Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El Reglamento (UE) n.o 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece las normas aplicables al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (en lo sucesivo, «Fondo»).

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El 17 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron conjuntamente el pilar europeo de derechos sociales (en lo sucesivo, «pilar») en respuesta a los retos sociales planteados en la Unión. El pilar establece veinte principios, divididos en tres categorías: la igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo; unas condiciones de trabajo justas; y la protección e inclusión sociales. Esos veinte principios deben guiar las acciones de respuesta a la crisis ligada al brote de COVID-19 a fin de garantizar una recuperación socialmente justa y resiliente.

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Los Estados miembros se han visto afectados por la crisis ligada al brote de COVID-19 de un modo sin precedentes. La crisis ha provocado graves consecuencias económicas y sociales, ha exacerbado en gran medida la situación de más del 20 % de la población de la Unión que se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, ha agudizado las divisiones sociales y ha aumentado la pérdida de puestos de trabajo, los índices de desempleo y las desigualdades. Ello ha creado una situación excepcional que es necesario abordar urgentemente con medidas específicas en consonancia con el pilar. La crisis también tiene un impacto socioeconómico desproporcionado en mujeres y niñas y está provocando un aumento de la feminización de la pobreza. La Comisión y los Estados miembros deben seguir garantizando la igualdad entre hombres y mujeres y la integración tanto del principio de no discriminación como de la perspectiva de género en las diferentes fases y en todas las actividades del Fondo, en consonancia con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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La crisis de la COVID-19 está teniendo una repercusión especialmente negativa en el Fondo y la capacidad de las organizaciones asociadas para prestar apoyo a las personas más afectadas por la crisis. Desde su creación en 2014, el Fondo ha beneficiado a trece millones de personas al año, incluidos aproximadamente cuatro millones de niños. Desgraciadamente, el número de personas que sufren privación alimentaria y material ha aumentado debido a la crisis y las personas más desfavorecidas se enfrentan a riesgos particulares y dificultades adicionales. Además, la crisis supone un mayor riesgo para la inclusión social de las personas más desfavorecidas. De este modo, los Estados miembros se enfrentan a un aumento de la demanda de apoyo del Fondo.

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Con el fin de corregir las enormes perturbaciones en la economía y en la sociedad, que han dado lugar a nuevas demandas para los sistemas de protección social de los Estados miembros y han afectado gravemente el funcionamiento del mercado interior debido a las restricciones excepcionales establecidas por los Estados miembros para contener el brote de COVID-19, el Consejo Europeo mostró su satisfacción, el 23 de abril de 2020, con la «hoja de ruta para la recuperación» con un fuerte componente de inversión, pidió la creación de un instrumento de recuperación de la Unión Europea y encomendó a la Comisión un análisis de las necesidades para que los recursos puedan destinarse a los sectores y zonas geográficas de la Unión más afectados, aclarando al mismo tiempo el vínculo con el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.

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El Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) desbloquea recursos adicionales para apoyar a los Estados miembros en sus medidas de reparación de la crisis en el contexto del brote de COVID-19 y en la preparación de la recuperación social, resiliente y sostenible de la economía y de la sociedad. A fin de dar una respuesta eficaz al impacto social del brote de COVID-19 en las personas más desfavorecidas, dicho Reglamento dispone la asignación de recursos adicionales al Fondo, cuando un Estado miembro así lo decida y de acuerdo con sus necesidades. Al hacerlo, los Estados miembros deben prestar la debida atención al incremento del número de personas más desfavorecidas desde el brote de COVID-19, tener en cuenta el papel esencial del Fondo Social Europeo (FSE) en la erradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión social, y mantener la fortaleza operativa del FSE. Además, es necesario establecer límites para la asignación de recursos adicionales a la asistencia técnica del Estado miembro. Teniendo en cuenta el rápido gasto previsto de los recursos adicionales, los compromisos vinculados a estos recursos adicionales también deben liberarse al cierre de los programas.

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Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Dichas normas se establecen en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

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Cuando se adoptan medidas para proteger el presupuesto de la Unión, es esencial salvaguardar adecuadamente el interés legítimo de los destinatarios y beneficiarios finales.

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A fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de suficientes medios financieros para aplicar rápidamente las medidas de reparación de la crisis a la luz de los efectos de la crisis de la COVID-19 sobre la pobreza y la exclusión social y preparar una recuperación social, resiliente y sostenible de la economía y de la sociedad, es necesario proporcionar un nivel más elevado de pagos de anticipos para la rápida ejecución de las acciones apoyadas por los recursos adicionales. La magnitud de la prefinanciación en forma de anticipos debe garantizar que los Estados miembros tengan los medios necesarios para abonar anticipos a los beneficiarios lo antes posible, con el fin de facilitarles una ayuda inmediata y reembolsarles rápidamente tras la presentación de las solicitudes de pago.

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Con el fin de aliviar la carga que pesa sobre los presupuestos públicos en relación con las medidas de reparación de la crisis en el contexto del brote de COVID-19 y de preparar una recuperación social, resiliente y sostenible de la economía y de la sociedad, conviene que los Estados miembros puedan solicitar excepcionalmente la aplicación de un porcentaje de cofinanciación de hasta el 100 % a la ayuda procedente de los recursos adicionales.

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Con el fin de garantizar que los Estados miembros puedan adaptar rápidamente las medidas en el marco del Fondo en respuesta al brote de COVID-19, conviene establecer disposiciones específicas que aclaren el alcance de la asistencia técnica.

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De conformidad con el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (6) y dentro de los límites de los recursos asignados en él, deben aplicarse medidas en el marco del presente Fondo para abordar el impacto sin precedentes de la crisis de la COVID-19. Los recursos adicionales deben utilizarse de conformidad con los plazos establecidos en dicho Reglamento y con sujeción a las condiciones pertinentes establecidas en él y en el Reglamento (UE) 2020/2221.

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Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, responder al impacto del brote de COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas en las personas más desfavorecidas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

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Dada la urgencia de la situación creada por el brote de COVID-19, conviene que el presente Reglamento entre en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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El artículo 135, apartado 2, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (7) establece que las modificaciones del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo (8) o de la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo (9) que se adopten en la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo o con posterioridad a ella, no deben aplicarse al Reino Unido en la medida en que dichas modificaciones incidan en las obligaciones financieras del Reino Unido. La ayuda en virtud del artículo 6 bis del Reglamento (UE) n.o 223/2014 se financia, para 2021 y 2022, con un aumento del límite máximo de los recursos propios de la Unión, lo que afectaría a las obligaciones financieras del Reino Unido. Por consiguiente, dicha ayuda no debe aplicarse al Reino Unido ni en su territorio.

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Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en consecuencia.