Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley sobre vertidos de aguas residuales industriales.

PREÁMBULO

El artículo 45 de la Constitución contiene un mandato dirigido a los poderes públicos imponiéndoles el deber genérico de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva, configurando como derecho de todos el disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo personal y, a la par, como carga u obligación, el deber de conservarlo.

A su vez, el Estatuto de Autonomía atribuye al Principado de Asturias, en su artículo 11.5, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de protección del medio ambiente, objetivo último de este texto legal.

La Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas, regula los aspectos esenciales de las funciones que en materia de abastecimiento y saneamiento corresponden al Principado de Asturias y a los concejos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma para una actuación planificada y coordinada. Asimismo, dicha Ley crea y regula un canon de saneamiento, como tributo de la Hacienda del Principado de Asturias, afectado fundamentalmente a la financiación de gastos de gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración de las aguas residuales.

En el marco del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, incorporando al ordenamiento interno la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, modificada por la Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, se ha hecho y se continúa haciendo un importante esfuerzo inversor por las diferentes administraciones públicas implicadas, con el fin de dotar al territorio de la Comunidad Autónoma de las instalaciones de depuración precisas para el cumplimiento de las determinaciones establecidas en las citadas normas. Y, en este sentido, a fin de evitar que tal esfuerzo resulte baldío o con resultados insuficientes, se hace preciso, como complemento de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, antes citada, regular los vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento para optimizar el funcionamiento de las instalaciones que los integran y, en particular, el de las estaciones depuradoras de aguas residuales, puesto que los vertidos hechos fuera de parámetros aceptables afectan no sólo a las redes de alcantarillado y de colectores, sino también y principalmente a las propias depuradoras, sean éstas o no biológicas.

Con ello se pretende, además, el logro de otros objetivos no menos importantes, como los de protección del personal de explotación ante compuestos tóxicos o peligrosos y los de favorecer la posible utilización de los lodos de depuración, eliminando de los mismos metales pesados y compuestos afines.

Por otra parte, correspondiendo a los concejos, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, el ejercicio de competencias en las materias, entre otras, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la regulación que se establece en la presente Ley con relación a los sistemas de depuración tendrá la consideración de condicionado mínimo a tener en cuenta por los respectivos Ayuntamientos a la hora de autorizar, en el ámbito de su competencia, los enganches y vertidos a sus propias redes de alcantarillado y de colectores, sin perjuicio de que tal condicionado sea ampliado cuando regulen la prestación de los respectivos servicios mediante el correspondiente reglamento u ordenanza municipal.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Es objeto de la presente Ley regular los vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento en el ámbito territorial del Principado de Asturias, con el fin de proteger las instalaciones que integran dichos sistemas, optimizar el funcionamiento de las mismas y conseguir la preservación del medio ambiente, y en particular para:

a) Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores y en las instalaciones de tratamiento.

b) Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de tratamiento y los equipos instalados en ellas no se deterioren.

c) Asegurar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento.

d) Conseguir que los efluentes de las plantas de tratamiento no tengan efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y contribuyan a que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad determinados en la normativa vigente.

e) Garantizar que los fangos puedan evacuarse con completa seguridad de forma aceptable desde la perspectiva medioambiental.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de la presente Ley, se entiende por:

Administración competente: Entidad u organismo público, autonómico o local, que por disposición legal tenga atribuida la competencia para la prestación de servicios de saneamiento o para la autorización de vertidos, sin perjuicio de lo que para la Administración del Estado establezca la legislación aplicable.

Aguas residuales industriales: Las procedentes de los procesos propios de la actividad en instalaciones comerciales o industriales con presencia de sustancias disueltas o en suspensión.

Pretratamiento de vertidos: operaciones de depuración para reducir o neutralizar de forma parcial, en cantidad o calidad, la carga contaminante de las aguas residuales industriales antes de su vertido a los sistemas públicos de saneamiento.

Servicio de alcantarillado: servicio de competencia municipal que, dentro del servicio genérico de saneamiento, comprende las funciones de recogida de aguas residuales a través de la red de alcantarillado y su evacuación a los colectores generales o a un punto autorizado de vertido.

Colector: Conducto que recoge y transporta las aguas residuales desde las redes de alcantarillado hasta las estaciones depuradoras de aguas residuales.

Estación depuradora de aguas residuales: Unidad compuesta por instalaciones, estructuras o mecanismos que, utilizando métodos físicos, físico-químicos, biológicos u otros similares, realicen el tratamiento de las aguas residuales con el objetivo de reducir o eliminar las materias o productos contaminantes, disueltos o en suspensión en las mismas.

Servicio de depuración: Servicio de competencia autonómica o municipal que, dentro del servicio genérico de saneamiento, comprende las funciones de transporte de aguas residuales a través de colectores generales, la depuración de éstas mediante las instalaciones idóneas y su vertido final al medio natural.

Sistema público de saneamiento: Conjunto de infraestructuras de titularidad pública que comprende alguna de las instalaciones siguientes: red de alcantarillado, colectores, estaciones depuradoras de aguas residuales y emisarios, cuya función sea recoger, transportar y depurar aguas residuales para devolverlas al medio natural en condiciones que permitan preservar el adecuado mantenimiento del mismo.

TÍTULO II

Régimen de los vertidos de aguas residuales industriales

CAPÍTULO I

Vertidos y su autorización

Artículo 3. Solicitud de autorización de vertido.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria primera de esta ley, los titulares de actividades industriales o comerciales cuyas instalaciones estén comprendidas en alguno de los supuestos que reglamentariamente se establezcan y que pretendan utilizar los sistemas públicos de saneamiento para el vertido de aguas residuales están obligados a solicitar la correspondiente autorización, salvo que solamente generen aguas residuales fecales y sanitarias de origen humano.

Artículo 4. Requisitos de la solicitud.

1. La solicitud de autorización deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Nombre y apellidos, o razón social, del titular del vertido y, en su caso, de la persona que lo represente.

b) Proyecto técnico que incluya la identificación y descripción de las instalaciones que vayan a realizar el vertido y de los procesos de fabricación realizados en las mismas, la localización del punto de vertido y del medio receptor y la descripción de las características cualitativas y cuantitativas de los vertidos.

c) Las actuaciones y medidas previstas para su puesta en práctica en los casos de emergencia o peligro.

2. A la solicitud se habrá de acompañar la documentación acreditativa de los datos consignados en la misma. La Administración competente podrá, motivadamente, requerir del solicitante la información complementaria que considere necesaria para el otorgamiento de la autorización.

Artículo 5. Autorización de vertido.

1. Si el vertido se realiza directamente a colectores o instalaciones de depuración que sean competencia de la comunidad autónoma, la autorización de vertido se incluirá dentro de la autorización ambiental integrada ordinaria o simplificada, regulada en la Ley del Principado de Asturias de Calidad Ambiental, y en ella se hará constar expresamente el contenido señalado en el artículo 8 de esta ley.

2. Cuando el vertido se realice a redes de alcantarillado de competencia municipal y este sea transportado a colectores o instalaciones de depuración de competencia de la comunidad autónoma, el otorgamiento de la correspondiente autorización de vertido municipal requerirá el informe vinculante previo de la Administración del Principado de Asturias, que se entenderá favorable en caso de no emitirse en el plazo de treinta días. A tal efecto, el ayuntamiento deberá remitir a la comunidad autónoma solicitud en la que se indiquen los datos de caudal y carga contaminante del vertido.

3. La autorización se otorgará atendiendo a los siguientes criterios: las características del efluente líquido que se solicita verter, la capacidad y el grado de utilización de las instalaciones de saneamiento y depuración, y la calidad requerida para el vertido final a las aguas receptoras.

Artículo 6. Vertidos autorizables.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de esta Ley, serán autorizables los vertidos en que los valores instantáneos de los parámetros de contaminación no excedan de los que reglamentariamente se dispongan, siempre y cuando las instalaciones de saneamiento y depuración tengan capacidad para admitir el caudal y la carga contaminante de los mismos.

Artículo 7. Prohibición de otros vertidos.

1. En ningún caso podrán ser utilizadas las instalaciones que integran los sistemas públicos de saneamiento para verter directa o indirectamente a las mismas:

a) Residuos, entendiendo como tales los definidos en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.

b) Residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de energía nuclear.

c) Los gases o vapores que por razón de su naturaleza o cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, para provocar ignición o explosiones.

d) Sustancias que sean o produzcan gases nocivos en la atmósfera del sistema público de saneamiento.

2. Se prohíbe igualmente:

a) El uso de agua de dilución en los vertidos para conseguir niveles de concentración que permitan su evacuación a los sistemas de saneamiento, salvo en las situaciones de emergencia o peligro, cuando su utilización resulte necesaria para mitigar los efectos nocivos del accidente producido.

b) El vertido de aguas limpias o de aguas industriales no contaminadas de refrigeración, de escorrentía, pluviales o análogas, cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red de saneamiento separativa o un cauce público.

Artículo 8. Contenido y vigencia de la autorización.

1. La autorización de vertido deberá contener los siguientes extremos:

a) Valores máximos y medios permitidos en las concentraciones de contaminantes físico-químicos de las aguas residuales vertidas.

b) Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.

c) Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso de que sea necesario, de acuerdo con lo que al respecto se establezca en el desarrollo reglamentario de esta Ley.

d) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido, a cuyo efecto cada instalación industrial deberá llevar un libro de registro en el que se anoten las características e incidencias de aquellos.

e) Plazos de ejecución de las instalaciones de depuración.

f) Actuaciones y medidas que, en casos de emergencia o peligro, deban ser puestas en práctica por el titular de la autorización.

g) Las demás condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente Ley.

h) El canon que resulte de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento de aguas.

2. El plazo de vigencia de la autorización de vertido será de ocho años, como máximo, transcurridos los cuales se procederá a la revisión de la misma, con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Artículo 9. Modificación o suspensión de la autorización.

1. Cuando el titular de la instalación industrial pretenda efectuar algún cambio en la composición del vertido que rebase los límites contenidos en la autorización que tenga otorgada, deberá formular la correspondiente solicitud ante la Administración competente haciendo constar los datos descriptivos del nuevo vertido a realizar. En caso de afectar a instalaciones de depuración de titularidad de la Administración del Principado de Asturias, la solicitud habrá de ser sometida a informe preceptivo y vinculante de la misma.

2. A su vez, cuando se alteren las circunstancias que hayan motivado el otorgamiento de una autorización o sobrevengan otras que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento de la misma en condiciones distintas, la Administración competente podrá modificar las condiciones de la autorización de vertido o, en su caso, suspenderla temporalmente hasta que se normalicen dichas circunstancias. El titular de la instalación industrial habrá de ser informado con suficiente antelación de las posibles modificaciones a efectuar con el fin de que disponga de tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento.

Artículo 10. Censo de autorizaciones.

Las administraciones competentes tendrán la obligación de formar y mantener un censo actualizado de las autorizaciones de vertido otorgadas, debiendo remitir a la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias copia del mismo, así como de las modificaciones que anualmente se produzcan.

CAPÍTULO II

Tratamiento previo de los vertidos

Artículo 11. Necesidad del tratamiento previo.

1. Cuando las aguas residuales industriales no reúnan las condiciones exigidas para su vertido a los sistemas de saneamiento, deberán ser objeto de tratamiento previo.

2. En el supuesto de que varios usuarios se asocien para efectuar conjuntamente el tratamiento previo de sus vertidos, deberán obtener la autorización de vertido para el efluente final conjunto, sin perjuicio de hacer constar en la solicitud respecto de todos los usuarios que integren la asociación los datos correspondientes, y de acompañar la documentación a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley. En estos supuestos, la responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será tanto de la asociación de usuarios como de cada uno de ellos solidariamente.

Artículo 12. Instalaciones de tratamiento previo.

1. Los usuarios de los sistemas públicos de saneamiento que produzcan vertidos de aguas residuales industriales que deban ser objeto de tratamiento previo están obligados a presentar en la Administración competente el correspondiente proyecto de instalación de tratamiento previo o depuración específica, que incluirá información complementaria para su estudio y aprobación.

2. Las instalaciones para la realización del tratamiento previo habrán de ser construidas, mantenidas y explotadas por los usuarios respectivos. La Administración competente podrá exigir la instalación de medidores de caudal vertido y otros instrumentos y medidas de control de la contaminación.

CAPÍTULO III

Actuaciones en caso de emergencia o peligro

Artículo 13. Emergencia o peligro.

Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando desde las instalaciones del usuario se produzca, o haya riesgo inminente de producirse, un vertido inusual a los sistemas públicos de saneamiento que potencialmente pueda ser peligroso para la seguridad física de las personas, para las instalaciones que integran dichos sistemas o para el medio ambiente.

Artículo 14. Obligaciones de los usuarios.

1. Cuando se produzca un caso de emergencia o peligro, el usuario, además de emplear inmediatamente todos los medios de que disponga para mitigar su peligrosidad y de poner en práctica las actuaciones y medidas previstas para estas situaciones en la autorización de vertido, tendrá la obligación de dar cuenta de la misma, con la mayor urgencia posible, a la Administración competente, con el fin de que pueda adoptar las medidas adecuadas al caso para reducir al máximo los daños que puedan provocarse.

2. Asimismo, dentro del plazo máximo de las cuarenta y ocho horas siguientes al inicio de la situación, el usuario deberá remitir a la Administración competente un informe detallado de la misma, haciendo constar en él, como mínimo, la identificación de las instalaciones y del titular de las mismas, su ubicación, caudal o materias vertidas, motivo de la emergencia, hora en que se produjo, correcciones efectuadas por el propio usuario, hora y forma en que se comunicó la emergencia a la Administración competente y, en general, todos aquellos datos que permitan el conocimiento de la situación producida y la adecuada valoración de sus consecuencias.

3. Las instalaciones con riesgo de producir vertidos inusuales en los sistemas públicos de saneamiento tendrán que disponer de recintos de seguridad capaces de contener dichos vertidos.

Artículo 15. Daños.

1. El titular de las instalaciones donde se haya producido el vertido es responsable de los daños que se originen a consecuencia de la situación de emergencia o peligro creada.

2. Para la cuantificación de los daños, se tendrán en cuenta los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen situaciones de emergencia o de peligro, así como los de limpieza, remoción, reparación o modificación de los sistemas públicos de saneamiento afectados.

TÍTULO III

Autocontrol, muestreo y análisis de vertidos

CAPÍTULO I

Autocontrol e información a la administración

Artículo 16. Autocontrol de vertidos.

Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales a los sistemas públicos de saneamiento estarán obligadas a la toma periódica de muestras y realización de los análisis que se especifiquen en la correspondiente autorización para comprobar que los vertidos no sobrepasan los valores máximos en ella establecidos. La toma de muestras y los análisis se realizarán por entidades u organismos debidamente acreditados y los resultados de los análisis deberán ser conservados, al menos, durante cinco años.

Artículo 17. Información a la Administración.

Los resultados de los análisis de autocontrol de los efluentes estarán en todo momento a disposición del personal encargado de la inspección y control de los vertidos, sin perjuicio de que la Administración competente pueda requerir a los usuarios la remisión periódica de los mismos.

Artículo 18. Mantenimiento de equipos.

Los titulares de instalaciones industriales obligadas a realizar autocontroles de vertidos deberán mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento los equipos para la realización de controles, mediciones y muestreos para verificar las características de los efluentes.

CAPÍTULO II

Inspección de vertidos

Artículo 19. Competencia.

La función de inspección y vigilancia en la materia de aguas residuales vertidas a los sistemas públicos de saneamiento corresponde a las administraciones competentes prestadoras de los respectivos servicios de alcantarillado y depuración.

Artículo 20. Personal inspector.

1. El personal funcionario que las administraciones competentes designen para la realización de las funciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad, pudiendo para el ejercicio de las mismas recabar la colaboración y auxilio de funcionarios y autoridades.

2. Para el desempeño de las funciones de inspección y vigilancia los inspectores tendrán derecho de acceso a las instalaciones donde se generen las aguas residuales.

Artículo 21. Funciones de los inspectores.

La inspección y vigilancia consistirán en las siguientes funciones:

a) Comprobación del estado de las instalaciones y del funcionamiento de los instrumentos que para el control de los efluentes se hubieran establecido en la respectiva autorización de vertido.

b) Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones en las que se generen.

c) Medida de los caudales vertidos a los sistemas públicos de saneamiento y comprobación de parámetros de calidad.

d) Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.

e) Comprobación del cumplimiento por el usuario de los extremos contenidos en la autorización de vertido.

f) Comprobación de las demás obligaciones, en materia de vertido, establecidas en la presente Ley.

g) Cualquier otra que sea necesaria para el correcto desarrollo de la función inspectora.

Artículo 22. Procedimiento de inspección.

1. Para el ejercicio de sus funciones, el personal inspector habrá de poner en conocimiento del titular de las instalaciones el objeto de las actuaciones a practicar, identificándose antes de su inicio mediante la exhibición del documento acreditativo correspondiente. No será necesaria la notificación previa de la inspección cuando se efectúe en horas de funcionamiento de la actividad.

2. Las actuaciones inspectoras se realizarán siempre que sea posible en presencia del titular de las instalaciones o la persona que lo represente, que estarán obligados a facilitar al personal inspector el acceso a las mismas y a no obstaculizar los trabajos de los inspectores.

3. Las actuaciones practicadas se harán constar en las correspondientes actas, que se extenderán por duplicado. Serán firmadas conjuntamente por el inspector actuante y el titular de las instalaciones o persona a su servicio que se encuentre presente, al que se entregará uno de los ejemplares. La firma únicamente justifica la entrega del acta pero no necesariamente la conformidad con su contenido. En el caso de negativa a la firma del acta o a su recepción, el inspector dejará constancia de ello en la misma.

CAPÍTULO III

Muestreo, conservación de las muestras y su análisis

Artículo 23. Muestreo.

El muestreo de aguas residuales tendrá por finalidad comprobar las características cualitativas y cuantitativas de los vertidos líquidos industriales a los sistemas públicos de saneamiento, y se realizará por el personal inspector en presencia del usuario o de su representante, salvo renuncia expresa, que se hará constar en el acta que se levante al efecto.

Artículo 24. Toma de muestras.

1. La toma de muestras de aguas residuales se hará en las arquetas de las que necesariamente han de disponer todas las instalaciones industriales.

2. Las muestras habrán de ser recogidas en los momentos más representativos del vertido.

Artículo 25. Métodos analíticos y análisis de las muestras.

1. Los métodos analíticos para la determinación de los diferentes parámetros de los vertidos se establecerán reglamentariamente.

2. El análisis de las muestras podrá realizarse en los laboratorios de que dispongan las administraciones competentes o en los de entidades debidamente acreditadas.

TÍTULO IV

Régimen sancionador

CAPÍTULO I

Infracciones y sanciones

Artículo 26. Clasificación.

Las infracciones en la materia de vertidos regulada por la presente Ley podrán ser leves, graves o muy graves.

Artículo 27. Infracciones leves.

Serán consideradas infracciones leves:

a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración no exceda de 5.000 euros.

b) La falta de remisión de la información periódica que la Administración competente pueda requerir sobre los resultados de los análisis de autocontrol de los efluentes o sobre cambios que se hayan introducido en el proceso industrial que puedan afectar al mismo.

c) Las demás acciones u omisiones que contravengan lo establecido en la presente Ley, cuando no tengan la consideración de infracciones graves o muy graves.

Artículo 28. Infracciones graves.

Serán consideradas infracciones graves:

a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración esté comprendida entre 5.000 y 500.000 euros.

b) La realización de vertidos de aguas residuales industriales sin la correspondiente autorización.

c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización de vertido.

d) El incumplimiento de la obligación de disponer de instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos o el mantenerlos en condiciones no operativas.

e) El incumplimiento de la obligación de tratamiento previo, cuando proceda.

f) El incumplimiento de las actuaciones determinadas en la presente Ley para las situaciones de emergencia o peligro.

g) La obstrucción a la función inspectora de la Administración competente en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información que sea requerida.

h) La reincidencia en infracciones leves.

Artículo 29. Infracciones muy graves.

Serán consideradas infracciones muy graves:

a) Las acciones u omisiones que, contraviniendo lo establecido en la presente Ley, causen daño a los bienes de dominio o uso público, así como a los de servicio público integrados por las redes de alcantarillado, colectores y sistemas de depuración, cuya valoración exceda de 500.000 euros.

b) Las infracciones calificadas como graves en el artículo anterior, cuando de la calidad o cantidad del vertido se derive la existencia de un riesgo muy grave para las personas, los recursos naturales o el medio ambiente.

c) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.

d) La reincidencia en infracciones graves.

Artículo 30. Sanciones.

1. Las infracciones enumeradas en los artículos precedentes serán sancionadas con arreglo a la siguiente escala:

a) Infracciones leves: multa de hasta 10.000 euros.

b) Infracciones graves: multa entre 10.001 y 90.000 euros.

c) Infracciones muy graves: multa entre 90.001 y 450.000 euros.

2. La determinación de la cuantía de las multas se hará teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción, la gravedad del daño producido, la reincidencia o reiteración, la intencionalidad, el beneficio obtenido y demás circunstancias concurrentes.

Artículo 31. Reparación de daños.

1. Con independencia de la sanción que en cada caso sea impuesta, el infractor estará obligado a reparar los daños causados, al objeto de que los bienes que hayan resultado alterados a consecuencia de la infracción sean repuestos a su estado anterior.

2. Cuando el daño producido afecte a las redes del alcantarillado y colectores o a las instalaciones de depuración, la reparación será realizada por la Administración competente a costa del infractor.

3. Para el cumplimiento por el infractor de las obligaciones de reparación de daños a que se refieren los números precedentes, la Administración competente podrá utilizar los medios de ejecución forzosa a que se refieren los epígrafes a), b) y c) del apartado 1 del artículo 96 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

CAPÍTULO II

Procedimiento sancionador

Artículo 32. Procedimiento.

1. El ejercicio de la potestad sancionadora en la materia de vertidos regulada en la presente Ley se realizará mediante la tramitación del correspondiente procedimiento.

2. La incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores corresponderán a los órganos que tengan asignada tal función dentro de las administraciones competentes sobre los respectivos sistemas de saneamiento.

3. Cuando la infracción afecte a redes de colectores o instalaciones de depuración de carácter supramunicipal o declarados de interés regional, la potestad sancionadora será ejercida en todo caso por la Administración competente sobre los mismos.

4. En el caso de la Administración del Principado de Asturias, la incoación del procedimiento corresponderá decidirla a la Dirección General competente en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas.

Artículo 33. Potestad sancionadora.

En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, la competencia para resolver los procedimientos sancionadores corresponde:

a) En el caso de infracciones leves, al Director general competente en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas.

b) En el caso de infracciones graves y en las muy graves hasta 150.000 euros, al Consejero competente en la materia.

c) En el caso de infracciones muy graves desde 150.001 euros, al Consejo de Gobierno.

Artículo 34. Suspensión de vertidos.

1. Sin perjuicio de la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, las administraciones competentes podrán disponer la suspensión inmediata del vertido de una instalación industrial a los sistemas de saneamiento cuando su titular no disponga de la correspondiente autorización o no se adecue el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en la misma.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, la Administración competente podrá, además, adoptar las medidas que considere necesarias para asegurar la efectividad de la suspensión.

Artículo 35. Subsanación de defectos.

1. En el supuesto de no disponer de autorización, la suspensión tendrá carácter indefinido hasta que el interesado la solicite y obtenga.

2. Cuando el vertido no se adecue a las limitaciones y condiciones establecidas en la autorización, el interesado dispondrá de un plazo de dos meses, contados desde la suspensión, para cumplir lo establecido en aquella, transcurrido el cual la Administración competente podrá disponer, previa audiencia del interesado, la suspensión definitiva del vertido al sistema de saneamiento con revocación de la autorización concedida.

Artículo 36. Plazos de prescripción.

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido o desde que se hubiesen puesto de manifiesto sus efectos.

La prescripción quedará interrumpida por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si dicho procedimiento estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.

La prescripción quedará interrumpida por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución de la sanción, reanudándose el plazo de prescripción si dicho procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Disposición adicional.

En relación con las instalaciones de titularidad municipal, los Ayuntamientos podrán imponer exigencias superiores a las establecidas en esta Ley y en las normas que la desarrollen.

Disposición transitoria primera.

En tanto se desarrolle lo previsto en el artículo 3, deberán solicitar autorización de vertido los titulares de instalaciones de actividades industriales o comerciales siguientes:

1. Todas las instalaciones que superen un caudal de abastecimiento y autoabastecimiento de 22.000 m³/año.

2. Las instalaciones cuyo caudal de abastecimiento y autoabastecimiento sea superior al 10 por ciento del caudal de abastecimiento de la población fija servida por el sistema público de saneamiento al que se realice el vertido.

3. Las instalaciones que figuran en la siguiente relación.

Disposición transitoria segunda.

Hasta que se establezcan los valores o parámetros a que se refiere el artículo 6, se aplicarán los siguientes:

Temperatura < 40º C.

pH (intervalo permisible): 6-9.

Color: Inapreciable en dilución 1/40.

Conductividad: 5.000 µS/cm.

Aceites y grasas: 100 mg/l.

Hidrocarburos: 15 mg/l.

Sólidos en suspensión: 1.000 mg/l.

Materia sedimentable: 10 ml/l.

DBO₅: 1.000 mg/l.

DQO: 1.600 mg/l.

Nitrógeno amoniacal: 60 mg/l.

Aluminio: 15 mg/l.

Arsénico: 1 mg/l.

Bario: 10 mg/l.

Boro: 3 mg/l.

Cadmio: 0,5 mg/l.

Cianuros totales: 2 mg/l.

Cobre: 5 mg/l.

Cromo total: 5 mg/l.

Cromo hexavalente: 1 mg/l.

Estaño: 5 mg/l.

Fenoles totales: 2 mg/l.

Fluoruros: 12 mg/l.

Hierro: 10 mg/l.

Manganeso: 2 mg/l.

Mercurio: 0,1 mg/l.

Níquel: 5 mg/l.

Plata: 1 mg/l.

Plomo: 1 mg/l.

Selenio: 0,5 mg/l.

Sulfuros: 2 mg/l.

Zinc: 10 mg/l.

Para el cadmio y el mercurio, además de los valores máximos instantáneos, deberán cumplirse los valores límite de emisión para la media mensual y para la media diaria establecidos en la Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1982, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos, en la Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 26 de septiembre de 1983, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio y en la Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 de marzo de 1984, relativa a los valores límite y objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos. Asimismo, deberán cumplirse, para los parámetros en ellas regulados, los valores límite de emisión para la media mensual y para la media diaria establecidos en la Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1984, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano, en la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del anexo de la Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 de mayo de 1976, en la Directiva 88/347/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1988, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, y en la Directiva 90/415/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1990, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986.

Excepcionalmente, en caso de riesgo para la salud pública o el medio ambiente, o por necesidades del propio sistema de depuración, se podrán autorizar vertidos de aguas residuales industriales con algún valor superior al permitido, siempre que las instalaciones tengan capacidad para su tratamiento, se mantenga la calidad requerida para su vertido final y no se alteren las características de los lodos producidos de manera que deba modificarse su destino posterior.

Disposición transitoria tercera.

1. En el plazo de seis meses, a partir de la publicación de la presente Ley, los titulares de actividades industriales que estén realizando vertidos a los sistemas de saneamiento deberán formalizar la solicitud de autorización de vertido suspendiendo inmediatamente la evacuación del mismo si aquella es denegada.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las solicitudes de vertidos de aguas residuales que deban ser denegadas por exceder su composición de los valores permitidos para su autorización podrán ser objeto de autorización provisional siempre que el solicitante presente un plan de adecuación del vertido para ajustar dichos valores y el sistema de depuración al que se transporte pueda soportar el vertido durante la fase de adecuación. El plazo de esta autorización provisional no excederá de un año, valorándose el cumplimiento de dicho plan y su adecuación a los valores permitidos.

Disposición final primera.

Se faculta al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para aprobar por decreto las disposiciones reglamentarias que se consideren necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

Disposición final segunda.

Se faculta al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones del índice de precios al consumo.

Disposición final tercera.

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno aprobará un texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de abastecimiento de aguas, saneamiento y vertido de aguas residuales, pudiendo regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que hayan de ser refundidos.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.

Oviedo, 3 de junio de 2002.

VICENTE ÁLVAREZ ARECES,

Presidente.