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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, incluye en una única norma las disposiciones relativas al nombramiento de los altos cargos introduciendo nuevos mecanismos que garanticen la idoneidad del candidato, que permitan un análisis previo de la posible existencia de conflictos de intereses y que aseguren el control del órgano que tiene asignadas las competencias en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses.
Por otra parte, la ley, al aclarar el régimen retributivo, de protección social, de uso de los recursos humanos y materiales, así como de las incompatibilidades que serán aplicables a los altos cargos incluidos en su ámbito de aplicación, trata de solucionar los problemas que han ido manifestándose durante la aplicación práctica de las normas reguladoras de esta materia.
No obstante, la ley precisa de la colaboración del Reglamento y, a estos efectos, la disposición final primera de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que el Gobierno adoptará mediante real decreto las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta ley.
En cumplimiento de ese mandato legislativo se dicta la presente norma cuya finalidad es regular su ámbito de aplicación previsto en el título preliminar de la Ley 3/2015, la forma en que han de efectuarse las diferentes declaraciones previstas en la ley, así como su contenido, los procedimientos para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones y, en general, todos los preceptos de aquella que requieran desarrollo reglamentario contenidos en sus títulos II y III.
En tal sentido, en el capítulo I del Reglamento se precisa el ámbito de aplicación determinando cuáles son los cargos asimilados a que se refiere el título preliminar de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, en las letras d) y f) del apartado 2 de su artículo 1.
Este mismo capítulo I también regula los procedimientos para que la Oficina de Conflictos de Intereses tenga conocimiento de los nombramientos en puestos de altos cargos en organismos y entidades del sector público, así como la documentación que ha de recibir para comprobar si estos reúnen los requisitos previstos en el artículo 2 de la citada ley.
Asimismo, en su capítulo II se regulan las disposiciones comunes al registro de actividades y al registro de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos, cuyos respectivos regímenes específicos se desarrollan en los capítulos III y IV, estableciendo su dependencia y gestión a cargo de la Oficina de Conflictos de Intereses, así como el contenido de las declaraciones que los altos cargos han de presentar, las funciones de la citada Oficina ante el incumplimiento de estas obligaciones, así como el acceso a cada uno de esos registros. En este sentido, cabe destacar que con esta disposición se promueve el uso de los medios electrónicos, de acuerdo con las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Este real decreto cumple con los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
De este modo, su adecuación a los principios de necesidad y eficacia se explican por el objeto que persigue esta norma, por el cual se desarrollan determinados aspectos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, contenidos en sus títulos preliminar, II y III, que requieren la aprobación de este Reglamento. En este sentido, desde la perspectiva de su adecuación al principio de proporcionalidad, este real decreto contiene la regulación imprescindible para completar las previsiones de la ley que desarrolla, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
A su vez, este real decreto se adecua al principio de seguridad jurídica, al dotar de certidumbre y claridad a la materia regulada, y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico.
La adecuación al principio de transparencia se realiza mediante la regulación de los extremos de la Ley 3/2015 que se han referido más arriba sobre publicidad, y al hecho de que la norma define claramente sus objetivos.
Por último, el principio de eficiencia se manifiesta en que no impone cargas administrativas y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos, para cumplir adecuadamente las obligaciones legales intrínsecas a la condición de alto cargo, incluida la tramitación electrónica de los procedimientos.
Asimismo, esta disposición se aprueba conforme a lo previsto en el Plan Anual Normativo 2018.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de septiembre de 2018,
DISPONGO:
Se aprueba, en desarrollo de los títulos preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, el Reglamento cuyo texto se incluye a continuación.
Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de los gastos de personal y se atenderán con los recursos disponibles en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
La publicación prevista en el artículo 13.4 del Reglamento que haya de efectuarse durante el primer trimestre de 2019, corresponderá a las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales cumplimentadas por los miembros del Gobierno y demás altos cargos que no hayan sido publicadas con anterioridad.
Se autoriza a la Ministra de Política Territorial y Función Pública para desarrollar, en el ámbito de sus competencias, lo previsto en este real decreto y, en particular, para proceder mediante orden a la determinación de la fecha en que los interesados a los que es de aplicación este Reglamento tengan la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflicto de Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, y en este Reglamento, de acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El presente real decreto y el Reglamento que por él se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 28 de septiembre de 2018.
FELIPE R.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública,
MERITXELL BATET LAMAÑA
1. Este Reglamento, en desarrollo de los títulos preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, tiene por objeto regular los instrumentos y procedimientos para cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley.
2. Las disposiciones de este Reglamento se aplicarán a quienes tengan la consideración de altos cargos, conforme a lo establecido en el artículo 1.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.
3. En los organismos y entidades del sector público estatal administrativo, fundacional y empresarial vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, se considerarán asimilados a los Presidentes, a los Vicepresidentes, a los Directores Generales y a los Directores ejecutivos previstos en la letra d) del artículo 1.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, quienes tengan la condición de máximo responsable por ser el Consejero delegado del Consejo de Administración o asumir con funciones ejecutivas la dirección de los órganos superiores de gobierno o administración de los organismos y entidades mencionadas y cuyo nombramiento se efectúe por decisión del Consejo de Ministros o por sus propios órganos de gobierno. En las sociedades mercantiles estatales en las que la administración no se confíe a un Consejo de Administración será el administrador.
En todo caso, se considerarán asimilados quienes de acuerdo con sus normas reguladoras tengan expresamente atribuido el rango de Director General o superior.
4. Se considerarán equivalentes a los Directores, Directores ejecutivos o Secretarios Generales de los organismos reguladores y de supervisión previstos en la letra f) del artículo 1.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, quienes, vinculados al organismo o entidad por una relación no funcionarial, tengan la condición de directivo, bien porque se la atribuya su legislación reguladora, o bien porque formen parte de los órganos superiores de gobierno o administración del organismo o entidad aun cuando no tengan derecho a voto.
5. La Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas la información pertinente al objeto de identificar los titulares de los puestos a los que se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo.
6. El Presidente y los Consejeros permanentes del Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, podrán presentar en los registros de altos cargos de la Oficina de Conflictos de Intereses las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales que estén obligados a formular.
1. En el plazo de siete días desde que se produzca el nombramiento o cese de un alto cargo comunicarán e informarán de su nombramiento o cese, de acuerdo con los modelos aprobados a tal efecto, a la Oficina de Conflictos de Intereses:
a) Los responsables del Departamento de Recursos Humanos de los organismos y entidades del sector público estatal.
b) Los Secretarios de los órganos de administración o de gobierno de las entidades públicas o privadas con representación del sector público estatal.
2. Los sujetos mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior serán responsables de la actualización de los datos y su envío electrónico en el plazo establecido.
Todas las declaraciones y el resto de comunicaciones y documentos a que se refiere este Reglamento se realizarán de forma electrónica siguiendo los modelos aprobados al efecto por Orden de la Ministra de Política Territorial y Función Pública.
1. Corresponde recopilar a las Secretarías Generales Técnicas respecto de su Departamento ministerial, así como de cada organismo y entidad del sector público estatal, fundacional y empresarial, a través del órgano competente de cada uno de ellos, de acuerdo con su respectiva adscripción o relación departamental, la siguiente documentación:
a) Modelo de declaración responsable, a que se refiere el artículo 2.5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, suscrita por el candidato propuesto a alto cargo.
b) Modelo de currículum vítae aprobado al efecto, suscrito por el candidato propuesto a alto cargo.
2. Ambos documentos serán examinados por el órgano competente para la propuesta de nombramiento con carácter previo a éste. En el plazo de los siete días siguientes a su nombramiento, el alto cargo deberá remitir a la Oficina de Conflictos de Intereses los documentos previstos en el apartado anterior junto con su certificado de antecedentes penales.
La abstención del alto cargo a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, se realizará de conformidad con los modelos aprobados al efecto.
Si la abstención se produjera durante la reunión de un órgano colegiado, dicha abstención constará en acta y será comunicada por el secretario del órgano colegiado en el plazo de un mes al Registro de Actividades, de conformidad con los modelos aprobados al efecto.
1. El Registro de Actividades de altos cargos y el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos, ambos dependientes de la Oficina de Conflictos de Intereses, gestionarán la inscripción, depósito, custodia de las declaraciones y comunicaciones previstas en este Reglamento, así como la cancelación de las inscripciones practicadas, con las adecuadas garantías de seguridad, inalterabilidad y archivo de los datos y documentos almacenados.
2. El tratamiento y, en su caso, comunicación de los datos contenidos en las declaraciones o comunicaciones previstas en este Reglamento se someterá a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal.
Cuando la Oficina de Conflictos de Intereses tenga conocimiento de la toma de posesión o de cese de un alto cargo, como consecuencia de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», por las comunicaciones a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento o por otro medio, se dirigirá al interesado informándole sobre las obligaciones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, en relación con el ejercicio de otras actividades públicas o privadas, y, en especial, sobre las obligaciones de formular las declaraciones a que se refiere la Ley y le facilitará toda la documentación e información necesaria para el cumplimiento de las mismas.
1. Si se aprecian deficiencias formales en la declaración o falta de la documentación exigible, se requerirá al interesado para que en el plazo de un mes las subsane.
2. Se consideran deficiencias formales las siguientes:
a) Omisión de cualquiera de los datos identificativos del declarante.
b) Confusión, error o imprecisión en las declaraciones.
c) La existencia en las declaraciones de palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, que no estuvieran salvadas por el declarante con su firma y ofrecieran dudas al personal de la Oficina de Conflicto de Intereses.
d) Otros errores materiales.
3. Si la Oficina de Conflictos de Intereses apreciase que el alto cargo está incurso en alguna de las causas de incompatibilidad a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, informará de esta circunstancia al declarante. Si en el plazo de quince días desde que se le informó, no contestase, o si de su contestación se siguiera apreciando causa de posible infracción o de incompatibilidad, se le requerirá otorgándose un segundo plazo de quince días para aportar los datos necesarios, informándole que de no realizarse dicha aportación, se continuará con los trámites correspondientes del procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora, de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Las declaraciones que se reciban en los Registros serán comparadas con las inscritas con anterioridad.
De apreciarse la existencia de divergencias entre las mismas, se le comunicará al interesado para que lo aclare en el plazo de un mes.
Si esta aclaración no se produjera o no se estimara suficiente, se iniciarán por la Oficina de Conflictos de Intereses las actuaciones y trámites previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el ejercicio de la potestad sancionadora, por constituir infracción tipificada en el artículo 29.2.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Transcurrido el plazo de seis años desde el momento del cese del alto cargo, se procederá a la destrucción de los datos de carácter personal contenidos en las declaraciones, en los términos previstos en el Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, que regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original y de acuerdo con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Este plazo no se aplicará a aquellos documentos respecto de los que subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas, conforme al artículo 3 del citado Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre.
1. El Registro de Actividades de altos cargos tiene por objeto la gestión, el depósito y custodia de las declaraciones a que se refieren los artículos 2, 7, 15 y 16 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.
2. El Registro de Actividades de altos cargos tiene carácter público, rigiéndose por lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en las correspondientes normas de desarrollo de las leyes citadas.
3. Las personas que deseen conocer las declaraciones depositadas en el Registro de Actividades de altos cargos podrán presentar electrónicamente una solicitud de la certificación de su contenido indicando el cargo de cuyo titular se desea conocer las declaraciones de actividades. Si en la solicitud no se expresa otra cosa, se entenderá que la solicitud se refiere a la persona que ocupa el cargo en el momento de efectuarse la solicitud.
No serán admisibles las solicitudes genéricas, ni aquellas en las que no aparezca claramente identificada la persona solicitante de la información o la titular del alto cargo del que se solicita la certificación. La Oficina de Conflicto de Intereses solicitará la subsanación de estas solicitudes, en los términos y con los efectos previstos en la legislación de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
1. Los altos cargos presentarán la declaración de actividades previstas en el artículo 16 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de conformidad con el modelo aprobado al efecto, en el plazo improrrogable de tres meses desde la fecha de toma de posesión del cargo y del cese, respectivamente, así como cada vez que el alto cargo inicie una nueva actividad económica durante el periodo de dos años desde su cese.
2. En dicha declaración se manifestará si se recibe cualquier otra remuneración o percepción con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas u organismos o entidades vinculadas o dependientes de las mismas, así como cualquier otra remuneración o percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada.
1. Las personas que hayan cesado en el ejercicio de las funciones de altos cargos y durante los dos años siguientes, dirigirán al Registro de Actividades de altos cargos una comunicación de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) El interesado deberá remitir la comunicación al Registro de Actividades de altos cargos con carácter previo a la iniciación de la actividad que vaya a realizar, pronunciándose, al menos, sobre los siguientes extremos:
1.º Actividad privada que vayan a desempeñar, especificando si se va a realizar la actividad privada por cuenta propia o ajena. En este último supuesto, se indicarán los datos que identifiquen a la empresa o entidad para la que vaya a trabajar, indicando además el objeto social de ésta.
2.º Declaración expresa de que dicha actividad privada no está relacionada directamente con las competencias del cargo desempeñado; a estos efectos, y de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.
Esta comunicación irá acompañada de la documentación justificativa que la persona interesada estime oportuna.
b) Una vez recibida la comunicación de la persona interesada, la Oficina de Conflictos de Intereses podrá solicitar, del Departamento ministerial u organismo o entidad en el que la persona declarante haya desempeñado su último puesto de alto cargo, la información necesaria para dictar la resolución.
2. Si la Oficina de Conflictos de Intereses estimara la concurrencia de la prohibición establecida en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, se lo comunicará, en el plazo de un mes desde la presentación de la declaración, a la persona interesada y a la entidad en la que fuera a prestar sus servicios, quienes dispondrán de un plazo de quince días para formular alegaciones.
Si la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses fuera desfavorable y la persona interesada iniciara la actividad privada, la Oficina de Conflictos de Intereses propondrá al órgano competente la iniciación del procedimiento administrativo para el ejercicio de la potestad sancionadora.
1. El Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales de altos cargos tiene carácter reservado y por objeto la gestión, el depósito y custodia de las declaraciones de participaciones y de bienes y de las copias de los contratos y de las declaraciones tributarias que haya tenido obligación de presentar el alto cargo, de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 17 y 18, respectivamente, de la Ley 3/2015, de 30 de marzo.
2. Los altos cargos están obligados a formular las declaraciones patrimoniales comprensivas de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones.
3. Sólo pueden tener acceso a las declaraciones obrantes en este Registro los siguientes órganos:
a) El Congreso de los Diputados y el Senado, de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos de las Cámaras, así como las Comisiones Parlamentarias de Investigación que se constituyan.
b) Los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obran en el Registro, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales.
c) El Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus funciones que requieran el conocimiento de los datos obrantes en el Registro.
4. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 21 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, durante el primer trimestre de cada año natural, se procederá a publicar en el «Boletín Oficial del Estado» las declaraciones de bienes, derechos y obligaciones patrimoniales de los altos cargos cuya toma de posesión o cese se haya producido en el año anterior.
1. Los altos cargos presentarán las declaraciones previstas en el artículo 17 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, de conformidad con el modelo aprobado al efecto, en el plazo improrrogable de los tres meses siguientes a la fecha de toma de su posesión y cese.
2. Los altos cargos presentarán copia de la declaración tributaria correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el plazo de tres meses desde la conclusión de los plazos legalmente establecidos para la presentación de dicho documento ante la Administración tributaria, salvo que ya obren en la Oficina de Conflictos de Intereses.
No será exigible el cumplimiento de esta obligación anual cuando no hubieran transcurrido tres meses desde la toma de posesión del alto cargo y éste hubiera remitido la documentación exigida.
1. Cuando el alto cargo poseyera participaciones societarias en los términos previstos en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, presentará la correspondiente declaración indicándose los siguientes datos:
a) Nombre, objeto social y denominación de la empresa en la que se participa.
b) Porcentaje de participación del alto cargo en las empresas.
c) Indicación de los conciertos o contratos, de cualquier naturaleza, que la empresa haya suscrito con el sector público estatal, autonómico o local que se hallen en ejecución en el momento de la declaración.
d) Indicación de las subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública que haya recibido la empresa.
e) Fecha de la transmisión de la participación y naturaleza de la misma.
2. Una vez que se haya realizado la transmisión de dichas participaciones societarias, el alto cargo dispondrá de un mes para comunicarlo a la Oficina de Conflictos de Intereses.
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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