Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con el que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, en su redacción originaria por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, ya atribuyó a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia social (artículo octavo.Uno.Dieciocho), que comprende sin duda la protección de menores, y en ejercicio de la misma se dictó la Ley autonómica 4/1998, de 18 de marzo, del Menor. Hoy el Estatuto, en la redacción recibida tras la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, mantiene la atribución a la Comunidad Autónoma de la competencia exclusiva en la materia genérica de asistencia y servicios sociales (artículo Octavo.Uno.30) y añade además la específica en materia de protección y tutela de menores (artículo Octavo.Uno.32). Estos últimos preceptos constituyen el fundamento competencial de esta Ley.
La citada Ley 4/1998, de 18 de marzo, del Menor, ha constituido sin duda un marco normativo útil y eficaz. Sin embargo, la experiencia acumulada durante los años de su vigencia ha puesto de manifiesto también la necesidad de sustituirla por un instrumento más moderno y más adaptado a la realidad social.
Esencial punto de partida de la presente Ley es su vocación de universalidad, de manera que en ella se regulan todas las competencias y potestades de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de protección de menores, pues solo de este modo puede conseguirse un instrumento completamente eficaz para la acción de los poderes públicos en dicho ámbito. Por ello, no sólo se vincula a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, comprendiendo a las diversas Consejerías que ejercen funciones en relación con los menores, sino también a la Administración local, respetando y definiendo la autonomía municipal en esta materia y garantizando la coordinación de los Servicios Sociales de Primer Nivel con los que corresponden a la Administración autonómica. Este criterio tiene su reflejo en la terminología de la Ley, que utiliza la expresión Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja para referirse a la incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del sector público de la Comunidad Autónoma (esto es, primordialmente a la que ésta denomina Administración General, pero incluyendo también a los organismos públicos vinculados a la misma si se diera el caso de que tuvieran o llegaran a tener alguna potestad en relación con los menores), y emplea el término genérico Administraciones Públicas de La Rioja cuando –naturalmente, con los límites de la competencia legislativa autonómica que se actúa– vincula a todas las que ejercen su actividad y desarrollan sus funciones dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, incluidas las Entidades Locales.
La Ley dedica especial atención a los derechos de los menores, que se ha abordado huyendo de fórmulas vacías de contenido y de la repetición de enunciados que ya están establecidos en la Constitución, en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección del Menor, o en los Tratados internacionales sobre estas materias suscritos por España y que son directamente aplicables y vinculantes, para establecer instrumentos técnicos precisos que aseguren su eficacia normativa real y efectiva. A ello responde el establecimiento de sanciones concretas para el incumplimiento o la vulneración de cada uno de los derechos del menor. En esta materia, se atribuye a la Consejería competente en materia de servicios sociales una función directiva, que comprende el desarrollo de políticas públicas que promuevan el conocimiento y respeto de esos derechos en todos los ámbitos.
En lo que se refiere a las situaciones de desprotección social de los menores, la Ley, respetando escrupulosamente la legislación civil –que es competencia exclusiva del Estado–, ocupa todo el espacio de la competencia autonómica con una disciplina en la que trata de conjugarse la efectiva y eficaz protección de los menores a través del ejercicio de las oportunas potestades administrativas con el respeto a los derechos de sus padres o guardadores, evitando que aquéllas puedan convertirse en una sanción a la marginalidad o la pobreza de éstos. Con tal fin, la Ley potencia la declaración de la situación de riesgo (en la que se mantiene la patria potestad o la tutela) y la consiguiente adopción de medidas de apoyo a la familia, reservando la declaración del menor en situación de desamparo (que implica la suspensión de dichas potestades familiares) para los casos en que efectivamente carezca de la necesaria asistencia moral o material, tal y como expresamente determina el artículo 172.1 del Código civil, y en este sentido se precisa que la indicada declaración de desamparo no es procedente cuando el menor esté adecuadamente atendido por un guardador de hecho, en cuyo caso se contempla la formalización de esa guarda como tutela ordinaria. Por otro lado, la Ley garantiza que en estos procedimientos sean oídos los padres, tutores o guardadores del menor, pero sin que su no comparecencia pueda entorpecer el dictado de la resolución que proceda y la adopción de las medidas que sean pertinentes. Además, encuentra en esta Ley reglas precisas el principio, establecido con carácter general en el artículo 172.4 del Código civil, de que, declarado el desamparo, se procure prioritariamente la reinserción del menor en su propia familia, cuando ello no sea contrario al interés del menor.
Finalmente, se objetivan y simplifican en esta Ley las actuaciones administrativas en los procedimientos de adopción, estableciendo, entre otras medidas, criterios de exclusión y preferencia entre las solicitudes, fijando un plazo breve y concreto para obtener la declaración de idoneidad y determinando la posibilidad de concurrencia de las solicitudes de adopción nacional e internacional. En relación con esta última, se han tenido muy en cuenta en la Ley las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión especial sobre la adopción internacional constituida en el Senado, de diciembre de 2003, muchas de las cuales se acogen, tratando de dar solución, de este modo, a las disfunciones que los padres adoptivos, sus asociaciones y los expertos en la materia habían detectado en el ejercicio de las funciones que, en este punto, el ordenamiento atribuye a la Administración. En cualquier caso, en lo que se refiere a la intervención administrativa en las adopciones, huye esta Ley, en la medida de lo posible, de cualquier rigidez que perjudique la adaptación del actuar administrativo a la realidad social, lo que hace oportuno dejar un ámbito razonable al ulterior desarrollo reglamentario que ella misma prevé.
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de las competencias y potestades de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de las Entidades Locales de su ámbito territorial en materia de protección de menores.
2. Se entiende por protección de menores el conjunto de actuaciones que deben realizar las Administraciones Públicas con la finalidad de promover el desarrollo integral de los menores, garantizar sus derechos, proporcionarles la asistencia moral o material de la que carezcan, total o parcialmente, en su medio familiar y, en su caso, procurar su reeducación y reintegración social.
1. Son menores, a los efectos de esta Ley, quienes no hayan cumplido dieciocho años, salvo que su ley personal determine que hayan adquirido con anterioridad la mayoría de edad. Respetando los efectos que determina la legislación civil, la emancipación o la habilitación de edad no impedirán la aplicación por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja de las medidas de protección previstas en esta Ley, en los casos y términos que la misma establece.
2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a los menores que residan o se encuentren en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sea cual sea su nacionalidad o vecindad civil.
3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, la aplicación de esta Ley se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas o que pueda adoptar la Entidad pública a la que competa la protección de menores en el territorio de otra Comunidad Autónoma, si se tratare de menores con residencia habitual en ella. En este caso, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja llevará a cabo las actuaciones precisas para que la Entidad pública competente se haga cargo del menor, asegurándose siempre de que éste reciba efectiva protección.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, la declaración de las situaciones, la tramitación de los procedimientos y la adopción y ejecución de las medidas de protección que regula esta Ley, así como la coordinación general de la atención a los menores, la planificación de la misma y la evaluación de los programas.
Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior la ejecución de las medidas a que se refiere el artículo 57 de esta Ley, que corresponderá a la Consejería competente en materia de Justicia e Interior. Igualmente corresponderá a esta Consejería la ejecución de las políticas públicas que lleve a cabo el Gobierno de La Rioja para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en el ejercicio por sus padres del derecho de visitas que tuvieren reconocido por resolución judicial, todo ello en los casos y términos que resulten de ésta y siempre que dichos menores no estuvieren sometidos a la acción protectora de la Administración que regula esta Ley.
2. Para la ejecución de las medidas protectoras previstas en esta Ley, la Consejería competente podrá habilitar a Instituciones colaboradoras en cuyos estatutos figure como fin la protección de los menores, con las condiciones y en los términos que se fijen reglamentariamente. En ningún caso podrá existir discriminación o diferencia de trato alguno de los menores a su cargo que pueda derivarse de la organización, medios o características propias de dichas Instituciones colaboradoras.
3. Corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de las Consejerías en cada caso competentes por razón de la materia, las facultades de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de las prescripciones de la presente Ley. Cuando correspondan a otra Consejería, la competente en materia de Servicios Sociales podrá instar tales actuaciones inspectoras y, en su caso, sancionadoras.
4. Las Entidades Locales de La Rioja ostentan en materia de protección de menores las competencias que les reconoce el ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de las obligaciones que les impone esta Ley, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja establecerá cauces de coordinación y cooperación con los Servicios Sociales Municipales para procurar la elaboración de programas integrados y actuaciones eficaces que proporcionen mayor bienestar a los menores.
1. Para valorar la situación de los menores y proponer el dictado de las resoluciones que procedan en los procedimientos administrativos relativos a la situación de desamparo, acogimiento y adopción, se constituirá en la Consejería competente en materia de Servicios Sociales una Comisión, cuyo funcionamiento se regulará reglamentariamente.
2. La Comisión de adopción, acogimiento y tutela estará presidida por el titular de la Dirección General competente en materia de protección de menores. Formarán parte de la misma, al menos, por designación y nombramiento del titular de la Consejería, un miembro del equipo técnico que participe en la valoración de las solicitudes de acogimiento y adopción, y dos funcionarios más adscritos al programa de menores, uno de los cuales será designado como Secretario. La Comisión se completará con el Jefe del Servicio en el cual se tramiten los procedimientos a que se refieren las competencias de aquélla.
La actuación de las Administraciones Públicas de La Rioja en materia de protección de menores atenderá siempre al superior interés del menor y se regirá por los siguientes principios:
a) Subsidiariedad respecto a los deberes de asistencia y protección que impone la ley a los padres y tutores, cuya audiencia se garantizará en todos los procedimientos que regula esta Ley.
b) Integración de los menores en su medio familiar y social, evitando situaciones de desarraigo que perjudiquen su desarrollo integral.
c) Respeto, defensa y garantía de los derechos reconocidos a los menores por la Constitución, los acuerdos internacionales, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, y el resto del ordenamiento jurídico.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja velarán, en el ámbito territorial y funcional que les corresponda, por el respeto y garantía de los derechos y libertades reconocidos a los menores en el ordenamiento jurídico y les prestarán la asistencia necesaria para el efectivo ejercicio de los mismos.
2. Las Administraciones Públicas de La Rioja, en el ámbito de sus respectivas competencias, contribuirán al establecimiento de políticas de promoción, prevención y vigilancia que aseguren el disfrute de los referidos derechos de forma plena y no discriminatoria.
Las Administraciones Públicas de La Rioja promoverán acciones de información y divulgación sobre el contenido y alcance de los derechos que ostenta el menor y los medios y recursos destinados a su efectivo cumplimiento, y facilitarán, en especial, que las personas que se relacionan de forma habitual con los menores dispongan de la formación e información necesarias para el cumplimiento de sus responsabilidades con pleno respeto de los derechos del menor.
1. Los menores, para la defensa de sus derechos, podrán personalmente o a través de sus representantes legales:
a) Solicitar la asistencia y protección de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.
c) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones Públicas.
2. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales centralizará la atención a los menores no sometidos a la acción protectora de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con el fin de promover el conocimiento de los derechos del menor y asegurar su efectivo ejercicio, recibir la información que sobre su cumplimiento facilite cualquier persona y recabarla, y facilitar que los propios menores puedan exponer su situación personal, realizar denuncias o solicitar protección y asistencia ante la Administración.
1. En los centros o servicios, públicos o privados, en los que se produzcan nacimientos se establecerán las garantías necesarias para la inequívoca identificación de los recién nacidos.
2. Cuando quienes se hallen obligados a promover la inscripción del nacimiento de un menor en el Registro Civil no lo efectúen, las Administraciones Públicas de La Rioja adoptarán las medidas necesarias para lograr tal inscripción.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja realizarán actuaciones de prevención y detección de cualquier forma de explotación o de maltrato físico o psíquico de los menores. A estos efectos, dispondrán de mecanismos de coordinación institucional adecuados, especialmente entre los sectores sanitario, educativo, laboral, de justicia y de servicios sociales.
2. Sin perjuicio de la adopción inmediata de las medidas de protección previstas en la presente Ley, detectada una situación de maltrato del menor, las Administraciones Públicas de La Rioja pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, ejercerán las acciones legales oportunas.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja pondrán en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan constituir una intromisión ilegítima en los derechos al honor, a la intimidad o a la propia imagen de los menores y, si tuvieren legitimación, ejercitarán las acciones civiles o penales que procedan.
2. Las autoridades, funcionarios, profesionales y cualesquiera personas que intervengan en la tramitación de los procedimientos o en la ejecución de las medidas de protección de los menores que regula esta Ley, asumen el deber de reserva y confidencialidad respecto de los datos de que tengan conocimiento, en particular los relativos a la identidad y circunstancias de los menores protegidos y sus familias, así como a las solicitudes de guarda, acogimiento y adopción. Las Administraciones Públicas de La Rioja vigilarán el estricto cumplimiento del deber de reserva y confidencialidad de quienes intervengan en las actuaciones protectoras del menor.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja y las Instituciones colaboradoras facilitarán al menor en sus intervenciones y asistencia los medios necesarios para el ejercicio efectivo de su libertad ideológica, religiosa y de conciencia.
2. Las Administraciones Públicas de La Rioja velarán por el cumplimiento del derecho y el deber de los padres o tutores de cooperar para que el menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral, y desarrollarán actuaciones de información y concienciación sobre los riesgos y efectos nocivos ligados a la actividad de asociaciones, organizaciones o grupos que sean considerados ilícitos o ilegales por el ordenamiento jurídico.
Las Administraciones Públicas de La Rioja:
a) Fomentarán la producción y difusión de materiales informativos destinados a los menores y adaptados a su progresivo nivel de desarrollo, veraces, plurales y respetuosos con los principios constitucionales.
b) Facilitarán el acceso de los menores a servicios de información, documentación, bibliotecas y servicios culturales.
c) Desarrollarán políticas activas para que los medios de comunicación, en sus mensajes dirigidos a menores, promuevan los valores de igualdad, solidaridad y respeto a los demás, y eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un trato degradante o discriminatorio.
d) Promoverán acciones tendentes a facilitar a los menores información acerca de sus derechos y de los medios de que disponen para su efectivo cumplimiento.
e) Promoverán y apoyarán acciones destinadas a facilitar a los menores cauces de expresión, difusión y publicación de sus pensamientos, ideas y opiniones.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja fomentarán que el derecho del menor a ser oído en el ámbito familiar se haga efectivo.
2. El ejercicio del derecho del menor a ser oído en cualquier procedimiento administrativo que pueda afectar a su esfera personal, familiar y social se realizará de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, y se velará por que el menor no esté sometido a presión alguna.
1. La protección y promoción de la salud de los menores constituye una actuación prioritaria de las Administraciones Públicas de La Rioja.
2. Las Administraciones Públicas de La Rioja promoverán actuaciones que fomenten la educación del menor para la salud y el ejercicio de hábitos y comportamientos saludables.
Se atenderá especialmente a la prevención del consumo entre los menores de bebidas alcohólicas, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y se establecerán las medidas necesarias para el tratamiento, rehabilitación e integración de los menores que presenten adicciones a dichas sustancias.
3. Los menores tienen derecho a recibir información sobre su salud y sobre los tratamientos que les sean aplicados de modo adaptado a su edad y madurez.
En los casos en que la legislación sanitaria requiere la prestación del consentimiento informado, éste deberá ser prestado igualmente por los mayores de dieciséis años e incluso por los menores de esta edad cuando gocen de madurez emocional suficiente. Cuando deban prestar dicho consentimiento los representantes legales del menor, deberá ser oído éste si tiene doce años cumplidos. En cualquier caso, se deberá informar al menor de forma comprensible y adecuada a sus necesidades sobre su situación sanitaria y sobre las actuaciones que requiere.
4. Durante su atención sanitaria, los menores tienen derecho a estar acompañados por sus padres, tutores o guardadores u otros familiares, y a proseguir, durante su hospitalización, su formación escolar, siempre que todo ello no perjudique u obstaculice su tratamiento médico.
5. En los centros sanitarios donde se hospitalice a menores se posibilitará la existencia de espacios adaptados a las necesidades educativas, de relación familiar y de ocio del menor.
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizará:
a) El acceso a la educación de todos los menores en condiciones de igualdad, velando por sus derechos en el ámbito escolar y evitando situaciones de abuso o menosprecio entre los propios menores.
b) La existencia de un número de plazas suficientes para asegurar el proceso de escolarización obligatoria de todos los menores, así como de los medios materiales, humanos y de transporte que aseguren una atención escolar de calidad.
c) La asistencia y formación específica a los menores con necesidades educativas especiales por razones socioeconómicas, culturales, geográficas, físicas, psíquicas, sensoriales o de cualquier otra índole.
2. Si, en cumplimiento de sus funciones, los Servicios Sociales de cualquier nivel detectaren la falta de escolarización de un menor, entendiendo en dicha situación al que, estando en período de escolarización obligatoria, no haya sido matriculado en un centro escolar, deberán ponerlo en conocimiento de la Consejería competente en materia de educación, que adoptará las medidas precisas para asegurársela.
A fin de garantizar el cumplimiento de la escolarización obligatoria, las Administraciones Públicas de La Rioja y, en particular, la de la Comunidad Autónoma a través de la Consejería competente en materia de educación, promoverán programas y acciones específicas de prevención y erradicación del absentismo escolar.
A los efectos de la presente Ley, existirá una situación de absentismo escolar cuando un menor en período de escolarización obligatoria no asista de forma regular a las clases del centro en donde se halle matriculado, sin causa que lo justifique.
3. Los responsables y el personal de los centros educativos, además de los deberes de comunicación previstos en el artículo 33.2 de esta Ley, tienen la obligación de poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de educación los casos de absentismo escolar. Igualmente deberán colaborar con los organismos competentes en la prevención y solución de dicha situación, así como de las de riesgo o desamparo del menor.
La Consejería competente en materia de educación procurará que los padres o guardadores del menor aseguren su escolarización. Si ello se revelase ineficaz, podrá solicitarse el auxilio de las autoridades municipales, que lo prestarán por medio de las Policías Locales, si fuere necesario.
4. La Consejería competente en materia de educación proveerá los medios personales y materiales que sean necesarios y dictará las disposiciones precisas para asegurar el derecho a la educación de los menores que sufran una enfermedad o dolencia que, estén o no hospitalizados, impida su asistencia al centro en que estuvieren escolarizados durante un período de tiempo susceptible de perjudicar su aprendizaje o rendimiento escolar.
1. Todo menor tiene derecho al juego, al ocio y a la participación activa en la vida cultural, deportiva, recreativa y artística de su entorno como elementos esenciales de su desarrollo evolutivo y proceso de socialización.
2. Las Administraciones Públicas de La Rioja promoverán y fomentarán la realización de actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas adaptadas a las necesidades de los menores y la participación de los mismos en dichas actividades.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja velarán para que los menores disfruten de un medio ambiente saludable y adecuado a sus necesidades específicas, y fomentarán acciones y programas tendentes a la educación y concienciación medioambiental de los menores y a su contacto con la naturaleza.
2. El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta las necesidades de los menores en la distribución, concepción y equipamiento de los espacios urbanos. Asimismo, las Administraciones Públicas de La Rioja fomentarán la progresiva creación y dotación de espacios públicos adaptados para el uso de los menores.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja velarán por la integración social y el acceso al sistema público de servicios sociales de todos los menores y en especial de aquellos que por cualquier condición encuentren dificultades para ello o puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio.
2. En especial, las Administraciones Públicas de La Rioja:
a) Promoverán las acciones y medidas necesarias para facilitar la plena integración en la sociedad de los menores con discapacidad.
b) Fomentarán el respeto y la integración de las minorías culturales, procurando la sensibilización social acerca de la riqueza de la diversidad y la necesidad de aceptar y considerar los valores de otras culturas, sin menoscabo del orden público constitucional.
3. Los menores extranjeros que residan en la Comunidad Autónoma de La Rioja tendrán derecho a los recursos públicos que faciliten su integración social, lingüística y cultural, respetando su propia identidad.
1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Las Administraciones Públicas de La Rioja fomentarán dicha participación y establecerán medios y cauces que la faciliten, en especial en las cuestiones que afecten específicamente a los menores.
2. En la gestión y funcionamiento de los centros de protección de menores se promoverá la participación de los menores ingresados de forma acorde a su grado de madurez.
3. Las Administraciones Públicas de La Rioja promoverán y apoyarán el asociacionismo infantil y juvenil y la participación del menor en las labores de voluntariado.
Las medidas establecidas en el presente Capítulo responden a la necesidad de proteger al menor y preservar su desarrollo integral frente a los perjuicios que para el mismo pueden tener determinadas actividades, medios o productos. Salvo las excepciones que se hallen expresamente previstas en las leyes, las prohibiciones y limitaciones que se establecen afectarán a todos los menores, aun cuando conste el consentimiento de sus padres o representantes legales.
1. Se prohíbe la participación activa de los menores de dieciséis años en espectáculos y festejos públicos que conlleven situaciones de peligro para la vida y la integridad física que deban ser asumidas voluntariamente por las personas que en ellos intervengan.
2. Se prohíbe la entrada de los menores en establecimientos, locales o recintos donde se desarrollen actividades o espectáculos violentos, pornográficos o con otros contenidos perjudiciales para el correcto desarrollo de su personalidad.
1. Queda prohibida la venta, suministro y dispensación por cualquier medio, gratuito o no, de todo tipo de bebidas alcohólicas y tabaco a los menores.
2. Los menores no podrán consumir ni adquirir aquellas sustancias a las que tengan limitado acceso de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre drogas, productos farmacéuticos o productos tóxicos.
Queda prohibida la venta, alquiler, exposición, proyección y ofrecimiento a menores de publicaciones, o de cualquier material audiovisual, que inciten a la violencia, a la realización de actividades delictivas, a cualquier forma de discriminación o que tengan un contenido pornográfico.
La programación de las emisoras de radio y televisión de las que sea titular la Comunidad Autónoma de La Rioja o a las que ésta deba otorgar título habilitante, deberá ajustarse a las siguientes reglas:
a) No incluirán escenas o mensajes de cualquier tipo que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, psicológico o moral de los menores o fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.
b) La emisión de programas susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, psicológico o moral de los menores sólo podrá realizarse entre las veintidós horas del día y las seis horas del día siguiente, y deberá ser objeto de advertencia sobre su contenido por medios acústicos y, en su caso, ópticos.
Cuando tales programas se emitan sin codificar, deberán ser identificados mediante la presencia de un símbolo visual durante toda su duración.
Lo aquí dispuesto será también de aplicación a las emisiones dedicadas a la publicidad, a la televenta y a la promoción de la propia programación.
c) Los programas infantiles se emitirán en un horario adecuado a los hábitos practicados por los menores.
La publicidad dirigida a menores que se divulgue exclusivamente en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como la que, siendo de cobertura geográfica superior, pueda territorializarse para tal ámbito, deberá respetar los siguientes principios de actuación:
a) No contendrá imágenes o mensajes que puedan perjudicar el desarrollo físico, psicológico o moral de los menores.
b) No promocionará la realización de actividades o el consumo de productos o servicios prohibidos a los menores. Asimismo los menores no podrán participar en la publicidad general de dichos productos o servicios.
c) No deberá incitar directamente a tales menores a la compra de un producto o de un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a sus padres o tutores, o a los padres o tutores de terceros, para que compren los productos o servicios de que se trate.
d) En ningún caso deberá explotar la especial confianza de los niños en sus padres, en profesores o en otras personas, tales como profesionales de programas infantiles o, eventualmente, en personajes de ficción.
e) No podrá, sin un motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja velarán porque los menores no tengan acceso mediante las telecomunicaciones a medios, productos, contenidos o servicios que puedan dañar su correcto desarrollo físico o psíquico, y promoverán la implantación y uso de sistemas de advertencia o que impidan o dificulten dicho acceso.
2. Cualquier establecimiento o centro abierto al público, en donde se permita a los menores el acceso a la red Internet, deberá contar, en los equipos informáticos que puedan ser usados por aquéllos, con un programa de control y restricción de acceso que impida que lleguen al menor contenidos o servicios perjudiciales para su desarrollo integral.
1. Las Administraciones Públicas de La Rioja promoverán actuaciones de información y educación para el consumo dirigidas a los menores y velarán por el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materia de seguridad y publicidad, defendiendo a los menores de las prácticas abusivas.
2. Las Oficinas Municipales de información a los consumidores adoptarán las medidas necesarias para ofrecer esa especial protección.
Las Administraciones Públicas de La Rioja, en el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por el efectivo respeto de los derechos de los menores a que se refiere el presente título. Si tuvieren constancia de la vulneración de alguno de dichos derechos, deberán comunicarlo, además de a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal en su caso, a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales:
a) Recibirá las denuncias de amenaza o vulneración de los derechos de los menores que presente cualquier persona, mayor o menor de edad, y transmitirá inmediatamente las mismas a la Autoridad judicial, al Ministerio Fiscal, al órgano competente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja o a cualquier otra autoridad o funcionario a quien según las leyes corresponda investigarlas o resolverlas.
b) Facilitará la comunicación directa de los menores con la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja y su acceso a los servicios que presta la misma.
c) Propiciará el conocimiento, la divulgación, el respeto y el efectivo ejercicio de los derechos de los menores.
d) Promoverá, ante cualesquiera conductas que vulneren los derechos del menor o las limitaciones y prohibiciones establecidas en esta Ley, la actividad de inspección y sanción por el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
e) Desarrollará acciones que permitan determinar las reales condiciones en que los menores de edad ejercen sus derechos, los adultos los respetan y la comunidad los reconoce.
En el informe que, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1/2002, de 1 de marzo, de Servicios Sociales, debe remitir anualmente el Consejo Riojano de Servicios Sociales al Gobierno y al Parlamento de La Rioja, a la vista de las denuncias recibidas y las actuaciones desarrolladas en el marco de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se hará especial referencia a la situación de los derechos de los menores en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, tienen competencias y ejercen funciones de protección de menores, se dirigirán prioritariamente a prevenir las posibles situaciones de desprotección social del menor que se regulan en este Título.
2. En particular, la Consejería competente en materia de Servicios Sociales desarrollará con carácter prioritario una política de prevención de situaciones de riesgo de desprotección infantil, a través de diferentes programas y recursos, directamente o en colaboración con Ayuntamientos o Entidades colaboradoras de integración familiar.
3. Se promoverá especialmente la coordinación de los servicios sociales con el sistema educativo y sanitario en la detección y prevención de factores de riesgo que incidan negativamente en el desarrollo integral del menor.
4. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales tomará las medidas necesarias para conseguir la protección efectiva de los menores desamparados, incluso antes de nacer, cuando se prevea claramente que el concebido, cuando nazca, se encontrará en situación de desamparo.
1. Toda persona o autoridad que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise, tiene el deber de comunicarlo a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.
2. Sin perjuicio de su comunicación, cuando sea procedente, a la Autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, los responsables y el personal de los centros o servicios educativos sociales y sanitarios, públicos o privados, y en general de cuantas entidades o instituciones tienen relación con menores, están obligados a poner en conocimiento de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales aquellos hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo para ellos, así como a colaborar con la misma para evitar y resolver tales situaciones en interés del menor.
3. La Administración garantizará la reserva absoluta y el anonimato de los comunicantes. Tratándose de instituciones, se preservará su identidad no facilitando en ningún caso copia de los informes emitidos o denuncias presentadas.
4. Cuando, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el Juez de menores o el Ministerio Fiscal remitan a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja testimonio de particulares sobre un menor de catorce años, la Consejería competente en materia de Servicios Sociales valorará los hechos y decidirá si se ha de declarar alguna de las situaciones que contempla esta Ley, adoptando en consecuencia las medidas que resulten procedentes conforme a las prescripciones de la misma.
1. Cuando la urgencia del caso lo requiera, la actuación de los Servicios Sociales será inmediata, sin perjuicio de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor y, en su caso, del inicio, a la mayor brevedad posible y en los términos establecidos en la presente Ley, del procedimiento administrativo correspondiente.
2. La atención inmediata la prestarán los Servicios Sociales que dependan de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja o de las Entidades Locales de su ámbito territorial. En este último caso, la Entidad Local que hubiere intervenido pondrá los hechos en conocimiento de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales en el plazo más breve posible, que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas.
3. La atención inmediata a que se refiere este artículo no está sujeta a requisitos procedimentales ni de forma, comprende la adopción de cualquier medida que resulte necesaria para preservar la vida, la integridad física o moral o la salud del menor y se entiende en todo caso sin perjuicio del deber de prestar a los menores el auxilio inmediato que precisen que, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, incumbe a cualquier persona.
Si la atención inmediata exige el internamiento provisional del menor en un centro de protección de menores y las circunstancias hicieren materialmente imposible, ni siquiera por el procedimiento previsto en esta Ley para los casos de urgencia, declararle previamente en situación de desamparo, dicho internamiento podrá ser acordado, además de por la Autoridad Judicial o por el Ministerio Fiscal, por el Director del centro, quien en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas deberá dar cuenta a la Autoridad Judicial. En este caso, y en un plazo no superior a setenta y dos horas, la Dirección General competente en materia de protección de menores resolverá lo que proceda sobre la urgente declaración del menor en situación de desamparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de esta Ley.
1. La declaración de las situaciones de riesgo o de desamparo y la adopción de la medida de protección a adoptar, requerirá del estudio pormenorizado de la situación del menor y su entorno familiar, debiendo incluirse en el expediente el informe de los agentes sociales que hayan intervenido. Este estudio se realizará en las condiciones menos perturbadoras para el menor y respetando todos sus derechos.
2. Todas las instituciones públicas o privadas y todos los profesionales que, por su actividad, tengan relación con el menor, están obligados a colaborar con la Dirección General competente en materia de protección de menores, proporcionándole toda la información que pueda ser relevante para la instrucción y resolución de estos procedimientos.
1. En las situaciones de desprotección social de los menores, la actuación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja estará guiada por el principio de intervención mínima, conforme al cual se otorgará siempre prioridad a la actuación en el entorno familiar del menor, para evitar, siempre que sea posible, que sea separado del mismo.
2. La Administración, en la aplicación, modificación y cese de las medidas de protección, actuará con la máxima flexibilidad y regida por el principio de proporcionalidad, para garantizar en todo momento la adecuación de las medidas a la situación concreta del menor. Para ello, además de la documentación de todo procedimiento, arbitrará un sistema eficaz de seguimiento.
1. Con independencia de los casos en que, según la ley, resulte preciso que preste su consentimiento, el menor, cuando sus condiciones de madurez lo permitan y siempre si fuere mayor de doce años, ha de ser oído en los procedimientos administrativos conducentes a su declaración en situación de riesgo o de desamparo, así como para la adopción de las concretas medidas de protección que pretendan aplicársele, su modificación o cese.
2. En los procedimientos para la declaración de las situaciones de riesgo o de desamparo se asegurará en todo caso la audiencia de los padres, tutores o guardadores de hecho del menor, pero sin que la oposición o incomparecencia de los mismos pueda evitar el dictado de la resolución procedente.
Una vez sometido a la acción protectora, el menor será informado por la Administración sobre su situación personal, las medidas y actuaciones a adoptar, su duración y contenido, y de los derechos que le corresponden y asisten. Dicha información será veraz, comprensible, adecuada a sus condiciones, continua y lo más completa posible a lo largo de todo el proceso de intervención.
1. Conforme a lo dispuesto en la Ley de enjuiciamiento civil, quienes tengan interés legítimo pueden oponerse ante la jurisdicción civil, sin necesidad de reclamación previa en vía administrativa, a las resoluciones administrativas por las que se declare o se disponga el cese de la situación de riesgo o desamparo de un menor, así como de aquellas por las que se adopten concretas medidas de protección o se modifiquen las ya adoptadas.
2. Cuando la conducta de los padres, tutores o guardadores de hecho del menor, o de terceras personas, impidiese el estudio o la ejecución de las resoluciones administrativas en materia de riesgo o desamparo, poniendo al menor en peligro o causándole cualquier perjuicio, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del Código civil, aquél pueda instar o ésta acordar de oficio las disposiciones que exija el interés del menor.
Se considera situación de riesgo la que se produce de hecho cuando el menor, sin estar privado en su ámbito familiar de la necesaria asistencia moral o material, se vea afectado por cualquier circunstancia que perjudique su desarrollo personal familiar o social y que permita razonablemente temer que en el futuro pueda estar incurso en una situación de desamparo o de inadaptación.
1. La situación de riesgo ha de ser declarada mediante resolución motivada y expresa dictada por el titular de la Consejería a propuesta del que lo sea de la Dirección General competente en materia de protección de menores.
2. En dicha resolución se adoptarán de manera motivada, la medida o medidas de protección que procedan, su plazo de duración, sus condiciones y objetivos, así como los mecanismos establecidos para su seguimiento.
1. Declarada la situación de riesgo de un menor, se adoptarán medidas de apoyo familiar dirigidas a procurar satisfacer sus necesidades básicas y promover su desarrollo integral mejorando su medio familiar y manteniéndolo en el mismo.
2. Son concretas medidas de apoyo a la familia o a las personas bajo cuya guarda se encuentre el menor:
a) Las prestaciones económicas o en especie, incluyendo las guarderías infantiles.
b) La ayuda a domicilio.
c) La intervención técnica.
3. Las medidas de apoyo a la familia a que se refiere el apartado anterior podrán acordarse conjuntamente y prestarse de modo simultáneo siempre que ello resultare procedente atendidas las circunstancias que originaren la situación de riesgo.
4. La familia del menor o las personas bajo cuya guarda se encuentre, beneficiarias de las medidas de protección acordadas, deberán cooperar en la consecución de los compromisos y objetivos que su prestación comporte. Sin perjuicio, en su caso, de la imposición de las sanciones que procedan por incumplimiento de la resolución que declare al menor en situación de riesgo, si su falta de cooperación impidiese alcanzar dichos objetivos, ello podrá determinar que se acuerde el cese de la medida, en los términos señalados en el artículo 47.
1. Cuando la causa determinante del riesgo para el desarrollo integral del menor proceda de situaciones carenciales o de insuficiencia de recursos en su medio familiar, se acordará favorecer aquél mediante prestaciones económicas o en especie.
2. La concesión de ayudas económicas se efectuará de acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente y con el límite presupuestario que anualmente se consigne.
1. Consiste la ayuda a domicilio en la prestación de servicios o atenciones de tipología personal, doméstica, psicosocial, educativa y técnica, preferentemente en el domicilio familiar del menor y dirigidas a sus padres o guardadores, con la finalidad de mantener el hogar familiar como soporte básico y facilitar la normal integración social del menor y su familia.
2. La ayuda a domicilio está dirigida a proteger a los menores en situación de riesgo debido a carencias de habilidades educativas o asistenciales en los padres o guardadores, cuando sea necesario facilitar o restablecer el ejercicio responsable de funciones parentales. La intervención de los técnicos deberá potenciar los recursos de la familia buscando la autonomía de los mismos.
La intervención técnica comprende la actuación profesional para alcanzar el adecuado ejercicio de las funciones parentales y para la superación de dificultades de integración personal, familiar o social en el ámbito del menor, todo ello con la finalidad de promover el desarrollo y bienestar del mismo.
1. El seguimiento y la ejecución de las medidas de protección adoptadas en las resoluciones que declaren las situaciones de riesgo corresponde a los Servicios Sociales de Primer Nivel, que fueren competentes por el domicilio de los interesados en el expediente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2002 de 1 de marzo de Servicios Sociales. A tal fin, los Servicios Sociales de Primer Nivel elaborarán, en el marco de las medidas acordadas en la resolución, un concreto proyecto de intervención.
2. Siempre que hubieren cambiado las circunstancias inicialmente tenidas en cuenta para declarar la situación de riesgo, y en todo caso cada seis meses, los Servicios Sociales de Primer Nivel emitirán informe sobre la situación del menor y la eficacia de las medidas de protección acordadas, proponiendo la modificación de éstas, su sustitución por otras o su cesación cuando concurrieren causas para ello.
3. Lo dispuesto en el número anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de modificar, dentro del marco establecido en la resolución por la que se declare al menor en situación de riesgo, el concreto proyecto de intervención que hubieren elaborado los Servicios Sociales de Primer Nivel.
1. Además de por mayoría de edad y cumplimiento del plazo previsto, la situación de riesgo cesará por resolución del titular de la Consejería, dictada a propuesta del de la Dirección General competente en materia de protección de menores, cuando hayan desaparecido las circunstancias que motivaron la adopción de las medidas acordadas.
2. Manteniéndose la situación de riesgo, previo el informe de los Servicios Sociales de Primer Nivel a que se refiere el apartado 2 del artículo 46, por resolución del titular de la Consejería, dictada a propuesta del de la Dirección General competente en materia de protección de menores, podrán modificarse o sustituirse por otras las medidas adoptadas.
1. Los menores emancipados o habilitados de edad pueden ser declarados en situación de riesgo cuando carezcan de medios materiales de subsistencia o concurran otras circunstancias que permitan razonablemente temer que puedan estar incursos en el futuro en una situación de inadaptación.
2. En este caso, se adoptarán las medidas previstas en este capítulo como de apoyo a la persona del menor, a fin de procurar satisfacer sus necesidades básicas y promover su plena integración social y laboral. En particular, si lo necesitaren, podrá ofrecerse a estos menores alojamiento en las residencias gestionadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja o por Instituciones colaboradoras de integración familiar.
3. Si un menor declarado en situación de riesgo se emancipare o habilitare de edad y concurrieren las circunstancias señaladas en el número 1 de este artículo, se acordará la modificación de las medidas adoptadas, de acuerdo con lo establecido en el número precedente.
1. Procede declarar la situación de desamparo a que se refiere el artículo 172 del Código civil siempre que, de hecho, el menor carezca de la necesaria asistencia moral o material.
2. En particular, será apreciable la situación de desamparo en los siguientes casos:
a) Abandono del menor por parte de su familia.
b) Malos tratos físicos o psíquicos al menor.
c) Trastorno mental grave de quienes ostenten la patria potestad o la tutela, siempre que impida o limite gravemente los deberes de asistencia que conlleva.
d) Alcoholismo o drogadicción habitual en las personas que integran la unidad familiar, y en especial de quienes ostenten la patria potestad o la tutela, siempre que menoscaben gravemente el desarrollo y bienestar del menor.
e) Abusos sexuales o comportamientos o actitudes de violencia grave por parte de familiares o terceros en la unidad familiar del menor.
f) Inducción del menor a la mendicidad, la delincuencia, la prostitución o cualquier otra forma de explotación económica o sexual del menor de análoga naturaleza.
g) En general, cuando exista cualquier incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda y educación de los menores que comporte la objetiva desprotección moral o material de los mismos.
3. No concurre la situación de desamparo cuando un guardador preste de hecho al menor la necesaria asistencia moral o material. En tal caso, si lo requiriera el interés del menor, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá promover la formalización de dicha guarda como acogimiento familiar o el nombramiento del guardador como tutor.
4. No pueden ser declarados en situación de desamparo los menores emancipados o habilitados de edad.
1. En el momento en que se tenga conocimiento de que un menor pueda encontrarse en situación de desamparo, la Dirección General competente incoará expediente administrativo de protección, cuyo procedimiento de tramitación se regulará reglamentariamente. Sin perjuicio de los deberes de denuncia, en ningún caso podrá iniciarse el procedimiento a instancia de parte, ni podrá entenderse producida en él ninguna resolución por silencio administrativo.
2. La fase de instrucción del expediente contendrá un estudio pormenorizado de la situación personal y sociofamiliar del menor, con la finalidad de conocer el posible desamparo y las formas más adecuadas de protección.
3. En la tramitación del expediente se dará en todo caso audiencia a los padres, tutores o guardadores de hecho del menor, y también a éste, cuando sus condiciones de edad y madurez lo permitan, y siempre, si fuere mayor de doce años.
A tal fin, se notificará inmediatamente la incoación del expediente administrativo de protección a los padres, tutores o guardadores del menor, para que puedan comparecer en el mismo y ser oídos. La notificación se practicará personalmente, si fuera posible, o en otro caso por medio de edictos que se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio y en el «Boletín Oficial de La Rioja».
Los padres, tutores o guardadores del menor serán oídos siempre que comparezcan en el expediente antes de haberse dictado la resolución definitiva. Si comparecieren después de haberse declarado la situación de desamparo del menor, serán igualmente oídos, y se valorará la conveniencia de acordar el cese de la misma en los términos establecidos en los artículos 55 y 56 de esta Ley.
1. La situación de desamparo será declarada por el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela, por resolución expresa y motivada, en la que se expresarán los hechos que motivan la declaración. El plazo para dictar la resolución será de tres meses desde el inicio del expediente, transcurridos los cuales se entenderá éste caducado, sin perjuicio de que pueda iniciarse de nuevo si hubiere causa para ello.
2. La resolución administrativa declarando la situación de desamparo será comunicada al Ministerio Fiscal en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
3. La resolución se notificará, en el mismo plazo y si fueren conocidos, a los padres, tutores o guardadores del menor, que serán informados de manera presencial, siempre que sea posible, de los derechos que les asisten y de cómo pueden formular su oposición a la misma. La notificación y la información de la resolución adoptada podrá efectuarse en el mismo momento.
1. La resolución administrativa que declara la situación de desamparo de un menor determina, por ministerio de la ley, la atribución de su tutela a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que la ejercerá, en los términos que resultan de la legislación civil y de lo dispuesto en esta Ley, a través de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales.
2. En su condición de tutora, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja es la representante legal del menor tutelado, asume su guarda y viene obligada:
a) A velar por él, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
b) A administrar los bienes del menor tutelado con la diligencia de un buen padre de familia.
3. Dentro del plazo de los sesenta días siguientes a la declaración de la situación de desamparo, la Consejería competente en materia de protección de menores efectuará inventario de los bienes del tutelado y adoptará las disposiciones necesarias para su conservación y administración en los términos establecidos en la legislación civil. El inventario y las disposiciones adoptadas serán comunicadas al Ministerio Fiscal.
4. Cuando, para el ejercicio de sus funciones como tutora y de acuerdo con la legislación civil, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja deba obtener la previa autorización judicial, la solicitud de la misma requerirá del acuerdo del titular de la Consejería competente en materia de protección de menores, a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela. El mismo acuerdo será necesario, en cualquier caso, para realizar actos jurídicos que deban formalizarse por escrito y formular demandas o reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas en nombre y representación del menor y que éste, conforme a lo dispuesto en la ley, no pueda realizar por sí solo. Para la adopción de tales acuerdos, será necesario oír previamente al menor si sus condiciones de madurez lo permiten, y siempre si tuviere más de doce años.
5. La Consejería podrá encomendar la realización del inventario y la conservación y administración ordinaria de los bienes de los menores declarados en situación de desamparo a una fundación o persona jurídica sin fin de lucro cuya constitución hubiere sido acordada por el Gobierno de La Rioja y entre cuyos fines figure expresamente el ejercicio de tales funciones.
1. Cuando la falta de asistencia moral o material de un menor resulte de hechos notorios o que le consten a la Administración, y pueda existir peligro para el menor o cualquier otra causa que exija una intervención urgente, la Dirección General competente iniciará el expediente de protección declarando de inmediato la situación de desamparo mediante resolución motivada y disponiendo las medidas que sean necesarias al bienestar del menor. Esta resolución será notificada al Ministerio Fiscal y a los padres, tutores o guardadores del menor en el mismo plazo y forma determinados en el artículo 51.
2. En este caso, el expediente proseguirá con todos los trámites determinados en el artículo 50 y finalizará mediante resolución expresa y motivada dictada, en el plazo de tres meses desde el inicio del expediente, por el titular de la Consejería competente, a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela, en la que se confirmará la situación de desamparo o se declarará extinguida la misma, el cese de las medidas provisionales que se hubieran adoptado y el archivo del expediente.
3. La resolución a que se refiere el número 1 de este artículo determina igualmente la atribución de la tutela del menor a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que asumirá inmediatamente su guarda y representación legal. Sin embargo, el plazo para formalizar inventario no empezará a correr hasta que recaiga resolución definitiva confirmando la situación de desamparo. Tampoco podrá la Administración, mientras no se hubiere dictado ésta, pedir las autorizaciones ni realizar en nombre del menor los actos a que se refiere el número 4 del artículo 52, salvo los de carácter no patrimonial cuya realización no admita demora.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptará todas las medidas que sean necesarias para tramitar los expedientes y ejecutar las resoluciones por las que se declare a un menor en situación de desamparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2 de esta Ley, si el ejercicio de sus potestades se revelare insuficiente o ineficaz, pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la Autoridad judicial para que por ésta se adopten las disposiciones que considere oportunas a fin de hacer posible la actuación administrativa o efectiva la resolución que se hubiere dictado.
1. La situación de desamparo y la consiguiente tutela de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja cesarán por las siguientes causas:
a) Mayoría, habilitación de edad o matrimonio del menor.
b) Adopción del menor.
c) Resolución judicial firme.
d) Resolución del titular de la Consejería competente, a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela, cuando hubieren desaparecido los hechos o circunstancias que motivaron la situación de desamparo y resultare conveniente para el menor la reintegración en su familia.
e) Constitución de la tutela ordinaria sobre el menor, en los casos a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.
f) Fallecimiento del menor.
2. Siempre que sea posible y salvo que ello fuere contrario al interés del menor, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en los términos que se establecen en el artículo siguiente, acordará o promoverá el cese de la situación de desamparo para la reintegración del menor en su propia familia.
1. Declarada la situación de desamparo de un menor, las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja realizarán cuantas actuaciones sobre la familia de origen puedan contribuir a superar las causas del desamparo, si ello fuere posible, para favorecer el retorno de aquél a su núcleo familiar.
2. Si, al tiempo de declararse la situación de desamparo, el menor estuviere sometido a la patria potestad, el cese de la situación de desamparo, con la consiguiente reintegración a su familia de origen, sólo podrá acordarse cuando haya constancia de que el padre y la madre conjuntamente, o uno cualquiera de ellos, están en condiciones de ejercer adecuadamente las funciones inherentes a la patria potestad que hubieren quedado suspendidas por dicha declaración.
En el expediente, que podrá iniciarse de oficio o a solicitud de al menos uno de los titulares de la patria potestad, se dará necesariamente audiencia a los padres del menor y deberá constar expresamente el compromiso de ambos, o de uno de ellos, de ejercer adecuadamente las funciones inherentes a la patria potestad. Deberá ser oído también el propio menor si sus condiciones de madurez lo permiten, y siempre si fuere mayor de doce años. Si el menor tuviere más de dieciséis años, será preciso su consentimiento expreso.
Cumplidos estos requisitos, el titular de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela, resolverá lo procedente en interés del menor.
3. Mientras deba mantenerse la tutela de la Administración consecuente con la declaración de desamparo, para la reintegración del menor en su núcleo familiar se promoverá su acogimiento por personas idóneas de su propia familia, siempre que fuere posible y conforme al interés de aquél.
Se procurará, no obstante, el cese de la situación de desamparo y de la tutela de la Administración promoviendo, si el menor no estuviere sujeto a la patria potestad ni a la tutela ordinaria, el nombramiento como tutor del familiar o familiares que puedan asumir la tutela con beneficio para el mismo o, en su caso, la adopción del menor por personas idóneas de su propia familia.
4. Cuando el retorno a la familia se revele impracticable o inconveniente para el interés del menor, se procurará sin dilación su adopción por persona o personas idóneas.
A los exclusivos efectos de esta Ley, se consideran en situación de inadaptación los menores de dieciocho años y mayores de catorce respecto de los cuales los Jueces de menores con competencia en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja hubieren dictado alguna de las resoluciones siguientes:
a) La adopción de las medidas cautelares que regula el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
b) La adopción, por sentencia firme, de las medidas previstas en los apartados a) a k) del artículo 7.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
c) La adopción de las medidas de libertad vigilada o de actividad socioeducativa que, para el caso de suspensión de la ejecución del fallo de las sentencias, se contempla en el artículo 40.2.c) de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería competente, la ejecución de las medidas a que se refiere el número anterior, que se llevará a cabo en los términos que resulten de la resolución judicial que la imponga y de las que ulteriormente dicte el juez de menores para resolver las incidencias que se originen.
2. Reglamentariamente se establecerán las normas de organización y gestión necesarias para la adecuada ejecución de las medidas, así como las condiciones y supuestos en que podrán llevarse a cabo por Instituciones colaboradoras de integración familiar.
3. La Consejería competente comunicará anualmente al Ministerio Fiscal y, para su traslado a los Jueces de Menores, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, los centros, medios materiales y personales y servicios disponibles para la ejecución de las medidas a que se refiere este capítulo.
La Consejería competente designará el equipo técnico que, dentro del ámbito de la competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, habrá de evaluar las medidas a adoptar en las situaciones de inadaptación de los menores. Dicho equipo técnico estará a disposición del Ministerio Fiscal para su intervención en los expedientes sometidos a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en los casos y términos que la misma establece.
1. Además de cualesquiera otras actuaciones de prevención de situaciones de inadaptación que pueda desarrollar en el marco de lo establecido en el artículo 32 de esta Ley, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá intervenir, con esa finalidad, cuando los padres o el tutor de un menor, al amparo de lo dispuesto en los artículos 154 y 268 del Código civil, recaben su auxilio.
2. Formulada tal solicitud, una vez comprobados los hechos y si fuere conveniente al interés del menor y eficaz para los indicados fines preventivos, por resolución del titular de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, a propuesta del que lo sea de la Dirección General competente en materia de protección de menores, se podrán acordar las medidas de ayuda a domicilio o de intervención técnica reguladas en los artículos 44 y 45 de esta Ley, en este caso con finalidad educativa y encaminadas a superar las dificultades de adaptación social o familiar que presente la conducta del menor.
1. En relación con los menores declarados en situación de desamparo y sometidos a su tutela, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuando dicha declaración no hubiere comportado la suspensión de la patria potestad u otra tutela y existan personas que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con beneficio para éste, promoverá ante la Autoridad judicial el nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias de la legislación civil.
2. En relación con los menores de edad no emancipados y que no estuvieren bajo la patria potestad, cuando, por existir guardadores de hecho del menor, éste no se encuentre privado de la necesaria asistencia moral o material, si la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja tuviere conocimiento de ello lo comunicará al Ministerio Fiscal y a la Autoridad judicial, a los efectos prevenidos en el artículo 229 del Código civil.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja asumirá la guarda de los menores en los casos siguientes:
1.º Como función de la tutela que le corresponde por ministerio de la ley respecto de los menores declarados en situación de desamparo conforme a las prescripciones de esta Ley.
2.º A solicitud de los padres o tutores de un menor cuando, por circunstancias graves debidamente acreditadas, aquéllos no puedan cuidarlo.
3.º Cuando así lo acuerde la Autoridad judicial en alguno de los casos siguientes:
a) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores.
b) Como medida provisional en un proceso de nulidad del matrimonio, separación o divorcio.
c) Como medida cautelar en los procesos de impugnación de la filiación.
d) Como determinación adoptada dentro de cualquier proceso civil o penal o en un procedimiento de jurisdicción voluntaria por incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad o la tutela.
e) En todos los demás casos en que la ley permita la adopción de tal medida.
1. La guarda se ejercerá mediante acogimiento familiar o acogimiento residencial. En caso de acogimiento familiar, ejercerán las funciones propias de la guarda la persona o personas que para ello seleccione la Consejería competente. En caso de acogimiento residencial, ejercerá las funciones propias de la guarda el Director del Centro en el que esté acogido el menor.
2. Salvo que otra cosa requiera el interés del menor, el internamiento de los menores en centros residenciales tendrá carácter provisional y será subsidiario del acogimiento familiar.
3. Se favorecerá el mantenimiento y fomento de los vínculos fraternales, cualquiera que sea la medida de protección acordada, procurando la convivencia de los hermanos.
La guarda de un menor determina para quien la ejerce las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
La responsabilidad por los daños causados o sufridos por los menores sometidos a la guarda de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja corresponde a ésta, y será exigible conforme a lo dispuesto por las leyes para la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuando actúen en relaciones de Derecho privado.
Cuando cese la guarda por la mayoría de edad o la emancipación o habilitación de edad de un menor, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá adoptar medidas de apoyo dirigidas a facilitar su vida independiente e integración sociolaboral.
1. La guarda de los menores en situación de desamparo comporta el ejercicio del contenido personal de la tutela que corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, bajo la vigilancia de ésta y la superior del Ministerio Fiscal.
2. Salvo lo dispuesto en el número siguiente de este artículo, la representación legal del menor y la administración de sus bienes corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma, que las ejercerá en la forma señalada en el artículo 52 de esta Ley. Sin embargo, la facultad de representar al menor para actos ordinarios no incluidos en dicho precepto se entiende delegada en quienes ejerzan las facultades de guarda de su persona por medio del acogimiento familiar o residencial.
3. Si la guarda del menor se ejerciere a través de un acogimiento familiar permanente, la Consejería competente en materia de servicios sociales, por resolución de su titular a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela, podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al superior interés del menor.
1. La modalidad de acogimiento procedente se determinará en la resolución por la que se declare al menor en situación de desamparo, en la que, a la vista del estudio de la situación personal y sociofamiliar del menor y demás datos contenidos en el expediente, se especificará, atendiendo a los criterios que señala el artículo 75, si debe constituirse un acogimiento residencial y en qué centro, o uno familiar y, en este último caso, si simple o permanente, señalando la persona o personas que conste están dispuestas a acoger al menor.
2. Si la resolución por la que se declare al menor en situación de desamparo estableciere la procedencia del acogimiento residencial, se procederá inmediatamente a su ejecución, disponiendo el ingreso del menor en el centro que se hubiere especificado y confiando su guarda al Director del mismo.
3. Si la resolución por la que se declare al menor en situación de desamparo estableciere la procedencia del acogimiento familiar, se formalizará éste en el plazo más breve posible, en todo caso no superior a quince días desde que aquélla se hubiere dictado. Formalizado el acogimiento conforme a lo establecido en el artículo 86, se procederá a la ejecución de la resolución por la que se hubiese declarado el desamparo, confiando la guarda del menor al acogedor o acogedores.
Cuando los padres que no estuvieren privados de la patria potestad, o el tutor del menor, no hubieren prestado con anterioridad su consentimiento y no lo prestaren en el momento de la formalización del acogimiento familiar, se presentará la oportuna propuesta al Juez, en un plazo no superior a quince días desde la última vez que ésta se hubiere intentado dentro del término que se establece en el párrafo anterior. En este caso, en interés del menor, el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales podrá acordar un acogimiento familiar provisional designando como acogedores a la persona o personas que en tal concepto hubieren prestado su consentimiento, a los que se confiará la guarda del menor en tanto no recaiga la resolución judicial.
Si quien no prestare su consentimiento a la formalización del acogimiento familiar fuera el propio menor que tuviera doce años cumplidos, se acordará de inmediato su acogimiento residencial. El mismo acuerdo se adoptará si hubiera razones objetivas para temer que cualquier dilación en la ejecución de la resolución por la que se hubiere declarado el desamparo podría poner en riesgo la vida, la salud del menor o la efectividad misma de dicha declaración. En estos casos, el acogimiento residencial acordado tendrá carácter provisional, en tanto no pueda formalizarse el acogimiento familiar que reclame el interés del menor.
4. La modalidad de acogimiento acordada en la resolución por la que se declare la situación de desamparo del menor podrá modificarse con posterioridad, en los términos del artículo 78. Igualmente podrá disponerse, sin modificar la medida de acogimiento residencial, el traslado del menor a otro centro, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que se determinan en el artículo 88.2.
1. En las resoluciones por las que se declare el desamparo o se modifique la modalidad de acogimiento acordada se fijará en todo caso el régimen de visitas de los padres del menor.
Por régimen de visitas se entiende su frecuencia y modalidad, correspondiendo al Director del centro, en el caso del acogimiento residencial, y a los acogedores, en el del acogimiento familiar, determinar, dentro del marco que hubiere establecido la resolución, los días y horas concretos en que deban tener lugar las visitas. Si ello originare controversias, las resolverá, en resolución motivada, el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela. Del mismo modo podrá modificarse el régimen de visitas, si hubiere causa para ello.
Si no fuere posible la reintegración del menor en su medio familiar ni convenientes las visitas de los padres atendido el interés del menor, se someterá el caso al Juez civil competente para que resuelva lo que proceda, pudiendo solicitarse que, en tanto recaiga resolución definitiva, suspenda cautelarmente las visitas.
2. Los acogedores del menor, o el Director del centro en el caso del acogimiento residencial, no podrán impedir sin justa causa las relaciones personales entre aquél y otros parientes y allegados. Si se opusieran a ellas, la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, a instancia de dichas personas o del propio menor, resolverá lo que proceda atendidas las circunstancias.
3. Las resoluciones que dicte la Consejería en relación con las visitas serán recurribles ante los órganos de la jurisdicción civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa.
La guarda de los menores en situación de desamparo cesa cuando ésta finalice por cualquiera de las causas que se establecen en el artículo 55 de esta Ley.
1. Cuando los padres o el tutor o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja que ésta asuma su guarda durante el tiempo necesario.
2. Cuando el padre y la madre del menor no estuvieren privados de la patria potestad, habrán de presentar su solicitud conjuntamente. Sin embargo, la solicitud de uno de ellos podrá ser suficiente si el otro no pudiere comparecer en el expediente o si, aun haciéndolo y manifestando su oposición, resulte del mismo la imposibilidad de que dicho progenitor pueda proporcionar al menor la necesaria asistencia moral o material.
3. No podrá dar lugar a la asunción de la guarda la concurrencia de circunstancias que puedan solventarse mediante la declaración de la situación de riesgo del menor y la adopción de las oportunas medidas de apoyo a la familia.
1. Presentada la solicitud, la Dirección General competente en materia de protección de menores iniciará el oportuno expediente, en el cual, con audiencia en todo caso del menor si tuviera doce años cumplidos o madurez suficiente, deberá quedar acreditado que concurren las circunstancias graves alegadas por los padres o tutores del menor. La Dirección General formulará propuesta de resolución al titular de la Consejería, a quien corresponderá dictar resolución expresa y motivada aceptando o denegando la solicitud de guarda del menor, si bien el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa al interesado o interesados que hubieran presentado la solicitud, dará lugar a su desestimación por silencio administrativo. En la resolución se determinará la modalidad de acogimiento procedente y el centro o la persona o personas de los acogedores.
2. Si la solicitud hubiera sido resuelta positivamente, la entrega del menor en guarda a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja se formalizará por escrito dejando constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Administración.
Si la resolución hubiera considerado procedente que se ejerza la guarda del menor mediante acogimiento familiar, en el mismo acto se procederá a la formalización del mismo. Si el menor tuviere doce años cumplidos y no consintiere al acogimiento, se acordará de inmediato el acogimiento residencial con carácter provisional.
3. Si el interés del menor lo requiriera, podrá modificarse el tipo de acogimiento constituido o, previo cumplimiento de los trámites procedentes, las personas de los acogedores. Tales modificaciones se acordarán por el titular de la Consejería competente en resolución motivada y previo el oportuno expediente, y se comunicará a los padres o tutores solicitantes de la guarda y al Ministerio Fiscal.
4. Salvo lo estrictamente requerido por el funcionamiento de los centros u hogares de acogida, en el caso de la guarda a solicitud de los padres o del tutor no pueden restringirse las visitas ni las relaciones personales del menor con sus padres o su tutor, como tampoco con otros parientes o allegados.
1. Si los padres o tutores tuvieren recursos económicos suficientes, en la resolución en la que se acuerde la asunción de la guarda del menor se establecerá la cantidad que deben abonar por los gastos de cuidado y manutención del menor asumidos a su solicitud por la Administración.
2. En tal caso, la Administración, previamente a la entrega del menor en guarda, podrá exigir a los padres o tutores del menor la prestación de garantía real o personal suficiente para atender a la obligación de pago.
1. La guarda asumida por la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja a solicitud de los padres o tutores del menor cesará, además de por la mayoría de edad, emancipación o habilitación de edad del menor, a petición de los propios solicitantes.
2. Cesará igualmente en virtud de resolución del titular de la Consejería competente, cuando hubieren desaparecido los hechos o circunstancias que motivaron la asunción de la guarda y se constate la voluntad de los padres o el tutor de hacerse cargo del menor.
3. Si, dictada que fuere la resolución a que se refiere el número anterior, el padre, la madre o el tutor no se hicieren cargo del menor, se iniciará el oportuno expediente para declarar al menor en situación de desamparo, en su caso por el procedimiento de urgencia que se regula en el artículo 53 de esta Ley.
1. El acogimiento es el modo de ejercicio de la guarda asumida sobre un menor por la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en alguno de los supuestos enunciados en el artículo 62 de esta Ley, consistente en la integración del menor en una familia, en su modalidad de familiar, o en su internamiento en una institución, en la modalidad de residencial.
2. La persona o personas en cuyo favor se haya constituido el acogimiento, en el familiar, y el Director del Centro, en el residencial, ejercerán las funciones propias de la guarda, asumiendo las obligaciones de velar por el menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. En el desempeño de estas funciones, respetarán las instrucciones y la facultad de inspección que como titular de la guarda corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
1. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales, para proceder a la aplicación de la medida del acogimiento, se guiará por los siguientes criterios:
a) Prioridad del acogimiento familiar sobre el residencial.
b) Mantenimiento del menor en su propio entorno, prefiriendo en lo posible el acogimiento en familia extensa del menor o en favor de personas con quien éste hubiera sostenido previamente relaciones positivas, siempre que su interés resulte así salvaguardado.
c) Promoción del retorno del menor a su familia de origen. Para ello, se facilitarán las relaciones del menor con aquélla, impidiéndose sólo en aquellos casos que claramente contraríen su interés.
d) Respeto y fomento de los vínculos fraternales, procurando la atribución del acogimiento de todos los hermanos a la misma familia o institución, en lo posible. En caso contrario, se favorecerán las relaciones entre los hermanos, mediante la fijación de visitas y contactos periódicos.
2. Para salvaguardar el interés del menor, las medidas de acogimiento se adoptarán, en todo caso, bajo los principios de intervención mínima y de proporcionalidad establecidos en el artículo 36 de esta Ley.
1. Como consecuencia de la declaración de desamparo en caso de urgencia contemplada en el artículo 53 de esta Ley y en tanto la Consejería competente en materia de servicios sociales dicte resolución definitiva sobre el desamparo, podrá procederse al acogimiento de urgencia del menor en familia o institución, según venga requerido para su mejor atención.
2. Por su carácter transitorio, este acogimiento no requerirá del cumplimiento de las formalidades propias de esta medida ni, aun recayendo en familia, habrá de ajustarse a alguna de las tres modalidades previstas para el acogimiento familiar. No obstante, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de esta Ley, habrá de comunicarse al Ministerio Fiscal y, si fuera posible, a los padres, tutores o guardadores de hecho del menor, en el plazo de cuarenta y ocho horas, junto a la declaración de desamparo de urgencia.
3. Este acogimiento de urgencia, en tanto dependiente de la declaración definitiva de desamparo, no podrá exceder de tres meses.
1. La Consejería competente en materia de servicios sociales iniciará y desarrollará un proceso de seguimiento continuado del que quedará constancia en informes periódicos elaborados al menos cada seis meses, de los menores sometidos a acogimiento familiar o residencial, a fin de evaluar la adaptación del menor a la medida, su desarrollo acorde a las necesidades del menor y las perspectivas de retorno a su familia de origen. El resultado de este seguimiento se expresará en un informe, que se incorporará al expediente del menor.
2. Los acogedores tienen el derecho y el deber de colaboración con la Administración en esta labor de seguimiento, especialmente permitiendo el acceso al menor de modo que quede plenamente garantizada su libertad de expresión y la confidencialidad de sus manifestaciones.
3. Con independencia de las actuaciones que el Ministerio Fiscal emprenda en cumplimiento de sus obligaciones, la Consejería competente en materia de servicios sociales le dará traslado del informe en que se recojan las conclusiones de esta labor de seguimiento.
1. De conformidad con lo establecido en la legislación civil vigente, el acogimiento del menor cesará:
a) Por resolución judicial, necesariamente si el acogimiento se constituyó por esta vía.
b) Por decisión de la persona o familia de acogida, previa comunicación a la entidad pública.
c) De oficio o a petición del tutor o de los padres que tengan la patria potestad y reclamen su compañía, o del propio menor, por resolución del titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, bien por haber desaparecido la situación de desprotección que motivó la constitución del acogimiento, bien cuando lo considere aquélla necesario para salvaguardar el interés del menor. En el expediente se oirá en todo caso a los acogedores, al propio menor, y a su tutor o a los padres que no estuvieren privados de la patria potestad.
d) Por la mayoría de edad, emancipación o habilitación de edad del menor.
e) Por la constitución de la adopción.
2. Cuando la situación y el interés del menor aconsejen la modificación de la modalidad del acogimiento, será necesario promover conjuntamente el cese del existente y la constitución del procedente, de conformidad con el procedimiento previsto.
3. Todas las actuaciones de formalización, modificación y cesación del acogimiento se practicarán con la obligada reserva.
1. El acogimiento familiar procura la integración del menor en un núcleo familiar estable y adecuado a sus necesidades para ofrecerle atención en un marco de convivencia, bien sea con carácter temporal, permanente o como paso previo a la adopción.
2. La persona o personas acogedoras vienen obligadas a prestar al menor todos los cuidados personales necesarios, y en concreto a velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral. Asimismo, los acogedores tienen el derecho y el deber de colaborar con la Administración en las actuaciones que ésta desarrolle para lograr la plena integración social del menor, en especial facilitando, en su caso, las relaciones de éste con su familia de procedencia y las labores de seguimiento que aquélla periódicamente desarrolle.
De conformidad con la legislación civil vigente, el acogimiento familiar puede ser:
a) Simple o transitorio, indicado cuando la situación del menor permita prever la reinserción en su propia familia o en tanto se adopte una medida de protección más estable.
b) Permanente, indicado cuando la edad u otras circunstancias personales o familiares del menor desaconsejen o impidan la constitución del acogimiento preadoptivo, al tiempo que permitan prever una duración prolongada de la medida de protección.
c) Preadoptivo, indicado cuando previéndose la imposibilidad de reinserción del menor en su familia de origen, se considere lo más favorable a su interés la plena integración en otra familia a través de la adopción. Este acogimiento se formalizará por la Consejería competente en materia de servicios sociales como paso previo a la adopción, con anterioridad a la elevación de la propuesta de ésta al Juez. Constatada la evolución positiva y satisfactoria del acogimiento, la propuesta de adopción habrá de presentarse en el plazo máximo de nueve meses desde la constitución de aquél.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja prestará a los menores, las personas acogedoras y a la familia de origen la colaboración precisa para hacer efectivos los objetivos de la medida, así como los apoyos de carácter técnico, jurídico o social precisos en función de las necesidades del menor, características del acogimiento y dificultades de su desempeño.
2. Los acogimientos familiares simple y permanente podrán ser remunerados, rigiéndose los requisitos, condiciones y procedimiento para el establecimiento de la remuneración por las correspondientes disposiciones reglamentarias. Del mismo modo, pero sólo de forma transitoria, también los acogimientos preadoptivos de menores con características, circunstancias o necesidades especiales podrán ser remunerados.
1. El acogimiento familiar simple y el permanente podrán ejercerse con carácter profesionalizado, cuando recaigan en persona o personas especialmente cualificadas que acogen en su núcleo familiar a uno o varios menores y reciben una cantidad por su labor y por los gastos de alimentación y educación del menor o menores acogidos.
2. Reglamentariamente se determinará el número máximo de menores que puedan tenerse en acogimiento profesionalizado y el régimen e importe de las cantidades a percibir por este concepto, así como los requisitos de formación de los acogedores.
1. El acogimiento familiar simple y el permanente podrán ejercerse en hogar funcional, entendiendo por tal un núcleo de convivencia similar al familiar donde su responsable o responsables residen de modo habitual. Los hogares funcionales podrán depender de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de las Entidades Locales o de Instituciones colaboradoras de integración familiar, debidamente acreditadas por aquélla.
2. El acogimiento en hogar funcional tendrá carácter remunerado, conforme al régimen y cuantía que se determine reglamentariamente.
3. En cada hogar funcional podrá acogerse el número máximo de menores que se establezca reglamentariamente, en atención a la superficie útil y las condiciones y medios de que disponga.
4. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales ejercerá la inspección y control de los hogares funcionales. A estos efectos, los responsables de los hogares están obligados a informar periódicamente sobre la situación personal de los menores acogidos.
1. Los acogedores serán seleccionados en función del interés primordial del menor, considerando, entre otros factores, la aptitud educadora, la situación familiar, la relación previa con el menor y los demás criterios de idoneidad que se establezcan reglamentariamente, en atención tanto a la modalidad como a la finalidad del acogimiento.
2. Para favorecer la reintegración familiar y evitar el desarraigo del menor, tendrán preferencia para ser acogedores los miembros de su familia extensa o las personas con una previa y positiva relación con el menor, siempre que demuestren suficiente capacidad y disponibilidad para su atención y desarrollo integral.
3. Los acogedores profesionales y los responsables de los hogares funcionales habrán de contar, previamente a la formalización del acogimiento, con la declaración de idoneidad para el desempeño de sus labores.
4. En el acogimiento preadoptivo, los acogedores habrán de contar con una previa declaración de idoneidad, y serán seleccionados según los criterios de valoración previstos para la adopción.
1. La Dirección General competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá campañas de sensibilización social e información para la búsqueda de personas dispuestas a asumir el acogimiento de menores, especialmente en sus modalidades de simple y permanente y en relación con menores con características, circunstancias o necesidades especiales.
2. En toda clase de acogimiento, quienes vayan a acoger por primera vez a un menor sin haber mantenido con él una especial y cualificada relación previa, deberán recibir antes una formación específica.
1. Las resoluciones que dicte el titular de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, por las que se acuerde que procede ejercer la guarda de un menor mediante su acogimiento familiar, contendrán todos los extremos a que se refieren los números 2.1 a 6.1 del párrafo segundo del artículo 173.2 del Código civil.
2. Adoptada que sea una de las resoluciones a que se refiere el número anterior, se procederá a la formalización por escrito del acogimiento familiar. A tal fin, se extenderá por triplicado ejemplar un acta con el siguiente contenido:
a) La transcripción íntegra de la resolución administrativa por la que se declare la procedencia del acogimiento familiar.
b) Expresión de que, en consecuencia, se procede a la formalización del acogimiento, al que prestan su consentimiento los acogedores, el menor si tuviera doce años cumplidos y los padres que no estuvieren privados de la patria potestad o el tutor del menor.
Si los padres no fueren conocidos o hubieren prestado su consentimiento con anterioridad, se certificarán estos extremos por la autoridad certificante de la Consejería, incorporándose los oportunos certificados como anexo al acta.
El consentimiento de las personas especificadas en el apartado b) se ratificará con su firma y en unidad de acto. No obstante, si no fuere conveniente al interés del menor la presencia de sus padres o de su tutor, la firma de éstos podrá llevarse a cabo con carácter previo o posterior, lo que se hará constar en el acta mediante diligencia.
Se incorporará igualmente, como anexo al acta, un informe del equipo técnico de atención a menores en el que se justificará la procedencia del acogimiento familiar acordado.
El acta se rubricará con un conforme, en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por el titular de la Dirección General competente en materia de protección de menores.
3. Uno de los ejemplares del acta de formalización del acogimiento familiar se custodiará en la Consejería competente en materia de servicios sociales, remitiéndose el otro al Ministerio Fiscal y el tercero a las personas acogedoras.
4. A falta del consentimiento de los padres o tutor facultados para prestarlo, se solicitará al Juez, en un plazo máximo de quince días, la constitución del acogimiento familiar, formulando a tal efecto la oportuna propuesta, con el contenido que establece el párrafo primero del artículo 173.3 del Código Civil.
1. El acogimiento residencial comporta el ingreso de un menor en un centro residencial de titularidad de la Comunidad Autónoma, o de una institución pública o privada colaboradora, conforme a sus características, con la finalidad de recibir la atención, educación y formación adecuadas.
2. Conlleva la atribución del ejercicio de la guarda del menor al Director del centro o institución, bajo la vigilancia de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales y la superior del Ministerio Fiscal.
3. Se adoptará esta medida cuando el acogimiento familiar no resulte posible o aconsejable, atendiendo siempre al interés superior del menor, y por el tiempo que sea estrictamente necesario. A tal fin, cuando se acuerde el acogimiento residencial se programarán los recursos y medios necesarios para el retorno del menor a su familia o para la adopción de otras medidas, en interés siempre del menor.
1. El acogimiento residencial procederá por resolución del órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja adoptada conforme a lo dispuesto, para sus respectivos casos, en los artículos 67 y 71 de esta Ley; y por decisión judicial, en los supuestos a que se refiere el artículo 62.3.1 de la misma.
2. En todo caso, corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja la determinación del centro concreto en que ha de ser ingresado el menor, decisión que se adoptará, motivadamente, en función de la disponibilidad de plazas, las características de los centros y las circunstancias personales del menor, atendiendo siempre a su superior interés.
3. Adoptada la medida, será inmediatamente comunicada por escrito a los padres, tutores, guardadores y al Ministerio Fiscal, así como al propio menor si tuviere suficiente juicio.
1. Los centros radicados en la Comunidad de La Rioja podrán ser públicos o concertados. Son públicos aquellos cuya dirección y gestión corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma y concertados los que, perteneciendo a otras entidades públicas o privadas y careciendo de ánimo de lucro, están autorizados como tales por el órgano administrativo competente en atención a los requisitos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
2. Con independencia de la superior vigilancia que corresponde al Ministerio Fiscal, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja inspeccionará y supervisará, al menos semestralmente, el funcionamiento de los centros y el desarrollo y cumplimiento de los programas de protección, tanto generales como individuales, así como el respeto en los centros de los derechos de los menores, con emisión de un informe valorativo. Dicho informe se remitirá, asimismo, al Ministerio Fiscal.
1. Los centros de atención de menores podrán ser de diverso tipo según las características de la población a que atiendan. Se procurará el ingreso en ellos de menores de características similares, para evitar siempre cualquier situación que pueda resultar perjudicial o arriesgada para el menor.
2. Los centros se organizarán en unidades de convivencia reducidas, a fin de favorecer la atención de las necesidades del menor, su desarrollo integral, el respeto a su identidad e intimidad y el establecimiento de relaciones afectivas personalizadas.
3. Cada centro dispondrá de un proyecto socioeducativo de carácter general, con independencia del individualizado para cada menor, así como de unas normas de régimen interior, cuyos contenidos serán objeto de desarrollo reglamentario.
4. El personal del centro efectuará, al ingreso del menor, un proyecto socioeducativo individualizado en el que, para conseguir el objetivo de lograr su desarrollo personal e integración social, se fijarán los objetivos a lograr a corto, medio y largo plazo. Deberá potenciarse la preparación escolar y ocupacional.
1. El acogimiento residencial de menores con graves deficiencias o discapacidades físicas o psíquicas o alteraciones psiquiátricas sujetos a protección se realizará en centros específicos, con la correspondiente autorización judicial en su caso.
2. El acogimiento residencial de menores sujetos a protección en que se detecte consumo de drogas se realizará en centros adaptados a sus necesidades, cuando su tratamiento en centros ambulatorios no resulte suficiente.
3. Para menores con graves problemas de socialización, inadaptación o desajuste social se establecerán centros especiales, cuyo proyecto socioeducativo se dirigirá, en especial, a la integración social del menor y su incorporación a los centros normalizados.
4. Cuando el interés del menor requiera su acogimiento en un centro de características específicas y no exista en el ámbito territorial de La Rioja ninguno que las reúna, se acordará su acogimiento residencial en un centro adecuado de otra Comunidad Autónoma. A tal fin, y en la forma que se determine reglamentariamente, deberá quedar acreditada en el expediente tal adecuación y, en todo caso, que dichos centros están autorizados por la Administración competente.
Asimismo, cuando no convenga al interés del menor su permanencia en el territorio de La Rioja, podrá acordarse su acogimiento residencial en un centro ubicado en otra Comunidad Autónoma, autorizado por la Administración competente y que reúna los demás requisitos que se fijen reglamentariamente.
1. Corresponde en exclusiva a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja la gestión del procedimiento de adopción en el ámbito territorial de La Rioja, que comprende la recepción y tramitación de solicitudes, la declaración de idoneidad de los solicitantes, la selección de adoptantes y la propuesta de adopción ante la Autoridad judicial competente.
2. En materia de adopción internacional, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja ejerce las competencias y funciones establecidas por la legislación nacional e internacional vigente, en virtud de su condición de Autoridad Central a los efectos del Convenio de La Haya en materia de Adopción Internacional de 1993.
3. Las entidades colaboradoras debidamente habilitadas podrán intervenir en la adopción internacional en el ámbito territorial de La Rioja, desarrollando las funciones de mediación que les otorga la legislación vigente y de acuerdo con el contenido de su habilitación específica.
1. En los procedimientos de adopción, todas las actuaciones administrativas se desarrollarán con la necesaria reserva y confidencialidad, evitando especialmente que la familia de origen conozca a la adoptiva o preadoptiva.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja asegurará la conservación de la información de que disponga relativa a los orígenes del menor, en particular la identidad de sus padres, así como la historia médica del menor y su familia. El acceso del adoptado a dicha información se posibilitará en la medida en que lo disponga la legislación vigente.
3. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja facilitará a las personas adoptantes toda la información disponible, no sujeta a especial protección, sobre el adoptando y la familia de origen.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja desarrollará campañas de sensibilización social dirigidas a la captación de adoptantes, en especial para promover la adopción de menores con características, circunstancias o necesidades especiales.
2. A quienes manifiesten interés en convertirse en adoptantes, la Dirección General competente les procurará información previa, cumplida y detallada, sobre el procedimiento y efectos de la adopción en sus modalidades de nacional e internacional, con especial referencia a las características de los menores, los criterios de valoración de la idoneidad y de selección de los adoptantes, la duración estimada del proceso y la identidad, posibilidad de intervención y funciones de las entidades colaboradoras.
3. Para admitir a trámite una solicitud de adopción, los solicitantes deberán haber completado un proceso de formación acerca de las responsabilidades parentales, el contenido e implicaciones de la adopción y sus particularidades frente a la paternidad biológica.
4. Durante la tramitación de todo procedimiento de adopción, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja procurará a los solicitantes de adopción información detallada sobre el estado del expediente, así como de los cauces posibles de intervención y formulación de quejas, si aquéllos lo requirieren.
1. Podrán presentarse, simultáneamente o no, una solicitud de adopción nacional y otra de adopción internacional, que podrán ser tramitadas simultáneamente.
2. Iniciada la tramitación de una solicitud de adopción internacional, cabrá suspenderla para iniciarla en otro país, por causa justificada.
3. Si a través de la adopción nacional se asignara un menor a quien hubiera instado también un procedimiento de adopción internacional, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja lo comunicará oficialmente al país en que se tramite la adopción internacional.
4. Si a través de la adopción internacional se asignara un menor a un solicitante también de adopción nacional, la Comunidad Autónoma de La Rioja suspenderá la tramitación de esta solicitud, sin pérdida de la antigüedad, archivándose tras la culminación de los trámites de adopción del menor extranjero.
No se admitirán las solicitudes de adopción, excluyéndose con carácter previo a su valoración técnica para la declaración de idoneidad, cuando:
a) Los solicitantes no se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos o no reúnan los requisitos establecidos en la legislación civil.
b) Los solicitantes hubieran sido declarados no idóneos por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja o por el ente correspondiente de otra Comunidad Autónoma y no presenten un principio de prueba de haber desaparecido las causas que motivaron la valoración negativa.
c) En caso de adopción conjunta, los solicitantes no acrediten tres años de convivencia.
d) Los solicitantes no hubieren completado el proceso de formación a que se refiere el artículo 94.3 de esta Ley.
1. La declaración de idoneidad comporta una constatación administrativa sobre la adecuación y aptitud de los solicitantes de adopción para asumir los efectos de ésta como forma de filiación y ejercer los deberes inherentes a la patria potestad.
2. Los criterios de valoración para la declaración de idoneidad se determinarán reglamentariamente, incluyendo consideraciones sobre los solicitantes relativas a:
a) Condiciones de salud física y psíquica.
b) Edad.
c) Situación socioeconómica e integración social.
d) Condiciones de la vivienda y del entorno.
e) Motivación, actitud y expectativas respecto a la adopción.
f) En su caso, relaciones entre la pareja.
g) Capacidad y disponibilidad para atender las necesidades educativas y de desarrollo del menor.
h) Voluntad concorde de todos los miembros que convivan en la familia hacia la adopción.
i) Capacidad para asumir la historia personal del menor y sus circunstancias.
3. La declaración de idoneidad podrá incluir especificaciones relativas a la diferencia de edad con el posible adoptando y con sus circunstancias y características.
1. El proceso de valoración sobre la idoneidad de los solicitantes no se prolongará más allá de seis meses desde que se hubiere formulado la solicitud. Vencido dicho plazo, la solicitud se entenderá negativamente valorada.
2. El orden de valoración respetará la cronología en la presentación de las solicitudes, con excepción de las que acepten menores con características, circunstancias o necesidades especiales.
3. La resolución sobre la idoneidad de los solicitantes será motivada, con expresión de sus causas, y se notificará a aquéllos.
4. De conformidad con lo previsto en la legislación civil, las resoluciones sobre idoneidad podrán recurrirse ante la jurisdicción civil sin necesidad de reclamación administrativa previa.
1. La declaración de idoneidad se inscribirá en el folio de sus titulares en el Libro Segundo del Registro de Protección de Menores de La Rioja.
2. La declaración de idoneidad no reconoce derecho alguno a formalizar la adopción de un menor. Podrá revisarse en caso de alteración de las circunstancias de los solicitantes.
3. Salvo alteración de las circunstancias consideradas en la valoración, la declaración de idoneidad caducará a los tres años de la notificación de la resolución a los solicitantes. Transcurrido este plazo sin haber sido seleccionados para una adopción, los solicitantes habrán de iniciar nuevo procedimiento de valoración, que, de instarse antes del transcurso de dos meses tras la caducidad del previo y concluir con nueva valoración positiva, comportará el mantenimiento del orden de prioridad.
4. Para el caso de renovación, el proceso de valoración de la idoneidad se resolverá en un plazo de tres meses desde la solicitud de renovación. Vencido dicho plazo sin haber recaído resolución, la declaración de idoneidad se considerará renovada.
La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja fomentará las actuaciones de apoyo dirigidas a propiciar la plena integración familiar y social del menor adoptado, dispensando atención a todas las partes implicadas, y especialmente en casos de adopción de menores con características, circunstancias y necesidades especiales.
1. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja promoverá la adopción de los menores sometidos a su actuación cuando, una vez valorada exhaustivamente su situación y circunstancias, se constate la inviabilidad de la reintegración del menor en su familia de origen, guiándose siempre por el interés del menor y la adecuación de la medida a sus necesidades.
2. Con independencia de las actuaciones a celebrar ante el Juez, antes de promover la adopción de un menor la Comisión de adopción, acogimiento y tutela constatará su voluntad si fuere mayor de doce años y valorará su opinión si, siendo menor de dicha edad, tuviere suficiente juicio. Asimismo, la Comisión constatará la voluntad conforme a la adopción de los padres biológicos, en los casos en que la legislación vigente exija su asentimiento para la constitución de la adopción.
3. Con carácter previo a la promoción de la adopción, la Comisión de adopción, acogimiento y tutela de La Rioja evaluará el desarrollo del acogimiento preadoptivo del menor, para comprobar que asegura su plena integración familiar.
A los efectos de promover su adopción, se consideran menores con características, circunstancias o necesidades especiales a los grupos de hermanos, a los mayores de seis años, a quienes sufran discapacidades o enfermedades físicas o psíquicas, a quienes hayan sufrido experiencias traumáticas como los malos tratos o, en general, a quienes presenten circunstancias personales o sociales que dificulten grave y objetivamente su integración social.
1. Ante la existencia de un menor susceptible de ser adoptado, la Consejería competente en materia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela, seleccionará a la persona o personas más adecuadas de entre las declaradas idóneas e inscritas como solicitantes de adopción en el Registro de Protección de Menores de La Rioja.
2. Los criterios de selección se establecerán reglamentariamente atendiendo a la aptitud resultante de la declaración de idoneidad, la relación y composición familiar y aquellas otras condiciones que se determinen teniendo en cuenta, primordialmente, el superior interés del menor.
3. No podrá seleccionarse solicitantes declarados idóneos en tanto no transcurra un año desde el nacimiento del menor de sus hijos o desde la incorporación al hogar del último menor en proceso de adopción, salvo que se trate de promover la adopción de un hermano de éste.
4. El rechazo injustificado de un menor causará la exclusión del solicitante del Registro de Protección de Menores de La Rioja. No se considerará injustificado el que se base en el estado de salud del menor.
1. Las personas interesadas en la adopción de un menor extranjero formularán ante la Consejería competente en materia de protección de menores una solicitud de declaración de idoneidad para la adopción internacional, y serán valorados de acuerdo con el mismo procedimiento y los mismos criterios establecidos en los artículos precedentes, salvo las especialidades que reglamentariamente se determinen.
2. En los procesos de adopción internacional, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja será competente para las siguientes actuaciones:
a) Información y formación de las personas interesadas.
b) Recepción y valoración de las solicitudes de declaración de idoneidad.
c) Recepción, registro y tramitación de las solicitudes de adopción, bien directamente bien a través de entidades colaboradoras debidamente acreditadas.
d) Aceptación de la asignación del menor realizada por la Autoridad Central del país de origen.
e) Seguimiento de la adopción cuando así lo exija el país de origen del menor adoptado.
1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja la habilitación de las entidades colaboradoras que realicen funciones de mediación en materia de adopción internacional, la regulación de sus funciones y actuación, la determinación de sus obligaciones y su inspección, control y posibles sanciones, estableciendo indicadores de funcionamiento cuya publicidad sirva de referencia a los usuarios.
2. Las entidades colaboradoras de adopción internacional deberán estar expresamente habilitadas para operar en el territorio de la Comunidad Autónoma.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma facilitará cauces de participación en sus órganos de protección de menores a las entidades sin ánimo de lucro implicadas en la atención, protección y reinserción de menores, a fin de recibir asesoramiento y propuestas de actuación en el ámbito de esta Ley.
2. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja fomentará y ofrecerá su colaboración y apoyo técnico y económico a la iniciativa social que desarrolle sus actividades en el ámbito de la protección y reinserción de menores.
3. Lo dispuesto en este título se entiende sin perjuicio de la asistencia técnica que podrá recabar la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el desempeño de las funciones que le atribuye esta Ley en relación con los menores, que se regirá por lo dispuesto en la legislación sobre contratos administrativos y demás normativa aplicable.
1. Son Instituciones colaboradoras las asociaciones, fundaciones u otras entidades privadas sin ánimo de lucro que hayan sido autorizadas por la Administración de la Comunidad Autónoma para desempeñar actividades y tareas de atención integral a los menores.
2. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales podrá delegar el ejercicio de funciones propias de protección de menores en instituciones colaboradoras de integración familiar, de acuerdo con la legislación vigente y según su acreditación específica.
3. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales podrá habilitar para el ejercicio de funciones de mediación en la adopción internacional a entidades colaboradoras, de acuerdo con la legislación vigente y según su autorización específica.
1. Las instituciones que deseen ser habilitadas o autorizadas por la Consejería competente en materia de Servicios Sociales como instituciones colaboradoras de integración familiar o de adopción internacional habrán de cumplir los requisitos que se determinen reglamentariamente. En todo caso, será precisa su inscripción con carácter previo en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales a que se refiere el artículo 39 de la Ley 1/2002, de 1 de marzo, de Servicios Sociales.
2. El procedimiento de autorización de entidades colaboradoras se ajustará a lo dispuesto reglamentariamente, garantizándose la audiencia de los solicitantes.
3. La resolución de habilitación se publicará en el Boletín Oficial de La Rioja, con mención de las funciones para las que las entidades colaboradoras resultan autorizadas, y se inscribirá de oficio en el Registro de Protección de Menores.
1. La habilitación concedida a las Instituciones o entidades colaboradoras deberá expresar con claridad las funciones para las que cada una de ellas resulta autorizada y el régimen jurídico de su ejercicio.
2. Las instituciones colaboradoras de integración familiar podrán ser habilitadas para todas o algunas de las siguientes funciones:
a) Gestionar programas preventivos y medidas de apoyo.
b) Aplicar medidas de apoyo familiar o personal para menores en situación de riesgo.
c) Ejercer la guarda mediante acogimiento residencial de los menores.
d) Ejercer la guarda mediante acogimiento familiar en hogar funcional.
3. Las entidades colaboradoras de adopción internacional podrán ser habilitadas para las funciones de mediación en la adopción internacional de acuerdo a la legislación vigente y su reglamentación específica.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja deberá inspeccionar y controlar, con la periodicidad que se determine reglamentariamente, las condiciones en que las Instituciones o entidades colaboradoras prestan sus servicios, a fin de asegurar que cumplen las funciones de su específica habilitación en exclusivo interés del menor.
1. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá resolver la pérdida de la habilitación concedida, siempre que se produzca alguno de los supuestos siguientes:
a) Que la Institución o entidad colaboradora incurra en su funcionamiento en incumplimientos legales que justifiquen dicha medida.
b) Que deje de concurrir alguno de los requisitos exigidos para la habilitación.
c) Que deje de cumplir o ejerza inadecuadamente las funciones que constituyan el contenido específico de su habilitación.
2. La pérdida de la habilitación se acordará sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden a que hubiere lugar.
1. Como instrumento para garantizar la seguridad jurídica en la actuación administrativa derivada del objeto de esta Ley y su adecuada ordenación, se crea el Registro de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. El Registro de Protección de Menores será central y único para toda la Comunidad Autónoma, tendrá carácter reservado y no constitutivo, quedando confiada su custodia a la Consejería competente en materia de servicios sociales.
Serán objeto de asiento registral:
a) El régimen y medidas de protección a que se hallen sometidos los menores como consecuencia de las actuaciones reguladas en la presente Ley.
b) Las personas solicitantes de acogimiento y adopción, así como los acogimientos y adopciones propuestos y constituidos en su favor.
c) Las resoluciones administrativas por las que se habilite a Instituciones o Entidades colaboradoras de integración familiar o de adopción internacional, o se pierda la habilitación concedida.
1. El Registro estará compuesto por tres Libros distintos: el de menores sometidos a protección, el de solicitantes de acogimiento o adopción y el de Entidades colaboradoras. Todos ellos se llevarán por el sistema de folio personal.
2. En el Libro Primero, de los menores sometidos a protección, se inscribirá el régimen tuitivo a que se halle sometido el menor, así como las medidas de protección dictadas, su modificación y cese, con referencia a las resoluciones administrativas y judiciales que los hayan determinado.
3. El Libro Segundo, de solicitantes de acogimiento o adopción, se dividirá en dos Secciones:
a) Sección Primera: De solicitantes de acogimiento simple o permanente.
b) Sección Segunda: De solicitantes de adopción o acogimiento preadoptivo.
Se abrirá folio a las personas cuya solicitud sea admitida a valoración, inscribiéndose en él todas las vicisitudes relativas a tal solicitud, y en concreto la declaración de idoneidad o inidoneidad, así como, en su caso, los acogimientos o adopciones propuestos y constituidos, así como, si procede, su modificación y cese.
4. El Libro Tercero, de Entidades colaboradoras, se dividirá igualmente en dos Secciones:
a) Sección de Entidades colaboradoras de integración familiar.
b) Sección de Entidades colaboradoras de adopción internacional.
En este Libro se inscribirán las resoluciones administrativas por las que, conforme a lo dispuesto en esta Ley, se habilite a dichas Entidades como colaboradoras de integración familiar o adopción internacional, así como aquellas por las que se revoque dicha habilitación.
En el folio correspondiente a cada Entidad se pondrá nota de referencia a la inscripción de la misma en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales.
1. En garantía de la confidencialidad de los datos contenidos en los Libros Primero y Segundo del Registro de Protección de Menores, únicamente tendrán acceso a ellos el personal de la Dirección General competente en materia de protección de menores en el ejercicio de sus funciones y quienes acrediten un interés personal, legítimo y directo en acceder a la información que en él conste.
2. Los asientos del Libro Tercero serán públicos para todo el que tenga interés en conocer su contenido.
La organización y funcionamiento del Registro de Protección de Menores, así como el procedimiento a seguir en cada acto de inscripción en el mismo, serán objeto de desarrollo reglamentario, garantizando:
a) El derecho a la intimidad, la confidencialidad de los datos y la obligación de reserva respecto de las inscripciones practicadas en los Libros Primero y Segundo.
b) El libre acceso al mismo del Ministerio Fiscal, así como de los Jueces y Tribunales, en el cumplimiento de las funciones que legalmente tienen atribuidas.
1. Se consideran infracciones administrativas de la presente Ley las acciones u omisiones en materia de atención y protección de menores tipificadas y sancionadas en el presente capítulo.
2. La responsabilidad de las infracciones tipificadas en el presente capítulo corresponde a las personas físicas o jurídicas a las que son imputables las actuaciones constitutivas de infracción. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Constituyen infracciones leves, en el ámbito de la presente Ley, las siguientes acciones u omisiones:
a) Emitir informes sociales o psicológicos destinados a formar parte de expedientes para la tramitación de adopciones internacionales no autorizadas por el organismo competente en materia de protección de menores.
b) No gestionar, los padres, tutores o guardadores de hecho de un menor en período de escolarización obligatoria, la plaza escolar correspondiente, sin causa que lo justifique.
c) No procurar, los padres, tutores o guardadores de hecho de un menor en período de escolarización obligatoria, que éste asista al centro escolar, sin causa que lo justifique.
d) No poner en conocimiento de los organismos públicos competentes, los responsables o el personal de los centros educativos públicos o privados, una situación de absentismo escolar.
e) No poner en conocimiento de las autoridades competentes, las personas a las que se refiere el artículo 33.2, aquellos hechos que puedan suponer la existencia de desprotección o riesgo del menor.
f) Incumplir, los titulares o el personal de los centros o servicios de atención a menores, las normas sobre creación y funcionamiento de los mismos.
g) No facilitar, los titulares o el personal de los centros o servicios, el tratamiento y la atención que, acordes con la finalidad de los mismos, correspondan a las necesidades de los menores.
h) No facilitar, los titulares o el personal de los centros o servicios, en las intervenciones de protección del menor, los medios necesarios para que éste pueda ejercer su libertad ideológica, religiosa y de conciencia.
i) Todas aquellas que supongan una lesión o desconocimiento de los derechos de los menores reconocidos en la presente ley.
2. Constituyen infracciones graves las siguientes acciones u omisiones:
a) Reincidir en las infracciones leves en los términos reflejados en el art. 122 de la presente Ley.
b) Cometer las infracciones tipificadas como leves en el apartado 1 si el incumplimiento o los perjuicios causados a los derechos de los menores son graves.
c) Incumplir, los titulares o el personal de los centros sanitarios, públicos o privados, la obligación de identificar al recién nacido, de acuerdo con la normativa que regule la mencionada obligación.
d) Impedir, los padres, tutores o guardadores de hecho de un menor en período de escolarización obligatoria, que éste asista al centro escolar, sin causa que lo justifique.
e) Vulnerar, las autoridades, los funcionarios o el personal de la Administración, el derecho del menor a ser oído en cualquier procedimiento administrativo que pueda afectarle y a ser informado acerca de cualquier actuación protectora, siempre que su desarrollo y capacidad lo permita.
f) Utilizar a los menores o permitir su participación activa en espectáculos o actividades prohibidas por esta Ley.
g) Permitir la entrada de los menores en los establecimientos, locales o recintos en los que está prohibido su acceso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.2 de esta Ley.
h) Vender, suministrar y dispensar a los menores bebidas alcohólicas, tabaco, u otras sustancias a las que tengan limitado su acceso.
i) Vender, alquilar, exponer, proyectar u ofrecer a los menores, las publicaciones o material audiovisual a las que se refiere el artículo 24 de esta Ley. La responsabilidad de dichas acciones corresponde a los titulares de los establecimientos y, en su caso, a las personas físicas infractoras.
j) Incumplir lo establecido en esta Ley sobre la programación de las emisoras de radio y televisión, la publicidad dirigida a menores y la implantación de sistemas de restricción de acceso a determinados contenidos de la red Internet.
k) No poner en conocimiento de las autoridades competentes una posible situación de riesgo o desamparo del menor de la que se tenga constancia.
l) No colaborar, los responsables o el personal de los centros o servicios educativos, sanitarios, o de cuantas entidades o instituciones tienen relación con los menores, con la Consejería competente en materia de Servicios Sociales en la evitación y resolución de las situaciones de desprotección del menor.
m) No poner inmediatamente a disposición o, de no ser posible, en conocimiento de la autoridad o, en su caso, de su familia a un menor que esté abandonado, extraviado o que haya huido de su hogar, cuando haya posibilidades reales para actuar y cuando el hecho de omitirlo suponga, de forma notoria, la prolongación de la situación de desprotección del menor.
n) Incumplir las resoluciones administrativas que se dicten en materia de atención y protección de menores.
ñ) Aplicar medidas disciplinarias por parte de los centros o servicios de atención y protección de menores que limiten o impidan el ejercicio de derechos de los menores, vulnerando lo dispuesto en la presente Ley o en el resto del ordenamiento jurídico.
o) Proceder a la apertura o cierre de un centro o servicio, las entidades titulares de los mismos, sin haber obtenido las autorizaciones administrativas pertinentes.
p) Incumplir, los profesionales o el personal que intervenga en su protección, el deber de confidencialidad y reserva respecto de los datos personales de los menores atendidos o protegidos, de sus familias, de los comunicantes a los que se refiere el artículo 11.2, así como de las actuaciones protectoras.
q) Amparar o ejercer prácticas lucrativas, los titulares o el personal, en centros o servicios definidos sin ánimo de lucro.
r) Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo, los titulares o el personal, el ejercicio de las funciones de inspección y seguimiento del centro o servicio.
s) En una adopción internacional, incumplir los adoptantes la obligación de comunicar a la Entidad Pública la llegada del menor a España, así como eludir someterse a la actuaciones de seguimiento que exija la normativa del país de procedencia del adoptando, o negarse a realizarlas en la forma y mediante los mecanismos establecidos al efecto.
t) Intervenir en funciones de mediación en la acogida o adopción de menores sin estar habilitado o acreditado para ello.
u) Excederse en las medidas correctoras a menores sometidos a medidas judiciales o la limitación de sus derechos más allá de lo establecido en las propias decisiones judiciales o en las normas que regulan el funcionamiento interno de los Centros o Instituciones en los que se encuentren aquéllos, efectuadas por los responsables, los trabajadores o los colaboradores de dichos Centros o Instituciones.
v) Aplicar los fondos, las ayudas o subvenciones públicas a finalidades diferentes de aquéllas para las que hubieran sido otorgadas, cuando no se deriven responsabilidades penales.
w) Percibir cantidades no autorizadas por prestaciones o servicios de atención a los menores o su familia, cuando las entidades colaboradoras actúen en régimen de concierto con una Administración Pública.
3. Constituyen infracciones muy graves, en el ámbito de la presente Ley, las siguientes acciones u omisiones:
a) Reincidir en las infracciones graves en los términos previstos en el art. 122.2 de esta Ley.
b) Cometer las infracciones tipificadas como graves en el apartado 2 si de ellas se derivan perjuicios para los derechos de los menores de imposible o difícil reparación.
c) La intervención en funciones de mediación recogida en el epígrafe t) del apartado 2 cuando medie precio o engaño o provoque un peligro manifiesto en la integridad física o psíquica del menor.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley como leves prescribirán en el plazo de seis meses, la tipificadas como graves en el de doce meses y las tipificadas como muy graves en el de dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la comisión del hecho. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. Sin embargo, seguirá corriendo sin interrupción el plazo de prescripción, desde el día inicial, si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
1. Las infracciones tipificadas en este CAPÍTULO serán sancionadas de la siguiente forma:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con una amonestación por escrito o una multa de hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con una multa de 3.001 euros a 60.000 euros.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con una multa de 60.001 euros a 120.000 euros.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 110 de esta Ley, en las infracciones graves y muy graves podrán acumularse como sanciones, cuando resulten responsables de las infracciones centros o servicios de atención a menores reconocidos como instituciones colaboradoras:
1.º La revocación de las ayudas o subvenciones concedidas y la inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones de cualquier tipo de la Administración Pública por un plazo de uno a cinco años.
2.º El cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio por un tiempo máximo de un año.
3.º El cierre definitivo, total o parcial, del centro o servicio.
4.º Inhabilitación del infractor para el desarrollo de funciones y actividades, así como para la gestión o la titularidad de centros o servicios de protección de menores por un plazo máximo de cinco años.
1. Para la concreción de las sanciones que sea procedente imponer y para la graduación de la cuantía de las multas, las autoridades competentes deben guardar la pertinente adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción o sanciones aplicadas y considerar especialmente los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad e intencionalidad de la persona infractora.
b) Los perjuicios físicos, morales o materiales causados y la situación de riesgo creada o mantenida para personas o bienes.
c) La trascendencia económica y social de la infracción.
d) La reincidencia en las infracciones.
2. Se produce reincidencia cuando la persona responsable de la infracción ha sido sancionada mediante resolución administrativa firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año si se trata de faltas leves, tres años si se trata de faltas graves y cinco años para las muy graves, a contar desde la notificación de la resolución.
1. Las sanciones previstas en las infracciones leves prescribirán en el plazo de seis meses, en las tipificadas como graves en el de doce meses y en las tipificadas como muy graves en el de dos años.
2. El cómputo del plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora previsto en esta Ley se desarrollará conforme al procedimiento general de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
2. Corresponde a la Consejería competente por razón de la materia la incoación, tramitación y resolución de los expedientes sancionadores tipificados como sanciones leves y graves en el presente Título, en su caso a propuesta de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales. Las sanciones tipificadas como muy graves serán resueltas por el Consejo de Gobierno.
Las resoluciones firmes de imposición de sanciones graves y muy graves podrán ser publicadas en el «Boletín Oficial de La Rioja», por razones de ejemplaridad y en previsión de futuras conductas infractoras.
Los ingresos derivados de la imposición de sanciones establecidas en la presente Ley deben ser destinados, por las Administraciones Públicas actuantes, a la atención y protección de menores, en el ámbito de sus competencias.
El órgano competente en materia de resolución de sanciones, podrá adoptar con carácter cautelar y a través de resolución motivada y proporcionada a su fin, medidas provisionales para asegurar la integridad física o psíquica del menor, así como para evitar los efectos de la infracción, asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y salvaguardar los intereses generales.
Cuando, de conformidad con la legislación civil, se pretenda la constitución en el ámbito territorial de La Rioja del acogimiento familiar de un menor que no esté sometido a la tutela o la guarda de la Administración de la Comunidad Autónoma, el necesario consentimiento de ésta se prestará por el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, a propuesta de la Comisión de adopción, acogimiento y tutela y tras la apertura del oportuno expediente en el que, oídos el acogedor o acogedores, el menor y sus padres o tutores, se constará que el acogimiento pretendido no es contrario al interés del menor.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería competente en materia de servicios sociales, prestará a los extranjeros cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad la atención inmediata que precisen.
2. Si, una vez determinada su edad, el Ministerio Fiscal pusiere el menor a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Consejería competente en materia de servicios sociales iniciará el oportuno expediente de protección conforme a lo dispuesto en esta Ley. Si el menor fuera declarado en situación de desamparo, se solicitará de inmediato a la Administración del Estado la pertinente autorización de residencia.
El número 4 del artículo 6 de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de La Rioja, quedará redactado en los siguientes términos:
«4. El derecho del usuario menor de 16 años.
El usuario menor de 16 años que sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención o tratamiento, deberá prestar por sí mismo el consentimiento informado. Si careciere de dicha capacidad, dicho consentimiento habrán de prestarlo, en los supuestos y formas establecidos en esta Ley, sus representantes legales, informándose en todo caso al menor de forma comprensible y adecuada a su edad y necesidades sobre las decisiones, procedimientos o prácticas que afecten a su salud.»
A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley, les será de aplicación la normativa anterior.
A la entrada en vigor de esta Ley, quedará derogada la Ley 4/1998, de 18 de marzo, del Menor.
Se autoriza al Gobierno para dictar los reglamentos que requiera la ejecución de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribunales y Autoridades la hagan cumplir.
Logroño, 28 de febrero de 2006.
PEDRO SANZ ALONSO,
Presidente
(Publicada en el «Boletín Oficial de La Rioja» número 33, de 9 de marzo de 2006)
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