justificación de la subvencionabilidad de los gastos en que se haya incurrido y que se hayan abonado y su relación directa con la retirada del Reino Unido de la Unión;

d)

una descripción de las disposiciones adoptadas para evitar la doble financiación y garantizar la complementariedad con otros instrumentos de la Unión y con la financiación nacional;

e)

una descripción de la contribución de las medidas a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este.

a)

el importe del gasto subvencionable aceptado;

b)

el importe de la asistencia técnica calculado de conformidad con el artículo 6, apartado 2;

c)

la suma de los importes a que se refieren las letras a) y b) (en lo sucesivo, «importe total aceptado»);

d)

si el importe asignado provisionalmente de conformidad con el acto de ejecución en virtud del artículo 4, apartado 5 (en lo sucesivo, «asignación provisional») se debe abonar al Estado miembro de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, o si es necesario recuperar importes con arreglo al apartado 6 del presente artículo.

a)

designar un organismo o, cuando así lo exija el marco constitucional del Estado miembro, organismos responsables de gestionar la contribución financiera de la Reserva y un organismo de auditoría independiente de conformidad con el artículo 63, apartado 3, del Reglamento Financiero, y supervisar ambos organismos;

b)

establecer unos sistemas de gestión y control de la Reserva de conformidad con los principios de buena gestión financiera y garantizar el funcionamiento eficaz de dichos sistemas;

c)

elaborar una descripción de los sistemas de gestión y control de la Reserva de conformidad con el modelo que figura en el anexo III, mantener actualizada dicha descripción y ponerla a disposición de la Comisión, previa solicitud;

d)

notificar a la Comisión la identidad del organismo u organismos designados y del organismo al que se abonará la prefinanciación, así como confirmar que se han elaborado las descripciones de los sistemas de gestión y control de la Reserva, a más tardar el 10 de diciembre de 2021;

e)

garantizar que no se incluyen en el apoyo de la Reserva los gastos financiados en el marco de otros fondos y programas de la Unión;

f)

prevenir, detectar y corregir las irregularidades y el fraude, y evitar los conflictos de intereses; tales acciones incluyen la recogida de información sobre los titulares reales de los destinatarios de la financiación de conformidad con el punto 4, letra a), del anexo III; las normas relativas a la recopilación y al tratamiento de dichos datos deberán cumplir la normativa aplicable en materia de protección de datos;

g)

cooperar con la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros que participen en la cooperación reforzada con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1939, con la Fiscalía Europea.

a)

velar por el funcionamiento de un sistema de control interno eficaz y eficiente;

b)

establecer criterios y procedimientos para la selección de las medidas que vayan a financiarse y determinar las condiciones para la contribución financiera de la Reserva;

c)

comprobar que las medidas financiadas con cargo a la Reserva se ejecutan de conformidad con el Derecho aplicable y con las condiciones para la contribución financiera de la Reserva, y que los gastos se basan en documentos justificativos verificables;

d)

establecer medidas eficaces para evitar la doble financiación de los mismos costes por la Reserva y por otras fuentes de financiación de la Unión;

e)

garantizar la publicación a posteriori de conformidad con el artículo 38, apartados 2 a 6, del Reglamento Financiero;

f)

utilizar un sistema de contabilidad para registrar y almacenar en formato electrónico los datos sobre los gastos en que se haya incurrido que ha de cubrir la contribución financiera de la Reserva, que facilite en tiempo oportuno información exacta, exhaustiva y fidedigna;

g)

mantener disponibles, durante un período de cinco años a partir de la fecha límite de presentación de la solicitud de contribución financiera de la Reserva, todos los documentos justificativos de los gastos que debe cubrir dicha contribución financiera, e incluir esa obligación en los acuerdos con otras entidades que participan en la ejecución de la Reserva;

h)

a los efectos del apartado 1, letra f), recoger información en un formato electrónico normalizado que permita la identificación de los perceptores de cada contribución financiera de la Reserva y de sus titulares reales de conformidad con el anexo III.

1.

El porcentaje correspondiente a cada Estado miembro en los recursos de la Reserva se determina como la suma de un factor vinculado a las capturas realizadas en la zona económica exclusiva del Reino Unido, un factor vinculado al comercio con el Reino Unido y un factor vinculado a la población de las regiones marítimas fronterizas con el Reino Unido.

2.

El factor vinculado a las capturas realizadas en la zona económica exclusiva del Reino Unido se utiliza para asignar 656 452 200 EUR. El factor vinculado al comercio con el Reino Unido se utiliza para asignar 4 540 461 050 EUR. El factor vinculado a las regiones marítimas fronterizas con el Reino Unido se utiliza para asignar 273 521 750 EUR. Cada uno de esos importes se expresa a precios corrientes.

3.

El factor vinculado a las capturas realizadas en la zona económica exclusiva del Reino Unido se obtiene sobre la base de los siguientes criterios y aplicando los siguientes pasos:

4.

El factor vinculado al comercio con el Reino Unido se obtiene aplicando los siguientes pasos:

5.

El factor vinculado a las regiones marítimas fronterizas con el Reino Unido se obtiene calculando la proporción de cada Estado miembro en la población total de las regiones marítimas fronterizas con el Reino Unido. Las regiones marítimas fronterizas con el Reino Unido son regiones del nivel NUTS 3 situadas en las costas fronterizas y otras regiones del nivel NUTS 3 en las que la mitad de la población, como mínimo, vive en un radio de 25 km de esas costas fronterizas. Las costas fronterizas se definen como costas situadas a un máximo de 150 km del litoral del Reino Unido.

6.

A efectos del cálculo de la distribución de los recursos de la Reserva:

1.

Estado miembro

2.

Fecha de la solicitud

3.

Fecha del primer gasto

Fecha de realización

Fecha de pago

4.

Fecha del último gasto

Fecha de realización

Fecha de pago

5.

Importe de la prefinanciación recibida (en EUR)

6.

Organismo  (1) u organismos responsables de la gestión de la contribución financiera de la Reserva

Persona responsable y función

Datos de contacto

7.

Organismo de auditoría independiente

Persona responsable y función

Datos de contacto

8.

Organismo u organismos en los que se han delegado funciones, en su caso

9.

Breve descripción de las zonas y los sectores afectados por la retirada del Reino Unido de la Unión y de las medidas de respuesta aplicadas

10.

Cuando se lleve a cabo, breve descripción del diálogo en varios niveles

11.

Gasto total en que se ha incurrido y que se ha abonado antes de deducciones

12.

Importes deducidos por el Estado miembro y motivos de la deducción

13.

En particular, de los importes deducidos en virtud del punto 12, los importes corregidos como resultado de las auditorías de las medidas financiadas

14.

Gasto total presentado para la contribución financiera de la Reserva (EUR) (14 = 11 – 12)

15.

En moneda nacional

(en su caso)

Para los Estados miembros cuya moneda no es el euro: conviértanse todos los importes en euros a los tipos de cambio contables mensuales de la Comisión publicados en

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_es

16.

Tipos de cambio contables mensuales fijados por la Comisión

17.

Distribución territorial de los gastos de regiones del nivel NUTS 2, cuando sea pertinente

18.

Desglose de los gastos presentados para la contribución financiera de la Reserva, incluidos los importes gastados de conformidad con el artículo 4, apartado 4 (facilítese una lista de las acciones individuales financiadas en el marco de cada medida y los gastos correspondientes para cada acción)

Cada partida de gasto debe consignarse una sola vez

EUR

Moneda nacional (si procede)

Indicadores de realización (indíquese un número)

18.1.

Medidas de ayuda a las empresas privadas y públicas, en particular a las pymes, los trabajadores autónomos, las comunidades locales y las organizaciones afectadas negativamente por la retirada del Reino Unido de la Unión

Empresas que reciben apoyo financiero

Empresas que reciben asesoramiento

Población beneficiaria

18.2.

Medidas de apoyo a los sectores económicos más perjudicados por la retirada del Reino Unido de la Unión

Empresas que reciben apoyo financiero

Empresas que reciben asesoramiento

18.3.

Medidas de apoyo a las empresas y a las comunidades regionales y locales y a las organizaciones, en particular del sector pesquero a pequeña escala, dependientes de actividades pesqueras en aguas del Reino Unido, en aguas de territorios con un estatuto especial o en aguas cubiertas por acuerdos de pesca con Estados ribereños en los que las posibilidades de pesca de las flotas de la Unión se hayan reducido como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión

Empresas que reciben apoyo financiero

Empresas que reciben asesoramiento

Población beneficiaria

18.4.

Medidas de apoyo a la protección y creación de puestos de trabajo, incluidos puestos de trabajo ecológicos, regímenes de reducción del tiempo de trabajo, reciclaje profesional y formación en los sectores más perjudicados por la retirada del Reino Unido de la Unión

Participantes

18.5.

Medidas para garantizar el funcionamiento de las fronteras y los controles de seguridad, incluidos el personal adicional y su formación, y las infraestructuras

Personal adicional (en EJC)

Infraestructura física adaptada (m2)

18.6.

Medidas para garantizar el funcionamiento de los controles aduaneros y la recaudación de impuestos indirectos, incluidos el personal adicional y su formación, y las infraestructuras

Personal adicional (en EJC)

Infraestructura física adaptada (m2)

18.7.

Medidas para garantizar el funcionamiento de los controles sanitarios, fitosanitarios y de las actividades pesqueras, incluidos el personal adicional y su formación, y las infraestructuras

Personal adicional (en EJC)

Infraestructura física adaptada (m2)

18.8.

Medidas para facilitar los regímenes de certificación y autorización de los productos, para contribuir al cumplimiento de los requisitos de establecimiento, para facilitar el etiquetado y el marcado, por ejemplo en lo que respecta a las normas de seguridad, salud, medio ambiente, así como como para contribuir al reconocimiento mutuo

Empresas que reciben apoyo financiero

Empresas que reciben asesoramiento

18.9.

Medidas de comunicación, información y concienciación de los ciudadanos y las empresas sobre los cambios en sus derechos y obligaciones derivados de la retirada del Reino Unido de la Unión

Empresas que reciben asesoramiento

Población destinataria

18.10.

Medidas destinadas a la reintegración de los ciudadanos de la Unión y de las personas con derecho a residir en el territorio de la Unión que abandonaron el Reino Unido como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión

Personas

18.11.

Otros (especifíquense)

19.

Cualquier financiación complementaria de la Unión recibida o solicitada para gastos no incluidos en la presente solicitud

Breve descripción/importe [por ejemplo, utilización de los fondos de la política de cohesión, REACT-UE, el Fondo de Transición Justa, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, u otros (especifíquense)]

20.

Indíquense la entidad jurídica y el titular y el número completo de la cuenta bancaria para pagos posteriores

☐ Cuenta utilizada anteriormente para recibir pagos de la UE

☐ Nueva cuenta

a)

la información recogida en la solicitud se ha presentado debidamente y es completa y exacta, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento Financiero;

b)

los gastos consignados en la solicitud cumplen el Derecho aplicable y se han utilizado para los fines previstos;

c)

los sistemas de control establecidos garantizan la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes.

i)

los elementos relativos a las cuentas de la solicitud para el período de referencia,

ii)

la legalidad y la regularidad de los gastos cuyo reembolso se ha solicitado a la Comisión, y

iii)

el funcionamiento del sistema de gestión y control de la Reserva, y ha verificado la declaración de fiabilidad,

a)

…;

b)

…;

c)

….

i)

los elementos relativos a las cuentas de la solicitud ofrecen una imagen fiel,

ii)

los gastos incluidos en la solicitud son legales y regulares, y

iii)

el sistema de gestión y control de la Reserva funciona adecuadamente.

1)

Elementos relacionados con las cuentas de la solicitud

2)

Legalidad y regularidad de los gastos certificados en la solicitud

3)

El sistema de gestión y control de la Reserva establecido en la fecha del presente dictamen de auditoría

i)

los elementos relativos a las cuentas de la solicitud ofrecen/no ofrecen [táchese lo que no proceda] una imagen fiel, o

ii)

los gastos de la solicitud para los cuales se ha solicitado el reembolso a la Comisión son/no son [táchese lo que no proceda] legales y/ni regulares, o

iii)

el sistema de gestión y control de la Reserva establecido funciona/no funciona [táchese lo que no proceda] adecuadamente.

—

en relación con cuestiones materiales relacionadas con la solicitud: [especifíquense]

y/o [táchese lo que no proceda]

—

en relación con cuestiones materiales relacionadas con la legalidad y la regularidad de los gastos consignados en la solicitud cuyo reembolso se ha solicitado a la Comisión: [especifíquense]

y/o [táchese lo que no proceda]

—

en relación con cuestiones materiales relacionadas con el funcionamiento del sistema de gestión y control de la Reserva: [especifíquense].

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

a)

Estatuto del organismo de auditoría independiente (organismo nacional o regional) y del organismo del que forma parte, en su caso:

b)

Descripción de las funciones y tareas realizadas por el organismo de auditoría independiente:

c)

Descripción de cómo se organiza el trabajo (flujos de trabajo, procesos, divisiones internas), qué procedimientos se aplican y cuándo, cómo se supervisan, con indicación de los recursos previstos que vayan a asignarse en relación con las diferentes tareas de auditoría:

a)

grabar y almacenar en formato electrónico los datos de cada medida financiada con cargo a la Reserva:

b)

garantizar que los registros contables de todas las medidas financiadas con cargo a la Reserva se graban y se almacenan, y que dichas grabaciones contienen los datos necesarios para la elaboración de la solicitud de contribución;

c)

llevar registros contables de los gastos en que se ha incurrido y que se han abonado;

d)

indicar si los sistemas electrónicos están funcionando de manera eficaz y pueden grabar con fiabilidad los datos en la fecha establecida en el punto 1.2;

e)

describir los procedimientos para garantizar la seguridad, la integridad y la confidencialidad de los sistemas electrónicos.