Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 103.3 de la Constitución ha establecido la regulación por Ley de las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación de los funcionarios públicos. En este marco, atendiendo a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a los planteamientos de las Organizaciones Sindicales y a sus demandas de los propios funcionarios públicos, la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, dio un tratamiento unificado en su articulado al contenido esencial del derecho de libre sindicación reconocido en la Constitución, incluyendo en su ámbito de aplicación a los funcionarios públicos. Queda de esta forma, en virtud de la Ley orgánica de Libertad Sindical, regulado el ejercicio del derecho de libre sindicación a los funcionarios públicos, sin otros límites que los expresamente establecidos en ella.
Es, consecuentemente, de aplicación directa a las Administraciones Públicas lo preceptuado en la Ley orgánica de Libertad Sindical en materia de libertad sindical, régimen jurídico sindical, representatividad sindical, acción sindical, tutela de la Libertad Sindical y represión de las conductas antisindicales.
No regula, por tanto, la presente Ley estas materias ya recogidas en la Ley Orgánica, sino otros aspectos derivados del derecho reconocido a los funcionarios públicos y que hacen referencia a sus propios órganos de representación, a la determinación de sus condiciones de trabajo y a la participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
La misma Ley orgánica de Libertad Sindical, en su disposición adicional segunda, determina que «en el plazo de un año y en desarrollo de lo previsto en el artículo 103.3 de la Constitución, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley en el que se regulen los órganos de representación de los funcionarios de las Administraciones Públicas».
Además, la ratificación por España de los Convenios números 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la Administración Pública, y sobre el fomento de la negociación colectiva, respectivamente, llevan a considerar la urgencia de determinar con claridad en un texto legal, a semejanza de lo establecido para los trabajadores por cuenta ajena en el Estatuto de los Trabajadores, aquello que deba ser de aplicación a los funcionarios públicos en cuanto a los órganos de representación, aspecto esencial de su régimen estatutario.
Ocurre, en consecuencia, que cumpliendo ya el mandato Constitucional en lo referente al ejercicio del derecho de libertad sindical, procede ahora la regulación de los órganos de representación y la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos –y de aspectos conexos a los mismos: Órganos de participación y derechos de reunión–. Todo ello constituye parte del régimen estatutario de los funcionarios públicos, en desarrollo de lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución, y en virtud de ello constituyen bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas.
El Proyecto pretende conjugar el principio de competencia exclusiva del Estado para determinar las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios con la potestad autoorganizadora de las Comunidades Autónomas. A tal fin, se realiza una regulación de esta materia que, sin menoscabo de la capacidad de las Comunidades Autónomas para ordenar sus respectivas funciones públicas, permita garantizar la igualdad de todos los funcionarios en el ejercicio de sus derechos.
1. La presente Ley regula los órganos de representación y la participación, así como los procedimientos de determinación de las condiciones de trabajo, del personal que preste sus servicios en las distintas Administraciones Públicas, siempre que esté vinculado a las mismas a través de una relación de carácter administrativo o estatutario.
2. Se incluye en la presente Ley el personal al servicio de la Administración de Justicia a que se refiere el artículo 454 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en relación con su artículo 456.
3. Siempre que en esta Ley se hace referencia a los funcionarios públicos, debe entenderse hecha al personal comprendido en los apartados 1 y 2 de este artículo.
1. Quedan excluidos de la presente Ley:
a) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de carácter militar.
b) Los Jueces, Magistrados y Fiscales, sin perjuicio del ejercicio de sus derechos de asociación profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 401 de la Ley Orgánica del poder judicial.
c) Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que se regirán por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, salvo los Cuerpos de Policía Local, a los que será de aplicación la presente Ley de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.2 de dicha Ley orgánica.
d) El personal laboral al servicio de las distintas Administraciones Públicas, que se regirá por la legislación laboral común, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 39 y 40 y en la disposición adicional 5.ª
2. Las normas de la presente Ley tienen carácter supletorio para el personal no laboral al servicio del Estado y de la Administración Pública no incluido en su ámbito de aplicación en todo aquello que no sea incompatible con su legislación específica.
Sin perjuicio de las formas de representación establecidas en la Ley 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los funcionarios públicos tendrán derecho a constituir, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, los órganos de representación de sus intereses ante las Administraciones Públicas y otros Entes públicos.
Los órganos específicos de representación de los funcionarios públicos son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
La representación de los funcionarios en aquellas Entidades Locales que cuenten, al menos, con 10 funcionarios y no alcancen el número de 50 corresponderá a los Delegados de Personal.
Los funcionarios elegirán Delegados de Personal de acuerdo con la siguiente proporción:
De 10 hasta 30 funcionarios, uno.
De 31 a 49 funcionarios, tres, que ejercerán su representación mancomunadamente.
1. Las Juntas de Personal se constituirán en Unidades Electorales, siempre que las mismas cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5 de esta Ley, en caso de que el número de funcionarios fuere inferior a 50, estos se agregarán al Censo de la unidad electoral correspondiente al Organismo del que dependan o al que estén adscritos.
Se constituirá una Junta de Personal en cada una de las siguientes Unidades Electorales:
1. En la Administración del Estado
1.1 En los servicios centrales:
1.1.1 En cada uno de los Departamentos ministeriales, incluidos los servicios provinciales de Madrid.
1.1.2 En cada Organismo autónomo, incluidos los servicios provinciales de Madrid, siempre que en conjunto tengan un censo mínimo de 150 funcionarios. En aquellos que no alcancen dicho mínimo, los funcionarios ejercerán su representación a través de la Junta de Personal del Departamento ministerial al que el Organismo autónomo esté adscrito.
Los funcionarios públicos destinados en los Organismos Autónomos, cuyos servicios centrales no radiquen en Madrid y cuyo censo sea de, al menos, 150 funcionarios, votarán según la regla contenida en el apartado anterior o, en caso de no alcanzar dicho número de funcionarios, en los servicios provinciales a que hace referencia el apartado 1.2.1 de este artículo.
1.1.3 De Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros, incluidos los servicios provinciales de Madrid.
1.1.4 En cada una de las Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social, incluidos los servicios provinciales de Madrid.
1.2 En cada provincia y en las ciudades de Ceuta y Melilla:
1.2.1 Una para los funcionarios de los órganos provinciales de la Administración del Estado, Seguridad Social, Organismos Autónomos y funcionarios civiles que presten servicios en la Administración militar.
1.2.2 Una para los servicios de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros.
1.2.3 Una para el personal docente de los centros públicos no universitarios.
1.3 Otras Juntas de Personal:
1.3.1 Una para los funcionarios destinados en las Misiones Diplomáticas en cada país, representaciones permanentes, Oficinas Consulares e Instituciones y Servicios de la Administración del Estado en el extranjero. Cuando no se alcance el censo mínimo de 50, los funcionarios votaran en los servicios centrales de los respectivos Departamentos ministeriales.
1.3.2 Una en cada universidad para los funcionarios de los Cuerpos docentes y otra para el personal de Administración y Servicios.
1.3.3 Una en cada uno de los Entes públicos.
1.3.4 Una para el personal al servicio de Instituciones Sanitarias Públicas del INSALUD, en cada área de salud.
2. En la Administración de Justicia
2.1 Una en cada provincia para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
3. En las Comunidades Autónomas
3.1 En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales:
3.1.1 Una en los servicios centrales de cada una de ellas.
3.1.2 Una en cada provincia para los funcionarios destinados en ellas.
3.2 En las Comunidades Autónomas uniprovinciales:
3.2.1 Una para todos los funcionarios destinados en ellas.
3.3 Otras Juntas de Personal:
3.3.1 Una en cada provincia para el personal docente de los Centros públicos no universitarios, cuando están transferidos los servicios.
3.3.2 Una en cada área de salud para el personal al servicio de Instituciones Sanitarias Públicas dependientes de la Comunidad Autónoma.
3.3.3 Una en cada universidad dependiente de la Comunidad Autónoma para los funcionarios de los Cuerpos docentes y otra para el personal de Administración y Servicios.
3.3.4 Una para el personal de cada Organismo autónomo, siempre que en conjunto tenga un censo mínimo de 150 funcionarios.
De no alcanzarse dicho mínimo los funcionarios ejercerán su representación a través de las Juntas previstas en los apartados 3.1.1, 3.1.2 y 3.2.1 de este artículo.
4. En la Administración Local
Una en cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Cabildos, Consejos insulares y demás Entidades Locales.
5. De conformidad con los principios de esta Ley, y previo informe favorable del Consejo Superior de la Función Pública, el Gobierno y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer Juntas de Personal para colectivos determinados en razón a su número o peculiaridades para una mejor adecuación entre las estructuras administrativas y la representación del personal.
La Junta de Personal se compone de un número de representantes de acuerdo con la siguiente escala:
De 50 a 100 funcionarios: 5.
De 101 a 250 funcionarios: 7.
De 251 a 500 funcionarios: 11.
De 501 a 750 funcionarios: 15.
De 751 a 1.000 funcionarios: 19.
De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con un máximo de 75.
Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir lo dispuesto en la Ley, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano competente. Uno y otras deberán ser aprobados por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.
Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las siguientes facultades, en sus respectivos ámbitos:
1. Recibir información que le será facilitada trimestralmente sobre la política de personal del Departamento, Organismo o Entidad local.
2. Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre las siguientes materias:
a) Traslado total o parcial de las instalaciones.
b) Planes de formación de personal.
c) Implantación o revisión de sistemas de organización y métodos de trabajo.
3. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
4. Tener conocimiento y ser oídos en las siguientes cuestiones y materias:
a) Establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.
b) Régimen de permisos, vacaciones y licencias.
c) Cantidades que perciba cada funcionario por complemento de productividad.
5. Conocer, al menos, trimestralmente, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes en acto de servicio y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del ambiente y las condiciones de trabajo, así como de los mecanismos de prevención que se utilicen.
6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.
7. Vigilar y controlar las condiciones de seguridad e higiene en el desarrollo del, trabajo.
8. Participar en la gestión de obras sociales para el personal establecidas en la Administración correspondiente.
9. Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.
10. Informar a sus representados en todos los temas y cuestiones a que se refiere este artículo.
Se reconoce a las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, a los Delegados de personal, mancomunadamente, legitimación para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones.
Los miembros de las Juntas de Personal y estas en su conjunto, así como los Delegados de personal, en su caso, observaran sigilo profesional en todo lo referente a los temas en que la Administración señale expresamente el carácter reservado, aun después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración o para fines distintos a los que motivaron su entrega.
Los miembros de la Junta de Personal y los Delegados de personal, en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos:
a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su Unidad electoral, sin que entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades.
b) La distribución libre de todo tipo de publicaciones, ya se refieran a cuestiones profesionales o sindicales.
c) Ser oída la Junta de Personal o restantes Delegados de personal en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.
d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:
Hasta 100 funcionarios: 15.
De 101 a 250 funcionarios: 20.
De 251 a 500 funcionarios: 30.
De 501 a 750 funcionarios: 35.
De 751 en adelante: 40.
Los miembros de la Junta de Personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a su acumulación, sin que ésta se pueda efectuar en cuantía superior a diez horas mensuales a favor de los funcionarios que ocupen los puestos de trabajo previstos en el apartado b), número 1, artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.
e) No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato, salvo en caso de que esta se produzca por revocación o dimisión, siempre que el traslado o la sanción se base en la acción del funcionario en el ejercicio de su representación.
Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su representación.
El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de cuatro años, entendiéndose prorrogado el mandato si, a su termino no se hubiesen promovido nuevas elecciones, pudiendo ser reelegidos en sucesivos periodos electorales.
Se entenderá que la prórroga finalizará en el momento de la proclamación de resultados de las siguientes elecciones.
Las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, así como las que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los Delegados de Personal y miembros de las Juntas de Personal, podrán promover ante el Consejo Superior de la Función Pública, en el periodo de cuatro meses previo a la finalización del mandato de cuatro años a que se refiere el artículo anterior, la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.
El Presidente del Consejo Superior de la Función Pública reunirá de inmediato a éste que, de acuerdo con la propuesta mayorista de los representantes sindicales, establecerá el calendario global de las elecciones.
El Consejo aprobará las condiciones técnicas de celebración de las elecciones, así como los modelos homologados de papeletas de votación y cuantos impresos sean necesarios para el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso electoral en todas las Administraciones Públicas.
Asimismo, y sin necesidad de completar el periodo de cuatro años de mandato, podrán promoverse por las Organizaciones Sindicales mencionadas en el artículo 13 elecciones para cubrir las vacantes producidas que no pudieran ser cubiertas por el procedimiento previsto en el artículo 20.3 de esta Ley. Tales elecciones serán convocadas por el órgano administrativo competente, ante el que ostente la representación la Junta de Personal afectada por la vacante, siempre que no continuara ejerciendo sus funciones el 60 por 100 de los miembros de la Junta de Personal y que falten más de nueve meses para la terminación de su mandato.
La duración del mandato de los representantes elegidos será por el tiempo que falte para completar los cuatro años.
Los funcionarios públicos ejercerán su derecho al voto en las Mesas Electorales establecidas de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 y que correspondan al puesto de trabajo desempeñado.
1. Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo.
La relación de servicio con la Administración Pública no se verá alterada por el acceso del personal interino a la condición de representante.
2. No tendrán la condición de electores ni elegibles:
a) Los funcionarios públicos que se encuentren en las situaciones administrativas de excedencia, suspensión y servicios especiales. No obstante lo anterior, los funcionarios que sean declarados en servicios especiales en virtud de lo dispuesto en el párrafo primero, letra l), apartado 2 del artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tendrán la condición de electores y elegibles.
b) Quienes sean nombrados por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros o por decreto de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y, en todo caso, quienes desempeñen cargos con categoría de Director general o asimilados u otros de rango superior.
c) El personal eventual. No obstante, los funcionarios públicos que desempeñen puestos expresamente calificados de confianza o asesoramiento especial y hayan sido declarados en la situación administrativa de servicios especiales, tendrán la condición de electores, pero no la de elegibles y ejercerán su derecho en la unidad electoral a la que pertenecerían de no encontrarse en situación de servicios especiales.
1. Podrán presentar candidatos a las Juntas de Personal y a Delegados de Personal las Organizaciones Sindicales legalmente constituidas o coalición de éstas.
Los sindicatos que establezcan coaliciones electorales para concurrir conjuntamente a una elección, deben comunicarlo a la Junta Electoral de Zona competente para la proclamación de candidatos, antes de la fecha en que se inicie el plazo de presentación de candidaturas, indicando la sigla elegida para identificar la coalición.
2. También podrán presentarse candidaturas avaladas por un número de firmas de electores de su misma unidad electoral, equivalente, al menos, al quíntuplo de los miembros a elegir.
1. Las elecciones a representantes de los funcionarios en las Juntas de Personal se ajustarán a las siguientes reglas:
a) Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas proclamadas. Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir. En cada lista deberán figurar las siglas del sindicato, coalición electoral o grupo de funcionarios que la presente.
b) No tendrán derecho a la atribución de representantes en la Junta de Personal aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el 5 por 100 de los votos.
c) Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de puestos que le corresponda, de conformidad con el cociente que resulte de dividir el número de votos validos de las listas que hayan obtenido el 5 por 100 o más de los votos por el de puestos a cubrir. Los puestos sobrantes, en su caso, se atribuirán a las listas, en orden decreciente, según el resto de votos a cada una de ellas.
d) Dentro de cada lista se elegirá a los candidatos por el orden en que figuren en la candidatura.
e) Los representantes elegidos en cada candidatura se atribuirán al presentador, sindicato o grupo de funcionarios.
Los representantes elegidos en candidaturas presentadas por coaliciones electorales se atribuirán a éstas.
2. La inobservancia de cualquiera de las reglas anteriores determinará la nulidad de la elección del candidato o candidatos afectados.
En la elección para Delegados de Personal, cada elector podrá dar su voto a un número máximo de aspirantes equivalente al de puestos a cubrir entre los candidatos proclamados. Resultarán elegidos los que obtengan el mayor número de votos.
En caso de empate resultara elegido el candidato de mayor antigüedad en la Función Pública.
Cuando se produzca vacante se cubrirá automáticamente por el funcionario que hubiera obtenido en la votación un número de votos inmediatamente inferior al último de los elegidos. El sustituto lo será por el tiempo que reste del mandato.
1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal se elegirán mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. Podrá emitirse por correos en la forma que se establezca, de acuerdo con las normas electorales.
2. Solamente podrán ser revocados los miembros de la Junta y Delegados de Personal durante el mandato por decisión de quienes los hubieran elegido, mediante asamblea convocada al efecto a instancia de un tercio como mínimo de sus electores y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta de éstos mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. No obstante, hasta transcurridos seis meses de su elección, no podrá efectuarse su revocación.
No podrán efectuarse propuestas de revocación hasta transcurridos seis meses de la anterior.
3. En el caso de producirse vacante por dimisión o por cualquier otra causa en las Juntas de Personal, aquélla se cubrirá automáticamente por el candidato siguiente de la misma lista a la que pertenezca el sustituto. El sustituto lo será por el tiempo que reste de mandato.
4. Las sustituciones y revocaciones serán comunicadas al órgano competente ante quien se ostente la representación, publicándose igualmente en el tablón de anuncios y dándose cuenta inmediata a la Oficina Pública a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
La Administración Pública correspondiente, una vez establecido el calendario y las condiciones de celebración de las elecciones, determinará el censo de electores y facilitará los medios personales y materiales para la celebración de aquéllas.
A las Juntas Electorales de Zona compete establecer, de acuerdo con los preceptos de esta Ley, el número de representantes a elegir, realizar la proclamación de candidatos, garantizar la publicidad electoral, preparar y organizar el número y ubicación de las Mesas electorales, fijar la fecha o fechas de la votación, publicar el resultado final, subsanar y resolver las reclamaciones de todo tipo en el ámbito de sus competencias, así como elevar consultas, según proceda, a la Junta Electoral General o a la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma.
1. En la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, según el ámbito territorial y competencial correspondiente, se constituirán las siguientes Juntas Electorales de Zona:
A) En la Administración del Estado:
Una en cada uno de los Departamentos ministeriales para todos los funcionarios de la Administración del Estado, de la Seguridad Social o de los Organismos Autónomos, adscritos a los servicios centrales o provinciales de Madrid.
Una para todo el personal de los servicios centrales de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros, incluidos los servicios periféricos de Madrid.
Una para todo el personal de cada Ente Público.
Una para todo el personal que preste servicios en el extranjero.
Una en cada provincia para los funcionarios que presten servicios en la Administración del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social y funcionarios civiles que presten servicio en la Administración militar.
Una por provincia para todo el personal docente no universitario.
Una por provincia para todo el personal de servicios provinciales sanitarios.
Una por provincia para todo el personal de los servicios de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros.
Una en Ceuta y una en Melilla para todo el personal al servicio de la Administración del Estado.
B) En las Comunidades Autónomas:
Una para todos los servicios de cada Comunidad Autónoma uniprovincial, incluidos sus Organismos Autónomos.
En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales se constituirá una para los servicios centrales, incluidos los Organismos Autónomos, y una para cada provincia.
Una en cada provincia para el personal docente no universitario cuando estén transferidos los servicios.
Una en cada provincia para todo el personal sanitario dependiente de la Comunidad Autónoma.
C) En la Administración Local:
Una en cada una de las Entidades Locales.
D) Otras Juntas Electorales:
Una en cada provincia para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Una en cada Universidad.
2. Las Juntas Electorales de zona estarán compuestas por un representante de la Administración Pública correspondiente, con voz y sin voto, y uno por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes en el Consejo Superior de la Función Pública. El miembro de mayor edad de los representantes de las Organizaciones Sindicales será el Presidente, y el más joven actuará como Secretario.
En cuanto a los procedimientos para la formación de la voluntad de las Juntas, se estará a lo dispuesto en el capítulo II del título I de la Ley de 17 de julio de 1958, de Procedimiento Administrativo.
3. Previo informe favorable del Consejo Superior de la Función Pública, se podrán constituir Juntas Electorales de Zona, como consecuencia de las modificaciones en la estructura de las Juntas de Personal que se produzcan de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 7 de esta Ley.
Se constituirán Juntas Electorales de Comunidad Autónoma, que velarán por el correcto funcionamiento del proceso electoral, regularán la publicidad electoral, dictarán cuantas resoluciones e instrucciones sean necesarias, y solventarán las consultas que las Juntas Electorales de Zona de la correspondiente Comunidad Autónoma les formulen.
Las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma estarán compuestas por igual número de representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, designados por ésta, y de las Organizaciones Sindicales presentes en el Consejo Superior de la Función Pública.
La Presidencia de estas Juntas recaerá en un representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
1. En el Consejo Superior de la Función Pública se constituirá una Junta Electoral General que velará por el correcto funcionamiento del proceso electoral, y dictará cuantas resoluciones e instrucciones sean necesarias.
Asimismo, le corresponde regular la publicidad electoral y solventar las consultas que las Juntas Electorales de Zona constituidas en la Administración del Estado, Entidades Locales y Administración de Justicia, le formulen.
2. La Junta Electoral General estará compuesta por igual número de representantes de las Administraciones Públicas y de las Organizaciones Sindicales presentes en el Consejo Superior de la Función Pública. La Presidencia de la Junta recaerá en un representante de la Administración del Estado.
Los representantes de las Administraciones Públicas serán nombrados por los representantes de estas en el Consejo Superior de la Función Pública.
Los representantes de las Organizaciones Sindicales serán designados por aquéllas que formen parte del Consejo Superior de la Función Pública.
3. El Ministro para las Administraciones Públicas nombrará un Secretario de la Junta Electoral General, con voz pero sin voto.
1. La Mesa electoral que, en todo caso, existirá en todos los centros de trabajo que cuenten con un censo superior a 100 funcionarios, será la encargada de vigilar y presidir la votación, realizar el escrutinio, levantar el acta correspondiente y resolver cualquier incidente que se presente, sin perjuicio de las atribuciones que tienen encomendadas las Juntas Electorales de Zona.
2. Las Mesas electorales estarán formadas por el Presidente, que será el funcionario de más antigüedad, de acuerdo con el número de trienios reconocidos, y dos Vocales que serán los funcionarios de mayor y menor edad de entre los incluidos en el censo correspondiente.
El más joven de los vocales actuará de Secretario. Se designaran suplentes a aquellos funcionarios que sigan a los titulares de la Mesa electoral en el orden indicado de antigüedad o edad.
La Mesa electoral obtendrá de la Administración el censo y la lista de electores y hará pública ésta en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo, mediante su exposición durante un tiempo no inferior a setenta y dos horas.
La Mesa resolverá cualquier incidencia relativa a inclusiones, exclusiones o correcciones que se presenten hasta veinticuatro horas después de haber finalizado el plazo de exposición de la lista, confeccionará, con los medios que le facilite la Administración, y publicará la lista definitiva dentro de las veinticuatro horas siguientes.
3. Las candidaturas se presentaran ante la Junta Electoral de Zona correspondiente durante los nueve días siguientes a la publicación de la lista definitiva de electores. La proclamación se hará en los dos días laborables después de concluido dicho plazo, publicándose en los tablones referidos. Contra el acuerdo de proclamación se podrá reclamar dentro del día laborable siguiente, resolviendo la Junta en el posterior día hábil.
Entre la proclamación de candidatos y la votación, mediará un plazo de, al menos, trece días hábiles.
4. Cuando cualquiera de los componentes de la mesa sea candidato, cesará en la misma y le sustituirá en ella su suplente.
5. Cada candidatura para el caso de elecciones a Junta de Personal, o cada candidato para la elección de Delegados de Personal, podrán nombrar un interventor de Mesa. Asimismo, la Administración correspondiente podrá designar un representante que asista a la votación y al escrutinio.
1. El acto de votación se efectuara en los centros o lugares de trabajo, en la mesa que corresponda a cada elector y durante la jornada laboral, teniéndose en cuenta, en su caso, las normas que regulen el voto por correo.
2. El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose en urnas cerradas las papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad de papel, serán de iguales características, en cada Administración Pública, cuyo modelo homologado será objeto de publicación oficial. La Administración correspondiente garantizará el libre ejercicio del derecho al voto de los funcionarios.
3. Inmediatamente después de celebrada la votación, la Mesa electoral procederá públicamente al recuento de votos, mediante la lectura por el Presidente, en alta voz, de las papeletas.
4. Del resultado del escrutinio se levantará acta, en la que constara, además de la composición de la mesa, el número de votantes, votos obtenidos por cada lista, así como, en su caso, votos nulos y otras incidencias habidas. Una vez redactada el acta, será firmada por los componentes de la Mesa, los Interventores y el representante de la Administración correspondiente, si lo hubiere. Las actas se remitirán a la Junta Electoral de Zona antes de las veinticuatro horas del mismo día de la votación. Copias del acta se facilitarán a los Interventores que así lo soliciten y otra copia se expondrá, inmediatamente de realizado el escrutinio, en lugar bien visible del local de la votación. Juntamente con el acta se remitirán a la Junta Electoral de Zona y en el mismo sobre lacrado, las papeletas que hayan sido impugnadas o no validas. Un ejemplar del acta quedará siempre en poder del Presidente de la Mesa.
5. La Junta Electoral de Zona, a la vista de los resultados de cada Mesa y de las reclamaciones que se produzcan, hará públicos los resultados definitivos del escrutinio en el plazo más breve posible y, en todo caso, no superior a nueve días, proclamando a los candidatos electos, con especificación de la candidatura a que pertenezcan. El resultado final se comunicará oficialmente a los funcionarios, a las Organizaciones Sindicales que hubieran presentado candidatos y a la Junta Electoral General o de Comunidad Autónoma según proceda. La Junta Electoral de Comunidad Autónoma remitirá tal resultado a la Junta Electoral General que, a su vez, la pondrá en conocimiento de la Oficina Pública a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
6. La oficina prevista en el epígrafe anterior proclamará los resultados globales de las elecciones, expedirá las certificacines de los resultados y hará el computo global de los mismos a efectos de declarar el grado de representatividad de las Organizaciones Sindicales.
Los actos de las Mesas electorales serán recurribles en el plazo de cinco días ante las Juntas Electorales de Zona, cuyos actos agotaran la vía administrativa.
Salvo que se especifique otro distinto, la junta Electoral de Zona deberá resolver en el plazo de cinco días desde la interposición de recurso o reclamación. Transcurrido dicho plazo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en los casos y términos previstos en el artículo 29 de este Ley.
1. Pueden ser objeto de recurso contencioso electoral, a que se refiere la Sección XVI del Capítulo VI del Título I de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, las resoluciones de la Junta Electoral de Zona relativas a la proclamación de candidatos y de electos.
2. Los restantes recursos que se deduzcan se regirán por lo dispuesto en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
La participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos se efectuará mediante la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y lo previsto en este Capítulo.
A este efecto se constituirán Mesas de negociación en las que estarán presentes los representantes de la Administración Pública correspondiente y las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal.
1. A los efectos del artículo anterior se constituirá una Mesa general de negociación en el ámbito de la Administración del Estado, así como en cada una de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que será competente para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos del ámbito correspondiente.
Constituida la mesa general, en la Administración del Estado se constituir án mesas sectoriales de negociación para la determinación de las condiciones de trabajo en los sectores específicos que a continuación se relacionan:
– Para el personal docente en los centros públicos no universitarios.
– Para el personal de los servicios de Correos, Telégrafos y Caja Postal de Ahorros.
– Para el personal al servicio de las instituciones sanitarias públicas.
– Para el personal al servicio de la Administración de Justicia.
– Para el personal funcionario de las Universidades.
Por decisión de la Mesa general podrán constituirse otras Mesas sectoriales en atención al número y peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos.
La competencia de las Mesas sectoriales se extenderá a los temas que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa general.
2. En la Mesa general estarán presentes las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal y de Comunidad Autónoma, así como los Sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal.
En las Mesas sectoriales, además de las Organizaciones señaladas en el párrafo anterior, que estarán en todo caso, estarán también presentes los sindicatos que hayan obtenido en el correspondiente sector el 10 por 100 o más de los representantes en las Elecciones para Delegados y Juntas de Personal.
3. La Mesa general y las Mesas sectoriales de negación se reunirán, al menos, una vez al año.
Igualmente tendrán lugar reuniones por decisión de la Administración Pública correspondiente; por acuerdo entre ésta y las Organizaciones Sindicales presentes en la correspondiente mesa, y por solicitud de todas las Organizaciones Sindicales presentes en la respectiva Mesa.
Serán objeto de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública, las siguientes materias:
a) La aplicación de las retribuciones de los funcionarios públicos.
b) La preparación de los planes de oferta de empleo.
c) La clasificación de puestos de trabajo.
d) Los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios públicos.
e) Las materias de índole económica, de prestación de servicios, sindical, asistencial y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de relaciones de los funcionarios públicos y sus Organizaciones Sindicales con la Administración.
Procederá la consulta con las Organizaciones Sindicales y sindicatos a que se refieren los artículos 30 y 31.2 cuando se trate de materias reservadas a la Ley o que supongan incremento de disponibilidades presupuestarias cuya autorización corresponda a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
1. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la consulta o negociación, en su caso, las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización, al ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante los funcionarios públicos y al procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
2. Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización puedan tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, procederá la consulta a las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente Ley.
Los representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales y de las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente Ley, podrán llegar a acuerdos y pactos para la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.
Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y vincularán directamente a las partes.
Los Acuerdos versarán sobre materias competencia del Consejo de Ministros, Consejos de Gobierno de Comunidades Autónomas o pleno de las Entidades Locales. Para su validez y eficacia será necesaria la aprobación expresa y formal de estos órganos en su ámbito respectivo.
Los pactos y acuerdos deberán establecerse comisiones de seguimiento de los Pactos y Acuerdos.
Los Acuerdos aprobados y los Pactos celebrados se remitirán a la oficina Pública a que hace referencia el artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y serán de inmediato publicados en el «Boletín Oficial del Estado» o diarios oficiales correspondientes.
1. El Gobierno, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas o el Pleno de la correspondiente Entidad local podrán determinar, respectivamente, las instrucciones a que deberán atenerse sus representantes cuando proceda la negociación con la representación sindical establecida en este capítulo.
2. Corresponderá al Gobierno, en los términos del artículo 3, 2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y a los Órganos de Gobierno de las demás Administraciones Públicas en sus respectivos ámbitos, establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos en los casos en que no se produzca acuerdo en su negociación o no se alcance la aprobación expresa y formal a que alude el artículo 35.
1. Para resolver los conflictos surgidos en la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos o los incumplimientos de los Pactos o Acuerdos, las Administraciones Públicas y las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que se refieren los artículos 30 y 31.2 podrán instar el nombramiento de un mediador que será nombrado de común acuerdo y podrá formular la correspondiente propuesta.
2. La negativa de las partes a aceptar las propuestas presentadas por el mediador habrá de ser razonada y por escrito, del que se enviará copia a ambas partes en el plazo de quince días.
3. Las propuestas del mediador y la oposición de las partes, en su caso, deberán hacerse públicas de inmediato.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el Consejo Superior de la Función Pública como Órgano Superior Colegiado de participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, existirán 17 representantes designados por las Organizaciones Sindicales de acuerdo con las siguientes normas:
1. Un puesto por cada una de las Organizaciones Sindicales más representativas a nivel estatal y de Comunidad Autónoma.
2. Los puestos restantes se distribuirán entre las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los Delegados de Personal y miembros de Juntas de Personal, en forma proporcional a la audiencia obtenida valorada en función de los resultados alcanzados en las elecciones previstas en la presente Ley, así como en las elecciones del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
1. Las Administraciones Públicas podrán establecer órganos colegiados para la participación de las Organizaciones Sindicales en las materias relacionadas con el sistema retributivo y el régimen del personal a su servicio.
2. La representación de las Organizaciones Sindicales en los órganos a que se refiere el apartado anterior, se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, si bien la audiencia a que se refiere el número 2 de dicho artículo se entenderá referida al ámbito territorial de las Comunidades Autónomas cuando se trate de órganos colegiados de estas.
Están legitimados para convocar una reunión:
a) Las Organizaciones Sindicales directamente o a través de los Delegados Sindicales.
b) Los Delegados de Personal.
c) Las Juntas de Personal.
d) Cualesquiera funcionarios de las Administraciones respectivas, siempre que su número no sea inferior al 40 por 100 del colectivo convocado.
1. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocar las reuniones a que se refiere el artículo anterior. En este ultimo caso, sólo podrán concederse autorizaciones hasta un máximo de treinta y seis horas anuales. De estas, dieciocho corresponderán a las secciones sindicales y el resto a los Delegados o Juntas de Personal.
2. Cuando las reuniones hayan de tener lugar dentro de la jornada de trabajo, la convocatoria deberá referirse a la totalidad del colectivo de que se trate, salvo en las reuniones de las Secciones Sindicales.
3. En cualquier caso, la celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios.
4. En aquellos centros de trabajo en que presten servicios más de 250 funcionarios, se habilitará un local con dotación de material adecuado para uso de las Organizaciones Sindicales, Delegados de Personal o miembros de las Juntas de Personal, cuya utilización se instrumentará mediante acuerdo entre ellas.
5. En todos los centros de trabajo habrán de existir lugares adecuados para la exposición, con carácter exclusivo, de cualquier anuncio sindical.
El número y distribución de los tablones de anuncios será el adecuado al tamaño y estructura del centro, de forma que se garantice la publicidad más amplia de los anuncios que se expongan. En todo caso, las unidades administrativas con ubicación independiente, cualquiera que sea su rango, deberán disponer de, al menos, un tablón de anuncios.
1. Serán requisitos para convocar una reunión los siguientes:
a) Comunicar por escrito su celebración con antelación de dos días hábiles.
b) En este escrito se indicará:
La hora y el lugar de la celebración.
El orden del día.
Los datos de los firmantes que acrediten estar legitimados para convocar la reunión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
2. Si antes de las veinticuatro horas anteriores a la fecha de la celebración de la reunión, la Autoridad administrativa competente no formulase objeciones a la misma mediante resolución motivada podrá celebrarse sin otro requisito posterior.
3. Los convocantes de la reunión serán responsables del normal desarrollo de la misma.
El ejercicio de todas aquellas competencias no atribuidas a otros órganos de la Administración del Estado corresponde al Ministro para las Administraciones Públicas de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, salvo las atribuidas al Ministro de Justicia en el artículo 455 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial.
La Administración Pública correspondiente procederá al descuento de la cuota sindical sobre las retribuciones de los funcionarios públicos afiliados a las Organizaciones Sindicales y a la correspondiente transferencia a solicitud de estas y previa conformidad siempre por escrito del funcionario.
Los Profesores asociados, visitantes y ayudantes a que se refieren los artículos 33.3 y 34 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ejercerán su representación a través de las Juntas de Personal de Funcionarios de Cuerpos Docentes a que se refieren los apartados 1.3.2 y 3.3.3 del artículo 7 de la presente Ley.
A efectos de lo establecido en los artículos 6.2 y 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, las elecciones a los órganos de representación de las Administraciones Públicas tendrán lugar dentro del periodo de computo a que se refiere la disposición adicional primera, 1, de dicha Ley Orgánica.
A efectos de lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de esta Ley, en adecuación a las actividades y organización específica de la Administración Pública, en las elecciones a representantes del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, constituirá un único centro de trabajo la totalidad de establecimientos dependientes del Departamento u Organismo de que se trate, que radiquen en una misma provincia, siempre que los trabajadores afectados se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de un mismo convenio colectivo.
1. Los funcionarios en situación de supernumerarios no podrán ostentar la condición de electores ni elegibles.
2. Hasta tanto se cumpla la disposición final primera de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, al personal contratado de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo que se encuentre prestando servicio, le será de aplicación, a todos los efectos, lo dispuesto en la presente Ley.
Será, asimismo, de aplicación la presente Ley al personal contratado a que se refiere la disposición transitoria sexta, apartado cuarto, de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
La relación de servicio con la Administración Pública no se verá alterada por el acceso del personal contratado de colaboración temporal en régimen de derecho administrativo, a la condición de representante.
1. En el plazo máximo de nueve meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, a propuesta de las Organizaciones Sindicales más representativas, el Ministro para las Administraciones Públicas convocará las primeras elecciones en el ámbito de la Administración del Estado. A partir de esta convocatoria, en el plazo de un mes las elecciones deberán convocarse por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
2. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de Personal elegidos en la primera convocatoria finalizará, como máximo, el 31 de diciembre de 1990.
1. En la primera convocatoria de elecciones, la Junta Electoral General estará compuesta de igual número de miembros de las Administraciones Públicas, nombrados por el Ministro para las Administraciones Públicas, y de las Organizaciones Sindicales más representativas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25.3 de esta Ley.
2. Entre los representantes de la Administración del Estado, el Ministro para las Administraciones Públicas designará al Presidente de la Junta.
La Comisión de Coordinación de la Función Pública propondrá a los representantes de las Comunidades Autónomas, de entre ellas, y en igual número que los representantes de la Administración del Estado.
Los representantes de las Entidades Locales en la Comisión Nacional de Administración Local, propondrán de entre ellas a sus representantes, en igual número que los de la Administración del Estado.
3. Con carácter inmediato el Presidente convocará a la Junta Electoral General para el ejercicio de las competencias a que hace referencia el artículo 25 de esta Ley, así como aprobar los modelos homologados de papeletas de votación y cuantos impresos sean necesarios para el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso electoral en todas las Administraciones Públicas.
En cuanto a los procedimientos para la formación de la voluntad de la Junta Electoral General, se estará a lo dispuesto en el capítulo II del título I de la Ley de 17 de julio de 1958 de procedimiento administrativo, excepto en lo que respecta al nombramiento de Secretario.
En la primera convocatoria de elecciones, las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma estarán compuestas por igual número de representantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, designados por ésta, y de las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido representación en la Junta Electoral General, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria cuarta.
La Presidencia de estas Juntas recaerá en un representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
En la primera convocatoria de elecciones, las Juntas Electorales de Zona estarán compuestas por el representante de la Administración Pública correspondiente, con voz pero sin voto, y por los representantes de las Organizaciones Sindicales que hayan obtenido representación en la Junta Electoral General de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta.
En las Comunidades Autónomas en que las Áreas de Salud no estén establecidas y a los solos efectos de lo dispuesto en la presente Ley, por el órgano responsable de la Administración sanitaria, se definirán con la participación de los Sindicatos representativos, zonas o circunscripciones, constituyéndose una Junta de Personal por cada zona o circunscripción.
Tendrán la consideración de normas básicas en el sentido previsto en el artículo 149.1.18 de la Constitución, y, en consecuencia, serán de aplicación para todas las Administraciones Públicas, las siguientes de esta Ley:
Artículos 1.º, 2.º, 1, d), y 2; 3.º; 4.º; 5.º; 6.º; 7.º, 4; 8.º; 9.º; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23, 1, c), y 2; 24; 25; 1 y 2; 26; 27; 28; 29; 30; 31, 3; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40, 2; 41; 42, 1, 2 y 3; 43; disposiciones adicionales segunda, cuarta y quinta; disposiciones transitorias primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 12 de mayo de 1987.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
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