Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado». Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Estatuto de Autonomía.
Preámbulo.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Fines. Artículo 3. Ámbito de aplicación. Artículo 4. Funciones públicas
Capítulo II. Actuación y modernización administrativa.
Sección 1.ª Medidas generales. Artículo 5. Principios.
Artículo 6. Directrices. Artículo 7. Proyectos de interés general de Aragón. Artículo 8. Competencias.
Sección 2.ª Coordinación y participación.
Artículo 9. Informe.
Artículo 10. Naturaleza y composición del Consejo de Industria de Aragón. Artículo 11. Adscripción y composición del Consejo de Industria de Aragón.
Sección 3.ª Tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Artículo 12. Impulso.
Artículo 13. Servicio básico electrónico. Artículo 14. Aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas. Artículo 15. Efectos.
Capítulo III. Libertad de la actividad industrial.
Artículo 16. Principio de libertad.
Artículo 17. Comunicación responsable Artículo 18. Autorización. Artículo 19. Cumplimiento de las prescripciones reglamentarias Artículo 20. Otras comunicaciones y autorizaciones.
Capítulo IV. Información industrial.
Sección 1.ª Disposiciones generales. Artículo 21. Concepto y fines.
Artículo 22. Fuentes Artículo 23. Tratamiento.
Sección 2.ª Registro de Establecimientos Industriales de Aragón.
Artículo 24. Constitución.
Artículo 25. Fines Artículo 26. Ámbito. Artículo 27. Contenido. Artículo 28. Obligación. Artículo 29. Acceso. Artículo 30. Colaboración. Artículo 31. Registros especiales
Capítulo V. Fomento industrial.
Artículo 32. Actuaciones.
Artículo 33. Objetivos. Artículo 34. Instrumentos. Artículo 35. Competencias. Artículo 36. Régimen jurídico. Artículo 37. Requisitos Artículo 38. Obligaciones.
Capítulo VI. Calidad industrial.
Artículo 39. Fines.
Artículo 40. Planes de mejora de la calidad. Artículo 41. Obligatoriedad. Artículo 42. Infraestructura.
Capítulo VII. Seguridad industrial.
Sección 1.ª Disposiciones comunes. Artículo 43. Objeto.
Artículo 44. Sistema.
Sección 2.ª Titulares y responsables.
Artículo 45. Régimen de actuación de los titulares.
Artículo 46. Comunicación de modificaciones e incidencias.
Sección 3.ª Organismos de control.
Artículo 47. Naturaleza jurídica.
Artículo 48. Autorización y régimen de actuación.
Sección 4.ª Profesionales habilitados y empresas instaladoras y mantenedoras.
Artículo 49. Autorización y régimen de actuación.
Artículo 50. Transmisión a los usuarios.
Capítulo VIII. Disciplina industrial.
Sección 1.ª Inspección industrial. Artículo 51. Objeto.
Artículo 52. Principios de la actuación inspectora. Artículo 53. Personal inspector. Artículo 54. Facultades del personal inspector. Artículo 55. Inspecciones ordinarias. Artículo 56. Inspecciones extraordinarias. Artículo 57. Planes de inspección industrial. Artículo 58. Actas de inspección.
Sección 2.ª Medidas provisionales y restablecimiento de la legalidad.
Artículo 59. Medidas provisionales por la Administración.
Artículo 60. Medidas provisionales por los organismos de control. Artículo 61. Restablecimiento de la legalidad.
Sección 3.ª Infracciones y Sanciones.
Artículo 62. Disposiciones generales.
Artículo 63. Infracciones muy graves. Artículo 64. Infracciones graves. Artículo 65. Infracciones leves. Artículo 66. Sanciones. Artículo 67. Determinación de las sanciones. Artículo 68. Responsabilidades. Artículo 69. Sanciones accesorias. Artículo 70. Prescripción. Artículo 71. Multas coercitivas. Artículo 72. Sujetos responsables. Artículo 73. Plazo del procedimiento sancionador. Artículo 74. Procedimiento sancionador simplificado. Artículo 75. Órganos competentes.
Disposición adicional primera.-Consejo de Industria de Aragón.
Disposición adicional segunda.-Regulación de actividades profesionales específicas. Disposición adicional tercera.-Elaboración de los planes de inspección industrial.
Disposición transitoria única.-Disposiciones reglamentarias aplicables. Disposición derogatoria única.-Derogación normativa. Disposición final primera.-Habilitación reglamentaria. Disposición final segunda.-Actualización de sanciones. Disposición final tercera.-Entrada en vigor.
Aragón es una comunidad autónoma de marcado carácter industrial. Se estima que más de una quinta parte de la riqueza generada en Aragón procede de la actividad industrial, incluyendo la energía, dato que se halla por encima de la media nacional, lo que demuestra la mayor especialización e intensidad de la actividad industrial en el tejido económico aragonés. En cuanto al mercado laboral, la industria representa la cuarta parte del empleo total, porcentaje superior al resto de empleo industrial en España. La industria aragonesa está en evolución, con una progresión evidente hacia sectores de fuerte valor añadido. Es un hecho que los esfuerzos se dirigen hacia la promoción de actividades industriales de máxima competitividad, valorándose de manera especial los esfuerzos por la diversificación. Así pues, es deseable la evolución del tejido industrial aragonés hacia la implantación de nuevas actividades industriales en las que los procesos económicos y productivos se basen en la utilización de nuevas tecnologías, en la innovación de procesos y en la modificación de determinados sistemas de gestión empresarial obsoletos.
El comercio exterior aragonés, referido al intercambio de mercancías con el extranjero, es, casi en su totalidad, de bienes industriales. La actividad económica de la industria se desarrolla en un mercado globalizado, donde la alta competitividad internacional hace que nuestra comunidad tenga que ser todavía más productiva y eficiente. Su promoción afecta de manera positiva a toda la sociedad, pues contribuye a su desarrollo económico y social, constituyendo la consolidación de dicho sector uno de los factores que de manera más clara influyen en la vertebración y el reequilibrio del territorio, aspecto este de enorme importancia en Aragón. Con independencia del sector de actividad económica del que se trate, cualquier empresa aragonesa tiene instalaciones industriales de las que depende para ejercer su actividad con normalidad y eficacia, afectadas por la amplísima y compleja legislación en materia de seguridad industrial. El tiempo transcurrido entre la toma de decisiones en las empresas y su materialización influye en el éxito o el fracaso empresarial. Es obvio que las competencias en materia de industria afectan a toda la ciudadanía en sus quehaceres cotidianos (en su trabajo, como consumidores y usuarios), a su calidad de vida y a las prestaciones que pueden obtener de los avances técnicos. Cualquier hogar, centro de trabajo, de ocio, cualquier centro educativo o sanitario contiene un número elevado de instalaciones industriales; toda la sociedad, altamente tecnificada, se ve afectada por el nivel de calidad de las mismas.
La norma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón donde se asumen las competencias en materia de industria es una buena muestra de la complejidad de la materia. El carácter exclusivo con el que dicha competencia es asumida permite al legislador aragonés dictar una norma como la presente, ambiciosa en su contenido y extensión. Ambición que en la redacción de la Ley se ha procurado compatibilizar con la pluralidad de derechos subjetivos de la ciudadanía y de intereses públicos afectados.
En los últimos años, la Comunidad Autónoma de Aragón se ha ido dotando de diferentes normas que han permitido cumplir con los deberes públicos en materia industrial, establecer las oportunas regulaciones y promulgar medidas de fomento de la actividad industrial en Aragón. Cabe mencionar la normativa del Gobierno de Aragón sobre ayudas económicas a las empresas industriales en la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre el ejercicio de las funciones en materia de vigilancia sobre seguridad de productos, equipos e instalaciones industriales asignado a los organismos de control y sobre acreditaciones profesionales, autorización de empresas y acreditación de entidades de formación en materia de seguridad industrial. Junto a ella se han ido promulgando una serie de órdenes del departamento con competencias en industria que permiten, por el lado del fomento, la convocatoria anual de ayudas a las empresas industriales y, por otro lado, la utilización de un novedoso sistema de gestión de procedimientos para la tramitación de las instalaciones, aparatos y equipos industriales. Ya no cabe seguir ahondando en esta labor si no se da un decidido paso que concrete un tronco legislativo del que puedan emanar coherentemente las normas y que proporcione los fundamentos suficientes para que la andadura se pueda adaptar a los actuales requerimientos sociales y a las más modernas tecnologías, permitiendo nuevos desarrollos que profundicen en los principios de esta Ley. Uno de los grandes objetivos en la redacción de esta Ley ha sido dotar a la sociedad aragonesa del necesario marco legal completo que afecta a la amplia actividad industrial. También pretende facilitar el acceso al mismo y su comprensión.
El punto de partida de la nueva regulación legal estriba en la definición del concepto de «actividad industrial», que supera de manera expresa y deliberada al concepto de «industria» y que no se asimila únicamente a las actividades de los establecimientos industriales. También se desarrollan cuáles son los derechos y deberes de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
La transparencia de la actuación de la Administración es uno de los principios que promueve esta ley. Así, se regulan los supuestos en los que se debe informar o hacer pública la información sobre la actividad industrial generada o elaborada por la Administración. Todo ello con la salvaguarda debida a la confidencialidad de los datos, que tan sensibles resultan para el mundo empresarial. La participación y la coordinación de los diversos, plurales e importantes intereses territoriales, públicos y privados que confluyen en materia de industria es un objetivo fundamental de esta Ley. Se trata de recoger de manera coordinada las necesidades, la experiencia y la información técnica y económica, haciendo posible una retroalimentación permanente y oportuna de dicha información y una mejora continua de todas las actuaciones sobre la actividad industrial. Para el cumplimiento de este objetivo se tienen en cuenta la existencia y la composición del Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA) 2004-2007, acuerdo suscrito el 5 de febrero de 2004 entre el Gobierno de Aragón y los agentes económicos y sociales aragoneses, cuyas orientaciones más importantes han sido incorporadas a esta Ley. Además, es necesario incluir en la legislación aragonesa el nuevo enfoque que la Unión Europea está desarrollando con el impulso renovado a la estrategia de Lisboa, que pretende «la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de impulsar un crecimiento económico sostenible, de mejorar cuantitativamente el empleo y alcanzar una mayor cohesión social». La Unión Europea, en esta redefinición de «Lisboa», da un nuevo enfoque a la política industrial que basa en tres ejes: legislar mejor, desarrollar un enfoque integrado de las políticas y recurrir a políticas sectoriales y medidas específicas adecuadas. La Ley explicita el compromiso de la Administración de dar un servicio y de crear unas oportunidades acordes con las necesidades actuales que la sociedad precisa. Estos servicios, que corresponden de manera principal a la Administración Pública, se plantean en dos grandes niveles: garantizar la seguridad para las personas, los bienes y el medio ambiente, y fomentar la actividad industrial en tanto que es generadora de evidentes beneficios sociales. La realización de actuaciones de promoción y fomento industrial aparece como un mandato legal. Debe asumirse la limitación de recursos de los que dispone la Administración, de manera que no le es posible dar, por sí sola, respuesta a las necesidades de especialización, agilidad y flexibilidad que hoy caracterizan a la actividad industrial, al ser tan intensa la capacidad de cambio en la actividad económica y en los progresos tecnológicos. Para superar esta realidad se posibilita la acción a través de recursos externos sujetos a procedimientos de supervisión y control. Asimismo, se obliga a que los servicios técnicos de la Administración, de elevada cualificación, hayan de aplicarse preferentemente a las tareas de las que se obtiene socialmente mayor valor añadido. Dentro de este contexto se plantea y proyecta un Aragón moderno, comprometido con el concepto de desarrollo sostenible, que procura, en particular y de manera explícita, la integración social de colectivos desfavorecidos y la igualdad de oportunidades, así como medidas para incrementar el número de mujeres en el sector industrial. Se promueve un modelo destinado a velar por los derechos y los legítimos intereses de progreso, desarrollo económico, bienestar y empleo de calidad de toda la ciudadanía aragonesa. Y todo esto en consonancia con las políticas industriales de las Administraciones europeas, estatales y locales, prestando atención a los cambios estructurales y a los objetivos y sensibilidades de los agentes económicos y sociales. El progresivo desarrollo e implantación de la sociedad de la información y del conocimiento exige de los poderes públicos crear y promover la infraestructura técnica que posibilite la misma y favorecer y potenciar instrumentos para el acceso de toda la ciudadanía, en condiciones de igualdad, a estas tecnologías.
La Ley se estructura en setenta y cinco artículos, agrupados en ocho capítulos y la parte final.
En el capítulo I se aborda lo relativo al objeto y fines de la Ley, haciendo explícitos los objetivos perseguidos con su redacción-regular y fomentar la actividad industrial, en desarrollo de las competencias atribuidas en el Estatuto de Autonomía-, definiendo los conceptos técnicos sobre los que se apoya la regulación de la materia y reafirmando la vigencia del principio de legalidad en la actividad de la Administración de la comunidad autónoma. En particular se hace coincidir el ámbito de aplicación con la actividad industrial que radique en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma. El capítulo II lleva por título «Actuación y modernización administrativa», abarcando diversas cuestiones que se regulan en tres secciones. Las medidas generales se refieren a los principios, con los que se quiere compatibilizar la flexibilidad y respeto por los legítimos intereses privados con el respeto a la legalidad, a la seguridad industrial y al interés público, bajo los principios de intervención mínima y eficacia, encomendando a la Administración de la comunidad autónoma una labor necesaria de homogeneización y simplificación de una normativa que ha llegado a ser difícilmente asequible incluso a los profesionales; en esta sección se hace explícita la posibilidad de usar de los recursos e instrumentos técnicos que la legislación específica pone a disposición de la Administración y, por último, se articulan los principios generales de la competencia administrativa en materia de industria. En la sección segunda se establecen los supuestos en los que el departamento competente en materia de industria (en adelante, departamento competente) deberá ser consultado por los demás órganos de la Administración de la comunidad autónoma y, en especial, se regula el Consejo de Industria de Aragón como órgano colegiado de tipo representativo, con funciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento, cuya función será la de coordinar los distintos intereses que confluyen en materia de industria. En la sección tercera, que tiene como epígrafe el de «Tecnologías de la información y de las comunicaciones», se encomienda a la Administración de la comunidad autónoma, para el ámbito industrial, no solo promover la asunción e interminación por la sociedad de los medios, retos y posibilidades de las nuevas tecnologías de la información, sino que se asumen obligaciones para la Administración de avanzar en la puesta a disposición de sus servicios de forma electrónica y telemática -se introduce el concepto de «servicio básico electrónico»-, de adaptar sus procedimientos y de regular los sistemas de intercambio telemático de información entre Administración y los agentes del sistema de la seguridad y calidad industrial, dándoles plena eficacia jurídica. En el capítulo III se regula lo relativo a la «Libertad de la actividad industrial» y se da plena eficacia al principio de libertad industrial que inspiran las modernas legislaciones española y europea, sin perjuicio de las excepciones y obligaciones legalmente establecidas superando el marco establecido por el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización industrial. En este capítulo se regula como regla general la «comunicación responsable», con un compromiso de agilidad administrativa aunque recogiendo como posibilidad excepcional la existencia de autorizaciones para supuestos legalmente establecidos. Para uno y otro caso, se implantarán procedimientos de solicitud o de resolución conjunta para agilizar y favorecer el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la actividad industrial. Entre sus previsiones está la de adaptar los requisitos técnicos exigidos por la normativa de seguridad industrial al progreso tecnológico, habilitando a la Administración de la comunidad autónoma para autorizar la adopción de alternativas técnicas más avanzadas que acrediten niveles de seguridad equivalentes. El capítulo IV, relativo a la «Información industrial», tiene como contenido fundamental, aunque no único, la regulación del Registro de Establecimientos Industriales de Aragón, que se adapta a la distribución administrativa y territorial aragonesa contemplando el ámbito comarcal. La información es un elemento necesario de la toma de decisiones adecuadas, y, por ello, en este capítulo se articulan mecanismos de coordinación de la información en poder de los distintos departamentos y las distintas Administraciones y se encomienda a la Administración de la comunidad autónoma la promoción de sistemas voluntarios y compartidos de información para las empresas, particularmente entre las medianas y pequeñas. En este sentido, se establece la obligación de generar y gestionar la información industrial y facilitar el acceso, no solo de la Administración, sino de entidades, asociaciones y particulares, mediante una publicidad adecuada en los ámbitos autonómico y local, además de sectorial. Se crea el Registro de Establecimientos Industriales de Aragón, con la finalidad de reunir información veraz y de calidad sobre el sector industrial y ponerla a disposición de la Administración de la comunidad autónoma y de los ciudadanos, particularmente como un servicio al sector empresarial. De conformidad con ello, se regula la inscripción y su comunicación al registro de ámbito estatal, ordenando el acceso a la información sobre los establecimientos industriales, los servicios relacionados con las actividades industriales, la infraestructura para la seguridad y la calidad industrial y los otros agentes autorizados en esta materia. Con el fin de adecuar la imagen que transmita el Registro a la realidad, se establece la obligación de los distintos departamentos de la Administración de la comunidad autónoma de comunicar al Registro de Establecimientos Industriales de Aragón los datos relativos a establecimientos industriales de que dispongan en sus registros respectivos. Un aspecto fundamental del régimen jurídico será la primacía del carácter censal, desligando la inscripción de las tramitaciones relativas a la seguridad industrial. En el capítulo V se aborda, como se indica en su título, el «Fomento industrial». En la regulación contenida en este capítulo se establecen claramente los objetivos que debe perseguir el fomento industrial, los instrumentos de que dispone para ello la Administración de la comunidad autónoma, las competencias del Gobierno y del consejero competente en materia de industria y los requisitos y obligaciones de los beneficiarios directos de la actividad de fomento. Con estos preceptos se busca incorporar un modelo de desarrollo sostenible que aúne el desarrollo y la modernización del sector industrial, la adaptación estructural a las exigencias del mercado y a la proyección internacional, con el equilibrio territorial y la solidaridad. Para ello, se pretende perseguir la innovación en servicios y procesos productivos, incorporar el diseño industrial, promocionar servicios técnicos de valor añadido, propiciar la creación de empleo de calidad, compatibilizar las exigencias ambientales y de seguridad laboral, aprovechando los recursos endógenos, potenciando el impulso emprendedor y explotando la renta de situación de la comunidad autónoma. El capítulo VI se dedica a la «Calidad industrial», concepto que pretende aplicarse tanto al sector privado como a la propia Administración de la comunidad autónoma. La relación existente entre el concepto calidad y el concepto seguridad es obvia, y en este texto se hace expresa de conformidad con las más modernas tendencias en la Unión Europea; de hecho, en la teoría más avanzada, la seguridad no es sino una especialización de la calidad en un aspecto concreto. La Ley propone observar un doble aspecto de la calidad: por una parte, la que se promueve y busca para los productos industriales y los servicios, incluyendo entre ellos los que prestan tanto las empresas como los de la propia Administración, que aquí quedan equiparados, y por otra, la que debe presidir el funcionamiento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, componente integrante de los agentes del sistema de la seguridad industrial. La regulación contenida en el capítulo VII tiene por objeto la «Seguridad industrial», lo que constituye una de las exigencias fundamentales de las sociedades modernas como la aragonesa. De conformidad con ello, se hace un enfoque global de esta materia, abordando sus competencias normativas, reconociendo la posibilidad de, previo informe del Consejo de Industria de Aragón, poder, tal como posibilita la legislación básica del Estado, añadir requisitos adicionales a los reglamentos estatales de seguridad industrial. Se define el sistema de la seguridad industrial, con participación de la Administración de la comunidad autónoma y de distintos agentes con responsabilidades específicas, que interactúan bajo la supervisión de la Administración. En particular, se define el régimen de actuación y obligaciones de los titulares y responsables de las instalaciones industriales, de los organismos de control y de los profesionales habilitados, así como de las empresas instaladoras y mantenedoras autorizadas, pudiendo crearse nuevas figuras. Destaca el reconocimiento de la validez de las actuaciones de terceras partes independientes, sometidas a procesos estrictos y fiables de autorización y control por parte de la Administración. El capítulo VIII tiene por título «Disciplina industrial» y se estructura en tres secciones respectivamente dedicadas, a la «Inspección industrial», a «Medidas provisionales y restablecimiento de la legalidad» y a «Infracciones y sanciones». La regulación de la inspección industrial es sumamente relevante tanto para garantizar los adecuados niveles de seguridad industrial como para garantizar los derechos de los sujetos pasivos de los poderes de supervisión que la Administración de la comunidad autónoma ejerce, bien directamente, bien a través de diversos agentes del sistema de la seguridad industrial. Por ello, no solo se establecen principios que vincularán toda la actividad de inspección, entre ellos el respeto a los ritmos de la actividad empresarial, sino que se fijan los requisitos del personal habilitado para su práctica, especificando la necesidad de identificación del personal inspector, así como sus facultades en el ejercicio de sus funciones, el régimen de las inspecciones ordinarias y extraordinarias, los contenidos y efectos de las actas y los planes de inspección industrial. En particular, con estos últimos se pretende racionalizar al máximo la actuación administrativa en este campo y lograr la máxima transparencia, elaborando un informe final al terminar el período de vigencia de cada plan de inspección industrial, del que deberá darse cuenta a las Cortes de Aragón y al Consejo de Industria de Aragón. El restablecimiento de la legalidad, con el logro de los niveles de seguridad industrial necesarios, debe ser una de las prioridades de la actividad administrativa. El fin último de la actividad de inspección no es necesariamente sancionar, sino garantizar el cumplimiento de la legalidad. Por ello, se articulan las medidas necesarias para conseguir un cumplimiento pronto y voluntario de las medidas ordenadas por la Administración, estableciendo multas coercitivas y la obligación de valorar la ejecución diligente de estas medidas en el posible procedimiento sancionador. No obstante, la seguridad industrial exigirá en muchas ocasiones la adopción de medidas provisionales que incluso pueden preceder al inicio de un procedimiento administrativo, para lo que hace falta una habilitación específica que en la Ley se proporciona, aunque con los adecuados contrapesos exigidos por la seguridad jurídica. La realización de muchas de las inspecciones por organismos de control obliga a habilitar al personal de los mismos, en línea con la normativa estatal, para adoptar medidas exigidas por situaciones de necesidad, dando cuenta inmediata a la Administración de la comunidad autónoma. Por último, en este capítulo se incluye un cuadro completo de infracciones y sanciones que, dentro del respeto a la legislación básica estatal, realiza una tipificación más completa y más correcta técnicamente, regulando además los aspectos del ejercicio de la potestad sancionadora necesarios para garantizar los derechos de los imputados y la eficacia de la Administración. En este sentido, se realiza una simplificación normativa, se aclaran los tipos de infracción y se concreta la determinación de la responsabilidad. La parte final incluye una disposición transitoria dedicada a las disposiciones reglamentarias aplicables, manteniéndose las vigentes en el momento de la entrada en vigor de la Ley, en lo que no se opongan a sus previsiones, hasta tanto se apruebe la normativa reglamentaria de desarrollo. Las disposiciones adicionales hacen referencia a la elaboración, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, del Decreto regulador del Consejo de Industria de Aragón; a la habilitación para la regulación de actividades profesionales específicas, incluyendo el intrusismo profesional, así como a la elaboración en el plazo máximo de un año de los planes de inspección industrial. Contiene también una disposición derogatoria y las disposiciones finales que habilitan al consejero competente en materia de industria para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la Ley y autorizan al Gobierno de Aragón para actualizar el importe de las sanciones establecidas en esta Ley de acuerdo con el IPC, cerrándose esta parte con la entrada en vigor.
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco regulador de la actividad industrial en Aragón y el fomento de la misma, en el ámbito de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por su Estatuto de Autonomía.
Los fines perseguidos por la presente Ley son: a) Promover el progreso y la cohesión social.
b) Incentivar la creación de empleo de calidad y riqueza conforme al principio de desarrollo sostenible. c) Acelerar la adaptación de la actividad industrial a los cambios estructurales. d) Impulsar la mejora de la competitividad. e) Garantizar la seguridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente. f) Fomentar la calidad, el diseño, la investigación, el desarrollo y la innovación en relación con la actividad industrial, creando para ello un entorno favorable a la misma. g) Determinar el régimen de responsabilidad en materia de actividad industrial.
1. La presente Ley es de aplicación a todos los establecimientos, aparatos, equipos, productos o instalaciones industriales radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cualquiera que sea su uso, utilización o ubicación, así como a los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma.
2. La actividad industrial, a los efectos de esta Ley, queda constituida por:
a) Las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, investigación, aprovechamiento, transformación o reutilización de productos industriales; el envasado y el embalaje; el aprovechamiento, la recuperación y la eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados, así como los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica, asistencia técnica y formación de profesionales habilitados directamente relacionados con las actividades anteriores.
b) En relación con las disposiciones de seguridad y calidad industrial, las actividades, instalaciones, operaciones, procesos, equipos, aparatos y productos industriales que utilicen o incorporen elementos, mecanismos o técnicas susceptibles de producir riesgo, daños o perjuicios conforme a lo dispuesto en esta Ley. c) Las actividades de generación, distribución y suministro de la energía y productos energéticos y de investigación energética. d) Las actividades de investigación, aprovechamiento y beneficio de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualesquiera que fueren su origen y su estado físico. e) Las instalaciones nucleares y radiactivas. f) Las industrias de fabricación de armas, explosivos y aquellas que se declaren de interés para la defensa nacional. g) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales y pesqueras. h) Las actividades industriales relacionadas con el transporte y las telecomunicaciones. i) Las actividades industriales relativas al medicamento y la sanidad. j) Las actividades industriales relativas al fomento de la cultura. k) Las industrias y las tecnologías medioambientales. l) Las actividades industriales biotecnológicas.
3. La presente Ley será de aplicación a la actividad industrial definida en el párrafo anterior en todo lo no previsto por la correspondiente legislación específica.
4. A los efectos de esta Ley, se considera titular de la actividad industrial a la persona física o jurídica que figure como responsable ante la Administración de las obligaciones impuestas en la normativa vigente.
1. Las actuaciones públicas relativas a la actividad industrial se desarrollarán de conformidad con la realidad social, económica, tecnológica, sectorial y territorial, teniendo los siguientes contenidos generales: a) Promover los mejores modelos y prácticas, así como establecer las estrategias, recursos y directrices para alcanzarlos.
b) Establecer el régimen jurídico de la actividad industrial. c) Gestionar, proteger y mantener actualizada la información industrial de Aragón, generando bases de datos homogéneas, ordenadas y fiables. d) Ejercer la inspección y vigilancia de la actividad industrial.
2. Para la consecución de los fines de esta Ley, se realizará, en particular, una actividad de promoción, fomento y calidad, así como de prevención, inspección y limitación de riesgos.
1. La actuación administrativa en materia de industria estará regida por los principios de: a) Libertad de establecimiento y de actividad.
b) Intervención necesaria y suficiente. c) Eficacia y proporcionalidad. d) Adaptación a las necesidades de la actividad industrial con plena garantía de la legalidad, la seguridad industrial y el interés público.
2. La Administración impulsará la homogeneización, estructuración y simplificación de la regulación aplicable y de los trámites administrativos que puedan ser requeridos en aras del desarrollo social, económico, industrial y tecnológico.
1. Mediante las directrices previstas en la legislación de ordenación del territorio se podrá: a) Definir modelos de desarrollo de sectores o subsectores industriales.
b) Atender necesidades de suelo, infraestructuras, urbanización y equipamiento industrial para polígonos industriales, parques empresariales, plataformas logísticas e industrias con características singulares. c) Impulsar la promoción industrial o la reindustrialización de zonas o comarcas determinadas. d) Establecer el marco para la realización de cualesquiera otras actuaciones en materia de industria de trascendencia territorial.
2. En la elaboración de las directrices participará en todo caso el departamento competente.
De acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente, el consejero competente en materia de industria podrá adoptar la iniciativa de tramitar proyectos de interés general en Aragón para la realización de infraestructuras que favorezcan especialmente a las pequeñas y medianas empresas industriales, a la instalación de industrias con características singulares o aquellos proyectos que favorezcan la diversificación del tejido industrial aragonés.
El departamento competente en materia de industria es el órgano encargado de la ejecución de las funciones públicas relativas a la actividad industrial, sin perjuicio de su coordinación con otros departamentos y con otras Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias.
1. El departamento competente será consultado preceptivamente en relación con aquellas acciones que puedan incidir significativamente en la estructura del tejido industrial aragonés y que tengan como soporte: a) Planes y programas que afecten a la actividad industrial.
b) Medidas de fomento de la calidad y de la seguridad que afecten a la actividad industrial. c) Planes, programas y medidas que impliquen un volumen de contratación de productos o servicios industriales que incida significativamente sobre el total de la demanda o sobre el desarrollo industrial o tecnológico de la comunidad autónoma.
2. Cuando se den las circunstancias tecnológicas, económicas, organizativas o productivas que puedan incidir de manera significativa en la estructura del tejido industrial aragonés, la autoridad laboral de la Administración de la comunidad autónoma notificará la tramitación o sometimiento a informe de los expedientes de regulación de empleo o de modificación de las condiciones de trabajo al departamento competente para que este informe al respecto en el plazo de diez días.
1. El Consejo de Industria de Aragón es el órgano representativo, colegiado, consultivo y de participación en materia de industria.
2. El Consejo tendrá como fines estimular el consenso y la unidad de acción en materia de industria y la coordinación de los intereses públicos y privados que confluyen en la misma. 3. En su composición estarán representadas las asociaciones empresariales y sindicales más representativas, los profesionales y agentes del sector industrial y del sistema de la seguridad industrial de Aragón y los departamentos con competencias conexas o relacionadas en la materia.
1. El Consejo de Industria de Aragón se adscribe sin dependencia jerárquica al departamento competente y será presidido por su titular, a quien corresponderá el nombramiento de sus miembros, a propuesta de los órganos directivos de cada uno de los sectores representados o de las Administraciones implicadas. El Consejo podrá funcionar en Pleno o en Comisión Permanente, pudiéndose crear comisiones especializadas.
2. Se atribuirán al Consejo funciones especializadas de carácter consultivo y de asesoramiento en relación con la política industrial de la Comunidad Autónoma de Aragón, en particular sobre coordinación e inspección administrativa; participación de los agentes económicos y sociales; elaboración de disposiciones generales, planes y programas en la materia, y emisión de informes a petición del Gobierno de Aragón o del departamento competente en materia de industria. 3. Reglamentariamente se determinarán su composición, su organización, su régimen de funcionamiento y sus funciones. 4. Dentro del primer semestre de cada año, el Consejo remitirá a las Cortes de Aragón un informe sobre los resultados alcanzados el año anterior en relación con los objetivos propuestos.
1. La Administración favorecerá e impulsará la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, la tramitación de procedimientos administrativos y la formación y el acceso de los ciudadanos y las empresas a las nuevas tecnologías. En cualquier caso, el departamento competente facilitará el inicio de los procedimientos administrativos en soporte digital mediante la disponibilidad electrónica de todos los modelos de formularios normalizados que se encuentren a su disposición en soporte papel en las dependencias de la Administración.
2. Salvo que, por la naturaleza de los procedimientos o de los interesados, reglamentariamente se establezca lo contrario, los interesados siempre podrán optar por utilizar los medios convencionales admitidos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común o por servirse, en su totalidad o parcialmente, de medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando su disponibilidad esté regulada, sin perjuicio de que el servicio, procedimiento o actuación posterior se realice de forma presencial o a distancia.
1. Cuando uno de los servicios encomendados al departamento competente pueda ser ofrecido por medio de sistemas electrónicos y telemáticos de forma segura y con garantías de eficacia y se considere básico por su relevancia para los fines propios del mismo o para el desarrollo económico y social de la sociedad aragonesa, podrá ser declarado «servicio básico electrónico» por el consejero competente en materia de industria.
2. Declarado un servicio como básico, la Administración impulsará su implantación como servicio electrónico e interactivo, disponible de manera totalmente electrónica.
1. El departamento competente podrá regular sistemas de intercambio de información por vía telemática con los agentes del sistema de la seguridad y la calidad industrial, estableciendo su objeto de aplicación, dentro de las líneas marcadas por la planificación general de la comunidad autónoma sobre protección y seguridad de datos y sobre técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos.
2. Las aplicaciones electrónicas, informáticas y telemáticas que en el ámbito de aplicación de esta Ley, sean utilizadas por el departamento competente en el ejercicio de sus potestades serán previamente aprobadas por su titular y publicadas.
La información y documentación transmitida mediante técnicas, medios y sistemas electrónicos, informáticos y telemáticos regulados tendrá la validez y eficacia establecidas legalmente. Asimismo, las fechas de transmisión y recepción acreditadas en las comunicaciones realizadas a través de estos sistemas serán válidas a efectos de cómputo de términos y plazos.
1. Se declara y protege la libertad de establecimiento de la actividad industrial que comprende la instalación, la ampliación, el traslado y la puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones; la fabricación y la comercialización de aparatos, equipos y productos y la realización de procesos y operaciones, sin perjuicio de las excepciones y obligaciones procedentes.
2. El Gobierno de Aragón establecerá mecanismos de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas e implantará procedimientos de solicitud o de resolución conjunta con el fin de agilizar y favorecer el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la actividad industrial.
1. Con carácter general y previo al ejercicio de la actividad industrial, se presentará ante el departamento competente una comunicación acompañada de la documentación acreditativa de la plena adecuación de la actividad industrial a la normativa correspondiente. Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos aplicables para la realización de las comunicaciones, las cuales se podrán realizar igualmente a través de las entidades que sean habilitadas por el mismo.
2. En ningún caso la presentación de la documentación exigida supondrá su aprobación por parte de la Administración de la comunidad autónoma ni su idoneidad técnica.
1. De manera excepcional, se requerirá autorización administrativa del órgano competente en cada caso para la instalación, la ampliación, el traslado y el cierre de actividades industriales cuando así se establezca legalmente por razones de interés público o se derive de tratados internacionales o de normas comunitarias europeas.
2. En todo caso, constituye una excepción al principio de libertad, conforme a la normativa aplicable a los mismos, el régimen de actuación de:
a) Los organismos de control.
b) Los profesionales habilitados. c) Las empresas instaladoras o mantenedoras. d) Las entidades de formación en materia de seguridad industrial.
3. Reglamentariamente, se regulará la emisión por los órganos competentes en materia de industria de certificaciones, homologaciones, informes preceptivos u otros documentos relativos a las actividades industriales requeridos en procedimientos que hayan de resolver otros órganos.
1. A los exclusivos efectos de esta Ley, se considerará que la actividad industrial proporciona las suficientes condiciones de seguridad cuando cumpla con las prescripciones establecidas en los correspondientes reglamentos de seguridad industrial.
2. Cuando, por la naturaleza, el destino, el diseño o la ubicación de una actividad industrial o por la incorporación de tecnologías o soluciones novedosas, sea materialmente imposible cumplir determinadas prescripciones reglamentarias, su titular deberá presentar ante el departamento competente, con carácter previo a su ejecución y puesta en servicio, una solicitud de adopción de alternativas técnicas, exponiendo los motivos de la misma e indicando las medidas de seguridad que se propongan, las cuales en ningún caso podrán rebajar los niveles de protección establecidos en los reglamentos de seguridad industrial. 3. El departamento competente podrá desestimar la solicitud, requerir la modificación de las medidas alternativas o conceder su autorización, que habrá de ser expresa. Asimismo, para la formación del criterio motivador de la decisión, podrá requerirse la colaboración de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
Las comunicaciones, las autorizaciones, los permisos o los títulos habilitantes objeto de la presente Ley serán exigibles sin perjuicio de lo establecido por otros órganos y Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.
1. La información industrial comprende el conjunto de datos necesarios para el ejercicio de las funciones públicas, útiles para el sector en materia de actividad industrial y para el desarrollo de las estrategias y la política industrial de Aragón.
2. El departamento competente, mediante la adecuada publicidad de dicha información, facilitará el acceso a la misma de entidades, asociaciones, particulares, empresas, sindicatos, otros órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y otras Administraciones Públicas, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.
1. El departamento competente es el órgano administrativo receptor y depositario de la información industrial, correspondiéndole generar, reunir, coordinar, analizar y elaborar, con fines de difusión, la información sobre todos los aspectos del desarrollo industrial en los ámbitos autonómico, comarcal y municipal, así como sectorial, pudiendo, a tal fin, crear los registros que sean oportunos y facilitar la explotación estadística de los mismos.
2. El departamento competente, de acuerdo con los criterios generales establecidos en materia de utilización de los registros administrativos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, gestionará tanto la información derivada del Registro de Establecimientos Industriales de Aragón como la información técnica y económica asociada a las tramitaciones relativas a las actividades industriales, los agentes del sistema de la seguridad industrial y las ayudas públicas otorgadas a la actividad industrial por dicho departamento.
1. El departamento competente, de acuerdo con los criterios generales establecidos y, en su caso, en colaboración con agentes del sistema de la seguridad industrial, deberá dotarse de los medios electrónicos, informáticos y técnicos necesarios para garantizar el acceso a la información industrial, estableciendo los mecanismos que aseguren la integridad y la confidencialidad de la misma.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón establecerá mecanismos que faciliten el acceso de los consumidores, usuarios, sindicatos y empresarios a la información sobre los agentes del sistema de la seguridad industrial y sobre las actividades reguladas por reglamentos de seguridad industrial. 3. Al objeto de simplificar y homogeneizar tramitaciones y minimizar costes, se establecerán mecanismos de coordinación de la información industrial producida o archivada por los diferentes departamentos de la Administración de la comunidad autónoma o por cualquier otra Administración Pública u otro ente vinculados a la misma a quienes incumba la responsabilidad de conservar adecuadamente la citada información. 4. La Administración potenciará la colaboración entre empresas para la creación y mantenimiento de sistemas de información de base voluntaria y utilización compartida, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas. 5. Los órganos y las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la comunidad autónoma y de las Administraciones locales deberán respetar las exigencias establecidas en la legislación sobre propiedad industrial, protección de datos y demás disposiciones que aseguren la confidencialidad cuando transmitan, elaboren, reciban, gestionen, faciliten, difundan o, de cualquier otra manera, manejen la información industrial.
Se crea el Registro de Establecimientos Industriales de Aragón como servicio público gestionado por el departamento competente, correspondiendo al Gobierno de Aragón establecer su organización, los procedimientos y datos de inscripción, el sistema de publicidad y acceso al mismo, la difusión de los datos inscritos y las normas de confidencialidad aplicables.
El Registro de Establecimientos Industriales tiene por finalidad garantizar: a) La disponibilidad de la información básica sobre la actividad industrial y la distribución territorial de la misma necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones Públicas en materia social, económica e industrial.
b) La publicidad de la información sobre los establecimientos industriales, los servicios relacionados con las actividades industriales y la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, entendida como servicio para la ciudadanía y, particularmente, para el sector empresarial. c) El suministro a los órganos competentes de la Administración de la comunidad autónoma de los datos precisos para la elaboración de los directorios de las estadísticas industriales.
1. El Registro de Establecimientos Industriales de Aragón ejerce sus funciones respecto a establecimientos, actividades, servicios, infraestructuras, dotaciones y profesionales radicados en la comunidad autónoma, con independencia del domicilio social de las empresas titulares de los mismos.
2. El ámbito material del Registro de Establecimientos Industriales de Aragón incluye la información industrial relativa a los establecimientos y las actividades empresariales de carácter industrial, a los servicios relacionados con ellos y a la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, así como a las demás actividades industriales que se determinen reglamentariamente.
1. El Registro de Establecimientos Industriales de Aragón contendrá: a) Los datos básicos y complementarios establecidos en la legislación básica.
b) Los datos que se establezcan en la disposición que regule el Registro de Establecimientos Industriales de Aragón, teniendo en cuenta los criterios de colaboración entre Administraciones y minimización de costes para las empresas.
2. La inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de Aragón de nuevos establecimientos y actividades o de modificaciones de los mismos no supone ni autorización administrativa ni aprobación técnica por parte de la Administración de la comunidad autónoma.
1. Los titulares de empresas, actividades, servicios y agentes incluidos en el ámbito de aplicación del Registro de Establecimientos Industriales de Aragón tienen obligación de facilitar los datos exigidos por la legislación vigente, así como las modificaciones que se produzcan en los mismos y, en su caso, el cese de la actividad.
2. El procedimiento de inscripción se establecerá de acuerdo con los principios de celeridad, agilidad administrativa y mínimo coste para los sectores industriales objeto de inscripción. 3. El departamento competente realizará un continuo mantenimiento del Registro de Establecimientos Industriales con el fin de conservarlo siempre actualizado, utilizando para ello los mecanismos necesarios. 4. La comunicación al Registro de Establecimientos Industriales de los datos exigidos será condición para acogerse a los beneficios derivados de los programas de modernización, fomento y promoción, así como a las ayudas, las subvenciones, los préstamos y los avales que pueda establecer el Gobierno de Aragón.
1. Los datos básicos incluidos en el Registro de Establecimientos Industriales de Aragón tienen carácter público, con excepción de los relativos a las industrias de fabricación de armas y explosivos y las que se declaren de interés para la defensa nacional.
También tienen carácter público los siguientes datos ordenados por provincias o comarcas:
a) Identificación del sujeto inscrito.
b) Domicilio. c) Actividad.
2. No obstante, a los datos de carácter personal solo tendrán acceso, además de los titulares, los terceros que acrediten un interés legítimo y directo. Los datos relativos a enumeración de productos utilizados podrán sustraerse del conocimiento público cuando así lo solicite el interesado por razones justificadas en el secreto industrial o comercial.
3. Los datos complementarios del Registro de Establecimientos Industriales de Aragón tienen carácter confidencial y solo pueden difundirse de manera agregada tras su tratamiento informático o estadístico, salvo con el consentimiento expreso del titular. 4. En todo caso, se observará la legislación aplicable sobre los datos de carácter personal y el secreto comercial e industrial.
1. El Registro de Establecimientos Industriales de Aragón facilitará al Registro estatal la información que proceda conforme a lo previsto en la legislación básica.
2. Todos los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma, las entidades locales y los organismos dependientes o vinculados a ellos, así como los agentes del sistema de la seguridad industrial, remitirán al Registro de Establecimientos Industriales de Aragón los datos relativos al ámbito material del mismo que obren en sus correspondientes registros, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente.
Sin perjuicio de la inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales de Aragón, los titulares incluidos en el ámbito material del mismo que, por razón de la legislación aplicable, hayan de estar inscritos en registros especiales deben comunicar a los mismos los datos pertinentes.
El Gobierno de Aragón, con el fin de contribuir a un modelo de desarrollo sostenible que posibilite seguir avanzando en términos de desarrollo económico y social, competitividad, productividad, solidaridad y equilibrio territorial, así como a propiciar y abundar en la diversificación del tejido industrial aragonés, llevará a cabo actuaciones de promoción y fomento industrial, adoptando planes y programas, conforme al contexto global de la actividad económica, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
Los planes y programas de promoción y fomento atenderán, además de a los fines contenidos en los restantes capítulos de la presente Ley, a los siguientes objetivos: a) Desarrollo y modernización de la actividad industrial, que comprende: 1.º Incentivar la implantación y la localización industrial, atendiendo a criterios de ordenación y de equilibrio territorial, así como a criterios sectoriales, favoreciendo la creación, la diversificación y la expansión del tejido industrial.
2.º Impulsar grandes proyectos y actuaciones singulares que, por su importancia tecnológica o por el volumen de inversión supongan una importante contribución al desarrollo económico de la comunidad autónoma, mediante la generación de empleo de calidad y un impacto significativo en el volumen total de actividad industrial. 3.º Posibilitar la adecuada financiación de la industria, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, así como a las empresas viables en crisis con un plan que sustente su viabilidad. 4.º Prestar especial atención y promocionar las actuaciones encaminadas a orientar la actividad de empresas en sectores maduros, así como las que están sometidas a mercados cautivos. 5.º Prevenir los efectos desfavorables de la deslocalización industrial. 6.º Potenciar los servicios necesarios para el correcto desarrollo del sector industrial aragonés y para su progresiva modernización. 7.º Implementar actuaciones encaminadas a corregir y paliar situaciones de desempleo o de declive social en zonas o comarcas de la geografía aragonesa. 8.º Fomentar la promoción exterior de la actividad industrial en Aragón. 9.º Fomentar la iniciativa emprendedora, con especial atención a la creación de viveros de empresas y a la implantación empresarial en el medio rural.
b) Apoyar proyectos de diversificación industrial tendentes a fomentar líneas de negocio dentro de empresas ya existentes, así como proyectos de investigación y desarrollo de nuevos mercados y productos, y potenciar los servicios y líneas de actuación específicas necesarias para la progresiva diversificación y modernización.
c) Incremento de la competitividad, que comprende:
1.º Implantar la cultura de la mejora continua, que impulse la adaptación estructural del sector industrial aragonés a las exigencias del mercado y a su proyección internacional.
2.º Mejorar la eficiencia y flexibilidad de los procesos de producción, distribución y comercialización y las sinergias entre todo el tejido económico y social. 3.º Favorecer la promoción y la sensibilización en la búsqueda colectiva de mejores prácticas empresariales. 4.º Fomentar y apoyar la internacionalización de las empresas aragonesas. 5.º Promover todas las iniciativas destinadas a contribuir a que las industrias alcancen la dimensión necesaria para poder competir más eficazmente en el mercado mundial.
d) Fomento y promoción de la innovación y de los nuevos modelos de gestión, que comprende:
1.º Mejorar el nivel tecnológico de las empresas mediante actuaciones encaminadas hacia la incorporación de personal técnico de apoyo, el mantenimiento y consolidación de los grupos de investigación y la obtención de la infraestructura necesaria para conseguir un elevado nivel científico y tecnológico.
2.º Promocionar la transferencia de conocimientos y la innovación, con especial atención a la innovación en la gestión, en los productos, en los servicios y en los procesos productivos, propiciando, en particular, la incorporación del diseño industrial. 3.º Incrementar y promocionar los servicios técnicos de valor añadido relacionados con la actividad industrial y con los nuevos modelos de negocio. 4.º Implantar los nuevos modelos y sistemas de formación, de aseguramiento de la calidad, de gestión de la innovación y de organización y gestión empresarial orientados hacia la excelencia. 5.º Propiciar que el sistema de investigación, desarrollo y transferencia de conocimiento y la industria actúen de manera conjunta con objetivos complementarios. 6.º Promover la actividad empresarial electrónica y el comercio electrónico mediante la incorporación de tecnología de la información y de las comunicaciones. 7.º Impulsar las plataformas tecnológicas. 8.º Fomentar la creación y consolidación de una eficiente infraestructura tecnológica al servicio de la mejora de la competitividad industrial, en colaboración con otras Administraciones. 9.º Impulsar las iniciativas de responsabilidad social corporativa.
e) Especial consideración a los recursos humanos, que comprende:
1.º Crear empleo de calidad y mejorar las condiciones del empleo existente.
2.º Mejorar la cualificación profesional, técnica y empresarial que permita la rápida adaptación de las empresas y de su personal a los cambios tecnológicos, organizativos y gerenciales, en particular mediante la formación permanente, la especialización y el reciclaje.
f) Otros objetivos:
1.º La igualdad de oportunidades y la acción positiva sobre los colectivos desfavorecidos, así como medidas para facilitar la integración de la mujer al sector industrial en todos los ámbitos: productivo, administrativo, gestión, dirección e investigación.
2.º El fomento de la cooperación interempresarial que tenga como objetivo la potenciación de asociaciones y grupos de empresas que compartan áreas de negocio, permitiendo su identificación y diagnóstico, así como la definición de sus planes conjuntos de mejora y, en particular, los que presenten sinergias con otros sectores o comporten el aprovechamiento de recursos endógenos. 3.º Apoyo a la creación de redes de empresas en sus diferentes configuraciones que permitan al atomizado tejido industrial aragonés dimensionarse y realizar proyectos de mayor envergadura. 4.º Compatibilidad y adaptación de las actividades industriales a las exigencias ambientales, potenciando las correspondientes medidas preventivas, protectoras y correctoras, el desarrollo y la incorporación de las tecnologías adecuadas y de las mejores técnicas disponibles, así como el ahorro y la eficiencia energética. 5.º Aprovechamiento de los recursos endógenos, la potenciación del impulso emprendedor y la explotación de la renta de situación de Aragón. 6.º Impulsar el desarrollo y la dimensión de empresas aragonesas para que tengan el carácter de líderes. 7.º Apoyar a las industrias familiares, con el objeto de que la transmisión de la empresa a los descendientes garantice la continuidad de la actividad empresarial. 8.º Fomento a la exportación de los productos industriales aragoneses. 9.º Aquellos otros que puedan ser definidos en función del contexto y de la coyuntura del sector y de la actividad industrial.
1. Para la consecución de los objetivos en materia de promoción y fomento industrial, podrán establecerse planes y programas que incluyan, entre otras, las siguientes medidas de fomento de contenido económico: a) Subvenciones a fondo perdido.
b) Avales en garantía de préstamos o créditos concedidos por las entidades financieras. c) Inversiones directas y participaciones en el capital de empresas públicas o privadas. d) Préstamos directos o mediante los oportunos convenios con las entidades financieras colaboradoras. e) Subvenciones de los intereses de los préstamos. f) Deducciones, bonificaciones o reducciones fiscales, de acuerdo con las normas que las regulen. g) Convenios con entidades de capital-riesgo o capital-inversión.
2. Sin perjuicio de las anteriores medidas, los planes y programas podrán contener otras que se constituirán como instrumentos de apoyo con funciones de información, sensibilización y promoción, como las siguientes:
a) Prestación de asesoramiento para acciones como la implantación de nuevas empresas, la tramitación administrativa de patentes y marcas, el apoyo a la iniciativa emprendedora y el diseño industrial.
b) Acciones de sensibilización y divulgación. c) Contactos permanentes y formalización de convenios, con objetivos concretos relacionados con las materias que regula esta Ley, con agentes sociales, cámaras oficiales de comercio e industria y con las principales asociaciones empresariales. d) Realización de jornadas, cursos y congresos, así como la publicación de planes y estudios sectoriales. e) Realización de propuestas en materia de industria tendentes a la agilización de trámites administrativos. f) Habilitación de profesionales y empresas para actividades de promoción.
1. Corresponde al Gobierno de Aragón la aprobación de los requisitos generales de las medidas de fomento y promoción de contenido económico, que determinarán los elementos esenciales para su puesta en práctica y, en su caso, las bases reguladoras a las que se atendrá la convocatoria de las medidas que se autoricen.
2. Corresponde al consejero competente en materia de industria la regulación y el desarrollo de los restantes instrumentos de apoyo.
1. Los planes, los programas y las medidas de promoción y fomento industrial respetarán las limitaciones derivadas de la normativa de defensa de la competencia.
2. La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable. En todo caso, la legislación de subvenciones se aplicará con carácter supletorio a las restantes medidas de fomento.
Para obtener la condición de beneficiario de los planes y programas de promoción y fomento industrial de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, y salvo que, mediante norma reglamentaria, se exceptúe de manera expresa y para supuestos específicos, se deberá acreditar el desarrollo de actividad industrial en la comunidad autónoma y facilitar a la Administración los datos de la empresa que se determinen, los cuales podrán incluirse de oficio en el Registro de Establecimientos Industriales de Aragón.
Además de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable a la medida, los planes y programas de promoción y fomento industrial podrán prever los compromisos del beneficiario de mantener los puestos de trabajo creados o sus condiciones laborales, de no trasladar ni limitar la actividad en los plazos que se establezcan, así como cualquier otra condición relevante. Dichos compromisos habrán de cumplirse salvo autorización administrativa previa otorgada, de manera motivada, por razones extraordinarias.
La Administración de la comunidad autónoma impulsará el desarrollo de la calidad industrial, promoviendo la realización de actuaciones encaminadas a: a) El incremento de la competitividad industrial, así como de la seguridad, la calidad y el confort de los productos, equipos y servicios ofrecidos por las empresas en todo su ciclo de vida.
b) La implantación y mejora de los sistemas de gestión de la calidad en las empresas, fomentando el incremento de la calidad de la actividad industrial. c) La participación de todos los sectores e intereses de la actividad económica y social en la normalización, así como en su difusión. d) La existencia de entidades de normalización, acreditación, certificación, inspección y ensayo con demostrada capacidad técnica, para que puedan ser reconocidas en el ámbito europeo e internacional. e) La elaboración de estudios y propuestas de actuaciones encaminados a diseñar nuevos instrumentos para la mejora de la gestión empresarial y la difusión de su utilización. f) La sensibilización, divulgación y formación en materia de calidad. g) El fomento de la calidad mediante el establecimiento de planes, programas y medidas. h) La información, consulta y participación de los trabajadores en materia de calidad.
1. La Administración de la comunidad autónoma establecerá planes de mejora de la calidad de los servicios prestados por esta a los ciudadanos y a las empresas en el ámbito de la actividad industrial, utilizando herramientas de gestión de la calidad y sistemas de información.
2. El Gobierno de Aragón asumirá el objetivo de adoptar e implantar un sistema de gestión de calidad en los servicios públicos vinculados a las actividades industriales.
Reglamentariamente, y por razones de seguridad u otras de interés general, la Administración de la comunidad autónoma podrá exigir el cumplimiento de determinados aspectos del ámbito voluntario de la calidad.
1. La consecución de los fines en materia de calidad se instrumentará a través de los agentes descritos en la normativa reguladora de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial.
2. Reglamentariamente, se podrán determinar los requisitos para la autorización y las condiciones de organización y funcionamiento que deberán cumplir los agentes, públicos o privados, que constituyen la infraestructura para la calidad industrial en la comunidad autónoma, incluidos los organismos de normalización y de acreditación, las entidades de certificación, los laboratorios de ensayo y calibración y las entidades auditoras y de inspección, así como la ordenación de las funciones y requisitos de nuevos agentes.
1. La seguridad industrial, como sistema de disposiciones obligatorias, tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, los bienes o el medio ambiente, como consecuencia de la actividad industrial, de la utilización, el funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones, aparatos o equipos y de la producción, el uso, el consumo, el almacenamiento o el desecho de los productos industriales.
2. Tendrán la consideración de riesgos relacionados con la seguridad industrial los que puedan producir lesiones o daños a personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente y, en particular, los incendios, las explosiones y otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de contaminación producida por instalaciones industriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro que pudiera preverse en la normativa aplicable sobre seguridad. 3. Reglamentariamente se dictarán las normas y se establecerán requisitos técnicos que garanticen el cumplimiento del objeto de la seguridad industrial. Previo informe del Consejo de Industria de Aragón, se podrán incrementar los requisitos técnicos establecidos en los reglamentos estatales de seguridad industrial, añadir requisitos adicionales para la puesta en servicio de la actividad industrial o crear ámbitos reglamentarios nuevos. El incremento de la exigencia técnica deberá fundarse en necesidades de seguridad industrial, y se podrá actuar, entre otras formas, a través de la fijación de niveles mínimos de servicio, de requerimientos de calidad de producto o de la mejora de la prestación a recibir por el usuario o consumidor final. Para establecer los citados requisitos adicionales, podrán utilizarse referencias a normas elaboradas por organismos de normalización. 4. La Administración de la comunidad autónoma impulsará el desarrollo de la seguridad industrial, promoviendo la realización de estudios, planes de formación y acciones de sensibilización, divulgación y formación en esta materia entre toda la ciudadanía de un modo general y con especial atención a los implicados en la industria. 5. Las actividades relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.
1. Forman parte del sistema de la seguridad industrial, además de las normas jurídicas y los requisitos técnicos, sus agentes, con las funciones que reglamentariamente estén establecidas.
2. Son agentes del sistema de la seguridad industrial: el departamento competente; los organismos de control; las empresas instaladoras o mantenedoras autorizadas; las entidades de formación autorizadas en el ámbito de la seguridad industrial; los profesionales habilitados; los fabricantes, proyectistas y directores de obra; los titulares o responsables por cualquier título de instalaciones, equipos, aparatos, productos, actividades u operaciones industriales, y la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, compuesta por organismos de normalización, entidades de acreditación, entidades de certificación, laboratorios de ensayo, entidades auditoras y de inspección, laboratorios de calibración industrial, verificadores medioambientales y empresas prestadoras de servicios a las que la regulación aplicable confiera responsabilidad en la seguridad industrial, así como cualquier otra persona o entidad a la que la normativa aplicable atribuya funciones de seguridad industrial. 3. Reglamentariamente, se podrá establecer el régimen jurídico de cualquier agente del sistema de la seguridad industrial como persona o entidad habilitada para la realización de actividades de ensayo, certificación, inspección, auditoría o cualquier otra contemplada en la normativa correspondiente. 4. Los agentes del sistema de la seguridad industrial están obligados a comunicar al órgano competente cualquier accidente del que tenga conocimiento y esté relacionado con la ejecución, el uso y el funcionamiento de una instalación, aparato o producto industrial que se encuentre dentro de su ámbito reglamentario de intervención. Asimismo, en los casos de grave riesgo de accidente o emergencia, están obligados a adoptar las medidas preventivas necesarias, comunicándolo de inmediato al órgano competente, que deberá proceder a su inmediata ratificación o revocación.
1. Los titulares de la actividad industrial deberán cumplir las obligaciones establecidas en la legislación vigente y, especialmente, las siguientes: a) Realizar una utilización adecuada, de acuerdo con las instrucciones de uso y el fin de la instalación o equipo, así como adoptar las medidas necesarias para la correcta instalación, puesta en marcha, mantenimiento, prevención de accidentes o para la limitación de sus consecuencias y para el cumplimiento de los niveles mínimos de prestación del servicio o de calidad del producto exigibles.
b) Conservar la documentación que acredite que la instalación, aparato o equipo cumple con las disposiciones aplicables. c) Solicitar o aceptar, en su caso, la realización de las comprobaciones e inspecciones ordinarias o extraordinarias por los agentes del sistema de la seguridad industrial en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con la normativa aplicable, colaborando en la realización de las mismas, permitiendo el acceso a las instalaciones o lugares donde se realice la actividad y aportando cualquier información o documentación adicional que se les pueda solicitar y que guarde relación con la inspección en curso. d) Ejecutar las prescripciones que resulten de las comprobaciones e inspecciones periódicas establecidas por la regulación aplicable derivadas de la actuación de los agentes del sistema de la seguridad industrial.
2. El deber de colaboración se aplicará tanto respecto al personal de la Administración competente como al del resto de los agentes del sistema de la seguridad industrial, cuando actúen en el ejercicio de sus atribuciones y cualquiera que fuera el solicitante de su actuación, siempre que esta sea conforme con la regulación aplicable.
3. El representante legal de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto pudiera afectar a las condiciones de trabajo, estará facultado para acceder la información y la documentación en materia de seguridad industrial en los términos establecidos en el artículo 36.2.b de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En relación con todo tipo de actividad industrial, sus titulares, sin perjuicio de otras obligaciones, deberán dar cuenta al departamento competente de toda modificación o circunstancia que afecte significativamente, según la normativa aplicable, al estado de la misma y, en todo caso, las siguientes: a) Modificaciones relevantes que se pretendan realizar en la explotación de la instalación. En las disposiciones reguladoras de determinados ámbitos de la actividad industrial podrán especificarse modificaciones que tendrán, en todo caso, el carácter de relevantes.
b) Modificaciones en el proceso o en la actividad productiva que puedan entrañar un riesgo no previsto. c) Denuncias sobre riesgos en las instalaciones o en la producción que los trabajadores o sus representantes formulen ante la empresa. d) Accidentes o incidentes que afecten de forma significativa a las personas, los bienes o el medio ambiente.
1. Los organismos de control, de acuerdo con los principios y fines establecidos en la legislación correspondiente, tendrán la consideración de entidades habilitadas para la actuación en la comunidad autónoma en materia de seguridad industrial. La Administración podrá actuar a través de ellos cuando, legal o reglamentariamente, así se establezca.
2. Los organismos de control podrán intervenir como entidades habilitadas para la tramitación de las comunicaciones o autorizaciones exigibles u otras actuaciones en materia de seguridad industrial cuando así se establezca en la normativa aplicable. 3. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos en los que se exigirá que, en la documentación emitida por los distintos agentes del sistema de la seguridad industrial que deba acompañar a una comunicación o a una solicitud de autorización, se incluya un informe adicional emitido por un organismo de control dictaminando la corrección jurídica y técnica del proyecto o de las obras o instalaciones ya realizadas con el alcance que en cada supuesto se determine. También podrá valorarse su aportación voluntaria cuando su inclusión no esté exigida.
1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los organismos de control para cada tipo de actividad que estos realicen en la comunidad autónoma, especialmente los que se refieren a recursos técnicos y humanos, procedimientos de actuación y documentación de las actividades, condiciones y procedimientos de información de sus actuaciones a la Administración o a otros agentes del sistema de la seguridad industrial, así como las relaciones con los usuarios.
2. Corresponderá a la Administración de la comunidad autónoma la autorización de los organismos de control cuyas instalaciones se encuentren situadas en territorio aragonés o inicien en él su actividad. 3. Los organismos competentes supervisarán las actuaciones de los organismos de control en la comunidad autónoma, correspondiéndole a la Administración competente en materia de seguridad industrial revocar las autorizaciones que haya otorgado o suspender su actividad, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado. Cuando no sea competente para adoptar la pertinente medida de suspensión de la actividad o revocación de la autorización, dará traslado de lo actuado al órgano o Administración autorizante, por si procediera la adopción de esa u otra medida. Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos para dejar sin efecto la revocación de la autorización. 4. Cuando de la gravedad de los daños causados o del carácter gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca una pérdida de los requisitos que llevaron a la Administración Pública a la correspondiente autorización como organismo de control, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá proceder a la revocación de la autorización, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado. 5. En caso de no ser competente para acordar la revocación, dará traslado de los hechos a la Administración Pública autorizante. En tal supuesto, la Administración de la comunidad autónoma podrá acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la autorización en territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.
1. El Gobierno de Aragón establecerá reglamentariamente los requisitos, las obligaciones y las condiciones de la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y mantenedoras para cada tipo de actividad que estos realicen en la comunidad autónoma, especialmente los que se refieren a recursos humanos y técnicos, procedimiento de actuación y documentación de las actividades, condiciones y procedimientos de información de sus actuaciones a la Administración o a otros agentes del sistema de la seguridad industrial.
2. La Administración competente en materia de seguridad industrial supervisará la actuación de los profesionales habilitados y de las empresas instaladoras y mantenedoras en la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiéndole revocar las habilitaciones o autorizaciones que haya otorgado o suspender la actividad de cualquiera de estos agentes del sistema de la seguridad industrial en la comunidad autónoma, previo el correspondiente procedimiento con audiencia al interesado. Cuando esta no sea competente para adoptar la pertinente medida de suspensión o revocación de la habilitación o de la autorización, dará traslado de lo actuado a la Administración habilitante o autorizante, por si procediera la adopción de una u otra medida. 3. Cuando, de la gravedad de los daños causados o del carácter gravemente negligente de las actuaciones realizadas, se deduzca una pérdida de los requisitos que llevaron a la Administración pública a la correspondiente habilitación o autorización, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá proceder a la revocación de la habilitación o autorización, previo el correspondiente procedimiento en el que se acrediten los hechos y se dé audiencia al interesado, en aquellos casos en que fuese competente para su otorgamiento o haya adquirido la competencia para su renovación. Asimismo, reglamentariamente, se establecerán los procedimientos para dejar sin efecto la revocación de habilitaciones o autorizaciones. 4. En caso de no ser competente para acordar la revocación de la correspondiente habilitación o autorización, dará traslado de los hechos a la Administración Pública competente. En tal supuesto, la Administración de la comunidad autónoma podrá acordar la suspensión cautelar de la eficacia de la habilitación o autorización en territorio aragonés hasta que el órgano competente se pronuncie expresamente o se produzca la caducidad del procedimiento.
1. De conformidad con lo establecido reglamentariamente, la empresa que realice una instalación o instale un aparato, equipo o producto, una vez verificada su correcta ejecución y realizadas las pruebas pertinentes, estará obligada, en el momento de su finalización o entrega, a informar de sus obligaciones y a entregar a su titular original o copia de la documentación técnica establecida, así como, en su caso, las correspondientes instrucciones de utilización y mantenimiento.
2. La obligación contenida en el párrafo anterior se extiende a las empresas suministradoras o comercializadoras y a las empresas mantenedoras respecto a las operaciones periódicas de mantenimiento, que se reflejarán en el correspondiente informe. 3. Cuando la empresa instaladora o mantenedora desista de terminar la instalación o de realizar las operaciones de mantenimiento o el contrato le sea rescindido antes de su finalización, tiene el deber de entregar al departamento competente, a petición del mismo, la documentación técnica y el certificado de adecuación de lo ya ejecutado tanto a dicha documentación como a la normativa de aplicación, sin hacer depender tal entrega de cuestiones ajenas a la propia normativa. 4. La entrega de documentación técnica o de la certificación antes mencionados en ningún caso supondrá una renuncia tácita a ninguno de los derechos que, conforme a la legislación civil o mercantil, le puedan corresponder. 5. En los casos en los que la anterior entrega no se haga efectiva, previo requerimiento a la empresa instaladora o mantenedora a cumplir con su obligación, el órgano competente podrá emitir una resolución motivada por la que comunicará a los interesados que la documentación técnica y el certificado de la parte ya ejecutada, en su caso, pueden quedar sustituidos por un informe técnico emitido por un organismo de control, a solicitud del interesado. 6. Reglamentariamente, se podrá establecer un régimen de obligaciones, responsabilidades, certificación, documentación y ejecución subsidiaria en los casos en que una empresa instaladora o mantenedora desista de terminar la instalación o de realizar las operaciones de mantenimiento o el contrato le sea rescindido antes de su finalización.
1. La inspección industrial es la actividad por la que el departamento competente, con medios propios o por medio de personas habilitadas o entidades habilitadas para ello, examina, controla y vigila la actividad industrial, así como a los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma, para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa aplicable, sin perjuicio de aquellas actuaciones que proceda realizar por otros órganos y Administraciones Públicas en ejercicio de sus competencias.
2. En caso de constatarse un incumplimiento legal o defecto técnico y dependiendo de su naturaleza, se podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias, incluidas aquellas de paralización en relación con el funcionamiento de una actividad o instalación industrial; ordenar el restablecimiento de la legalidad; iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador, así como exigir las responsabilidades que se hayan podido producir. 3. El procedimiento, el contenido y los efectos de la actuación inspectora se ordenarán reglamentariamente.
Las actividades de control e inspección industrial se realizarán con observancia de los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad, coordinación y eficacia, atendiendo como norma general a los ritmos de la actividad empresarial.
1. Las funciones de inspección industrial serán realizadas por el personal inspector, que podrá ser: a) Los empleados públicos que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios, adscritos a un órgano o unidad administrativa competente en las actividades que constituyen el ámbito de aplicación de esta Ley y que tengan expresamente atribuida la función de inspección.
b) Las personas habilitadas o el personal de una entidad habilitada como agente del sistema de la seguridad industrial para la realización de las actividades de inspección o auditoría.
2. El personal del departamento competente habilitado para la realización de funciones inspectoras podrá estar presente en cualquier actuación de inspección o control industrial realizada por personas habilitadas o entidades habilitadas como agentes del sistema de la seguridad industrial.
3. El personal inspector deberá identificarse y, en todo momento, estará en condición de hacerlo a solicitud del titular del establecimiento o instalación o de su representante.
1. Para el cumplimiento de su función, el personal que realice las actividades de inspección estará investido de las siguientes facultades: a) Acceder en cualquier momento a los establecimientos e instalaciones sujetos a la inspección.
b) Requerir la comparecencia del titular o de los responsables del establecimiento o instalación, o de quien los represente, durante el tiempo que resulte preciso para el desarrollo de sus actuaciones. c) Requerir en las visitas de inspección que los técnicos al servicio del establecimiento o instalación, así como aquellos que hayan participado o participen en la instalación, el mantenimiento, la utilización o la inspección de equipos o aparatos, acompañen al personal inspector cuando sea conveniente para el desarrollo de la función inspectora. d) Practicar, con medios propios o ajenos, cualquier diligencia de investigación o prueba que resulte necesaria para la comprobación del cumplimiento de los requisitos legales y técnicos aplicables. e) Requerir información al titular o a los responsables del establecimiento o instalación sobre cualquier asunto relativo al cumplimiento de la normativa aplicable. f) Solicitar información al personal al servicio del establecimiento o instalación. g) Requerir la realización de aquellas operaciones de funcionamiento del objeto de la inspección que se consideren estrictamente necesarias, ajustándose a los ritmos de la actividad empresarial. h) Recabar, cuando lo considere preciso, la colaboración del personal y servicios dependientes de otros departamentos, Administraciones y agentes del sistema de la seguridad industrial.
2. Los funcionarios públicos, en el ejercicio de las actividades inspectoras, tendrán el carácter de agentes de la autoridad.
Al objeto de comprobar el cumplimiento de la legislación vigente, el personal inspector realizará inspecciones de carácter ordinario en los siguientes supuestos: a) Las realizadas en cualquier momento para la comprobación de una actividad o instalación o cuando se tengan indicios de la existencia de defectos o de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito o infracción administrativa.
b) Las que la normativa aplicable establezca como previas a la puesta en funcionamiento o inicio de la actividad o instalación, de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos o periódicas, previstas con carácter obligatorio y periodicidad determinada.
Además de las inspecciones relacionadas en el artículo anterior, se realizarán inspecciones extraordinarias en los siguientes supuestos: a) Cuando exista una denuncia, que inicialmente parezca fundada, en relación con el cumplimiento normativo y para cuyo esclarecimiento sea necesaria la realización de una inspección.
b) En caso de accidente o incidente, cuando se derive directa o indirectamente del proceso de ejecución o del funcionamiento de una instalación, equipo o aparato sujeto a la normativa de seguridad industrial y que haya tenido consecuencias significativas para las personas, los bienes o el medio ambiente. c) Cuando se tenga conocimiento de una situación de riesgo significativo para las personas, los bienes o el medio ambiente o de un incumplimiento en relación con las materias objeto de esta Ley.
1. El departamento competente elaborará planes de inspección industrial como instrumentos dirigidos a orientar la realización de las inspecciones ordinarias y supervisar, inspeccionar y controlar la actividad industrial y la de los sujetos que sean titulares o actúen sobre la misma, con objeto de comprobar la adecuación de su diseño, fabricación, puesta en funcionamiento, ejercicio de actividades y condiciones de servicio a los requisitos legales y técnicos previstos en la normativa aplicable y de los planes y programas relativos a la promoción y fomento de la actividad industrial que les sean de aplicación.
2. Los planes de inspección industrial se estructurarán en programas específicos de inspección definidos por su alcance y contenido. En todo caso, se realizarán programas específicos de inspección de los agentes del sistema de la seguridad industrial habilitados para la realización de actuaciones inspectoras. 3. Los planes de inspección industrial se elaborarán con sujeción a los siguientes criterios:
a) Siempre que sea posible, se establecerán procesos integrales de control, tanto respecto de la actividad industrial como de su documentación técnica y administrativa.
b) Para la delimitación de los distintos campos de actuación y del grado de intervención en cada uno de ellos, se tendrán en cuenta el interés general, las demandas sociales, la peligrosidad intrínseca de las instalaciones, aparatos o productos, así como criterios de eficiencia.
4. La Administración deberá, como máximo cada dos años, aprobar un nuevo plan de inspección industrial o prorrogar el existente tras un procedimiento de revisión y actualización de su contenido.
5. Sin perjuicio de las funciones de inspección del personal técnico al servicio de la Administración Pública, la ejecución material de los programas podrá llevarse a cabo por personas habilitadas o personal de una entidad habilitada como agente del sistema de la seguridad industrial para la realización de las actividades de inspección o auditoría. Con esta finalidad podrá acudirse a la celebración de convenios de colaboración con los sectores afectados por el plan o programa específico de inspección, si así se previese en el correspondiente plan de inspección industrial. 6. Tras la ejecución de cada plan de inspección industrial, se elaborará un informe final que recoja las conclusiones generales extraídas de la ejecución de los planes, así como de las inspecciones que puedan haber sido realizadas al margen del plan y cuyo resultado se considere relevante. Los citados informes finales se remitirán periódicamente a la comisión competente en materia de industria de las Cortes de Aragón y al Consejo de Industria de Aragón.
1. Todas las actuaciones de inspección se documentarán por medio de la correspondiente acta, que reflejará las actuaciones de investigación y comprobación realizadas y sus resultados, además de los hechos o circunstancias que resulten relevantes.
2. Las actas de inspección elaboradas por los empleados públicos o por el personal de los organismos de control autorizados en materia de seguridad industrial con las debidas garantías tienen valor probatorio en los consiguientes procedimientos administrativos, en cuanto a las circunstancias de fecha y hora, lugar y hechos consignados en ellas. 3. Cuando del resultado de la inspección se deduzca la posible existencia de infracciones que afecten a las competencias de otros departamentos, se remitirá a los órganos competentes copia del acta donde se reflejen las actuaciones.
1. Cuando se aprecie la existencia de un riesgo grave o inminente para las personas, los bienes o el medio ambiente, el órgano competente para la incoación del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad podrá ordenar motivadamente la adopción de cuantas medidas provisionales resulten necesarias, sin necesidad de esperar al inicio del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad.
2. Cuando, en el ejercicio de sus funciones, los empleados públicos habilitados para la inspección en materia de industria detecten situaciones de riesgo grave e inminente, con daños probables para las personas, los bienes o el medio ambiente, podrán adoptar las medidas necesarias para evitarlo o disminuirlo, comunicándolo de forma inmediata al órgano competente para el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad. En particular, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales de carácter temporal:
a) Medidas preventivas de corrección, seguridad, vigilancia o control que impidan que se produzca o continúe el daño o cualquier otra situación de riesgo o peligro inminente.
b) Precintado de instalaciones, aparatos, equipos o vehículos. c) Clausura parcial o total de la actividad industrial. d) Paralización parcial o total de la actividad. e) Suspensión parcial o total de suministros de energía u otros, que deberá ser comunicada de forma inmediata a las empresas suministradoras. f) Limitación o prohibición de la distribución o venta de productos y su retirada del mercado. g) Suspensión de la actividad de un organismo de control, profesional habilitado, empresa autorizada o entidad de formación autorizada.
3. Cuando se adopte alguna de las medidas señaladas en el apartado anterior, el órgano competente para el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad deberá ratificarla en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su adopción.
4. En el plazo máximo de siete días hábiles desde la adopción de cualquier medida provisional, deberá dictarse una resolución motivada sobre el cumplimiento de las medidas provisionales o iniciarse un procedimiento administrativo sancionador o de restablecimiento de la legalidad, pudiendo también comprender ambos aspectos. En el acuerdo de iniciación, deberá confirmarse de forma expresa y motivada la medida provisional o bien ser levantada expresamente, sin perjuicio de que pueda volver a ser acordada dentro del procedimiento correspondiente, de darse las circunstancias requeridas para ello. 5. Si la medida provisional es adoptada o confirmada en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad o en un momento posterior de la tramitación de los mismos, su vigencia se prolongará hasta el momento en que adquiera ejecutividad el acto administrativo que ponga fin al procedimiento, salvo que se dicte resolución expresa acordando su levantamiento. 6. Las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley, que lo estén también en otras Leyes, se calificarán con arreglo a la Ley que comporte mayor sanción.
1. Los organismos de control pondrán en conocimiento del departamento competente en la materia objeto de la inspección los incumplimientos legales y defectos técnicos que detecten en el ejercicio de su función inspectora en un plazo máximo de diez días. No obstante, si tales incumplimientos o defectos técnicos fuesen susceptibles de generar un riesgo inminente o grave, la comunicación a las autoridades competentes se hará de forma inmediata.
2. Si los incumplimientos legales o defectos técnicos generasen un riesgo inminente y grave de accidente, con daños probables para las personas, los bienes o el medio ambiente, el organismo de control adoptará, bajo su responsabilidad y de forma inmediata, las medidas necesarias para evitarlo o disminuirlo. De las medidas adoptadas dará cuenta de forma inmediata al departamento competente. 3. En el caso anterior, la vigilancia del organismo de control se mantendrá hasta que el departamento competente se haga cargo de la situación, pudiendo prolongarse posteriormente por este. La Administración confirmará o levantará las medidas en el plazo máximo de setenta y dos horas siguientes a su adopción. 4. En particular, podrán acordarse las siguientes medidas provisionales de carácter temporal:
a) Medidas preventivas de corrección, seguridad, vigilancia o control que impidan que se produzca o continúe el daño o cualquier otra situación de riesgo o peligro inminente.
b) Precintado de instalaciones, aparatos, equipos o vehículos. c) Paralización parcial o total de la actividad. d) Suspensión parcial o total de suministros de energía u otros, que deberá ser comunicada de forma inmediata a las empresas suministradoras.
5. En el plazo máximo de siete días hábiles desde la adopción de cualquier medida provisional, deberá dictarse una resolución motivada sobre el cumplimiento de las medidas provisionales o iniciarse o un procedimiento administrativo sancionador o de restablecimiento de la legalidad, pudiendo también comprender ambos aspectos. En el acuerdo de iniciación, deberá confirmarse de forma expresa y motivada la medida provisional o bien ser levantada expresamente, sin perjuicio de que pueda volver a ser acordada dentro del procedimiento correspondiente, de darse las circunstancias requeridas para ello.
1. El sujeto responsable determinado con arreglo al apartado siguiente y, subsidiariamente, el titular de la actividad estarán obligados a adoptar las medidas de cumplimiento de la legalidad y, en su caso, a reparar los daños y perjuicios causados, a restaurar o reponer lo alterado a su estado anterior y a indemnizar en el caso de que no sea posible la reposición en sus propios términos, de acuerdo con lo que la Administración Pública establezca en la resolución sancionadora o en un acto administrativo específicamente dictado al efecto.
2. Se consideran sujetos responsables del procedimiento de restablecimiento de la legalidad los así enunciados en esta Ley para el procedimiento sancionador. 3. Ejecutadas las medidas señaladas en el apartado primero, el responsable y, subsidiariamente, el titular de la actividad lo comunicarán a la Administración para que, tras la pertinente verificación, realizada directamente por ella o por el agente del sistema de la seguridad industrial y con cargo al responsable, se extienda la correspondiente acta de restablecimiento de la legalidad. 4. Cuando el sujeto responsable no cumpla con la obligación de adoptar las medidas acordadas por la Administración Pública o lo haga de modo incompleto, podrán serle impuestas hasta un máximo de tres multas coercitivas. La cuantía de cada una de las anteriores multas no superará el veinte por ciento de la cuantía máxima de la sanción prevista. Todo ello, sin perjuicio de la posible ejecución subsidiaria por la propia Administración Pública a cargo del sujeto responsable. 5. Las multas coercitivas serán independientes de las que se hubieran impuesto o pudieran imponerse como sanción por la infracción administrativa y, asimismo, de la repercusión íntegra sobre el patrimonio del responsable de la eventual ejecución subsidiaria de la medida de restablecimiento de la legalidad. 6. Cuando la corrección de los defectos técnicos o incumplimientos legales observados en relación con una actividad industrial o con la de un sujeto que sea titular o actúe sobre la misma se haga con acuerdo de la Administración antes de finalizar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad o, terminado éste, dentro de los plazos acordados a tal efecto por la Administración de la comunidad autónoma, esta lo tendrá en cuenta para valorar la oportunidad de apertura del procedimiento sancionador o la magnitud de la sanción dentro del mismo tipo, siempre que se trate de conductas ocasionales y de escasa incidencia sobre las personas, los bienes y el medio ambiente. 7. El inicio del procedimiento sancionador será obligatorio en todo caso cuando haya sido preciso acudir a la ejecución forzosa de las medidas de restablecimiento de la legalidad.
1. Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta Ley las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes.
2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley se entienden sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que puedan incurrir sus autores. 3. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos siguientes.
Son infracciones muy graves las tipificadas en el artículo siguiente como infracciones graves cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, los bienes o el medio ambiente, así como la reincidencia en una misma infracción grave declarada por resolución firme en vía administrativa antes de transcurrido el periodo de tiempo señalado legalmente como plazo de prescripción de la infracción previa.
Son infracciones graves: a) La fabricación, la importación, la venta, el transporte, la instalación, la distribución, la comercialización, el suministro o la utilización de productos, aparatos o elementos, así como la realización de las actividades sujetas a seguridad industrial sin cumplir la normativa aplicable, cuando comporte peligro o daño grave para las personas, los bienes o el medio ambiente.
b) El inicio de la actividad industrial careciendo de la correspondiente autorización cuando esta sea preceptiva. c) La ocultación o alteración dolosa de los datos de comunicación obligatoria al Registro de Establecimientos Industriales de Aragón, así como la resistencia a proporcionarlos o la demora reiterada, siempre que no esté debidamente justificada. d) La ocultación deliberada de información relevante, la resistencia a facilitar la información requerida o la reiterada demora en proporcionarla a la Administración competente, así como su provisión falseada, cuando hubiese obligación de presentar la misma. e) La negativa a admitir las verificaciones o inspecciones acordadas por la Administración de la comunidad autónoma, así como la obstrucción que impida su práctica de la manera establecida. f) La no solicitud de las verificaciones o inspecciones establecidas en la normativa o acordadas por la Administración de la comunidad autónoma cuando se genere un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente. g) La expedición dolosa de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos. h) Las inspecciones, ensayos o pruebas, revisiones o actuaciones realizadas por los agentes del sistema de la seguridad industrial autorizados para ello de forma incompleta en relación con el objetivo de la inspección o prueba o con resultados inexactos cuando ello se deba a una insuficiente constatación de los hechos o a una deficiente aplicación de normas técnicas. i) El incumplimiento de las prescripciones, instrucciones u órdenes dictadas por la autoridad competente en cuestiones de seguridad relacionadas con esta Ley y con las normas que la desarrollen. j) El incumplimiento de las prescripciones o la no subsanación de las deficiencias detectadas por un organismo de control o un agente habilitado cuando de las mismas se derive un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente. k) La no realización de las inspecciones o revisiones de acuerdo con lo establecido en esta Ley. l) La inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones si de ello puede resultar un peligro para las personas, los bienes o el medio ambiente. m) La aplicación de las ayudas y subvenciones públicas a fines distintos de los determinados en su concesión, así como no efectuar su reintegro cuando así se hubiera establecido. n) La falta de entrega o negativa a entregar la documentación técnica que preceptivamente tenga que expedirse en relación con la instalación, parte de la instalación o labores de mantenimiento o revisión realizadas. o) El intrusismo profesional cometido por personas o empresas que realicen actuaciones de instalación o mantenimiento de aparatos o instalaciones sujetos al ámbito de esta Ley sin contar con la habilitación para ello o fuera del ámbito de actuación reconocido por la acreditación profesional con que cuenten, o por empresas o profesionales que realicen labores de verificación del cumplimiento sin estar autorizados para ello. p) La actuación del titular de la actividad industrial que fomente o se aproveche dolosamente del intrusismo profesional. q) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas necesarias para la correcta instalación, puesta en marcha, mantenimiento, prevención de accidentes o para la limitación de sus consecuencias y para el cumplimiento de los niveles mínimos de prestación del servicio o de calidad del producto exigibles. r) El incumplimiento de la obligación de conservar la documentación que acredite que la instalación, aparato o equipo cumple con las disposiciones aplicables cuando de ello se derive un daño o riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente. s) El no mantenimiento de las condiciones que llevaron a la Administración de la comunidad autónoma a otorgar la correspondiente habilitación o autorización como agente del sistema de la seguridad industrial o al reconocimiento de la misma en los casos en que no le corresponda otorgarla. t) La reincidencia en la comisión de una misma infracción leve, declarada por resolución firme en vía administrativa, antes de transcurrido el período de tiempo señalado legalmente como plazo de prescripción de la infracción previa.
Son infracciones leves: a) El incumplimiento de cualquier otra prescripción contemplada en esta Ley no incluida como infracción grave o muy grave.
b) Las conductas tipificadas como infracciones graves en las letras a), f), g), h), i), j), k), l), n), p), r), y s) del artículo anterior cuando no hubiesen generado riesgo grave para las personas, los bienes o el medio ambiente. c) La no comunicación al departamento competente de los cambios que pudiesen afectar a la seguridad de los establecimientos, instalaciones y productos industriales, así como las modificaciones e incidencias de la actividad industrial que, legal o reglamentariamente, estén establecidas. d) El inicio de la actividad industrial sin haberlo comunicado con carácter previo al órgano competente en materia de industria cuando dicha comunicación sea preceptiva. e) La demora no justificada en la aportación de documentos solicitados por el órgano competente cuando tal conducta no sea reiterada. f) La falta de colaboración con el personal inspector en el ejercicio por este de las funciones derivadas de esta Ley. g) La no comunicación a la Administración competente de los datos de comunicación obligatoria al Registro de Establecimientos Industriales de Aragón. h) La no comunicación al departamento competente de los cambios o modificaciones de las condiciones que llevaron a la Administración de la comunidad autónoma a otorgar la correspondiente habilitación o autorización como agente del sistema de la seguridad industrial o al reconocimiento de la misma en los casos en que no le corresponda otorgarla. i) El incumplimiento de las normas de seguridad industrial, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se impondrán atendiendo a criterios de proporcionalidad en relación con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerándose especialmente las circunstancias establecidas en el artículo siguiente.
2. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:
a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 6.000 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 3.000 a 100.000 euros. c) Las infracciones muy graves, con multa de 50.000 a 1.000.000 de euros.
3. Cuando, a consecuencia de la infracción se obtenga un beneficio económico superior a la multa, dicha sanción podrá elevarse hasta el doble del beneficio obtenido específicamente en la operación.
4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.
Para la determinación de la cuantía de las sanciones correspondientes, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: a) El riesgo resultante de la infracción para las personas, los bienes o el medio ambiente.
b) La importancia del daño o deterioro causado a las personas, los bienes o el medio ambiente. c) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el beneficio obtenido de la misma. d) El grado de intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción o la reiteración de infracciones previstas en esta Ley. e) El incumplimiento de las advertencias previas o requerimientos de las autoridades competentes o agentes colaboradores cuando actúen en el ámbito de la seguridad industrial. f) La reincidencia, por la comisión, en el período de tiempo señalado legalmente como plazo de prescripción de la infracción previa, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando haya sido declarada por resolución firme, salvo en los casos en los que tal circunstancia forme parte de la descripción del tipo de la infracción. g) La capacidad económica del infractor. h) La cualificación técnica y la capacidad profesional exigibles al infractor, salvo en los casos en los que tal circunstancia forme parte de la descripción del tipo de la infracción.
Sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados y a restaurar o reponer los bienes alterados a su estado anterior.
1. En los supuestos de infracciones graves, además de la sanción pecuniaria aplicable, podrá acordarse, por plazo no superior a un año, el cierre del establecimiento o la suspensión de la actividad o de la instalación y la retirada del certificado de profesional habilitado, de la autorización de empresa instaladora o mantenedora o de la autorización de entidad de formación.
2. En los supuestos de infracciones muy graves, además de la correspondiente multa, podrán acordarse las siguientes sanciones por acuerdo del Gobierno de Aragón:
a) El cierre del establecimiento o la suspensión, total o parcial, de la actividad por un plazo no superior a cinco años.
b) La clausura definitiva, total o parcial, del establecimiento o de la actividad. c) La revocación del certificado de profesional habilitado o la autorización de empresa instaladora o mantenedora o entidad de formación, pudiendo establecerse la prohibición de solicitar una nueva acreditación profesional, autorización como empresa instaladora o mantenedora o entidad de formación o autorización como organismo de control por un plazo de hasta cinco años.
3. El órgano administrativo competente para la imposición de la sanción podrá acordar, además, en las infracciones graves o muy graves, la devolución de las subvenciones o ayudas de cualquier clase otorgadas por la Administración de la comunidad autónoma que guarden directa relación con el objeto de la infracción, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta cinco años en las muy graves.
4. En la aplicación de las sanciones accesorias se tendrá en cuenta el impacto sociolaboral de las mismas.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para las leves, a contar desde su total consumación.
El cómputo del plazo de prescripción se iniciará en la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, si se trata de una actividad continuada, en la fecha de su cese. Se entenderá cometida la infracción cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la misma. 2. El plazo de prescripción de las sanciones establecidas en esta Ley será de cinco años para las referidas a infracciones muy graves, tres para las graves y uno para las leves.
1. El órgano sancionador podrá imponer multas coercitivas, hasta un máximo de tres, para compeler a los responsables a cumplir las prescripciones previstas en la correspondiente reglamentación.
2. Estas multas podrán imponerse de forma sucesiva y reiterada por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. 3. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el veinte por ciento de la multa fijada para la infracción cometida.
1. Serán sujetos responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en las mismas y, en particular: a) El titular de la actividad industrial será responsable de que su funcionamiento responda en todo momento a lo dispuesto en la normativa aplicable y, especialmente, en las normas de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente, sin perjuicio de las responsabilidades que contraigan tanto los autores de los proyectos, de la documentación técnica y de los certificados expedidos como las empresas y personas que hayan intervenido o intervengan en la instalación, el funcionamiento, la reparación, el mantenimiento, la inspección y el control.
b) El autor del proyecto es responsable de que éste cumpla con la normativa vigente. El técnico competente que haya emitido el certificado de dirección de obra es responsable de la adaptación de la obra al proyecto y de que en su ejecución se hubiesen adoptado las medidas y cumplido las condiciones técnicas reglamentarias que sean de aplicación, sin perjuicio de las sanciones penales que, en su caso, correspondan. Todo ello, con independencia de la responsabilidad de los técnicos, las empresas o personas o entidades habilitadas sobre la veracidad de las certificaciones acreditativas del cumplimiento reglamentario que emitan. c) El director de obra, en su caso, y las personas y empresas que participen en la instalación, la reparación, el mantenimiento, la utilización o la inspección de las industrias, los equipos y los aparatos cuando la infracción sea consecuencia directa de su intervención profesional. d) Los organismos de control y las entidades que conforman la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, respecto de las infracciones cometidas en el ejercicio de su actividad. e) Los fabricantes, distribuidores, comercializadores o importadores de los productos, aparatos, equipos o elementos que no se ajusten a las exigencias reglamentarias.
2. Cada uno de los sujetos reseñados responde por sus actos propios, considerándose como tales los de los directivos y empleados en el caso de las personas jurídicas. No obstante, cuando en la comisión de una infracción hayan concurrido varios sujetos, cada uno de ellos responderá individualmente de la comisión de la infracción.
El plazo para resolver el procedimiento sancionador será de un año, a contar desde la fecha de su iniciación. Si transcurre el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado una resolución, se declarará la caducidad del procedimiento. En caso de que la infracción no hubiese prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento sancionador, pudiendo incorporarse al mismo los elementos probatorios y otros actos de instrucción válidamente realizados durante la tramitación del procedimiento caducado.
Cuando la comisión de una infracción de carácter leve presente carácter evidente o haya quedado acreditada en un procedimiento anterior o durante la práctica de la inspección u otras diligencias previas, se podrá optar por el procedimiento simplificado, que constará de acuerdo de iniciación, audiencia del interesado, propuesta de resolución y resolución. No obstante, como resultado de lo alegado en el trámite de audiencia, se podrá optar por pasar a instruir y resolver el asunto conforme al procedimiento ordinario, notificándolo así a los interesados.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la competencia para imponer las sanciones por las infracciones establecidas en la legislación básica en materia de industria y en la presente Ley corresponde al consejero competente en materia de industria en caso de infracción muy grave, al director general competente en materia de industria en caso de infracción grave y al director provincial competente en materia de industria en caso de infracción leve.
1. El Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, elaborará el Decreto regulador del Consejo de Industria de Aragón, dando audiencia por plazo de un mes en el correspondiente procedimiento a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales, así como a las corporaciones representativas de intereses económicos y sociales y previo trámite de información pública. 2. Hasta tanto no sea efectivamente constituido el Consejo de Industria de Aragón, ejercerá sus funciones el consejero competente en materia de industria.
Cuando el desarrollo de determinadas actividades dificulte el cumplimiento de las prescripciones de esta Ley o genere un perjuicio para los intereses generales, se regularán las condiciones bajo las cuales habrán de ejercerse dichas actividades, incluyendo medidas que eviten el intrusismo profesional en el ejercicio de las mismas por parte de sujetos que no cumplan la reglamentación aplicable.
En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el consejero competente en materia de industria regulará el procedimiento de elaboración de los planes de inspección industrial.
En tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo de la presente Ley, continuarán en vigor, en lo que no se opongan a la misma, las disposiciones reglamentarias aplicables en las materias que constituyen su objeto.
Quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
1. Se habilita al consejero competente en materia de industria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley. 2. En especial, mediante Orden del consejero competente en materia de industria, se aprobarán todas aquellas disposiciones que sean consecuencia de los avances tecnológicos y la evolución del estado de la técnica y que obliguen a una adaptación de los requisitos y condiciones de carácter estrictamente técnico que deban reunir tanto las instalaciones como los aparatos, equipos y productos de carácter industrial, incluidos, en su caso, los procedimientos de prueba, inspección y control a que deban ser sometidos.
Se autoriza al Gobierno de Aragón para actualizar el importe de las sanciones establecidas en esta Ley de acuerdo con el índice general de precios al consumo.
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Zaragoza, 27 de diciembre de 2006.-El Presidente, Marcelino Iglesias Ricou.
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