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REVISTA DE JURISPRUDENCIA LABORAL - Número 6/2020

En el número 6/2020 de la RJL que presentamos se comentan, como es habitual, diez resoluciones jurisdiccionales de contenido social de actualidad.

La primera resolución comentada es la STS-PEN 341/2020, de 22 de junio, a cargo del Director de RJL, que reflexiona sobre la deslealtad profesional de una abogada que comete diversas irregularidades continuadas a lo largo del tiempo, tanto frente a sus clientes cuanto a la propia sociedad profesional en la que se integra, incurriendo en varios delitos (apropiación indebida y estafa principalmente) que llevan aparejada responsabilidad civil ex delicto.

La STS-CONT 641/2020, de 3 de junio, glosada por María José Romero Ródenas jornada al 50% con retribución íntegra por cuidado de hija menor afectada de enfermedad grave que, aunque no requiere hospitalización, sí precisa atención continuada

Carlos Hugo Preciado Domènech da cuenta de la STS-SOC 40/2020, de 21 de enero, que aborda la concreción del plazo para realizar los despidos individuales derivados de un despido colectivo, comenzando este tras la firmeza de la sentencia que los declara ajustados a derecho (revocando, en este caso, la de instancia que los había declarado nulos), y ello incluso aunque haya transcurrido más de un año desde que terminara el plazo para realizar los despidos establecido por la empresa.

Carmen Viqueira Pérez y Alicia Fernández-Peinado Martínez desentrañan la problemática a la que se enfrenta la STS-SOC 166/2020, de 21 de febrero, relativa al cómputo del salario en especie para el cálculo de la indemnización por despido, en particular sobre si el pago del arrendamiento de la vivienda habitual y de las primas de un seguro de salud y accidente tienen naturaleza salarial y deben, por tanto, ser tenidos en consideración para el cálculo de la indemnización que procede en supuestos de despido objetivo.

Eduardo Rojo Torrecilla se ocupa de la STS-SOC 190/2020, de 3 de marzo, centrada en discernir cuál debe ser la interpretación del art. 30 del convenio colectivo de grandes almacenes, que regula el régimen jurídico de descansos en fines de semana. Se confirma la sentencia dictada por la Audiencia Nacional y se rechaza la tesis de las organizaciones sindicales que presentaron la demanda entendiendo que se trataba de una norma que provoca una discriminación indirecta para las trabajadoras.

La STS-SOC 257/2020, de 12 de mayo, analizada por Pilar Rivas Vallejo, reflexiona sobre el cómputo del dies a quo en los permisos retribuidos en la jurisprudencia de la Sala cuarta del Tribunal Supremo, especialmente sobre el cómputo del día inicial del permiso por matrimonio, que comienza el primer día laborable posterior al día festivo si el hecho causante se produjo en día no laborable.

María Arántzazu Vicente Palacio radiografía la STS-SOC 302/2020, de 12 de mayo, que diferencia la situación jurídica de incapacidad permanente de la de discapacidad, determinando que el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, incurre en regulación ultra vires cuando atribuye automáticamente el grado de discapacidad del 33 % a los pensionistas de incapacidad permanente.

La STS-SOC 394/2020, de 22 de mayo, desentrañada por Joaquín García Murcia, descifra la problemática que acontece con la retribución de las vacaciones para los trabajadores a tiempo parcial con ampliaciones de jornada. La cuestión controvertida consiste en determinar si la retribución debe calcularse en función de la jornada vigente en el momento de acceder al descanso anual o si, por el contrario, en dicho cálculo se debe tener en consideración las ampliaciones de jornada realizadas en el correspondiente periodo anual y las mejoras salariales pertinentes.

El Profesor Arias Domínguez examina la STSJ-SOC Baleares 19/2020, de 24 de enero, que considera improcedente el despido de una trabajadora de un restaurante que se llevaba, sin permiso expreso de la empresa, determinaros productos de alimentación. Lo singular del caso es que fue denunciada en vía penal y condenada como autora de un delito leve de hurto. El recurso de suplicación declara la improcedencia del despido, aunque cuenta con un interesante voto particular que aboga por la confirmación de la sentencia de instancia que considera procedente el despido disciplinario.

En la estela de la STJUE de 19 de marzo de 2020 (C-103/18 y 429/18), la SJC-A núm. 3 Murcia núm. 94/2020, de 19 de junio, comentada por la catedrática Rodríguez Escanciano, aprecia que la normativa comunitaria no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en vínculos indefinidos los contratos de duración determinada, pues corresponde a cada ordenamiento jurídico interno implementar alguna medida efectiva para evitar la utilización abusiva de la contratación temporal, pero tal consecuencia no conlleva que los funcionarios interinos de larga duración accedan directamente a la condición de funcionarios de carrera solo por el tiempo trabajado en la Administración.