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El Real Decreto 302/2010, de 15 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 76, de fecha 29 de marzo, ha dispuesto la separación de Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en el partido judicial de Torrent, con efectividad de 1 de abril de 2010.

De los ocho Juzgados de Primera Instancia e Instrucción existentes en dicho partido judicial en la fecha de producirse la referida separación de jurisdicciones, los números 1, 2, 5, 7 y 8 se convirtieron en Juzgados de Primera Instancia y los números 3, 4 y 6 en Juzgados de Instrucción. Esta distribución respondió al criterio expresado por el Consejo General del Poder Judicial, que, a su vez, asumió el parecer de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La puesta en marcha de la separación entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en el partido judicial de Torrent requiere, obviamente, la adopción de normas complementarias a fin de lograr el ordenado desplazamiento de competencias entre unos y otros órganos y evitar, sobre todo, que el trámite y resolución de los asuntos pendientes pueda verse afectado por la separación de jurisdicciones de que se trata, al ser absolutamente imprescindible salvaguardar los principios de seguridad (de manera que se conozca con claridad los criterios conforme a los cuales se determina el órgano que va a conocer de cada proceso en marcha) y de tutela judicial sin dilaciones indebidas.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, reunida en Comisión y en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2009, aprobó, a propuesta de la Junta de Jueces de Primera Instancia e Instrucción de Torrent celebrada en fecha 5 de noviembre del mismo año, el régimen transitorio de reparto de asuntos motivado por la citada separación de jurisdicciones. Dichas normas se aprobaron por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión de fecha 22 de abril de 2010 y se publicaron en el Boletín Oficial del Estado núm. 114, de 10 de mayo siguiente.

La Junta General de Jueces de Torrent, en su reunión celebrada en fecha 18 de enero de 2010, ha adoptado un nuevo acuerdo sobre normas o criterios para el traspaso de asuntos entre Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción, como consecuencia de la división de jurisdicciones entre los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del citado partido judicial.

Dichas normas o criterios, que fueron aprobados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reunida en Comisión y en sesión celebrada el día 20 de enero de 2010, modifican y completan los anteriormente vigentes.

En atención a lo expuesto, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de fecha 22 de julio de 2010, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Aprobar nuevas normas sobre traspaso de asuntos entre los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Instrucción en el Partido Judicial de Torrent, con motivo de la separación de jurisdicciones, disponiéndose asimismo la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Dichas normas son del siguiente tenor:

1.° Desde la fecha de entrada en vigor de la efectiva separación de jurisdicciones, como criterio general, todas las demandas civiles de procedimientos declarativos y de ejecución serán repartidas exclusivamente a los juzgados de instancia.

2.º Desde la fecha de entrada en vigor de la efectiva separación de jurisdicciones, como criterio general, todos los asuntos penales, cualquiera que sea su naturaleza u origen, serán repartidos exclusivamente a los juzgados de instrucción.

Las denuncias con fecha de hecho de juzgados que pasen a ser de instancia registradas tras la efectiva separación de jurisdicciones se repartirán entre los juzgados de instrucción.

Los asuntos que sean ampliatorios de otros ya incoados en cualquiera de los Juzgados serán turnados por antecedentes, al juzgado que corresponda, con independencia de que se trate de un Juzgado de Instancia.

3.º Los nuevos Juzgados de Instrucción conocerán hasta su finalización de los procedimientos declarativos civiles y ejecuciones, así como de todos los incidentes que de ellos deriven, ya iniciados al tiempo de hacerse efectiva la separación de jurisdicciones.

Igualmente conocerán de los asuntos civiles que se deriven de procesos de los que éstos hayan conocido con anterioridad salvo los siguientes, que pasarán a repartirse aleatoriamente entre los Juzgados de Primera Instancia:

Modificaciones de medidas de nulidad matrimonial, divorcio y separación.

Divorcios, cuando haya existido una previa separación judicial.

Juicios ordinarios derivados de juicios monitorios. En estos casos formulada oposición ante elJuzgado de Instrucción, éste requerirá al demandante para que presente demanda de juicio ordinario ante el propio Juzgado de Instrucción y, si ésta se presenta en plazo y forma, la remitirá junto con las actuaciones a Decanato para su reparto a un Juzgado de Primera Instancia. Si la demanda no se presenta en plazo y forma, el Juzgado de Instrucción deberá acordar el archivo del juicio monitorio.

Juicios verbales derivados de juicios monitorios. Formulada oposición ante el Juzgado de Instrucción, éste remitirá las actuaciones a Decanato para su reparto entre los Juzgados de Primera Instancia, que será el competente para señalar la vista.

Juicios declarativos derivados de medidas cautelares previas, medidas provisionales previas en materia matrimonial y diligencias preliminares. En estos casos la demanda se presentará en Decanato y será repartida a un Juzgado de Primera Instancia, el cual recabará, si lo precisa, la remisión de las actuaciones llevadas a cabo con carácter preliminar o previo ante el juzgado de Instrucción.

El Juzgado de Instrucción que en cada momento preste el servicio de guardia será el competente para autorizar los internamientos involuntarios por razón de trastorno psíquico que con carácter urgente se comuniquen durante el servicio de guardia. Una vez firme la resolución de internamiento, el Juzgado de Instrucción remitirá lo actuado al Decanato para su reparto entre los Juzgados de Primera Instancia, que serán los competentes para el seguimiento del mismo.

4.º Transcurrido un año desde la fecha de efectividad de la separación de jurisdicciones, pasarán a repartirse aleatoriamente entre los Juzgados de Primera Instancia las nuevas demandas de ejecución que se deriven de asuntos civiles que hayan conocido los Juzgados de Instrucción.

5.º Los nuevos Juzgados de Instancia conocerán hasta su conclusión de los procedimientos penales ya iniciados al tiempo de hacerse efectiva la separación de jurisdicciones. Igualmente conocerán de las causas que tuvieren sobreseidas cuando proceda por cualquier causa su reapertura.

6.º Cuando como consecuencia de la aplicación de las normas anteriores se lleve a cabo un traspaso de procedimientos, éstos deberán ser remitidos por el juzgado que deje de tener competencia sobre los mismos, completamente foliados, con todos los escritos presentados unidos y proveídos y una vez que hayan adquirido firmeza todas las resoluciones dictadas, incluyendo la que ponga fin al proceso o acuerde su remisión.

7.º Para resolver otras situaciones no expresamente contempladas en las normas anteriores se aplicarán los criterios generales recogidos en ellas, resolviendo el Juez Decano en caso de discrepancia.

Madrid, 22 de julio de 2010.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, José Carlos Dívar Blanco.