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De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:
La rúbrica del capítulo XII, título II, del libro II del Código Penal quedará redactada en los siguientes terminos: «De la tenencia y deposito de armas o municiones y de la tenencia de explosivos.»
La rúbrica del capítulo V, título IV, del libro II del propio Código quedará redactada en los siguientes términos: «De la omisión del deber de impedir determinados delitos o de ponerlos en conocimientos de la autoridad.»
La circunstancia segunda del número tres del artículo diecisiete del Código Penal se modificará como sigue: «Segunda. La de ser el delincuente reo de traición, homicidio del Jefe del Estado o su sucesor, parricidio, asesinato, detención ilegal bajo rescate o imponiendo cualquier otra condición, detención, ilegal con simulación de funciones públicas, depósito de armas o municiones, tenencia de explosivos y estragos.»
Se introduce un nuevo artículo con el número doscientos cuarenta y nueve bis, redactado como sigue: «Los que, con ánimo de causar alarmar, afirmaren falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros que puedan producir el mismo efecto serán castigados con la pena de arresto mayor y multa de veinte mil a doscientas mil pesetas.»
El artículo doscientos sesenta y tres del Código Penal queda sin contenido y su texto, sin variación alguna, se traslada al capítulo IX del mismo título, donde recibirá el número doscientos cuarenta y seis, pasando el actual doscientos cuarenta y seis a denominarse doscientos cuarenta y seis bis.
El artículo doscientos sesenta y cuatro quedará redactado así: «La tenencia de sustancias o aparatos explosivos, inflamables o asfixiantes, así como su fabricación, transporte o suministro de cualquier forma, fuera de los casos permitidos por la Ley, y con propósito delictivo, será castigado con la pena de prisión mayor. Los Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en el culpable, y en el hecho y la gravedad de éste, podrán rebajar en uno o dos grados la pena a que se refiere el párrafo anterior.»
El artículo doscientos sesenta y cinco quedará redactado en estos términos: «Los depósitos de armas, municiones o explosivos establecidos en nombre o por cuenta de una asociación con propósito delictivo determinará la declaración judicial de ilicitud y su consiguiente disolución.»
El artículo trescientos y ocho bis se redactara como sigue: «el que, pudiendo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno impedir un delito contra la vida libertad o la segunda de las personas, se abstuviere voluntariamente de hacerlo será castigado con la pena de arresto mayor o multa de veinte mil a doscientas mil pesetas, o con ambas penas.
El que se abstuviere de poner en conocimiento de la autoridad o de sus agentes, en el plazo mas breve posible, los hechos delictivos a que se refiere el párrafo anterior, será castigado con las penas previstas en él.»
El artículo cuatrocientos ochenta y uno se modifica en los siguientes términos: «el delito previsto en el artículo anterior será castigado con la pena de prisión mayor en su grado máximo a reclusión menor en su grado medio, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que incurriese el culpable: Primero. Si se hubiere exigido rescate o impuesto cualquier otra condición, o fuere consecutivo a un delito contra la propiedad. Segundo. Si el encierro o detención hubieren durado más de quince días. Tercero. Si se hubiere ejecutado con simulación de funciones públicas.»
Se introduce un nuevo artículo, con el número cuatrocientos ochenta y uno bis, redactado como sigue: «El que construyere o acondicionare lugares con el propósito de cometer el delito a que se refiere el artículo cuatrocientos ochenta será castigado con la pena de prisión menor.
Igualmente será castigado con la pena de prisión menor el que construyere o acondicionare lugares con el propósito de proporcionarlos a otros para la comisión del delito a que se refiere el artículo cuatrocientos ochenta.
El que por cualquier título tuviere a su disposición los lugares a que se refieren los párrafos anteriores, si no lo pusiere en conocimiento de las autoridades en el término más breve posible desde el momento de su adquisición, será castigado con la pena de arresto mayor.»
Se introduce un nuevo artículo con el número cuatrocientos noventa y seis bis, redactado como sigue: «Si las amenazas o coacciones con el propósito de atemorizar a los habitantes de una población, se impondrá la pena superior en su grado.»
Se suprime en el artículo quinientos uno, número dos, el inciso último, donde se hace referencia a que «el robado fuere detenido bajo rescate o por más de un día, o cuando se intentare el secuestro de alguna persona».
El artículo quinientos cincuenta y cuatro quedará redactado en los siguientes términos:
«Incurrirá en la pena de presidido mayor, como reo de estragos, con independencia del fin propuesto por el culpable, el que causare maliciosamente daños de cualquier cuantía mediante destrucción de aeronave, inmersión o varamiento de nave, empleo de sustancias, explosivos, inundación, levantamiento de carriles o cambio de señales de una vía férrea, destrozos de hilos o postes telegráficos, de aparatos o instrumentos de transmisión por ondas, o de cualquier otro medio de destrucción semejante a los expresados. Los Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en el culpable en el hecho y en la gravedad de éste, podrán rebajar en uno o dos grados la pena a que se refiere el párrafo anterior, que podrá imponerse en su grado máximo o en la superior en grado, si se hubiere producido una situación de grave peligro para la vida o la integridad corporal de las personas.»
En el artículo primero del Real Decreto-ley tres/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero, la expresión «delitos de terrorismo» se sustituirá por «delitos de asesinato, lesiones graves, detención ilegal bajo rescate o imponiendo cualquier otra condición, detención ilegal con simulación de funciones publicas, depósito de armas o municiones, tenencia de explosivos, estragos y delitos conexos con los anteriores, siempre que sean cometidos por personas integradas en grupos organizados y armados.»
Quedan derogados los artículos doscientos sesenta, doscientos sesenta y uno y doscientos sesenta y dos del Código Penal, así como los artículos primero, segundo y tercero del anexo al Código Penal añadido por el Real Decreto-ley tres/mil novecientos setenta y siete, de cuatro de enero.
Dada en Madrid a veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.
JUAN CARLOS
El Presidente de las Cortes,
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL
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