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EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
El artículo 67.6.a) del Estatuto prevé que los decretos ley son promulgados, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalitat.
De acuerdo con lo anterior, promulgo el siguiente Decreto-ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En estos momentos, en un contexto de excepcionalidad en que la crisis sanitaria aún no se ha superado, dada la repercusión generada durante la primera ola de la pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 en los centros residenciales, y con el objetivo de prevenir futuros brotes y minimizar el riesgo de infección en los grupos de población más vulnerables, se requiere el desarrollo de un conjunto de actuaciones que impacten directamente sobre las organizaciones y los profesionales de los centros residenciales y los centros de día de personas mayores de titularidad pública, así como sobre los centros sujetos a conciertos o colaboración con el Departamento de Trabajo, Asunto Sociales y Familias.
La pandemia de la COVID-19 ha generado una situación de excepcionalidad en los centros residenciales. Ante esta situación, los departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias han concretado, en el plan de contingencia específico, un conjunto de medidas que se han mostrado eficaces para hacer frente a la COVID-19 e intervenir anticipadamente en previsión de brotes en los centros residenciales. Este conjunto de medidas se articula en torno a la prevención de la aparición de la infección y la protección de los profesionales; la detección precoz de la infección, la intervención de salud pública, la atención sanitaria de ámbito territorial, la atención social, y la ordenación y refuerzo del ámbito residencial y los sistemas de información.
La necesidad de implementar el conjunto de actuaciones –de atención social, de ordenación y de refuerzo de las residencias–, planificadas y adaptadas territorialmente, debe permitir que las residencias den una respuesta rápida, efectiva y modulable ante posibles brotes en la evolución de los indicadores epidemiológicos. En este contexto, las residencias se centrarán de manera prioritaria en la intensificación de las medidas de seguridad y la minimización de riesgos. A la vez, deberán garantizar una buena atención a las personas residentes, lo que justifica aplicar, en términos temporales, un programa de refuerzo de las residencias de titularidad pública y de las sujetas a conciertos o colaboración con el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
El impacto social vivida con la pandemia de la COVID-19 también ha modificado de forma importante las condiciones en que se prestan determinados servicios sociales de atención diurna. Las limitaciones, las medidas y las recomendaciones de obligado cumplimiento han significado suspender la prestación de servicios por razones de prevención y protección, en beneficio de la salud y de la integridad de las personas mayores atendidas en determinados servicios sociales.
Por esta razón, los servicios de acogida diurna de los centros de día para personas mayores, en la actual fase de reanudación de la actividad y de incremento de la transmisión comunitaria, todavía deben someterse a limitaciones de aforo, porque deben cumplir las medidas de distanciamiento, por lo que muchas personas usuarias no pueden recibir la totalidad del servicio que tienen asignado, sino que deben adecuarse a unas franjas horarias o días concretos de servicio. Igualmente, muchos centros de día que están integrados en residencias no pueden prestar el servicio por razones de salud pública y vigilancia epidemiológica, tal y como establecen las indicaciones del PROCICAT. De ahí que se quiera autorizar, de forma extraordinaria y transitoria, que determinadas actividades propias de los servicios de acogida diurna, como el servicio básico de estancia en el centro, las actividades de ocio o de dinamización sociocultural, así como la manutención, puedan ser prestadas en espacios alternativos o comunitarios adecuados, que actúen como extensiones de los centros de día autorizados, bajo la responsabilidad del ente titular del servicio del centro de día hacia las personas usuarias.
Asimismo, la fase de reanudación genera la necesidad de que muy a menudo la persona cuidadora no pueda hacerse cargo de la persona a la que debe atender en el domicilio. Por este motivo, se considera necesario que los centros de día puedan desarrollar servicios opcionales de atención, promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia en el domicilio de las personas, tanto para las personas atendidas e inscritas en los centros como para otras personas mayores que, por razones de urgencia social, razones sanitarias o por causa derivada de la COVID-19, no dispongan ni de servicios asignados ni del apoyo familiar necesario y suficiente para ser atendidas.
Por otra parte, el capítulo II del Decreto-ley 11/2020 de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias, establece una serie de actuaciones en materia de infancia y adolescencia para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19, que ha provocado, entre otros efectos, y en algunos casos, la separación involuntaria de los progenitores o tutores –bajo tratamiento y con medidas de aislamiento– de sus hijos e hijas menores de edad.
El artículo 7 del Decreto-ley mencionado crea una prestación económica de emergencia para la acogida familiar de niños separados involuntariamente de su núcleo familiar por efecto de la epidemia de la COVID-19, prestación que continúa vigente en virtud del punto 2 de la disposición transitoria de la misma norma, que dispone que esta prestación se otorgará en los supuestos derivados de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, independientemente de la fecha de levantamiento del estado de alarma decretado por Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Sin embargo, las medidas previstas en las disposiciones adicionales, habrían quedado sin efectos de acuerdo con la disposición transitoria primera de aquella norma, dado el levantamiento del estado de alarma decretado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Dado que estas medidas se concibieron directa o indirectamente para agilizar la selección de las familias acogedoras que precisamente debían de hacer posible la acogida de estos niños y niñas y la recepción de la correspondiente prestación, resulta necesario mantener su vigencia, al menos mientras perduren los efectos de la crisis sanitaria.
Asimismo, el capítulo II regula la modificación del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social, bajo el título de medidas de carácter social. El contenido del mencionado Decreto-ley contemplaba que no podían acceder a la ayuda las personas que hubieran devengado unas cantidades en un periodo determinado. Esta previsión ha comportado un número muy bajo de solicitudes, así como que se hayan denegado muchas solicitudes relacionadas con personas del sector de las artes escénicas que necesitaban estas ayudas, ya que no han podido acceder a la prestación por paro que reguló el Estado.
Ante este hecho, debe modificarse el Decreto-ley en el sentido de velar por las personas que no han percibido ingresos durante la pandemia y que, debido a los brotes nuevos que han surgido, los siguen viendo menguar, y, por tanto, necesitan acceder a la ayuda.
También se debe modificar la fecha límite de presentación de solicitudes, que será, salvo que el agotamiento de la dotación designada al efecto se produzca antes, el 31 de agosto de 2020.
Todo lo expuesto determina que sea imprescindible esta intervención normativa inmediata por parte del Gobierno, dado que la consecución de este objetivo, necesario para satisfacer una necesidad social de primer orden con la celeridad requerida, no puede ser atendida recurriendo al procedimiento legislativo ordinario.
Por tanto, en uso de la autorización concedida en el artículo 64 del Estatuto de autonomía de Cataluña, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno;
A propuesta del consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y de acuerdo con el Gobierno, decreto:
El sistema de pago de los centros residenciales, de hogares y residencias para personas con discapacidades, hogar con apoyo para personas con problemática social derivada de enfermedad mental, de centros de día de personas mayores, centros de día de terapia ocupacional y centros de atención especializada para personas con discapacidades, y de los centros de día ocupacionales de inserción (SOI) para personas con discapacidades que configuran el Sistema Catalán de Servicios Sociales, regulado por el Decreto 284/1996, de 23 de julio, de regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales, y la normativa que lo desarrolla, elaborados por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, dejan de aplicarse temporalmente a la actividad que se preste desde el 1 de septiembre de 2020 y mientras dure la situación de emergencia derivada de la COVID-19, en lo que contravengan lo dispuesto en este Decreto-ley.
Mientras dure la situación de emergencia, los centros residenciales del Sistema Catalán de Servicios Sociales priorizarán y centrarán los esfuerzos en la prevención, la lucha contra la COVID-19 y el manejo de los casos con COVID-19 asintomáticos o con curso leve de la enfermedad.
La necesidad de dar respuesta a nuevos protocolos y requerimientos establecidos por la autoridad sanitaria requerirá aplicar, entre otras, nuevas medidas de seguridad y protección de las personas residentes, medidas adicionales higiénicas y de desinfección, compra específica de material de protección, cambios organizativos, adaptación a la nueva dinámica de visitas y salidas, incremento de la ratio de recursos humanos de atención directa, modificación e intensificación de turnos horarios.
Para hacer frente a los costes adicionales, los servicios sociales de carácter residencial de la red de atención pública de personas mayores y para personas con discapacidad física o intelectual con concierto social de la modalidad de gestión delegada, concertados, colaboradores, y subvencionados del Departamento de Trabajo Asuntos Sociales y Familias –desde el 1 de julio de 2020 y mientras dure la situación de emergencia derivada de la COVID-19– cobrarán 196,30 euros adicionales mensuales por plaza, que se destinarán al refuerzo del personal de atención directa, principalmente gerocultor y personal auxiliar, a la compra de EPI y la intensificación de las medidas adicionales de higiene relacionadas con la COVID-19. Este importe se abonará mensualmente durante el período establecido, de acuerdo con las instrucciones que dicte el órgano competente del Departamento.
Para hacer frente a los costes adicionales, los servicios sociales de hogar residencias para personas con discapacidades y hogar con apoyo para personas con problemática social derivada de enfermedad mental de la red pública; con concierto social de la modalidad de gestión delegada, concertados, colaboradores y subvencionados del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias –desde el 1 de septiembre de 2020 y mientras dure la situación de emergencia derivada de la COVID-19– cobrarán 62,80 euros adicionales mensuales por plaza, que se destinarán al refuerzo del personal de atención directa, principalmente personal auxiliar, a la compra de EPI y a la intensificación de las medidas adicionales de higiene relacionadas con la COVID-19. Este importe se abonará mensualmente durante el período establecido, de acuerdo con las instrucciones que dicte el órgano competente del Departamento.
Para mejorar la capacidad a los servicios sociales de carácter residencial acreditados de personas mayores en la implementación con éxito de las medidas de sectorización y la capacidad de aislar ante casos probables o confirmados de COVID-19 –desde el 1 de julio de 2020 y mientras dure la situación de emergencia derivada de la COVID-19–, las residencias dispondrán de una reserva de plazas libres de ocupación que se acordarán con los referentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y del Departamento de Salud, para cada ámbito territorial, de acuerdo con la situación y características de las residencias. Estos centros, mientras dichas plazas permanezcan vacías, percibirán el 85% del precio medio ponderado de la Cartera de servicios sociales de carácter residencial de personas mayores a partir del 1 de septiembre y mientras dure la situación de emergencia derivada de la COVID-19. Este importe se abonará de acuerdo con las instrucciones que dicte el órgano competente del Departamento.
En caso de necesidad, se podrá hacer reservas de plazas libres en centros privados no acreditados, que se concretarán mediante una resolución del órgano competente del Departamento.
Los gastos vinculados a dispositivos de apoyo que se deban poner en marcha para trasladar a personas residentes urgentemente por la aplicación de medidas extraordinarias por razón de la crisis sanitaria, como congestión de residencias, dificultades estructurales para hacer aislamientos, u otros, se harán efectivas mediante contratación de emergencia y siempre que sea necesario para garantizar la protección y la asistencia inmediata de las personas.
Para hacer frente a los costes adicionales generados, los centros de día de personas mayores con concierto social de la modalidad de gestión delegada, concertados y colaboradores del 1 de julio de 2020 y mientras dure la situación de emergencia derivada de la COVID-19, percibirán 60,00 euros adicionales por usuario y mes correspondiente al refuerzo del personal auxiliar de atención directa y a la compra de EPI y medidas adicionales de higiene relacionadas con la COVID-19. Este importe se abonará mensualmente durante el período establecido, de acuerdo con las instrucciones que dicten los órganos competentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
Para hacer frente a los costes adicionales generados en los servicios de centro de día de terapia ocupacional y centros de atención especializada para personas con discapacidades con concierto social de la modalidad de gestión delegada, concertados, colaboradores y subvencionados, del 1 de septiembre de 2020, y mientras dure la situación de emergencia derivada de la COVID-19, percibirán 62,80 euros adicionales por usuario y mes correspondiente al refuerzo del personal auxiliar de atención directa y a la compra de EPI y medidas adicionales de higiene relacionadas con la COVID-19. Este importe se abonará mensualmente durante el período establecido, de acuerdo con las instrucciones que dicten los órganos competentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
Para hacer frente a los costes adicionales generados en los servicios sociales de centro de día ocupacional de inserción (SOI) para personas con discapacidades con concierto social de la modalidad de gestión delegada, concertados, colaboradores y subvencionados, del 1 de septiembre de 2020, y mientras dure la situación de emergencia derivada de la COVID-19, cobrarán 31,40 euros por usuario y mes correspondiente al refuerzo del personal auxiliar de atención directa, a la compra de EPI y a medidas adicionales de higiene relacionadas con la COVID-19. Este importe se abonará mensualmente durante el período establecido, de acuerdo con las instrucciones que dicten los órganos competentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
De forma extraordinaria y transitoria, mientras dure la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el servicio de estancia, las actividades de dinamización sociocultural, las actividades de ocio y la manutención características de los servicios de acogida diurna, pueden prestarse en espacios alternativos o equipamientos comunitarios adecuados que cumplan los requisitos de seguridad, higiene, aforo, ventilación y accesibilidad, bajo la responsabilidad de la persona titular del servicio de acogida diurna autorizado, y sin que sean aplicables los espacios descritos en el anexo 1 del Decreto 182/2003, de 22 de julio, de regulación de los servicios de acogida diurna de centros de día de personas mayores.
Se modifica el artículo 3 del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 3. Cuantía de la prestación.
La cuantía de la prestación, que se abona en un pago único, es equivalente al importe diario del indicador de renta de suficiencia mensual de Cataluña (IRSC) vigente, por los días transcurridos entre el 14 de marzo y el 6 de mayo de 2020, ambos incluidos. De esta cuantía se deducen los ingresos percibidos durante el mismo periodo por prestaciones de servicios llevadas a cabo durante el periodo referido.»
Se modifica el artículo 6 del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 6.
Las personas beneficiarias de la prestación por suministros básicos a personas profesionales de las artes escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y otras actividades culturales suspendidas por razón de la crisis sanitaria en Cataluña, son las personas que acrediten el cumplimiento de los requisitos siguientes:
a) Ser mayor de dieciocho años.
b) Estar empadronado y residir legalmente en un municipio de Cataluña.
c) Haber ejercido alguna actividad profesional, por cuenta propia o ajena, en situación de alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social por actividades de las artes escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y otras actividades culturales suspendidas por razón de la crisis sanitaria en Cataluña, en el Sistema Especial de Artistas del Régimen General de la Seguridad Social, o bien, en el caso de los técnicos, que hayan cotizado en el Régimen General de la Seguridad Social, por las mismas actividades, como mínimo 15 días en el año 2019.
d) No haber percibido por prestaciones de servicios desarrolladas entre los días 14 de marzo y 6 de mayo, ningún tipo de ingresos o bien que estos no hayan superado conjuntamente, en cómputo mensual, el importe del salario mínimo interprofesional.»
Se modifica el apartado 2 del artículo 8 del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, que queda redactado de la siguiente forma:
«8.2 Las personas susceptibles de ser beneficiarias de la prestación regulada en este Decreto-ley deben cumplimentar y presentar el formulario de solicitud normalizado. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el agotamiento de la dotación designada al efecto y, en todo caso, si la dotación designada no se ha agotado antes, hasta el 31 de agosto de 2020.»
A partir de la entrada en vigor de este Decreto-ley, deja de ser aplicable a los servicios sociales del capítulo I del presente Decreto-ley lo previsto del artículo 1 del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19, salvo en los casos en que se tomen medidas excepcionales de salud pública de restricción de la actividad diferentes a las previstas en el capítulo I de este Decreto-ley.
Se declaran vigentes los artículos 8 y 9, y la disposición adicional primera del Decreto-ley 11/2020 de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras medidas complementarias.
Los preceptos expresados en el apartado anterior mantendrán su vigencia mientras se mantenga activado el plan de actuación PROCICAT para emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes con potencial alto riesgo.
Aquello previsto en el capítulo II referido a la modificación del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social, bajo el título de medidas de carácter social, es aplicable a las solicitudes presentadas y no resueltas en el momento de entrada en vigor de este Decreto-ley, y sin necesidad de que se tenga que presentar nueva solicitud para aquellas que ya se hayan presentado.
Se habilita al consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y a la consejera de Cultura para que modifique la Resolución TSF/1341/2020, de 11 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación extraordinaria para suministros básicos a profesionales de las artes escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y otras actividades culturales suspendidas por razones de la crisis sanitaria a Catalunya que prevé el capítulo II del Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social a fin de poder adaptarla a las modificaciones establecidas en este Decreto-ley.
Este Decreto-ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea aplicable este Decreto-ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda lo hagan cumplir.
Barcelona, 28 de julio de 2020.–El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra i Pla.–El Consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani Lesfar.
(Publicado en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8189, de 30 de julio de 2020. Convalidado por Resolución 909/XII, del Parlamento de Cataluña, publicada en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 8226, de 16 de septiembre de 2020)
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