El Tribunal Constitucional, por providencia de 31 de octubre actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 5344/2000, planteada por la Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, en relación con el artículo 1.o del Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, por presunta vulneración de los artículos 9.3 y 31.3 de la Constitución.
Madrid, 31 de octubre de 2000.-El Secretario de Justicia.-Firmado y rubricado.
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