Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Al artículo 103.tres.1 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por la que se crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria, le fue añadido un apartado e) por el artículo 52.dos de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Según este apartado corresponde al Presidente de la Agencia Tributaria la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, derivados de reclamaciones contra actos de la Agencia.

Una vez analizada la repercusión de esta materia en el ámbito de la Agencia Tributaria y con el objetivo de agilizar la resolución de los procedimientos de responsabilidad, y de proporcionar una mayor garantía a los derechos de los ciudadanos en función de los intereses reclamados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado, dispongo:

Primero.-Se delega en el Director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial desde 30.000 hasta 600.000 euros de cuantía (4.991.580 y 99.831.600 pesetas, respectivamente).

Segundo.-Se delega en el Director del Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial desde 6.000 hasta 30.000 euros (998.316 y 4.991.580 pesetas, respectivamente).

Tercero.-Se delega en el Director adjunto de Administración Económica la competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial de hasta 6.000 euros (998.316 pesetas).

Cuarto.-Las resoluciones que se adopten en el uso de esta delegación indicarán expresamente dicha circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Quinto.-Salvo autorización expresa de la Ley, no podrá, a su vez, delegarse el ejercicio de las competencias delegadas por la presente resolución.

Sexto.-La delegación de competencias contenida en la presente resolución será revocable en cualquier momento por el órgano que la confiere, quien, asimismo, podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier asunto comprendido en la misma, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Madrid, 13 de noviembre de 2001.-El Presidente, Estanislao Rodríguez-Ponga y Salamanca.